Sentencia 6119 de septiembre 11 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

CONTRATO DE SEGURO

EL ASEGURADO DEBE DEMOSTRAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA

EXTRACTOS: «1. El contrato de seguros celebrado para cubrir el riesgo derivado de la sustracción de bienes califica, sin duda alguna, entre los seguros de daños, y en cuanto por su naturaleza implica la protección contra el perjuicio patrimonial que pueda llegar a padecer el asegurado ante la ocurrencia del siniestro, su efectividad se inspira en el principio de indemnización consagrado en el artículo 1088 del Código de Comercio, según el cual “respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento”.

Ahora bien, en armonía con el principio general de la carga de la prueba instituido en nuestro ordenamiento procesal civil, el artículo 1077 del Código de Comercio le impone al asegurado la carga de “demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida”, la que tratándose del seguro con el que se busca proteger un establecimiento de comercio contra un determinado riesgo, se traduce, según el artículo 1085 ibídem, en “probar la existencia y el valor de los objetos asegurados al tiempo del siniestro”; obvio que si fuera dable exigir a la aseguradora el pago de la suma asegurada, con la mera afirmación del reclamante, o sea sin que éste demuestre la cuantía de la pérdida, no se cumpliría cabalmente la función de indemnización propia de los seguros de daños y fácilmente se propiciaría el enriquecimiento indebido del asegurado. Dicho en pocas palabras, el daño padecido debe ser cierto y determinado, para que se pueda deducir la responsabilidad contractual de la compañía aseguradora, y, desde esa perspectiva, es preciso dejar previamente sentado que la demostración de la cuantía de la pérdida bien puede darse tanto a propósito de la reclamación extrajudicial del pago del seguro, como dentro del proceso que surja a raíz de no haberse atendido dicho reclamo; y que para el efecto debe estarse a las previsiones legales y contractuales.

2. En síntesis, el asegurado debe demostrar la entidad del daño en cuanto corresponde al detrimento patrimonial padecido por él y, naturalmente, la magnitud del mismo, toda vez que el daño indemnizable no se identifica —per se— con la suma asegurada, ni ésta equivale, por regla general, a su estimación anticipada.

3. Las anotaciones precedentes tienen razón de ser en la medida que el quid del asunto por definir, por vía del presente recurso, justamente estriba en determinar si, de acuerdo con los errores de hecho que denuncia el impugnante en el cargo primero, el tribunal se equivocó al concluir que la asegurada no demostró la cuantía exacta de la pérdida que padeció a raíz del hurto de mercancías perpetrado el 31 de diciembre de 1991 en el establecimiento de comercio de su propiedad. Punto sobre el cual la Corte no encuentra que existan dichos errores, ni menos que puedan calificarse de evidentes, exigencia ineludible en casación que se traduce en que, de existir, ha de ser posible detectarlos a simple vista; amén de que en algunos casos las críticas sobre la apreciación probatoria parte de supuestos no considerados por el fallador; todo lo cual pasa a explicarse a continuación.

a) Ciertamente que el sentenciador no dejó de ver que el hecho 6º de la demanda y la póliza dan cuenta del monto de la suma asegurada y de los ajustes periódicos de que fue objeto; ni cabe predicar, como hace el recurrente, que en tanto esa suma no fue desvirtuada demuestra el monto de la obligación a cargo de la aseguradora; en el fondo alega que la carga de la prueba opera a la inversa: es la compañía quien debe demostrar que el daño padecido por la demandante no corresponde a la suma asegurada, lo que constituye un notable desatino del censor.

b) Tampoco el fallador dejó de ver el aviso del escrito relativo a la ocurrencia del siniestro ni el reclamo a la aseguradora, sino que, observando los documentos respectivos, los halló carentes de respaldo para establecer la cuantía de la pérdida; de otro lado, no se advierte error de hecho evidente por haber considerado sospechosa la conducta de la demandante en punto de los motivos que adujo para no presentar los libros y papeles del comerciante con los cuales era dable, establecer la existencia de los bienes existentes en el establecimiento en la fecha en que ocurrió el siniestro; sobre tal apreciación el censor se limita a calificarla de mera “expectativa”, pero no edifica ningún ataque tendiente a desvanecerla.

c) En punto de la contabilidad de la empresa no se dan los errores de denunciados, puesto que mientras el sentenciador se situó para la época en que ocurrió el siniestro, el recurrente se remite a épocas muy anteriores a la ocurrencia del hurto.

d) Tampoco el impugnante puede valerse de los informes de los ajustadores de quienes lo único que obra es el concepto negativo del pago del seguro, justamente por no tener bases para fijar el monto de las pérdidas. Nótese que el propio recurrente afirma que el supuesto inventario que ellos elaboraron no se aportó al proceso (c. 1, fl. 105).

e) En fin, el cargo no apunta certeramente a combatir la apreciación del dictamen pericial, al cual, se recuerda, no le dio mérito el tribunal “porque se basa en el aviso del siniestro —al que no se le adjuntaron documentos relativos a la prueba del siniestro—, el informe mensual sobre costos de inventario de mercancías a 9 de diciembre de 1991, que en desarrollo del contrato Marina Calvo García envió a Seguros del Estado S.A. —$ 120''000.000—, y en un inventario de los ajustadores —que no obra en autos— en que, conforme lo afirman los expertos, se constató la sustracción en un 70% de las mercaderías (fls. 24, 25 y 47, c. 1)”; fundamentos que soslaya la acusación. Tampoco, añádese, el fallador sostuvo que no podía demostrarse la cuantía de la pérdida dentro del proceso.

4. Con relación a lo tratado anteriormente, resulta preciso recalcar que la prueba del monto de la cuantía del perjuicio no sólo es indispensable sino que, además, debe reflejar exactamente la pérdida que realmente sufrió el asegurado a causa del siniestro; es decir, no se trata de un cálculo aproximado o de una suma probable, y, por consiguiente, no se puede afirmar rotundamente que el valor de los bienes sustraídos a la fecha del robo, 31 de diciembre de 1991, era de $ 120''000.000 por cuanto dicho valor se había declarado el 9 de enero de 1992 (posterior al siniestro); dato que, además, aparece referido al inventario efectuado el 9 de diciembre de 1991, o sea casi un mes antes del hurto. No es, pues, dicha declaración un inventario riguroso de las existencias en el almacén para el día en que sucedió el siniestro y, por tanto, no puede extraérsele cuantía de la pérdida con base en él y en el inventario que después quisieron concretar los ajustadores, quienes, como atrás se dijo, dieron un informe negativo del pago del seguro.

Y respecto de la discusión sobre los libros y demás papeles de la contabilidad del almacén Pintuventas, cabe aseverar que amén de que no está demostrada la sustracción o pérdida de los mismos, pues lo cierto es que en la denuncia penal no se da cuenta de ese hecho, ni obra la prueba de que haya existido ampliación de denuncia posterior en ese sentido, sino que ni siquiera está demostrada su existencia; la verdad es que las dos certificaciones de las cuales pretende deducir su existencia la demandante no se refieren en particular al establecimiento comercial siniestrado sino a la demandante como persona natural (fls. 30 y 126); constancias ambas referidas también a fechas anteriores, en mucho, a la del siniestro.

5. Por último, considera la Corte que sobra responder a las acusaciones que se refieren a otros aspectos del seguro, como las cláusulas de garantía, ni a los errores de derecho que se denuncian en el cargo segundo; en cuanto a lo primero, porque permanece en pie el sustento principal del fallo acusado, relativo a la falta de prueba de la cuantía de la pérdida sufrida por la asegurada; y, en cuanto a lo segundo, porque la sola lectura del cargo muestra que, destinado también a rescatar la demostración echada de menos por el tribunal sobre dicha cuantía, todos los fundamentos de la acusación se desenvuelven sobre la idea de que el sentenciador dejó de ver distintas pruebas, lo que corresponde estrictamente a la sustentación de errores de hecho, y porque no se explica allí en qué consiste la infracción de las normas medio de disciplina probatoria que se estiman quebrantadas.

6. En conclusión, tampoco prosperan los cargos primero y segundo».

(Sentencia de casación, septiembre 11 de 2000. Expediente 6119. Magistrado Ponente: Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno).

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