Sentencia 6129 de noviembre 22 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

PENSIÓN DE TRABAJADORES FERROVIARIOS

PAGO COMPARTIDO POR EL PATRONO Y EL SEGURO

EXTRACTOS: «La inconformidad de la recurrente radica en el hecho de no haber aceptado el Tribunal que puede compartir con el Instituto de Seguros Sociales la pensión reconocida a Gonzalo López Vega, cuando éste cumpla los 60 años de edad; mientras que el opositor sostiene que ello no es posible tomando en consideración que el régimen especial de los empleados ferroviarios los dejó por fuera del seguro social obligatorio.

Planteada en estos términos la controversia, conviene entonces precisar que el régimen de seguridad social fue instituido para cubrir gradualmente y en forma integral los distintos riesgos que se derivan de la actividad laboral, a fin de sustituir de acuerdo con la ley y los reglamentos que al respecto se dicten, el régimen de prestaciones sociales a cargo de los patronos. Fue así como, por mandato expreso del legislador, el Instituto de Seguros Sociales subrogó a los empleadores en el cubrimiento de los riesgos de los trabajadores, en procura de modernizar las instituciones, según lo advirtió el gobierno en la exposición de motivos de la Ley 90 de 1946.

De otra parte, no puede olvidarse que el sistema de prestaciones patronales se concibió en la Ley 6ª de 1945 como transitorio “mientras se organiza el seguro social obligatorio”, circunstancia que obedeció indudablemente a las ventajas que este último ofrecía para la efectividad de los derechos de los trabajadores y la ampliación de la cobertura de los beneficiarios, con una carga financiera menor para los capitales de trabajo. Por éstas y otras razones se le considera como un régimen más equitativo y benéfico que el anterior supeditado a la capacidad económica del patrono.

Pero la aplicación del nuevo sistema ha sido gradual, tanto en cuanto al territorio como respecto de los riesgos, empezando por los de enfermedad y maternidad, y tiempo después continuando con el de vejez, que se encuentra regulado en los artículos 76 de la Ley 90 de 1946 y en los artículos 59,60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, dictados para desarrollar lo dispuesto por el artículo 259 del Código Sustantivo de Trabajo, que de manera general estableció que las pensiones de jubilación dejarían de estar a cargo de los patronos cuando el riesgo fuera asumido por el Instituto de Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y sus reglamentos.

Es cierto que por virtud del artículo 76 de la Ley 90 de 1946, los trabajadores que hubieren estado vinculados a una empresa que por su capital estuviese obligada a pensionarlos siquiera diez años antes de que el seguro social asumió el riesgo de vejez, no pueden recibir una pensión inferior a la jubilación a cargo del patrono; sin embargo, esa situación de mayor beneficio no se discute, pues, como se dijo, la empresa no pretende exonerarse totalmente de la obligación, sino simplemente busca seguirla cumpliendo sólo en la parte que no reconoce el seguro social.

De otra parte, el reglamento general del seguro social de vejez, invalidez y muerte se expidió por el Acuerdo 224 del Consejo Directivo del Instituto de Seguros Sociales, aprobado por el Decreto 3041 de 1966; y el 1º de enero de 1967 dicha entidad tomó a su cargo los riesgos mencionados. Desde entonces el de vejez dejó de ser una prestación social a cargo del patrono, o de éste exclusivamente.

No se pretende con lo dicho desconocer que los trabajadores ferroviarios están sujetos a un régimen especial de jubilación que respetó el artículo 268 del Código Sustantivo de Trabajo, en el sentido de mantener la vigencia de las disposiciones que en ese momento regían para ellos, hasta tanto no se dictara el estatuto especial para esta clase de actividad. Empero, como lo reconoció el propio Tribunal, esta exclusión de la aplicación de las normas generales no comprende las relacionadas con la transición al sistema de seguridad social.

En efecto, la Corte tiene dicho al respecto: “Esa subrogación de las prestaciones sociales que incluye el de la pensión plena de jubilación cubre también a los trabajadores ferroviarios por cuanto el artículo antes citado, o sea el 268, los excluyó en cuanto a los requisitos y forma de liquidación, pero en ningún caso los dejó por fuera de la transición del régimen pensional a cargo de los empleadores a la asunción de los riesgos por cuenta de esa institución de seguridad social” (Sentencia de 8 de julio de 1993, Rad. 5810).

Debe concluirse entonces que la sentencia interpreta equivocadamente las normas que señala como violadas el recurrente, por considerar que la pensión de jubilación reconocida por la demanda no podía ser compartida con la de vejez que según sus reglamentos le reconoció el Instituto de Seguros Sociales.

Además resulta evidente que las normas especiales que amparan a los trabajadores ferroviarios en razón de la actividad que desempeñan, fueron observadas por la demandada, la que dando aplicación a las disposiciones que rigen en materia de pensiones para ellos, pensionó al demandante antes de cumplir los 60 años, sólo que una vez que llegó a esa edad le empezó a pagar el porcentaje no asumido por el seguro de acuerdo con su reglamentación.

No debe pasarse por alto que las pensiones especiales de jubilación, vale decir, las establecidas en razón de actividades que por implicar un mayor deterioro para la salud del trabajador privilegió el legislador dentro del mismo Código Sustantivo de Trabajo, fueron también asumidas por el Instituto de Seguros Sociales mediante la pensión de vejez, subrogando a los patronos en la obligación de pagarlas directamente.

Por consiguiente, la exclusión de las pensiones de jubilación del régimen general por el código, en virtud de disposiciones del mismo o de otras leyes, sólo significa mantener las condiciones de favorabilidad para adquirir el derecho, mas no implica haberlas exceptuado definitivamente del régimen de seguridad social instituido para reemplazar gradualmente el sistema de prestaciones a cargo de los patronos, sujeto a la eventual solvencia del empresario obligado al momento de la causación del derecho.

Así las cosas, el cargo prospera, y habrá de casarse la sentencia conforme lo solicita la recurrente al fijarle el alcance a su impugnación, para, actuando como tribunal de instancia y sin necesidad de agregar razones adicionales a las que se expresaron al despachar el recurso extraordinario, revocar la proferida en primera instancia y, en su lugar, hacer la declaración que le solicita a la Corte.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia recurrida, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué el 29 de enero de 1993 en el proceso promovido por Gonzalo López Vega, y, en sede de instancia, REVOCA la proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá el 17 de septiembre de 1991, para, en su lugar, DECLARAR “que la pensión que viene siendo reconocida al demandante por parte de la empresa Acerías Paz del Río S.A. tiene el carácter de compartida con la pensión de vejez que reconoce el Instituto de Seguros Sociales».

(Sentencia de noviembre 22 de 1993. Radicación 6129. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Méndez Arango).

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