Sentencia 6143 de septiembre 27 de 2002

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 6143

Magistrado Ponente:

Dr. Nicolás Bechara Simancas

Bogotá D.C., veintisiete de septiembre de dos mil dos.

Resuelve la Corte los recursos de casación interpuestos por la demandante Ligia Rendón Muñoz y por la demandada Comunidad Hermanas Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen de Tour Providencia de Medellín contra la sentencia de 28 de marzo de 1996, proferida por la Sala civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual seguido por la primera en contra de la segunda y de los señores William Echeverri Durán, Juan Fernando Uribe Arcila, Evangelina Londoño Álvarez y Gloria Inés Cardona López.

Antecedentes

1. Son, en síntesis, las pretensiones elevadas por la actora, según se desprende del libelo introductorio y del escrito de reforma al mismo, que se declare que los demandados son “solidaria y civilmente responsables extracontractualmente de todos los perjuicios morales y materiales” por ella sufridos “a raíz de la muerte de su único hijo Héctor Hugo Molina Rendón” y que, en consecuencia, se les condene a pagarle, por perjuicios materiales, $ 5.000.000 o la suma que se llegue a demostrar en el proceso; por perjuicios morales, cada uno de ellos, el equivalente a 1000 gramos oro; y las costas del proceso. Reclámase además, que “si los demandados no cancelan oportunamente las sumas que deben pagar a mi poderdante, la condena se reajustará con la desvalorización de la moneda y los intereses comerciales hasta que se verifique el pago”.

En sustento de las referidas súplicas, la demandante expone: a) que su hijo, Héctor Hugo Molina Rendón, fue sometido el 31 de octubre de 1988, en la clínica “El Rosario” de Medellín, a una intervención quirúrgica para corregirle la “desarmonía máxilo-facial” que presentaba, cirugía realizada por el doctor William Echeverri con asistencia del doctor Oscar Castrillón, como anestesiólogo; b) que a las 5:30 p.m. de ese día, el paciente fue conducido al piso 8º de la clínica, “sección de servicios clasificados, …, salón compartido por varios pacientes, sólo separado por cortinas y que está destinado a personas de bajos recursos económicos”, en donde ella y su hermana Oliva Rendón lo esperaban, por haber sido previamente autorizadas para acompañarlo allí; c) que quince minutos después de llegar Héctor Hugo al referido salón, presentó hemorragia nasal, razón por la cual la actora dio aviso a las enfermeras, quienes le indicaron que en ese tipo de cirugías era normal tal reacción y, posteriormente, ante el incremento de la hemorragia y los nuevos llamados de la demandante, le suministraron dos cajas de gasa, con advertencia de que debía tasarlas, y una caja de pañuelos desechables, para que lo limpiara constantemente; d) que como la hemorragia siguió aumentando, al punto que ya no era sólo nasal sino también bucal, y el paciente “alzaba los brazos como si se estuviera ahogando, a eso de las 10:00 p.m., más o menos, una de las enfermeras de turno se presentó en la habitación e inmediatamente salió y llamó al médico de turno, Dr. Juan Fernando Uribe Arcila, quien ordenó le aplicaran una inyección anticoagulante y otra tranquilizante, (para) que así pudiera conciliar el sueño, además le colocó un tubo aspirador por la nariz y por la comisura de los labios…, ya que a raíz de la operación tenía los dientes sellados”; e) que como pese al suministro de la droga prescrita por el médico de turno, la hemorragia y la desesperación de Héctor Hugo persistieron, haciéndose cada vez más intensas, con “ruegos y súplicas” la accionante consiguió que, como a la media noche, una de las enfermeras lo controlara, procediendo ella a llamar “inmediatamente… al médico de turno, al médico que lo operó, al anestesiólogo, a las demás enfermeras de turno, a las religiosas, quienes se presentaron al salón… y empezaron a hacerle masajes en el pecho, a tomarle el pulso, la presión, le retiraron los ganchos que sellaban los dientes y todo lo que podían aplicar para tratar de revivirlo”; f) que el paciente fue trasladado a cuidados intensivos, porque se había presentado un “paro cardiaco”, donde, según el informe posterior de la clínica, falleció, cuando lo cierto es que su muerte tuvo ocurrencia en el mencionado salón del piso 8º del establecimiento; g) que las enfermeras intervinientes en el caso fueron Evangelina Londoño Álvarez y Gloria Inés Cardona López; h) que Héctor Hugo Molina Rendón había nacido el 9 de diciembre de 1967, era hijo único de la actora, concluyó el bachillerato en 1985, estudió inglés y mecanografía, hacía trabajos a máquina en su casa y al momento de su deceso tenía, de un lado, sólo 21 años de edad y, de otro, entregadas varias solicitudes en busca de empleo; i) la demandante pagó a la clínica “El Rosario” la suma total de $ 97.167 y, por servicios funerarios, canceló a “Funeraria Ser Ltda.” la suma de $ 144.000.

2. En la reforma que se hizo de la demanda (fls. 103 y 104, c. 1), se aclaró el nombre de la demandada “Comunidad Hermanas Dominicas de La Presentación de la Santísima Virgen de Tour Providencia de Medellín” y se modificaron los hechos 2º y 15, en cuanto a que el anestesiólogo que participó en la cirugía fue el doctor José Numar Álvarez. De otra parte, la actora, en audiencia de 22 de junio de 1993, desistió de continuar el proceso en contra de Oscar Javier Castrillón Villa (fl. 3 vto., c. 4), manifestación aceptada por el juzgado del conocimiento en auto de 12 de julio de ese mismo año (fl. 160, c. 1).

3. Los demandados se pronunciaron en torno de la demanda, en la forma como sigue a relacionarse:

3.1. Juan Fernando Uribe Arcila acepta unos hechos, niega otros, y en cuanto a los restantes dice que deben demostrarse o que no le constan; se opone al acogimiento de las pretensiones; y, como de mérito, propone las excepciones de “causa extraña y cosa juzgada”, fundadas en que la muerte de Héctor Hugo Molina Rendón “fue consecuencia de un hecho imprevisible e irresistible constituido por un vómito súbito que determinó el ahogamiento del paciente” y en que “en el proceso penal donde se investigaron los mismos hechos, se decidió que no se presentó culpabilidad alguna en la muerte del paciente”.

3.2. Evangelina Londoño Álvarez y Gloria Inés Cardona López, en escritos separados pero de similar contenido, admiten como ciertos algunos de los hechos del libelo, niegan todos los que en alguna forma les atribuyen responsabilidad y expresan no constarle los demás; se oponen a lo pedido en la demanda y solicitan ser absueltas; plantean las excepciones de fondo que denominan “Inexistencia de acciones u omisiones… que sirvieron de causa a la muerte ocurrida, caso fortuito, fuerza mayor, cosa juzgada, causa extraña”, en cuyo respaldo arguyen, por una parte, que ellas cumplieron “con todos sus deberes laborales y profesiones”, no habiendo, por tanto, nexo alguno entre su conducta y la muerte del paciente; y, por otra, que ya la justicia penal las exoneró de cualquier responsabilidad. Precisan, que “Tratándose de una obligación de medio o en casos de responsabilidad con culpa probada, y refiriéndose a conductas que pueden ser enjuiciables por simple negligencia, la decisión del juez penal declarada la ausencia de culpa, produce efectos plenos”.

3.3. William Echeverri Durán se limita a referirse sobre los hechos, admitiendo o negando algunos y señalando no constarle o que deben demostrarse los otros.

3.4. La “Comunidad Hermanas Dominicas de La Presentación de la Santísima Virgen de Tour Providencia de Medellín” igualmente reconoce la veracidad de ciertos hechos, niega otros, pide la prueba de algunos y afirma no constarle los restantes. Hace franca oposición a las súplicas demandatorias y reclama su absolución o que se declaren las excepciones de mérito de “Inexistencia de acciones u omisiones de personas dependientes de la clínica que sirvieran de causa a la muerte ocurrida, caso fortuito o fuerza mayor, cosa juzgada” e “ilegitimidad de la personería sustantiva de la parte demandada”. Adicionalmente rechaza “la pretendida declaración de solidaridad…con personas que no tienen ningún vínculo jurídico con ella, ni están en relación de subordinación,…”.

4. Pertinente es destacar, adicionalmente, que las excepciones previas de ineptitud formal de la demanda y cosa juzgada, propuestas por algunos de los demandados, fueron desestimadas en segunda instancia, según auto de 23 de noviembre de 1992 (fls. 104 a 107, c. 3).

5. Rituada la primera instancia, el juzgado décimo civil del circuito de Medellín, a quien correspondió el conocimiento del proceso, le puso fin con sentencia de 17 de octubre de 1995, en la que dispuso:

“1. DECLÁRASE PROSPERA LA EXCEPCIÓN de INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD, propuesta por la comunidad demandada, Hermanas Dominicas de La Presentación de la Santísima Virgen de Tour, Provincia de Medellín, frente al médico tratante Dr. William Echeverri Durán.

“2. DECLÁRANSE IMPROBADOS los demás MEDIOS EXCEPTIVOS formulados por los demandados, de: COSA JUZGADA y CAUSA EXTRAÑA.

“3. DECLÁRASE, que los demandados médico cirujano tratante Dr. William Echeverri Durán y médico de planta Dr. Juan Fernando Uribe Arcila; enfermeras: Evangelina Londoño Álvarez y Gloria Inés Cardona López; y la comunidad demandada, mencionada en el numeral 1º de esta resolutiva, en solidaridad esta última con el médico tratante (sic) y con las enfermeras mencionadas en este numeral, son RESPONSABLES en los términos concretados en la motiva, del fallecimiento del joven Héctor Hugo Molina Rendón, acaecido en las circunstancias de lugar, tiempo y modo descritas en los considerandos de esta sentencia, en un porcentaje del 60% de la condena total que por perjuicios morales y materiales, se fije a favor de la DEMANDANTE, señora Ligia Rendón Muñoz, como madre del joven fallecido, para el primero de los nombrados; en un porcentaje del 30% para el segundo; en un porcentaje de 5% para cada una de las enfermeras; y en un 40% para la comunidad demandada, en forma solidaria, como quedó determinado.

“4. En consecuencia, con los numerales precedentes, siendo la condena por perjuicios materiales: Lucro cesante y por daños morales, la suma de $ 10.871.100, pagarán: el Dr. William Echeverri Durán: $ 6.522.660; el Dr. Juan Fernando Uribe A: $ 3.261.330; la enfermera Evangelina Londoño Álvarez, $ 543.555; la enfermera Gloria Inés Cardona, $ 543.555; la comunidad demandada $ 4.343.930 solidariamente con los tres últimos.

“5. Los demandados cancelarán proporcionalmente con la misma graduación ya anotada, la suma de $ 998.400 por concepto de daño emergente, actualizado al momento del pago, mediante certificado sobre el valor del peso expedido por el Banco de la República y exhibido por la demandante.

“Para efecto de la cancelación de las condenas, se concede a los demandados el término de 10 DIEZ días siguientes a aquel en que quede ejecutoriada la sentencia.

“6. COSTAS a cargo de los demandados, conservando la proporción fijada a cada uno para el pago de los perjuicios, y a favor de la demandante. Tásense”.

6. Al desatar las apelaciones que contra el fallo de primer grado interpusieron los demandados, que no la adhesiva de la demandante pues, pese a haber sido admitida, el tribunal en la sentencia la tuvo por extemporánea, dicha corporación, en el proveído recurrido en casación, fechado el 28 de marzo de 1996, “REVOCA la sentencia apelada, en cuanto impuso a los demandados señores William Echeverri Durán y Juan Fernando Uribe Arcila, obligación indemnizatoria de perjuicios; en su lugar, desestima la pretensión; se impone a la demandante el pago a éstos de las costas procesales; sin costas por la apelación; la CONFIRMA en cuanto estimó la pretensión en relación con las demandadas Evangelina Londoño Álvarez y Gloria Inés Cardona López y la Comunidad Hermanas Dominicas de La Presentación de la Santísima Virgen de Tour Providencia de Medellín; la reforma modificándola en el sentido de precisar que la obligación solidaria y el monto de su prestación corresponde a $ 4.251.244, siendo que, y para cada una de las demandadas Evangelina Londoño Álvarez y Gloria Inés Cardona López, corresponde a $ 593.110, por lo dicho en la parte orgánica; sin costas por la apelación”.

La sentencia del tribunal

Es sustento de las determinaciones adoptadas por el tribunal, el que pasa a resumirse:

1. Empieza por plasmar, con carácter general, las siguientes apreciaciones:

1.1. El incumplimiento de un contrato legalmente celebrado determina responsabilidad civil y, por ende, da nacimiento a la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos por la parte inocente, cuando deriva de la culpa del deudor, entendiendo por tal su obrar sin la diligencia, prudencia, cuidado o pericia debidos, la cual se presume por la desatención misma del deber convenido, presunción desvirtuable sólo con la prueba de caso fortuito.

1.2. En tratándose de obligaciones de medio, esto es, de aquellas que consisten “en realizar las actividades indicadas por la ciencia o la técnica y en relación con la necesidad que el acreedor busca satisfacer”, el deudor cumple “cuando la necesidad del acreedor queda satisfecha; si no, se da incumplimiento determinante del interés jurídico promotor del derecho a reclamarlo, incumbiendo al deudor probar que ejecutó los hechos recomendados por la ciencia o la técnica y para desvirtuar la presunción de culpa”.

1.3. En el caso del fallecimiento de un paciente, puede haber lugar a la responsabilidad civil extracontractual, “que igualmente se estructura por el hermanamiento de hecho ilícito y culpa; aquel configurado ya no por infracción a vínculos jurídicos sino al deber jurídico de respeto frente al titular del derecho subjetivo que resultare dañado, impuesto por el artículo 95 inciso 3º apte. 1º Constitución Nacional, a todos los sujetos de derechos (erga omnes) y cuando de derecho subjetivo absoluto se trata; siendo que ya la culpa se entiende como el obrar sin la atención e interés que la actividad ejercida requería, es decir, actuar con imprudencia, negligencia, impericia, inexperiencia o descuido (C.C., art. 2341)” y por la causación a la víctima de un daño cierto y real, material y/o moral, “según que se lesione derechos subjetivos con o sin contenido económico”, subdividiéndose el primero en daño emergente y lucro cesante.

1.4. Incurren en responsabilidad civil extracontractual “los sujetos de derecho a quienes corresponde deber de selección y vigilancia en relación con el transgresor; guardián respecto al cual opera presunción de culpa in eligendo e in vigilando, destruible con la prueba de un caso fortuito, entendido en el sentido de que empero la observancia de esos deberes, la conducta del subordinado fue irresistible (C.C., art. 2347)” y, en caso de ser varios los responsables, la obligación de indemnizar “nace solidaria, salvas las excepciones legales (arts. 2344, 2350, 2355 ib.), lo que ficticiamente torna indivisible su objeto, su prestación, que naturalmente es divisible, por eso el pago debe hacerse íntegramente; así resulta extravagante fijar monto distinto para cada deudor (art. 1568, inc. 2º ib.); siendo que en las relaciones entre deudores la obligación es conjunta (art. 1568, inc. 1º ib.), cada cual contribuye al pago íntegro conforme a su cuota en la deuda”.

2. En cuanto al caso concreto llevado a su conocimiento, señala como puntos de partida, en primer lugar, el acuerdo de voluntades ajustado entre Héctor Hugo Molina Rendón y el doctor William Echeverri Durán, conforme al cual éste practicaría a aquél una cirugía correctora de sus maxilares, sin surgir para el primero obligación alguna; y, en segundo término, la realización de la intervención en la clínica “El Rosario” de Medellín, de la que deduce la celebración entre Molina Rendón y el centro asistencial de un contrato por cuya virtud la clínica se obligó a “prestar (le) los servicios necesarios para la recuperación de la sanidad…” y éste a pagarle a cambio un precio.

3. Respecto del doctor Echeverri Durán destaca, que él estaba “precedido de los títulos de odontólogo y médico especializado en cirugía plástica; es decir, tenía el conocimiento exigido para el efecto, a lo que se agrega su idoneidad reconocida en el medio, así, lo comunica su colega doctor Luis Fernando Villegas Uribe, en dichas condiciones cumplió a cabalidad su compromiso de emplear la técnica que la ciencia médica indicaba, por eso corrigió el defecto que a su paciente afectaba; al respecto no hay controversia para dirimir”.

4. Tras plantear el interrogante de “por qué pocas horas luego de la intervención quirúrgica el paciente dejó de existir?” y referirse a que las causas de su muerte, según se desprende de la necropsia a él practicada y de la declaración rendida en el proceso por el médico forense José Iván Gómez Aristizábal, fueron “Broncoaspiración hemática…; es decir, obstrucción por sangre de las vías aéreas, bronquios y pulmones, que imposibilitó la respiración; dado sangrado en capa a nivel del lecho quirúrgico, que a la postre produjo choque hipovolémico, síndrome en el sistema vascular por pérdida total del volumen sanguíneo circulante, lesión de vasos minúsculos”, concluye, invocando al efecto “lo que comunicaron los médicos intervinientes en el proceso, bien como demandados o testigos; y enseña la literatura…” allegada a los autos, que “Como ese sangrado es normal puede detenerse manteniendo permeable las vías aéreas, por aspiración de sangre y secreciones, limpieza de la cánula nasofaríngea, para evitar vómito y consiguiente broncoaspiración, la que por ocurrir de manera súbita, es irresistible; y choque hipovolémico, detenible también con la reposición o aumento del volumen sanguíneo, el que se detecta por la disminución de la presión arterial; tarea y atención asignadas al personal de enfermería; siendo recomendable la reclusión del paciente en sala de cuidados intensivos por ser la vigilancia, más estrecha, y colocación de tubo nasogástrico, para evitar distensión gástrica inductiva del vómito; haciéndose indispensable el retiro del alambrado intermaxilar cuando la hemorragia no cesa, que corresponde al médico de planta en caso de extrema urgencia, de lo que puede sustraerse dando aviso al tratante…”.

5. En ese orden de ideas, sostiene:

5.1. Que “la broncoaspiración es suceso que puede ser previsto como posible, y aunque irresistible una vez se presenta, puede evitarse que ocurra adoptando las medidas antes indicadas; entonces se concluye que la misma no constituye de por sí caso fortuito”.

5.2. Que en el caso de la intervención quirúrgica de que se trata, el sangrado se dio luego de la operación; disminuyó posteriormente, razón por la cual el paciente fue trasladado al piso 8º de la clínica, con recomendación de lavar la cánula nasal para evitar su obstrucción; aumentó a las ocho y media de la noche, aproximadamente, lo que determinó el llamado del médico de planta, quien, según lo manifestó en el interrogatorio de parte que absolvió, encontró la referida cánula obstruida y los signos vitales del paciente sin alteración; y, finalmente, condujo a Molina Rendón a un estado de shock, observado sólo hora y media más tarde por una de las enfermeras, del cual no pudo salir, pese a las maniobras realizadas por el médico tratante y por el de planta, quienes fueron llamados ante la agravación del nombrado.

5.3. Que, por tanto, el choque hipovolémico “pudo evitarse aplicando las técnicas antes anotadas, para lo que era menester mayor dedicación por las enfermeras, pues la actuación del médico tratante dependía del aviso oportuno del de planta, para quien era indispensable el llamado de éstas”. Precisa que ellas, las enfermeras, “no procedieron con la atención e interés debidos”, al punto que “dejaron obstruir la cánula nasal” y no controlaron al paciente en el lapso transcurrido entre las 8:30 y 10:00 de la noche, comportamiento que choca con la sintomatología del paciente (hemorragia e inquietud constantes) y que sólo sería explicable “por familiaridad con la sangre que corre, temor reverencial, incapacidad de pensar por sí mismas, falta de inteligencia, de conocimiento, de caridad, rutina, desidia, deficiencia en su entendimiento, carencia de interés, repudio por los pobres económicos”, actuar que, de todas maneras, el tribunal considera constitutivo de “negligencia y descuido” y generador del resultado producido (muerte del paciente), no siendo para dicha corporación admisible la excusa esgrimida por las demandadas de “exceso de trabajo” o de que el médico de planta debió ordenar el traslado del paciente a la sala de cuidados intensivos, pues, dice el ad quem, ellas pudieron salvar su responsabilidad “explicitando la situación a sus jefes” y porque si se autorizó el traslado del paciente a la habitación era porque allí podía atenderse su recuperación, que si bien es verdad requería de atención “no ordinaria” tampoco era “extremadamente extraordinaria”, bastando “control y atención periódicas por el personal para el efecto asignado”.

6. En definitiva el tribunal concluye, que la muerte de Héctor Hugo Molina Rendón podía evitarse “si con tan solo en el lapso de la hora y media indicada las enfermeras Evangelina Londoño Álvarez y Gloria Inés Cardona López, se hubieran interesado por la evolución de su salud, que fue cuando se produjo el deterioro, tiempo suficiente para aplicar el tratamiento reparador”, aserto que desvirtúa lo conceptuado por los peritos intervinientes en cuanto a que las nombradas observaron sus deberes, y que le permite, además, descartar la responsabilidad de los médicos Echeverri Durán y Uribe Arcila, “cuya actuación —agrega— dependía de la noticia de aquéllas” e imputársela a la “Comunidad Hermanas Dominicas de La Presentación de la Santísima Virgen de Tour Providencia de Medellín”, por cuanto, afirma, “no desvirtuó la presunción de culpa in eligendo e in vigilando operante en su contra”.

7. Termina ocupándose del valor de la indemnización establecido por el a quo, que, en esencia, no modifica, en razón de que la actora no apeló de la sentencia de primer grado.

Las demandas de casación

La actora y la demandada “Comunidad Hermanas Dominicas de La Presentación de la Santísima Virgen de Tour Providencia de Medellín” recurrieron en casación la comentada sentencia de segunda instancia. Ambas introducen un sólo cargo en sus demandas, en el que denuncian la violación indirecta de las normas que precisan en los respectivos ataques a consecuencia de los errores de hecho y de derecho en que incurrió el tribunal. Su estudio se hará conjunto, por las razones que se indicaran al inicio de las consideraciones.

Parte demandante

Cargo único.

Con fundamento en la causal primera de casación, se acusa la sentencia combatida de ser indirectamente violatoria, “por falta de aplicación, de los artículos 1612, 1613, 1614, 1615, 2341, 2342, 2343, 2344, 2347, 2349 y 2356 del Código Civil”, como consecuencia de los “múltiples errores de hecho y de derecho en que incurrió el sentenciador de segundo grado al NO apreciar los medios de prueba aducidos al proceso…”, transgrediendo, como normas medio de contenido probatorio, los artículos “174, 175, 178 y 179 del Código de Procedimiento Civil”.

1. Pone de presente la recurrente que, por principio, todo el que ha causado daño a otro está en la obligación de repararlo; que, en tratándose de responsabilidad médica, la ley y la jurisprudencia han exonerado a la víctima del deber de demostrar la culpa del agente; que a voces del artículo 5º de la Ley 23 de 1981 “la actividad del médico debe realizarse existiendo o no contrato, de acuerdo a unas directrices comprendidas en las normas ético-médicas y en las técnicas señaladas en la práctica médica y por lo tanto sus deberes y obligaciones son los mismos en el campo contractual, como en el extracontractual”; que conforme el artículo 228 de la Constitución Nacional, prima el derecho sustancial y, por ende, para el caso en estudio, las disposiciones contenidas en los artículos 2341, 2342, 2343 y 2344 del Código Civil.

2. Concreta en dos, los errores que achaca al tribunal: el primero, estimar que el fallecimiento de Héctor Hugo Molina Rendón “fue únicamente responsabilidad de las enfermeras Evangelina Londoño Álvarez y Gloria Inés Cardona López, solidariamente con la entidad demandada”; y el segundo, no dar “por probada idónea y suficientemente la conducta negligente e imprudente de los demandados, doctores William Echeverri Durán y Juan Fernando Uribe Arcila, al abandonar al paciente a su suerte y no preocuparse personalmente por su evolución post-operatoria”.

3. En procura de demostrar tales yerros, la impugnante puntualiza:

3.1. Erró de hecho el ad quem, al no apreciar los siguientes testimonios, de los que, dice, “se puede inferir la culpa solidaria de los demandados” y “el estado de abandono médico y paramédico a que fue sometido Héctor Hugo Molina”:

a) Iván Darío Jiménez Vargas, odontólogo ortodoncista, quien se ocupó en su primera fase del tratamiento interdisciplinario practicado a Héctor Hugo y “da una explicación sobre el tratamiento post-operatorio que debía seguirse en el caso concreto…”, destacando “la facultad que tiene el personal de la clínica para, en caso de emergencia, proceder a cortar el alambrado que fijaba los maxilares y la necesidad de mantener despierto al paciente para que se defienda ante cualquier eventualidad (vómito o hemorragia)”.

b) Luis Fernando Villegas Uribe, cirujano plástico, quien, en torno del cuidado que debe darse luego de la práctica de una intervención maxilofacial, resalta “la importancia de mantener al paciente en estado de conciencia, que le permita explicar qué le molesta, si no hay conciencia, el contenido gástrico va al pulmón y se presenta bronco-aspiración”, de “controlar la hemorragia” y de “contemporizar con el paciente”; y advierte, por una parte, que “no sobra que el médico tratante anote las órdenes que deben seguirse” y, por otra, que “el corte del alambrado que fija los maxilares debe hacerse por el personal de la clínica, mientras se hace presente el médico tratante”.

c) Hermana Amanda Arango Pérez y Blanca Margarita Calle Hincapié, enfermeras, quienes, señala la censura, “son coincidentes en afirmar que el médico tratante debe estar pendiente del desarrollo evolutivo de su paciente, no sólo antes de la operación, sino también en la etapa post-operatoria”, especialmente en las horas siguientes a la cirugía.

3.2. Constituye yerro fáctico, el ignorar los interrogatorios de parte absueltos por los demandados, en torno de los cuales apunta:

a) De lo dicho por Juan Fernando Uribe Arcila, médico de turno la noche de los hechos: que en la primera visita que hizo al paciente (8:30 p.m.) lo aspiró por boca y nariz, limpió la cánula nasofaríngea, que halló obstruida, y le prescribió, entre otros medicamentos, “valium”; que por haber estado ocupado con otro paciente, no subió en la segunda ocasión que fue llamado, optando por solicitar se requiriera la presencia inmediata del médico cirujano; y que cuando llegó, debido a la tercera citación que se le hizo, ya el médico tratante estaba atendiendo a Molina Rendón.

b) Del rendido por William Echeverri Durán, médico cirujano que practicó la intervención quirúrgica: que no concretó su respuesta sobre el tipo de instrucciones que impartió para la atención post-operatoria del paciente, limitándose a mencionar como tales “… (el suministro de) líquidos de sostenimiento venoso…, analgésicos, antibióticos, aspiraciones frecuentes por vía nasal y oral, cuidados de enfermería y otras instrucciones verbales”; que con posterioridad a la cirugía, pese a residir en ese entonces a solo seis cuadras de distancia de la clínica, se limitó a llamar telefónicamente en dos oportunidades para averiguar por el estado de Molina Rendón, habiendo logrado comunicación una vez, a las seis y treinta de la tarde aproximadamente, ocasión en que fue informado que el paciente se encontraba bien; y que cuando concurrió a la clínica a las once y media de la noche, en atención al llamado de urgencia que se le hiciera, encontró un paciente completamente deteriorado.

c) De lo expresado por las enfermeras Londoño Álvarez y Cardona López, quienes estuvieron de turno la noche de los hechos: que desde cuando asumieron el turno “el paciente se hallaba muy inquieto e inestable, que tosía mucho, a pesar de que le decían que no lo hiciera, y que por el cúmulo de trabajo no podían dedicarse todo el tiempo a un solo paciente”.

3.3. Cometió error de hecho el tribunal al apreciar la declaración del médico legisla, doctor José Iván Gómez Aristizábal, quien, sostiene la recurrente, “en forma clara, precisa y científica explica el procedimiento que pudo adelantarse para evitar el fallecimiento de Héctor Hugo y la forma técnico-médica para descubrir si la sangre está corriendo a las vías aéreas y digestivas, dependiendo del cuadro clínico observado al paciente, (de) lo que (él) manifieste, que puede ser la tos, la inquietud por sentirse ahogado por falta de aire” y advierte, que es al médico a quien corresponde establecer la causa del sangrado, que el personal de enfermería debe estar preparado “para hacer algunas maniobras para evitar el sangrado y debe ejercer una vigilancia estrecha al paciente” y que “el médico debe evaluarlo periódicamente”.

4. En tal orden de ideas concluye la casacionista, que la muerte de Molina Rendón “se debió única y exclusivamente a la culpa negligente e imprudente en forma solidaria de todos los demandados”, así:

4.1. El doctor Echeverri Durán actuó con indebida y exagerada confianza, al punto que no informó a los parientes del intervenido sobre el resultado de la cirugía y no visitó a su paciente en la fase postoperatoria, pese a vivir tan cerca de la clínica, limitándose a obtener información sobre su estado de salud por vía telefónica.

4.2. “No es suficiente estar precedido de los títulos de odontólogo y médico especializado en cirugía plástica, no basta una reconocida idoneidad en el medio, no basta aplicar todos sus conocimientos exigidos para dicha intervención, su capacidad nunca se cuestionó, sino el descuido, el abandono a que sometió a su paciente y la incidencia que su negligencia e imprudencia tuvo (sic) en el desenlace fatal,…”.

4.3. Es notoria la “negligencia, la imprudencia y la impericia médica” del doctor Juan Fernando Uribe Arcila, ya que “con su única visita al cuarto del paciente dio por cumplida su labor médica”, se atuvo al cuidado aplicado por las enfermeras, hizo caso omiso del segundo llamado para evaluar al paciente y, frente al tercer llamado, llegó luego que el médico tratante, quien vivía a seis cuadras del centro hospitalario. Agrega la recurrente, que “lo más grave (es que) en su única asistencia médica, ordena la inyección de valium … a un paciente que por su intervención quirúrgica tenía que permanecer consciente”.

4.4. Las enfermeras de turno se comportaron negligente e imprudentemente, evidenciando su falta de pericia, al confiarse excesivamente “en la normalidad que argumentaban (del) sangrado del paciente”, al no suministrarle el tratamiento debido y al delegar sus funciones en las personas que lo acompañaban.

4.5. En lo que atañe a la comunidad demandada, es notoria “la insuficiencia de personal y la impreparación del mismo”, ya que en la noche del 31 de octubre de 1988 sólo había un médico de turno para toda la clínica, incluyendo el servicio de urgencias, y dos enfermeras para el piso 8º, donde se encontraban recluidos, según lo expresado por ellas mismas, 15 pacientes.

5. Termina diciendo la recurrente, que fueron los indicados errores de apreciación probatoria los que condujeron al tribunal a exonerar de responsabilidad a los doctores Echeverri Durán y Uribe Arcila, no siendo admisible la posición asumida por esa corporación, consistente en considerar que la intervención de éstos dependía del llamado que les hicieran las enfermeras, pues eso sería tanto como aceptar que es necesario llamar al médico para que cumpla sus deberes, en especial el de evaluar al paciente en la etapa postoperatoria.

6. Corolario de lo anterior, es que la demandante peticione que se case la sentencia recurrida y que, en su lugar, se condene a la totalidad de los demandados como responsables del fallecimiento del joven Héctor Hugo Molina Rendón y se les obligue a pagarle los perjuicios morales y materiales, más corrección monetaria e intereses, por ella sufridos, con ocasión de la muerte de su único hijo.

Parte demandada

“Comunidad Hermanas Dominicas de La Presentación de la Santísima Virgen de Tour Providencia de Medellín”

Cargo único.

Denúnciase mediante él, ser la sentencia del tribunal indirectamente violatoria de “los artículos 8º y 48 de la Ley 153 de 1887,… 1494, 1602, 1603, 1604, 2341, 2343, 2344 del Código Civil”, por indebida aplicación, y “64 (L. 95/1890, art. 1º) y 2347 inciso final del Código Civil, por falta de aplicación”, al haber incurrido el tribunal en “Error de hecho en la apreciación de la prueba”.

1. Son, en concreto, los yerros fácticos que la recurrente enrostra al tribunal, los siguientes:

1.1. “Haber dado por probado, sin estarlo, que la conducta de las enfermeras Evangelina Londoño Álvarez y Gloria Inés Cardona López tuvo una incidencia causal en la muerte del paciente Héctor Hugo Molina Rendón”.

1.2. “No haber dado por probado, estándolo, que si existe una relación causal entre la muerte del paciente Héctor Hugo Molina Rendón y los actos de alguien, ésta sólo puede ser con el médico tratante Dr. William Echeverri Durán, quien prescindió en este caso de elementales previsiones médicas, aconsejadas por la práctica profesional para estos eventos, además pretermitió las instrucciones que en ejercicio de su jerarquía funcional, hubieran permitido una reacción segura e inmediata del médico de planta y a las enfermeras”.

1.3. “No haber dado por probado, estándolo, que para las enfermeras era imprevisible e irresistible, dentro de las circunstancias en las cuales se presentaron los hechos, y al carecer de las prescripciones del médico tratante, evitar las consecuencias fatales del vómito que presentó el paciente, que finalmente fue la causa de su muerte”.

2. Previa reproducción de buena parte de las motivaciones del fallo combatido y luego de observar que toda relación causal supone la ocurrencia de un hecho generador del efecto producido, sin el cual no se hubiese dado el mismo, la recurrente reprocha al tribunal que haya atribuido a las enfermeras demandadas la responsabilidad exclusiva de la muerte de Héctor Hugo Molina Rendón sin contar con “fundamento probatorio” para ello, ignorando “que su función les impide tomar decisiones por encima de sus superiores jerárquicos”, que son los que determinan las acciones que ellas “deben ejecutar”, e imputándoles “acciones u omisiones” de otras personas, “en particular (del) médico tratante”, que fueron las que en verdad provocaron el deterioro de la salud del paciente, para lo cual, apoyándose en la necropsia, en la declaración del médico forense y en lo que “todos los testigos afirmaron”, en síntesis, sostiene:

2.1. La causa exclusiva del deceso del nombrado fue “bronco aspiración hemática” o, lo que es lo mismo, que éste vomitó “la sangre que estuvo tragando, que había corrido desde el lecho quirúrgico (situado al interior de su boca sellada)”, sin poder expulsarla al exterior, por lo que el vómito “se fue a las vías aéreas”, aspecto que considera de “trascendental importancia, ya que la sentencia al parecer partiendo de que la muerte se produjo por un shock hipovolémico, parece entender que el paciente fue perdiendo lentamente la sangre que brotaba del lecho quirúrgico, sin que el personal de la clínica, en particular las enfermeras, se percataran ni hicieran nada para impedirlo”, hipótesis en la que, agrega, resultaría cierto el planteamiento teórico que hizo el legisla “cuando afirmó, que ello pudo ser evitado por el personal de la clínica si hubiera actuado con rapidez”.

2.2. Si el tribunal, “por el contrario, …hubiera tenido en cuenta la claridad que dio el mismo médico legista en relación con la causa más precisa y exacta de la muerte (la broncoaspiración hemática,…), se abandona como causa de la muerte una, que se fue produciendo lentamente, y se concluye con precisión que la muerte se debió a una causa que se estaba gestando sin culpa alguna del médico de turno, y que tuvo su desenlace de manera súbita y rápida, donde el tiempo para actuar era mínimo”.

3. La impugnante señala que, por tanto, los interrogantes que debía absolver el tribunal eran: “¿Por qué se produjo el vómito, qué lo pudo haber evitado, a quién podría exigírsele que lo evitara?”. Y en procura de hallar respuesta a los mismos, expone:

3.1. Que al no tener en claro el tribunal “cuáles eran las circunstancias en que se encontraban las enfermeras frente al médico tratante, las posibilidades reales que tenían para evitar el desenlace final y la causal real de la muerte del paciente, imaginó a cargo del cuidado de las enfermeras obligaciones que no podían cumplir en el contexto real de los hechos y les reprochó el incumplimiento teórico de las mismas (no existe prueba diferente a las afirmaciones de la demandante y de su hermana, testimonio este último tachado de sospechoso)”, deduciendo “que las enfermeras pudieron haber sido negligentes en el ejercicio de sus funciones”, conclusión que a más de no estar sustentada probatoriamente, se contrapone “a los dictámenes periciales”.

3.2. Que si, conforme se desprende de los testimonios técnicos que obran en el proceso, la cirugía practicada a Molina Rendón implicaba “fracturar la mandíbula para … reducir su extensión y, acto seguido, proceder a coser con un alambrado la parte de arriba de la boca con la de abajo”, quedando él, desde ese momento, impedido para hablar, propio era que esa situación le provocara una “gran ansiedad…al no poder mover su boca adolorida, ni comunicar sus deseos, ni ingerir alimentos”, sin que tal situación tradujera que Molina Rendón se hallara en “estado de emergencia” y que la sangre brotada de las heridas quirúrgicas, ubicadas en el interior de la boca, corriera “hacia el estómago”, ocasionando la irritación de sus paredes, lo que podía “causar vómito”.

3.3. Que, consecuentemente, era el médico tratante (cirujano) el que “hubiera podido evitar o disminuir el riesgo (de vómito, aclara la Corte) mediante la adopción de ciertas medidas que aconsejan los conocimientos técnicos en este caso, y quien adicionalmente estuvo bastante lejos de efectuar un seguimiento como lo requería esa riesgosa intervención, máxime cuando se habían omitido precauciones importantes, sin saberse exactamente porque razón, por parte suya”, medidas que, en síntesis, corresponden a las siguientes:

a) Haber dispuesto el traslado del paciente en el postoperatorio inmediato a una sala de cuidados intensivos, determinación que al no ser adoptada generó “una doble implicación causal”: en primer lugar, se restaron a Molina Rendón “posibilidades de sobrevivir y prevenir el vómito que causó su muerte”, habida cuenta de las características de la cirugía que se le practicó y las condiciones de seguridad y control que ofrecen estas salas; y en segundo término, el mensaje implícito derivado de tal conducta para el médico de turno y para las enfermeras que lo atendieron en el piso 8º de la clínica fue que su caso no era “particularmente delicado”, no requiriendo, por ende, “de atención permanente que conlleva la sala de cuidados intensivos” y que, por lo mismo, bastaba “la atención y el cuidado normales que se dispensan en cuarto normal a un enfermo o paciente en recuperación normal”.

b) Haber hecho anotaciones especiales en la historia clínica del paciente, que permitieran a las enfermeras y al médico de turno, por una parte, “deducir algo diferente a que la recuperación del paciente se desarrollaba natural y normalmente” y, por otra, “sortear con éxito cualquier circunstancia crítica que pudiera presentarse, lo que sí era previsible para el cirujano tratante en razón de su experiencia…”, más cuando no se ordenó el traslado de Molina Rendón a una sala de cuidados intensivos y no se le colocó una sonda nasogástrica. “En realidad —sigue diciendo la impugnante— era el médico tratante quien debía ser consciente de que un vómito podía producirse en cualquier momento y que, estando cerrada la boca, la broncoaspiración sería cuestión de un instante”, de donde era necesario que Echeverri Durán hiciera alguna anotación al respecto, a efecto de no dejar a las enfermeras y al médico tratante sin ninguna guía para, ante una emergencia, tomar la decisión de cortar el alambrado que sellaba la boca del paciente, procedimiento que daría al traste con la cirugía, pues no puede exigírsele a las enfermeras, cuando ni siquiera podía hacerlo el médico de planta, que por la agitación e incomodidad del paciente, o por el sangrado que presentaba (situaciones normales en esta clase de intervenciones), “entraran a cortar los ganchos o a internar al paciente en cuidados intensivos, o siquiera tomar una medida distinta de la que tomaron, después que el médico de planta les recomendó llamar al médico tratante (?)”. Termina destacando, que “La incidencia de esta omisión del médico tratante es evidente. La ausencia de recomendaciones, aunada al temor del médico de turno y de las enfermeras de equivocarse al tomar una decisión precipitada (retirar los alambres, es decir, dañar la operación), constituía para éstos un abandono, y restringía cualquier clase de razonamiento que éstos pudieran efectuar en el momento crítico”.

c) Haber colocado en el acto de la cirugía misma una sonda nasogástrica, que permitiera “la evacuación permanente de sangre que corre desde el lecho quirúrgico hacía el estómago”, con lo que “se hubiera evitado el riesgo de irritación del estómago y por tanto el grave riesgo de vómito y de la broncoaspiración”, aspectos en que son coincidentes los “declarantes técnicos” escuchados en el proceso, sonda que sólo podía ser instalada “antes de alambrar la boca del paciente”, pues su colocación posterior implicaba “contrariar la actuación del médico tratante (el médico de turno tiene que presumir y aceptar que tuvo alguna razón para no colocarla)” y, por sobre todo, “crear el reflejo de vómito con la manipulación de la sonda”, cuestiones en relación con las cuales la recurrente cita, la declaración del doctor Uribe Arcila.

d) Haber prescrito algún “tipo de droga que controlara o impidiera el reflejo del vómito”.

3.4. Concluye en definitiva la impugnante, que “Si alguien tenía a su alcance recomendaciones y medidas para evitar el vómito que finalmente produjo y causó la muerte del paciente, era el médico tratante, único autorizado para tomarlas o para recomendar por escrito las acciones que debían tomarse, si esta situación irresistible pero previsible según la sentencia del tribunal se le presentaba a las enfermeras o al médico de planta, máxime cuando la reacción debía ser inmediata, para evitar un desenlace fatal en estos casos. La hermana Amanda Arango Pérez, jefe de relaciones industriales de la clínica para la época en que sucedió el insuceso señaló a folios 607 (sic) lo siguiente: ‘Entiendo que en estos casos el cirujano debe seguir cuidadosamente estos postoperatorios’ y más adelante agrega: ‘creo que es responsabilidad directa del cirujano visitar a su paciente en las primeras horas después de salir de cirugía’”.

4. Vuelve la recurrente a advertir el grado de subordinación del médico de turno al médico tratante y de las enfermeras a éste y a aquél, en ese orden, para destacar que no podían ni el primero ni las últimas adoptar, motu proprio, ninguna de las medidas que se dejan comentadas, asertos que sustenta con el dictamen rendido por los doctores Margarita Rosa Cárdenas Duque y Luis Fernando De Zubiría y con las declaraciones de la hermana Amanda Arango Pérez y del doctor Luis Fernando Villegas Uribe.

5. Así las cosas, estima la recurrente que fueron las omisiones del doctor Echeverri Duran las que determinaron el deceso de Molina Rendón; que el doctor Uribe Arcila y las enfermeras Londoño Álvarez y Cardona López cumplieron su deber; y que “Así las enfermeras hubieran permanecido hipotéticamente al píe de la cama del paciente, tomándole el pulso permanentemente, pendiente de un signo cualquiera de vómito (sobre el cual ya dijimos que no estaban advertidas ni tenían ninguna instrucción en caso de suceder), no hubieran podido proceder de otra manera (llamar al médico de planta y éste, a su vez, recomendar que se llamara al médico tratante, que por cualquier motivo hasta ese momento no se había hecho presente, pese a que la operación era de alto riesgo)”.

6. Para terminar, la censura advierte sobre la incidencia de los errores cometidos por el tribunal, puesto que “los riesgos inherentes a la operación quirúrgica constituyen la causa de la muerte del paciente Héctor Hugo Molina Rendón”, la cual “es fortuita en relación con la demandadas Evangelina Londoño Álvarez y Gloria Inés Cardona López”, en la medida que “Las enfermeras no podían hacer nada frente al estado del riesgo que tuvieron que enfrentar, sin más instrucción particular alguna que la oportunamente suministrada por el médico de planta, doctor Juan Fernando Uribe”. Colige la recurrente, entonces, que “no existe un nexo de causalidad entre la muerte del paciente y la conducta de las enfermeras, como ya pudo establecerse…”.

7. Peticiona finalmente, se case la sentencia del tribunal y, en sede de instancia, se revoque la de primer grado, en cuyo reemplazo deberá proferirse una en la cual se declare como único responsable de la muerte del joven Héctor Hugo Molina Rendón al doctor William Echeverri Durán, exonerándose a los restantes demandados.

Consideraciones

1. La demandante, según ya se observó, denuncia que erró de hecho el tribunal, en primer término, al señalar que la muerte de Molina Rendón fue responsabilidad exclusiva de las enfermeras Evangelina Londoño Álvarez y Gloria Inés Cardona López, en solidaridad con la persona jurídica demandada, y en segundo lugar, al no ver que los demandados William Echeverri Durán (médico tratante) y Juan Fernando Uribe Arcila (médico de turno) procedieron también negligente e imprudentemente, al abandonar al paciente a su suerte y no preocuparse por su evolución postoperatoria, lo que la conduce a solicitar se condene a la totalidad de los demandados.

Por su parte, la comunidad demandada recurrente en casación enrostra al ad quem yerro fáctico: (i) al estimar que la conducta de las prenombradas enfermeras tuvo incidencia causal en la muerte de que se trata; (ii) por no ver que los actos determinantes de dicho fallecimiento provinieron exclusivamente del doctor Echeverri Durán, quien no adoptó todas las previsiones aconsejadas por la ciencia médica y omitió dar instrucciones al personal subordinado, en el evento, previsible para él, de presentarse una complicación; y (iii) por no dar por probado que el vómito sufrido por el paciente, y que constituyó la causa de su deceso, devino como circunstancia imprevisible e irresistible para las enfermeras vinculadas al proceso de recuperación. Reclama, que se condene única y exclusivamente al precitado galeno y, por consiguiente, que se exonere a los restantes demandados.

Se deduce de lo anterior, que pese a provenir cada uno de los referidos cargos de parte distinta en el proceso (demandante y uno de los demandados) y de tener fines diferentes (que la condena recaiga sobre todos los demandados y que comprenda sólo al médico tratante), es punto común de las dos acusaciones asignar al doctor Echeverri Durán responsabilidad en el fallecimiento de Molina Rendón, de manera compartida con los restantes demandados, la actora, y en forma exclusiva, la demandada recurrente, y que siendo ello así, es igualmente notorio que la resolución aislada de cada una de las acusaciones conllevaría a desatar implícitamente la otra sin tener en cuenta las razones que la sustentan, como quiera que, hablando en términos hipotéticos, acceder al cargo de la actora, sería tanto como admitir que Echeverri Durán no es el autor exclusivo del daño cuya reparación aquí se persigue y, a contrario sensu, reconocer prosperidad a la acusación de la demandada recurrente, supondría predicar que el nombrado es el único responsable.

Así las cosas, conclúyese que es necesario acometer el estudio conjunto de los dos cargos para, con consideración de los argumentos que sustentan cada uno de ellos, definir si, como lo sostienen ambas recurrentes, el citado profesional de la medicina es responsable del deceso de Héctor Hugo Molina Rendón y, en tal supuesto, establecer el grado de su participación, pues la conclusión a que sobre el particular arribe la Corte, guiará su juicio en relación con los otros aspectos de las censuras.

Recapitulando, la coincidencia hallada en los dos cargos y, en especial, la interdependencia que se aprecia entre ellos, obliga a que, como aquí se hará, su estudio se verifique aunadamente.

2. Ahora bien, si el tribunal mantuvo la condena que de manera proporcional el juzgado del conocimiento impuso a las enfermeras Evangelina Londoño Álvarez y Gloria Inés Cardona López y éstas no recurrieron en casación el proveído de segunda instancia, ya sea porque carecían de interés legítimo en razón de la cuantía, propio es entender que esa determinación no es susceptible de modificación alguna por virtud de los recursos extraordinarios en examen y, en consecuencia, hácese necesario, antes de asumir el estudio de fondo de la cuestión, preguntar si, por tanto, era viable para la “Comunidad Hermanas Dominicas de La Presentación de la Santísima Virgen de Tour, Providencia de Medellín” edificar su ataque en casación sobre la base de la ausencia de culpa de sus dependientes, las citadas enfermeras y el médico de turno Juan Fernando Uribe Arcila, o en la ausencia de nexo causal entre la conducta desplegada por éstos y el resultado producido (muerte de Molina Rendón), pidiendo en definitiva el quiebre de la sentencia del tribunal, la revocatoria del fallo de primer grado y que en su reemplazo se declare responsable sólo al médico cirujano y se absuelva tanto a ella como a los restantes demandados (sus dependientes).

Toda responsabilidad civil extracontractual se estructura sobre tres pilares fundamentales que, por lo general, debe demostrar el demandante: el hecho dañoso o culpa, el daño y la relación de causalidad. Entonces, a quien se atribuye tal responsabilidad, independientemente que se trate de persona natural o jurídica, puede, por regla de principio, defenderse aduciendo la ausencia de uno cualquiera, de varios o de todos esos tres elementos axiológicos. Por ejemplo, podrá demostrar que su comportamiento no es culposo, porque procedió con diligencia, prudencia, pericia y sin violar reglamento alguno; o la inexistencia del daño, entendido en sentido jurídico; o controvertir el nexo de causalidad, comprobando que la lesión ocasionada a los derechos de la víctima, no es consecuencia directa o exclusiva del hecho que se le imputa.

Para el caso de las personas jurídicas, habida cuenta que por su especial naturaleza ellas actúan siempre por intermedio de agentes (personas naturales), aducir la inexistencia de culpa o de relación causal es tanto como afirmar que el actuar de sus delegados no fue culposo o que no es la causa adecuada del resultado dañoso.

En tal orden de ideas, dedúcese que no hay óbice para que una persona jurídica demandada en acción de responsabilidad civil extracontractual se defienda, tanto en las instancias como en casación, cual aquí acontece, proponiendo la ausencia de culpa de sus dependientes, que en últimas traduce la ausencia de su propia culpa, o que no hay vínculo causal entre el proceder de sus agentes y el daño cuya reparación se persigue, que implica sostener la inexistencia de dicha causalidad entre su propio proceder y el daño.

Ahora bien, el que ello sea así, como en efecto lo es, no es circunstancia que permita desconocer o contrariar las reglas que disciplinan las relaciones que surgen, de un lado, entre las partes y, de otro, entre quienes integren cada una de ellas, cuando son plurales. Si son varios los demandados, es indiscutible que, en este tipo de proceso (responsabilidad civil extracontractual), conforman un litisconsorcio facultativo y que, por ende, “serán considerados en sus relaciones con la contraparte, como litigantes separados” y “Los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso” (CPC, art. 50).

Por tanto, que, como aquí ocurre, la mencionada demandada asigne toda la responsabilidad de la muerte de Molina Rendón al también demandado doctor William Echeverri Durán, es cuestión, si bien admisible según se vio, a la cual sólo podrá reconocérsele alcances en relación únicamente con su proponente y que, por consiguiente, sólo reportará beneficios para ella y no para ninguno de los restantes demandados, a quienes tal planteamiento defensivo tampoco puede perjudicar.

Hay que concluir entonces, que los argumentos defensivos aducidos aquí por la “Comunidad Hermanas Dominicas de La Presentación de la Santísima Virgen de Tour, Providencia de Medellín”, en el supuesto de resultar prósperos, conducirán a su exoneración, pero en ningún momento a que se emita condena alguna en contra de Echeverri Durán o a que se absuelva a los otros demandados, Uribe Arcila, Londoño Álvarez y Cardona López.

3. Sobre la base de que el doctor William Echeverri Durán, sin recibir a cambio contraprestación alguna, practicó a Héctor Hugo Molina Rendón el 31 de octubre de 1988 la cirugía de que dan cuenta los autos y que éste, horas después de concluida la intervención, falleció, aspectos fácticos que, valga desde ya anotarlo, no fueron controvertidos en ninguno de los cargos que se analizan, el tribunal optó, de un lado, por exonerar a aquél y al doctor Juan Fernando Uribe Arcila de la responsabilidad civil extracontractual endilgada en la demanda y, de otro, por declarar la misma sólo en contra de las enfermeras Evangelina Londoño Álvarez y Gloria Inés Cardona López, para lo cual, en síntesis, estimó: que Echeverri Durán para ese entonces, estaba “precedido de los títulos de odontólogo y médico especializado en cirugía plástica; es decir, tenía el conocimiento exigido para el efecto, a lo que se agrega su idoneidad reconocida en el medio, así lo comunica su colega doctor Luis Fernando Villegas Uribe, en dichas condiciones cumplió a cabalidad su compromiso de emplear la técnica que la ciencia médica indicaba, por eso corrigió el defecto que a su paciente afectaba; al respecto no hay controversia para dirimir”; que consideradas las causas de la muerte de Molina Rendón, certificadas en la necropsia que se le practicó (broncoaspiración hemática y choque hipovolémico), fue el descuido y la negligencia de las enfermeras Evangelina Londoño Álvarez y Gloria Inés Cardona López, quienes no controlaron al paciente en la hora y media que transcurrió entre las 8:30 y 10:00 p.m., lapso en el cual se deterioró su estado de salud, las causas exclusivas del deceso; y, en estrecha relación con lo anterior, que “la actuación del médico tratante (en el postoperatorio, aclara la Corte), dependía del aviso oportuno del de planta, para quien era indispensable el llamado de éstas (las enfermeras)”, que no se dio a tiempo.

4. Para controvertir tales conclusiones del tribunal, las recurrentes denuncian la preterición o la indebida apreciación de las pruebas que pasan a relacionarse, cuyo contenido es el que a continuación se compendia:

4.1. El acta de necropsia, que en copia auténtica obra a folios 42 y 43 del cuaderno 2 del expediente, la cual da cuenta de que “el deceso de Héctor Hugo Molina Rendón, fue consecuencia natural y directa de un choque hipovolémico por sangrado en capa a nivel del lecho quirúrgico” y de que al examinar el aparato respiratorio se encontró: “Traquea y bronquios con líquido espumoso hemorrágico. Pulmones pesaron 800 grs. en conjunto. Al corte rezumen líquido espumoso hemorrágico, moteado marrón difusamente distribuidos en ambos campos pulmonares”.

4.2. Oficio 112 de 6 de febrero de 1989 (fl. 44, c. 2), en el que el mismo médico legista expresa: “Luego de revisar la historia clínica enviada, al correlacionarla con el protocolo de necropsia podemos concluir que el señor Héctor Hugo Molina Rendón murió a consecuencia de un choque hipovolémico cuyo tratamiento oportuno y adecuado pudo haber evitado el deceso… La causa exacta del sangrado que llevó al choque hipovolémico no pudo ser establecida por los exámenes que se hicieron”.

4.3. Declaración rendida por el doctor José Iván Gómez Aristizábal (fls. 32 a 37, c. 4), médico legista patólogo que aparece suscribiendo el acta de necropsia y la comunicación relacionada en el punto precedente, quien, tras reconocer su autoría de esos documentos, manifiesta: que el choque hipovolémico “se produce por una disminución del volumen sanguíneo circulante, que puede ser por pérdida de sangre total o por pérdida de líquidos”; en aclaración de lo expresado en el oficio complementario de la necropsia, que “como en la necropsia no encontramos una lesión vascular grande, un vaso grande, el sangrado en capa que se describe allí, vasos minúsculos, pequeños, no se hace tan rápidamente como el de un vaso grande, entonces eso daría tiempo para iniciar las maniobras de recuperación de un paciente que se le ha diagnosticado un choque”; que en tanto se hace de manera definitiva tal diagnóstico, “hay medidas de urgencia, y una de ellas, la más importante, es la reposición del volumen, o aumentar el volumen sanguíneo, que busca aumentar la presión arterial que está disminuida. Esa es la medida que se hace de urgencia”.

Refiriéndose al caso concreto de Molina Rendón señala, “que se hizo el diagnóstico de choque hipovolémico, entonces lo que se perdió fue sangre total y la mejor manera de recuperarlo es una transfusión de sangre total o sea que sea compatible, parecida a la de él, pero como a veces es difícil conseguir la sangre por la dificultad de conseguir los donantes, se usan unos líquidos que suplen en parte la deficiencia de la sangre. La reposición de los líquidos se hace por vía endovenosa (dentro de la vena)”; que son los síntomas del choque hipovolémico “palidez, inquietud, hay aumento del pulso y disminución de la presión arterial, cuando el cuadro clínico progresa hay alteraciones del estado mental que pueden llegar a la pérdida del conocimiento”; que la aplicación de “valium…calma la inquietud que pueda tener, lo seda o tranquiliza” y puede, además, producir somnolencia; acepta que la sangre brotada del lecho quirúrgico ubicado en el interior de su boca pudo haber corrido hacia las vías aéreas y las digestivas e indica que para detectar tal estado de cosas, era necesario tener en cuenta el cuadro clínico del paciente, “lo que él manifieste, como puede ser la tos, la inquietud al sentirse ahogado por falta de aire, básicamente es eso, después habría que retirar los ganchos y mirar si está pasando eso”; aludiendo a la hipótesis de haberse colocado en el acto quirúrgico una sonda nasogástrica observa que ella hubiese servido para detectar el flujo de sangre al estómago y para evitar su acumulación allí, pues “la función de la sonda es drenar el contenido gástrico” y precisa que su instalación después de la cirugía podía producir el reflejo de vómito; en punto de la concurrencia del choque hipovolémico y de broncoaspiración hemática, aclara que “los dos eventos se presentaron”, no siéndole viable definir “cuál de los dos fue primero”, y que “si la persona está en shock que implique una alteración del estado de conciencia, es posible la broncoaspiración, porque ha perdido uno de sus mecanismos de defensa, cual es el de estar consciente; pero la broncoaspiración en sí misma, a no ser que sea muy máxima, es decir, (en) grandes cantidades de sangre, no produce chock hipovolémico, lo que produciría es una asfixia”; agrega en torno de la primera de esas situaciones, que “Para que se presenten síntomas, debe haber una disminución de la tercera parte del volumen circulatorio. Con el examen de pulso y la presión arterial puede detectarse cuándo se está empezando a disminuir el volumen circulatorio”.

Insiste en que si bien es verdad que en el tipo de operación que le fue practicada a Molina Rendón es normal el sangrado en el postoperatorio, debe controlarse y que en caso de ser abundante, debe evitarse la pérdida de sangre y reponerse la misma, destacando que tanto el personal médico como el de enfermeras puede realizar maniobras con uno y otro fin.

4.4. Declaración rendida por el doctor Iván Darío Jiménez Vargas (fls. 15 vto. a 18, c. 4), odontólogo ortodoncista que atendió en su primera fase el tratamiento interdisciplinario de Molina Rendón. Refiere la gran experiencia del doctor William Echeverri Durán en la práctica de cirugías maxilofaciales, los bastos conocimientos de éste al respecto y el frecuente éxito de las intervenciones que realiza. Adicionalmente comenta en qué consistió su participación en dicho tratamiento y el conocimiento que adquirió del paciente.

Poniendo de presente que por su profesión son restringidos sus conocimientos en relación con la operación practicada a Héctor Hugo, sobre el cuidado postoperatorio anota que “Las personas e instituciones o clínicas que se comprometan con el cuidado de estos pacientes deben conocer cada una muy bien sus tareas”; de las instrucciones que debe dar el médico tratante dice, que tiene entendido “que los cirujanos se comunican con todo el grupo de atención del paciente” y que es el médico tratante quien “lidera el grupo en el aspecto quirúrgico pero todos deben conocer los problemas de estos pacientes, es un equipo multidisciplinario”; agrega, que puede presentarse algún sangrado y ansiedad en el paciente, eventos en los cuales “Se debe controlar el sangrado para evitar broncoaspiraciones”, lo que se hace limpiando el área respectiva; y finalmente destaca, que “Si el sangrado es severo y el paciente está presentando problemas, estos alambres deben ser cortados”.

4.5. Testimonio del doctor Luis Fernando Villegas Uribe (fls. 20 a 24, c. 4), cirujano plástico, docente en la Universidad de Antioquia y en el Hospital San Vicente de Paúl de Medellín, quien a más de comentar también los conocimientos y experiencia del doctor Echeverri Durán, expone: que lo más importante en el postoperatorio de una cirugía maxilofacial es “mantener unas vías aéreas permeables, mantener estables los signos vitales y controlar el sangrado, para eso el paciente requerirá un aparato de succión en la pieza donde esté hospitalizado”; que “el médico tratante en asocio con los ortodoncistas hacen el estudio prequirúrgico, luego él es el responsable del acto quirúrgico donde se trabaja en equipo con un odontólogo y el anestesista, en el postoperatorio de acuerdo a este equipo se decide el traslado o no a la pieza donde la clínica debe tener un médico de planta capaz de manejar inicialmente las complicaciones que se sucedan en el postoperatorio, si la complicación es compleja debe pedir la presencia del cirujano”; que en este tipo de cirugías, en muchas veces, es aconsejable el traslado del paciente a una sala de cuidados intensivos; que a continuación del acto quirúrgico sigue la recuperación, la cual de ser satisfactoria, permite al anestesiólogo autorizar el traslado del paciente a la correspondiente habitación, fases éstas en las que el cirujano debe estar atento de cualquier llamado según la evolución del intervenido; que si el paciente en el postoperatorio empieza a inquietarse o a mostrar algún deterioro de su estado de salud, “lo primero es asegurarse que tenga unas vías aéreas permeables y cualquier estado clínico que se salga de un parámetro normal… hace necesario que se le avise al médico tratante”; que después de este tipo de cirugías “el paciente tiene secreciones, …puede tener sangrado que es escaso, edema de tejidos y por eso, como el paciente tiene una inmovilización, debe mantenerse en un estado de conciencia que le permite en cualquier momento explicar qué es lo que le molesta, qué es lo que lo hace sentir inquieto”; aclara a continuación, que “estado de conciencia” significa “estar lo más despierto posible para así mantener intactos los reflejos y mecanismos de defensa normales en todo ser humano”; puntualiza, que el cuidado postoperatorio está a cargo del personal de la clínica, entre el cual debe haber un médico de planta, a quien corresponde “evaluar y estabilizar el paciente mientras el médico tratante conoce el caso y viene a atenderlo”, y un equipo de enfermeras, a quienes toca “cuidar y detectar cualquier evolución anormal en el paciente y ponerla en conocimiento del médico de planta”; estima que el postoperatorio debe cumplirse en una unidad de cuidados intensivos si así lo decide el cirujano, por virtud de cualquier duda que pueda presentarse en relación con la seguridad del paciente; que no es usual en este tipo de operaciones la colocación de una sonda nasogástrica, determinación que debe adoptarse con el visto bueno del médico tratante, correspondiendo su instalación al personal de enfermería; es enfático en señalar que el alambrado que sella la boca del paciente, puede ser cortado por el personal de la clínica, incluso sin autorización del cirujano, para salvar la vida del paciente, explicando que “el equipo de la clínica debe ser capaz de asegurar la atención inicial para asegurar la vida de un paciente y si esto implica el corte de los alambres debe hacerse así no esté ordenado. La sonda nasogástrica, como anteriormente lo dije, no es de una necesidad inmediata, debe ser autorizada por el cirujano, específicamente como lo de la sonda nasogástrica no es necesario, no debe estar escrito, no sobra que el cirujano coloque en las órdenes postoperatorias cortar los alambres, a pesar de que el personal de la clínica debe conocer el manejo postoperatorio de este tipo de pacientes”; que “la broncoaspiración en un paciente electivo de este tipo de cirugías es rara, cuando sucede se debe sospechar que el paciente ha sangrado y como el paciente tiene una inmovilización dependiendo del estado de conciencia podrá o no defenderse, si no hay defensa lo normal es que ese contenido gástrico vaya al pulmón y se suceda la broncoaspiración, por lo tanto la broncoaspiración en pacientes que no pueden defenderse es inmediata a la ocurrencia del vómito”; preguntado sobre “si la existencia de simple sangrado en un paciente de los intervenidos por la osteotomía lefort 1, autoriza al personal de la clínica para proceder al retiro de los alambres que sellan los maxilares, sin autorización del médico tratante”, responde: “Si el sangrado es en poca cantidad que no dificulte la respiración se puede manejar médicamente con aspiración y debe avisársele al cirujano; si por el contrario la hemorragia dificulta la respiración, debe cortar los alambres porque es una medida salvadora de la vida e inmediatamente se debe poner en conocimiento del cirujano”.

4.6. Declaración del odontólogo y cirujano oral y maxilofacial José Nayib Radi Londoño (fls. 9 a 14, c. 5), quien participó en el procedimiento quirúrgico realizado a Molina Rendón. Luego de relatar lo acontecido incluso antes de la cirugía misma, comenta: que “los tranquilizantes en este tipo de cirugía están contraindicados, porque este paciente debe permanecer vigilante en cuanto a su defensa y a su vez cuando estos son narcóticos tranquilizantes, cuando hay droga que además de tranquilizante es narcótica, puede llegar a producir una depresión respiratoria, pero en concreto el tranquilizante, puede disminuir la respuesta defensiva del paciente”; la trayectoria del doctor Echeverri Durán como cirujano maxilofacial y el sinnúmero de operaciones que han practicado juntos, con resultados satisfactorios; y que en el postoperatorio no es necesaria la presencia del cirujano, por cuanto tal fase se realiza al cuidado del personal de la clínica.

Contesta afirmativamente la pregunta de si “en la etapa postoperatoria deja el médico tratante especificadas las drogas que se le deben suministrar al paciente?”; aludiendo al resultado del examen de tromboplastina (“aumentado”) explica, que él permite “evaluar la vía intrínseca de la coagulación”, que “la consecuencia de un aumento de tiempo parcial de tromboplastina es que se presenta una hemorragia”, “que hay pacientes que tienen hemorragias con un tiempo parcial de tromboplastina normal” y que frente a tal resultado, “el anestesiólogo debería suspender la cirugía” y, de otro lado, disponerse la remisión del paciente a un hematólogo, quien debe indicar las medidas necesarias a adoptarse y hacer la formulación respectiva; en lo tocante al sangrado por boca y nariz precisa, que es normal en el postoperatorio de esta clase de intervenciones “pero no exageradamente”, que cuando se detecta “en el postoperatorio inmediato se debe llamar… al médico tratante, porque no es normal que el paciente esté sangrando por boca y nariz exageradamente, o sea en coágulos de sangre y eso amerita quitar la fijación intermaxilar” y que si después de las primeras horas de estarse manejando el paciente en su habitación éste “sigue sangrando, lo lógico es que se llame al médico tratante”; a la pregunta de si “en este tipo de pacientes un vómito repentino puede ocasionarle la muerte?”, contesta: “Hay pacientes que se pueden defender, que vomitan aun así con la boca cerrada, he visto vomitar pacientes con fijación bimaxilar y no les ha pasado nada, así que no podría yo concluir que un vómito repentino es igual a la producción de la muerte”.

4.7. Declaración de la Hermana Amanda Arango Pérez (fls. 1 a 4 vto., c. 5), enfermera de profesión, psico-orientadora de la casa provincial de la comunidad demandada y quien para la época de los hechos investigados, se desempeñaba como jefe de relaciones laborales de la clínica “El Rosario” de Medellín. Indica los requisitos exigidos para vincular a alguien a ese centro como ayudante de enfermería o como médico de planta y, específicamente, que las condiciones profesionales y de trabajo de las enfermeras Evangelina Londoño Álvarez y Gloria Inés Cardona López y del médico Juan Fernando Uribe Arcila, eran del todo satisfactorias. Puntualiza, que la principal obligación de las enfermeras es “estar muy atentas a los pacientes que llegan de cirugía”, que no están facultadas para “retirar suturas de intervenciones realizadas por un cirujano sin… autorización escrita…” de éste, que es el médico tratante quien decide el traslado del paciente a una unidad de cuidados intensivos y las instrucciones para el postoperatorio, que él es el responsable directo de “visitar a su paciente en las primeras horas después de salir de cirugía” y que en las horas de la noche se encuentran, en el piso 8º, dos auxiliares de enfermería y, en toda la clínica, una enfermera supervisora general y un médico de turno.

4.8. Declaración rendida por Blanca Margarita Calle Hincapié, quien laboró como enfermera en la clínica de “El Rosario” de Medellín. Comenta su conocimiento de Evangelina Londoño Álvarez tanto en lo personal como en lo profesional, calificándola como alguien muy responsable y de gran experiencia, habida cuenta que por ocho años laboraron juntas en el servicio de cirugía. Reitera, que las instrucciones para un postoperatorio las debe hacer constar por escrito el médico tratante, que el personal de enfermería no está facultado para cortar el alambrado que sella la boca de un paciente sometido a cirugía maxilofacial y que ante cualquier emergencia o situación extraordinaria, debe recurrirse al médico residente o al tratante.

4.9. Interrogatorio de parte absuelto por el demandado William Echeverri Durán. Indica ser odontólogo, médico y especialista en cirugía maxilofacial, la circunstancia de residir para la época de los hechos en cercanías de la clínica de “El Rosario” de Medellín y haber practicado la intervención quirúrgica a que fue sometido Héctor Hugo Molina Rendón.

Afirma: que impartió instrucciones escritas para la atención postoperatoria del nombrado, consistentes en el suministro de líquidos de sostenimiento venoso, analgésicos y antibióticos, la realización de aspiraciones frecuentes por vía nasal y oral, y otras verbales; que telefónicamente se informó, aproximadamente a las 6:30 p.m., de las buenas condiciones en que se encontraba el paciente; que no obtuvo comunicación a las 8:00 p.m., cuando llamó nuevamente a la clínica; que a eso de las 11:30 p.m. recibió la llamada en que se requirió su presencia en la clínica, por encontrarse el paciente “inquieto y como malito”; que minutos más tarde, cuando se hizo presente, encontró a Molina Rendón “en condiciones críticas”, por lo que procedió “a cortar el alambrado, a aspirar sus secreciones, a efectuar maniobras de resucitación y hacer llamar al anestesiólogo de turno, Dr. Oscar Castrillón, para que me auxiliara en maniobras de resucitación”.

En lo atinente al retiro del bloqueo intermaxilar precisa, que ello debe hacerse “ante un sangrado” y que tal maniobra puede ser realizada por el médico de turno. Interrogado sobre la broncoaspiración señala, que ella puede darse como fenómeno independiente a la obstrucción del tubo nasofaríngeo. Aludiendo al tiempo para que se produzca un choque hipovolémico manifiesta, que ello depende del volumen de sangre perdido tanto en el acto quirúrgico como en el postoperatorio y de la reposición de líquidos endovenosos. Para terminar sostiene, que el paciente murió en la unidad de cuidados intensivos.

4.10. Interrogatorio y declaración del doctor Juan Fernando Uribe Arcila (fls. 9 a 12 c. 4 y 18 a 26 c. 5), quien manifiesta: haberse desempeñado como médico de planta en la clínica de “El Rosario” de Medellín la noche de los hechos; que fue llamado entre las 8:15 y 8:30 p.m. para que revisara a Molina Rendón, lo que hizo, observando que presentaba un sangrado leve y que estaba obstruido el tubo nasofaríngeo, razón por la cual procedió a limpiarlo, aspiró al paciente por boca y nariz, controló sus signos vitales y le prescribió “una ampolla de valium de 10 miligramos intramuscular la cual ordené que fuera colocada en forma fraccionada, buscando con esta dosis baja y por una vía por la que la droga se absorbe con mucha facilidad que el paciente se tranquilizara un poco puesto que era evidente que el alambrado intermaxilar lo tenía muy alterado puesto que lo señalaba una y otra vez, dicha intranquilidad podría en un momento dado agravar el sangrado por lo que para mí era una prioridad que el paciente estuviera tranquilo. Adicionalmente formulé dos drogas que tienen un efecto procoagulante, es decir facilitan la coagulación, por dos razones, primero, porque el paciente dentro de los exámenes prequirúrgicos tenía un tiempo parcial de tromboplastina, que es uno de los dos exámenes que se utiliza para evaluar la coagulación de los pacientes, prolongado. Lo anterior unido a que el paciente había (sido) sometido a una cirugía (en) que sangra bastante, es decir en condiciones normales, aún sin presentarse complicación alguna, el paciente sometido a una osteotomía tiende a sangrar”.

Agrega, que aproximadamente dos horas después, cuando se encontraba atendiendo un paciente en cuidados intensivos, recibió un segundo llamado “de la hermana jefe de turno en donde me comunicaba que el paciente estaba sangrado otra vez. Puesto que la unidad de cuidados intensivos es el sitio de la clínica donde se encuentran los pacientes más delicados conectados a monitores y a respiradores y (que) yo ya había examinado el paciente previamente, le pedí a la hermana mientras terminaba de atender el caso que me ocupaba en ese momento, se permitiera llamar al Dr. William Echeverri, médico tratante del paciente en cuestión. Unos 10 a 15 minutos más tarde fui llamado de urgencia, porque el paciente había vomitado. Yo subí inmediatamente y me encontré con que el Dr. Echeverri estaba llegando en ese momento, de hecho estaba al lado de la cama del paciente y juntos procedimos a retirar el alambrado intermaxilar y con el anestesiólogo de turno, a practicar la reanimación del paciente durante aproximadamente una hora o más, que finalmente fue infructuosa”.

Comenta, que no estimó necesario llamar al médico tratante cuando atendió por primera vez al paciente, que si bien es cierto que él como médico de turno puede adoptar algunas medidas para la atención postoperatoria, no por ello puede desconocer las instrucciones del cirujano o invalidar con sus determinaciones el procedimiento realizado por éste y que cuando peligra la vida de un paciente, es su obligación realizar todo lo que esté a su alcance para salvarlo. Describe la conformación de la clínica “El Rosario” y la actividad nocturna del médico de turno, acotando que el mayor tiempo lo pasa en el servicio de urgencias, con base en lo cual sostiene, que el control que realiza de los pacientes internados en los distintos pisos deriva del llamado que le hagan las enfermeras. Frente al interrogante de “si existe alguna sonda postoperatoria que permita evitar la broncoaspiración del paciente, a quién le corresponde colocarla, en qué momento y si en el caso concreto se le había colocado”, responde: “La literatura disponible dice que es deseable que un paciente alambrado que va a estar deglutiendo sangre, debe tener una sonda nasogástrica, o sea una sonda que va desde la nariz hasta el estómago, la cual permite que la sangre no se acumule, que por su puesto… si el paciente presenta el reflejo del vómito no haya nada que vomitar, la sonda necesariamente se coloca durante el acto quirúrgico por parte del cirujano o el anestesiólogo, puesto que colocarla en otro momento con un paciente alambrado indica que el riesgo de desencadenar el reflejo del vómito al pasar por la faringe es muy alto y podría uno terminar causando justamente lo que… evita, el vómito. Este paciente no tuvo sonda nasogástrica”. Descarta que cuando examinó al paciente a las 8:30 p.m. éste se encontrara en estado de peligro, que fuera necesario llamar al médico tratante y que el sangrado que presentaba, por ser normal, autorizara cortar el alambrado intermaxilar. Defiende el trabajo realizado por las enfermeras, a quienes considera personas debidamente capacitadas y experimentadas, y enfatiza el hecho de que el cirujano no dio instrucciones precisas respecto de la eventual supresión del bloqueo maxilar, o en caso de presentarse vómito, o relacionadas con el resultado del examen practicado para establecer el tiempo de coagulación, o que sugirieran la aplicación de antieméticos (antivomitivo) o esteroides (antiinflamatorio).

4.11. Interrogatorio de parte absuelto por la auxiliar de enfermería Gloria Inés Cardona López (fls. 6 a 7 vto., c. 4). Relata que la tarde de los hechos, cuando recibió turno, Molina Rendón “estaba consciente y sangraba un poco, lo cual es normal en estas cirugías”; que no recuerda cuántas veces subió a evaluar al paciente el médico de turno; que el retiro de los ganchos que fijaban la dentadura del paciente “es un procedimiento médico y no de enfermería”; que ellas, las enfermeras, no están “autorizadas a dañar una cirugía”; que al ser retirada la cánula nasofaríngea que tenía colocada Héctor Hugo, se apreciaba “con sangre, pero normal”; que no había atendido antes pacientes a quienes se hubiese practicado la intervención quirúrgica de que aquí se trata; y que su experiencia profesional para ese entonces era de año y medio, aproximadamente.

4.12. Interrogatorio de parte absuelto por la demandada Evangelina Londoño Álvarez (fls. 7 vto. a 9, c. 4), enfermera auxiliar. Narra en torno del caso en cuestión: que “A las 7 y media de la noche que recibimos turno estaba con venoclisis (tenía suero), hielo en la mandíbula, posición semisentado y estaba sangrando un poco por la nariz, estaba un poco inestable, le tomamos signos vitales y seguimos pasando ronda”; que “llamamos al médico porque el paciente estaba muy inestable y no colaboraba con el hielo, sacudía mucho la cabeza, trataba de retirarse el suero, botaba el hielo, entonces llamamos al doctor”, quien subió dos veces; “Esto fue muy rápido —agrega— el doctor cuando subió lo evaluó, le ordenó una droguita para colocarle y en vista de que el paciente continuaba igual lo volvimos a llamar”; y que cuando se llamó al médico de planta por segunda vez, éste “dijo por teléfono que llamáramos al médico tratante” y luego subió, “aspiró al paciente y ahí llegó el médico tratante y empezaron a proceder con el paciente, a organizar el paciente, a entubarlo, aspirarlo y ahí mismo lo bajaron a la unidad de cuidados intensivos”.

Indica, que por haberse dado cuenta que no se encontraba en el botiquín del piso la tijera para cortar el alambrado intermaxilar, al empezar la ronda bajó a cirugía por ella, como medida de precaución, y que “Yo tenía órdenes del médico de retirarle la cánula para lavársela con suero salino en caso de que se le tapara, pero como el paciente estaba tan excitado las veces que le retiraba la cánula, es decir, varias veces le retiré la cánula, y la sangre era normal, coagulitos normales”.

Termina diciendo, que “En ningún momento el paciente presentó vómito, yo pasé por la pieza y estaba la señora afuera, la mamá del joven con su hermana, y observé que la cama estaba bajada, recta, y el paciente respiraba con dificultad, le subí la cama y en ese momento fue que llamé al médico residente, de planta, porque estaba respirando con dificultad, la señora me dijo que le había bajado la cama porque se estaba quedando dormido, porque en ningún momento…estos pacientes deben estar en posición horizontal” y que la atención a él suministrada, “Fue la suficiente, porque esos pacientes necesitan cuidado y yo estuve pendiente del paciente para evitar cualquier complicación”.

4.13. Dictamen pericial rendido por los doctores Margarita Rosa Cárdenas Duque y Luis Fernando De Zubiría (fl. 1, c. 6), médicos de planta del Hospital Pablo Tobón Uribe, en el que se estima: que “Sí es posible que se produzca sangrado en el paciente, ya que es la complicación más común en el postoperatorio”; que “El simple hecho de la hemorragia no exige el retiro de los ganchos que atan la dentadura del paciente” y, menos, por parte del médico de planta; que quien decide el traslado del paciente a una unidad de cuidados intensivos es el médico tratante, lo cual “depende de las condiciones generales de salud del paciente”; que es impredecible y variable el tiempo que tarda el paciente en fallecer cuando ha sufrido vómito súbito, pues ello depende de las “reservas ventilatorias” que posea; que “Con base en la historia clínica y en los demás hechos que constan en la demanda, el Dr. Juan Fernando Uribe realizó todas las gestiones que su posición le exigían y permitían en el tratamiento del paciente”; y que “No hubo omisión en sus obligaciones y precauciones en consideración a sus funciones del médico de planta, ni de la clínica, ni de las enfermeras”.

4.14. Dictamen pericial rendido por los doctores Jorge Alberto Llano U. y Juan Guillermo Rodas D. (fl 2, c. 6), cirujanos plásticos, quienes conceptúan: que “Sí se produce sangrado durante el acto quirúrgico que puede prolongarse en el post-operatorio inmediato y aún en las primeras horas”; que “La justificación para el retiro de los ganchos que inmovilizan los maxilares se presenta cuando existe amenaza para la vida del paciente, como durante un vómito o sangrado abundante que obstruya la vía aérea y que con las maniobras de aspiración no sea posible eliminar la obstrucción”; que “la enfermera de piso” no debe retirar el alambrado de la boca sin autorización del médico tratante, “a menos que el paciente se halle en riesgo inminente de muerte”, ni puede decidir el traslado del paciente a una unidad de cuidados intensivos; que “El tiempo para actuar inmediato a la broncoaspiración, es mínimo; de escasos minutos”; y que “Con base en las notas de enfermería y en la historia clínica, puede concluirse que hubo cumplimiento de las órdenes y acciones que les eran debidas en este caso” por parte de las enfermeras.

5. Si, como de manera constante lo ha sostenido la jurisprudencia, el error de hecho se establece de cotejar lo que objetivamente surge de las pruebas con las conclusiones fácticas que de ellas extrajo el sentenciador, pertinente es destacar que de los medios de convicción que se dejan relacionados fluye el acreditamiento, entre otros, de los siguientes hechos:

5.1. Héctor Hugo Molina Rendón fue intervenido quirúrgicamente en la clínica “El Rosario” de Medellín el 31 de octubre de 1988 por el doctor William Echeverri Durán, corrigiéndose el defecto que presentaba su rostro (“cara larga”), para lo cual debió reducirse el tamaño de sus dos maxilares e inmovilizarse éstos, alambrándose su dentadura.

5.2. La cirugía en cuestión, según lo expuesto por algunos de los médicos que aquí declararon, ocasiona abundante sangrado, habida cuenta que las heridas quirúrgicas se realizan en la mucosa alveolar, región con un alto número de vasos sanguíneos.

5.3. Entre los exámenes que se practicaron a Molina Rendón antes de la cirugía, el encaminado a medir el tiempo de coagulación interna (parcial de tromboplastina) dio como resultado: “aumentado”, significando ello, conforme lo que en sus testimonios indicaron varios de los galenos intervinientes en este asunto, que el paciente podía presentar hemorragia.

5.4. Las instrucciones impartidas por el médico tratante para el cuidado postoperatorio, pueden catalogarse como las que habitualmente se dan en este tipo de cirugías.

5.5. Luego de la operación (10:00 a.m. a 2:30 p.m.) y de la recuperación (2:30 p.m. a 6:30 p.m.) el paciente fue trasladado al piso 8º de la clínica, en donde fue atendido por las enfermeras Evangelina Londoño Álvarez y Gloria Inés Cardona López y, por presentar hemorragia por boca y nariz y hallarse en visible estado de inquietud, fue controlado por el médico de turno, doctor Juan Fernando Uribe Arcila, a las 8:30 p.m., aproximadamente, quien limpió la cánula nasofaríngea que tenía colocada, lo aspiró por boca y nariz y le diagnosticó “valium”, para tranquilizarlo, y un coagulante, debido a que observó que el aludido examen prequirúrgico de medición del tiempo de coagulación interna tenía el resultado de “aumentado”.

5.6. Pasadas aproximadamente dos horas, como el paciente volvió a alterarse, fue llamado nuevamente el médico de turno, quien, por hallarse atendiendo otro paciente en cuidados intensivos, no subió y, en cambio, dio instrucciones telefónicas para que se requiriera la presencia del médico tratante.

5.7. Quince minutos más tarde, por haberse agravado la situación de Molina Rendón, se requirió de urgencia la presencia de los médicos tratante y de planta, quienes una vez llegaron, en asocio con el anestesiólogo de turno, cuya colaboración solicitaron, le practicaron maniobras de resucitación, sin resultados positivos, falleciendo aquél cerca de la media noche.

5.8. La causa de la muerte, valoradas en conjunto la necropsia practicada al occiso, la complementación a la misma y la declaración rendida por el respectivo forense, doctor José Iván Gómez Aristizábal, fue, de un lado, “choque hipovolémico por sangrado en capa a nivel del lecho quirúrgico” y, de otro, “broncoaspiración hemática”, significando lo primero que el paciente, en razón del sangrado producido por las heridas quirúrgicas, ubicadas en el interior de su boca, perdió buena parte del volumen sanguíneo circulante y, lo segundo, que vomitó sangre, la cual al no poder ser expulsada al exterior, circuló por la vías respiratorias hasta llegar a los pulmones, produciéndole asfixia.

6. Apoyada en tales hechos y, en general, en los demostrados con los elementos de juicio de que aquí se trata, la Corte extracta las deducciones objetivas que pasan a relacionarse:

6.1. Que el resultado de “aumentado” que arrojó el examen prequirúrgico de tromboplastina (tiempo de coagulación interna) practicado a Molina Rendón, era indicativo de que él podría presentar problemas hemorrágicos y, por ello, de que era aconsejable consultar previamente con un hematólogo para que éste determinara las causas del mismo y, según ellas, indicara las medidas necesarias para la realización de la intervención sin riesgo o con menor riesgo para el paciente.

6.2. Que dicho resultado pudo ser apreciado por el doctor Echeverri Duran antes de llevar adelante el acto quirúrgico, como quiera que constaba en la historia clínica y bastaba su estudio para notar su presencia, tal y como le aconteció al doctor Uribe Arcila, quien al observarlo cuando controló al paciente, decidió prescribirle un coagulante.

6.3. Que pese a mediar el comentado resultado y a que no se contaba con el concepto previo de un hematólogo, Echeverri Durán practicó la cirugía.

6.4. Que, por tanto, si fue esa su decisión, la del médico tratante, de realizar la intervención quirúrgica en esas condiciones, se imponía a él prever los problemas hemorrágicos que pudiera presentar Molina Rendón, incluso en la fase postoperatoria, entre ellos, que el sangrado superara los límites normales en volumen y/o tiempo, que la sangre corriera hacia el estómago y que se sucedieran episodios de vómito, tal y como ocurrió.

6.5. Que habían medidas que el propio médico tratante hubiese podido adoptar, y que no tomó, para evitar o minimizar los efectos de esos especiales riesgos, como colocar al paciente en la cirugía una “sonda nasogástrica”, con miras a que la sangre que se depositara en su estómago fuera evacuada y que, en el supuesto de vómito, no hubiera contenido gástrico; o disponer que el postoperatorio se cumpliera en la sala de cuidados intensivos, en donde hay monitoreo de los signos vitales y una más estrecha vigilancia de los internos; o impartir por escrito instrucciones precisas tendientes a conseguir, de un lado, un control más riguroso del paciente en el postoperatorio, especialmente en lo tocante a la hemorragia, a sus signos vitales, a cualquier síntoma indicador de una complicación (tos, palidez, inquietud, etc.), y, de otro, un manejo eficiente de cualquier percance, sobre todo el de vómito.

6.6. Que por la naturaleza de la cirugía en cuestión, es conveniente que en el postoperatorio no se afecte en forma alguna el estado de consciencia del paciente, a fin de que éste mantenga intactos y alerta los reflejos y mecanismos de defensa normales de todo ser humano, razón por la cual los tranquilizantes están contraindicados, más si ellos producen efectos narcóticos.

6.7. Que si, como ya se anotó, el médico de turno, doctor Uribe Arcila, al controlar a Molina Rendón a las 8:30 p.m., notó el resultado del examen tocante con la coagulación y de él dedujo que éste podía tener problemas hemorrágicos, por lo que le prescribió una droga para evitarlos, cabe pensar que igualmente podía prever que el sangrado continuara y que, por tanto, existían mayores posibilidades de producirse complicaciones, entre ellas, que Molina Rendón vomitara.

6.8. Que, así las cosas, la prescripción que el mencionado galeno hizo de una ampolleta de “valium” se muestra como una decisión no ajustada a la regla señalada en el punto 6.6. precedente y que, como él detectó la especial condición en que se encontraba Molina Rendón, es adicionalmente reprochable su conducta cuando fue solicitada su presencia por segunda vez, pues no concurrió a revisar al paciente y se limitó a indicarle a la enfermera que lo contactó, que llamara al médico tratante.

6.9. Que en el tiempo transcurrido entre la visita que el médico de turno hizo al paciente y la revisión de éste que motivó el segundo llamado al doctor Uribe Arcila, dos horas aproximadamente (8:30 a 10:30 p.m.), lapso en el cual los efectos producidos por la pérdida de sangre pudieron ser detectados, las enfermeras aquí demandadas, encargadas del cuidado de los pacientes hospitalizados en el piso 8º de la clínica, apreciando que Molina Rendón se había tranquilizado y dormido, no lo controlaron.

6.10. Que, por tanto, la colocación, pasadas las 8:30 p.m., de la ampolleta de “valium” y su constante pérdida de sangre desde la cirugía misma, provocó que, poco a poco, se quedara dormido y que, consecuentemente, se disminuyeran sus reflejos y defensas naturales, por lo que al trasbocar la sangre que había tragado, acción a la vez generada por la irritación de las paredes del estómago causada por el paso de la sangre deglutida, no pudo controlar el reflejo de vómito, ni defenderse del vómito mismo, expulsando hacia el exterior, pese a tener alambrada la boca, el contenido gástrico, lo que eventualmente hubiese sido posible de haber estado consciente, llevándolo a broncoaspirar su propia sangre y, en últimas, a asfixiarse.

7. Comparadas las apreciaciones que en torno de los hechos hizo el tribunal y, por sobre todo, sus conjeturas fácticas, con las conclusiones obtenidas por la Corte de los medios de convicción atrás relacionados, aparece como algo evidente que, ciertamente, el ad quem incurrió en buena parte de los errores de hecho que las recurrentes le imputan. 

7.1. Si, por regla de principio, la obligación de los médicos, tanto en el campo contractual como en el extracontractual, consiste en aplicar a quienes los consultan o a quienes en forma ajena a su voluntad se ven sometidos a su actuar profesional, todos los medios que la ciencia contempla para que superen los problemas que afectan su salud, o para minimizar los efectos que tales problemas les producen, o, en el caso de la cirugía plástica, para corregir total o parcialmente las malformaciones que padezcan o los daños físicos que les sobrevengan, o para cambiar su apariencia externa, todo dentro del concepto del mejoramiento de sus condiciones de vida, ninguna razón tuvo el tribunal para exonerar de responsabilidad al doctor William Echeverri Durán, pues no era suficiente para deducir el cumplimiento por su parte de los deberes que como médico tratante tenía para con Héctor Hugo Molina Rendón, el hecho de haber practicado con éxito la cirugía maxilofacial que éste requería, ni que estuviese precedido de los títulos de odontólogo y cirujano en ese campo y de un amplia experiencia. 

Al respecto, no vio el tribunal, porque pretirió o apreció equivocadamente las pruebas recaudadas, que las condiciones de Molina Rendón al momento de la cirugía no eran normales, pues tenía especial riesgo de presentar hemorragia; que era aconsejable y prudente, por ese motivo, consultar previamente con un hematólogo y adoptar las medidas que éste indicara a efecto de llevar adelante el procedimiento quirúrgico; que si la operación se realizó sin la precaución aludida, se imponía al cirujano prever el riesgo mencionado y, en armonía con ello, adoptar medidas igualmente especiales que la ciencia médica contempla para evitar las complicaciones mismas o sus efectos, lo que no hizo; que pese al riesgo del sangrado, el doctor Echeverri Durán, con todo y residir a solo seis cuadras de la clínica, después de concluir la cirugía (2:30 p.m.), se limitó a comunicarse una vez por teléfono para saber las condiciones de su paciente, a quien no volvió a ver hasta aproximadamente las 11:00 p.m., cuando concurrió por el llamado de urgencia que se le hizo, momento en el cual ya no fue posible salvar su vida.

Desconoció así mismo el ad quem, que el “choque hipovolémico” y la “broncoaspiración hemática” que, en suma, ocasionaron la muerte de Molina Rendón, conforme lo certificado en el acta de necropsia, en la complementación que de la misma se hizo y, especialmente, en la declaración rendida por el médico forense José Iván Gómez Aristizábal, fueron a su vez producidos por el sangrado constante del hoy occiso, el cual, según se vio, era posible prever, para controlarlo y/o contrarrestar sus fatales efectos, disponiendo, por ejemplo, la reposición oportuna del volumen circulatorio perdido, con sangre o con los líquidos que la ciencia ha desarrollado para esos fines, lo que hubiese evitado que se desangrara, o instalando en el acto quirúrgico una “sonda nasogástrica”, la cual hubiese permitido, de un lado, establecer si la sangre brotada de las heridas quirúrgicas estaba pasando al estómago y, de otro, que no se acumulara allí, para que en caso de vómito no fuera aspirada por el paciente.

Adicionalmente, frente al hecho de que Héctor Hugo tenía el riesgo de presentar problemas hemorrágicos, no es admisible que el tribunal considerara que la intervención del médico tratante en el postoperatorio dependía exclusivamente del llamado que le hicieran de la clínica, ya que, insístese, al ser previsible para él las complicaciones derivadas del sangrado, lo prudente era que se interesara en su recuperación y que lo controlara en forma personal y directa y no, como lo hizo, que se limitara a averiguar telefónicamente sobre su estado de salud y a esperar ser requerido del centro asistencial donde aquél se encontraba recluido, más cuando, como se sabe, no ordenó que la etapa siguiente a la cirugía se cumpliera en la unidad de cuidados intensivos.

Tienen razón, entonces, las recurrentes, al reprochar al tribunal error fáctico por haber exonerado al galeno en cuestión cuando, según deja advertido, las pruebas ofrecían elementos de juicio suficientes para demostrar su responsabilidad en la muerte de Molina Rendón.

7.2. Ahora bien, que el médico cirujano no hubiese tomado las medidas que estaban a su alcance para prevenir al máximo las complicaciones que Molina Rendón podía presentar en el postoperatorio y que éste, por tanto, después de cumplida la inicial fase de recuperación, hubiese sido remitido al piso 8º de la clínica “El Rosario” de Medellín, a donde llegó en las condiciones en que lo hizo, no traduce, per se, que las omisiones del médico tratante fueran los únicos factores que condujeron a su deceso.

Considerado, de un lado, el hecho de que por la naturaleza de la cirugía practicada era imperativo mantener al paciente consciente, a fin de que, hallándose en estado de alerta, pudiera controlar el reflejo de vómito y, de sucederse éste, pudiera defenderse del mismo, arrojando al exterior, pese a tener alambrada su dentadura, el material trasbocado, lo que era posible, como lo declaró el doctor Radi Londoño, y, de otro, el antecedente del resultado del examen relativo a la coagulación, observado por el doctor Uribe Arcila al momento de examinar, aproximadamente a las 8:30 p.m., a Molina Rendón, propio es notar, como ya se destacó, que la prescripción que éste hizo de una ampolleta de “valium”, fue una determinación contraria a la regla de mantener al paciente despierto y que su aplicación, sumada a la paulatina pérdida del estado de consciencia que la disminución del volumen sanguíneo va produciendo en quien la padece, generó que Héctor Hugo no evitara el reflejo de vómito y que no pudiera eliminar el contenido gástrico por él vomitado, broncoaspirándolo y asfixiándose.

Traduce lo expuesto, que a la falta de previsión y prudencia del cirujano se agregó la comentada acción imprudente de Uribe Arcila y, adicionalmente, que cuando éste recibió el segundo llamado para atender a Molina Rendón, con todo y que sabía que él podía estar teniendo dificultades en la coagulación y que estaba siendo informado que éste se mostraba nuevamente alterado, ni subió a atenderlo, ni hizo advertencia alguna a las enfermeras de lo que pudiera estarle ocurriendo, limitándose a solicitar se llamara al médico tratante, actitud elusiva que, sin duda, implicó que en ese momento, en el que aún podía hacerse algo por la vida del paciente, no se extremaran los controles y cuidados para con él.

7.3. Probado como está, que durante las dos horas que transcurrieron desde cuando el médico de turno controló al paciente y hasta cuando se le volvió a llamar, las enfermeras Evangelina Londoño Álvarez y Gloria Inés Cardona López no chequearon a Molina Rendón, de seguro porque al quedarse éste dormido no fueron requeridas para hacerlo y porque al verlo así, se confiaron en que ya se había estabilizado, pertinente era y es concluir que su conducta, en primer término, fue poco profesional, pues desconoció la evolución postoperatoria del nombrado, quien, como lo dijeron las propias enfermeras en los interrogatorios de parte que absolvieron, había tenido desde su arribo al piso hemorragia, tosía, contrariando la instrucción que se le daba de no hacerlo, y se mostraba notoriamente intranquilo, y, en segundo lugar, contribuyó al desenlace final, ya que, a no dudarlo, en algún momento de esas dos horas la pérdida de sangre debió reflejarse en sus signos vitales, de donde si se hubiese realizado un control más frecuente de los mismos, habría podido detectarse a tiempo la ocurrencia de esa anomalía, evitarse su progresión y prevenirse sus efectos fatales.

8. Es, pues, la conclusión de la Corte, que de las pruebas analizadas se infiere que la muerte de Héctor Hugo Molina Rendón fue el resultado del proceder culposo con que actuaron los médicos y las enfermeras aquí demandados.

9. Pese a que, como se dijo, es acertado el reproche que ambas recurrentes hacen en torno de la exoneración por parte del tribunal del doctor William Echeverri Durán, como la conjetura final de la Corte consiste en que al igual que dicho galeno, son también responsables del fallecimiento de Molina Rendón el médico de turno Juan Fernando Uribe Arcila y las enfermeras Evangelina Londoño Álvarez y Gloria Inés Cardona López, debe, en definitiva, señalarse, que, sin desconocer el margen de razón del recurso de casación interpuesto por la comunidad demandada, que la liberará del pago de costas en el trámite seguido ante esta corporación, la acusación que se abre paso es la de la actora, ocasionando, como es obvio, el quiebre de la sentencia del tribunal, pues si éste arribó a deducción distinta a la señalada, fue porque pretermitió o mal apreció las pruebas del proceso, incurriendo así en manifiestos errores de hecho, que desviaron su juicio.

Sentencia sustitutiva

1. En complementación a los antecedentes ya consignados, indispensable es hacer notar:

1.1. El juzgado décimo civil del circuito de Medellín para decidir el litigio en la forma como lo hizo, luego de identificar como de responsabilidad civil extracontractual la acción intentada, de establecer la legitimidad de los intervinientes, de estimar cumplidos los presupuestos procesales, de referirse en forma general a los requisitos axiológicos de la acción y a las posibles causales de exoneración, de dar por plenamente demostrado el hecho de la muerte de Héctor Hugo Molina Rendón (daño) y de relacionar las distintas pruebas recaudadas en el proceso, infirió la culpabilidad de los demandados, fundado en las consideraciones que pasan a resumirse:

a) Del doctor William Echeverri Durán: la contradicción en que incurrió respecto de la hora en que obtuvo información telefónica sobre el estado de salud del paciente; el no haber controlado la evolución de Molina Rendón, siendo su obligación, desde cuando concluyó la cirugía y hasta cuando, por el llamado de urgencia que se le hizo, lo atendió; no haber consignado en la historia clínica del nombrado recomendación específica alguna, en caso de presentarse alguna complicación; no haber advertido al propio intervenido y/o a sus familiares sobre los riesgos que conllevaba la cirugía; y porque no se probó la ocurrencia de un caso fortuito.

b) Del doctor Juan Fernando Uribe Arcila: en el lapso de dos horas, que transcurrió entre el primer control que practicó al paciente y la segunda ocasión en que subió a atenderlo, no ejerció ninguna vigilancia de Molina Rendón, ni preguntó siquiera por su estado de salud, debiéndose tener en cuenta que él, Uribe Arcila, estaba posibilitado, en caso de ser necesario, de ordenar el traslado del enfermo a la unidad de cuidados intensivos o de quitar el alambrado intermaxilar que sellaba su boca; dio por concluida su intervención en el postoperatorio con la única visita que realizó a Héctor Hugo; y no previó que con posterioridad al referido control, podían presentarse al paciente nuevas complicaciones o repetirse las que motivaron el primer llamado que se le hizo.

c) De las enfermeras Evangelina Londoño Álvarez y Gloria Inés Cardona López: una y otra, según anotación registrada en la historia clínica por la segunda de ellas, se dieron cuenta del delicado estado de salud de Molina Rendón y, de todas maneras, actuaron con lentitud en la asistencia que le prestaron, tal y como lo declararon la demandante y su hermana; frente al deterioro de la salud del paciente, ambas se mostraron inactivas, ya que si bien es cierto ellas no podían adoptar determinaciones como la de trasladar al paciente a cuidados intensivos, sí podían buscar al médico de turno con ese fin.

d) De la “Comunidad Hermanas Dominicas de La Presentación de la Santísima Virgen de Tour, Providencia de Medellín”: ella debe responder por los hechos de sus dependientes, en este caso del médico de turno y de las enfermeras, respecto de quienes se encuentra probada la culpa con que actuaron.

Agrega, que de las apreciaciones anteriores se desprende asimismo el nexo causal entre la culpa de los demandados y el resultado dañoso producido (muerte de Molina Rendón), pues “si la institución y (los) profesionales hubiesen actuado diligentemente, como el caso y la complicación del paciente lo ameritaban, el daño no se hubiese dado en las circunstancias de tiempo, forma y modo…” ya conocidas.

Sigue a la determinación del monto de los perjuicios ocasionados a la actora y, ante la concurrencia de culpas, considera que “la responsabilidad de cada inculpado habrá de ser tasada con un sano criterio de equidad, teniendo en cuenta el grado de conocimientos, de compromiso que cada uno tenía frente al paciente Héctor Hugo y frente a la ahora demandante, como progenitora de aquél”, por lo que en últimas concluye que el doctor Echeverri Durán habrá de responder “en el 60% de la tasación de los perjuicios a que haya lugar”, el doctor Uribe Arcila en un “30% de dicha tasación”, cada una de las enfermeras “en un 5% frente al 100% de la condena” y la comunidad demandada “solidariamente por sus dependientes: médico de planta y enfermeras, en un 40% de la condena total”.

1.2. La demandante, adhesivamente en el curso de la segunda instancia, y la totalidad de los demandados, apelaron el fallo de primer grado.

1.2.1. La alzada interpuesta por la actora no fue considerada por el tribunal en el fallo de segunda instancia, habida cuenta que, pese a haber sido admitida, resultó, en su concepto, extemporánea, determinación que al no ser controvertida en casación, no puede ahora modificarse, razón por la que el mencionado recurso habrá de ser ignorado por la Corte.

1.2.2. Las apelaciones de los demandados, conforme los escritos de interposición del recurso y de alegaciones que hicieron en la segunda instancia, aparecen sustentadas en los argumentos que a continuación se sintetizan:

a) Echeverri Duran: que fue equivocado el análisis que hizo el a quo sobre el equipo interdisciplinario que trató a Molina Rendón y las razones para que la cirugía se practicara en la clínica “El Rosario” de Medellín; que no hay prueba que acredite el nexo causal entre su conducta y el fallecimiento del nombrado; que su compromiso como cirujano plástico se agotó con la terminación del acto quirúrgico, el cual concluyó satisfactoriamente; que el postoperatorio del paciente corrió a cargo de la clínica y, por ende, del personal de ésta, no siendo necesaria su presencia, al punto que, frente a una baja de presión arterial por pérdida sanguínea, el equipo médico y de enfermeras de la institución debía iniciar el tratamiento correctivo y, ante el sangrado, correspondía al médico de turno cortar el alambrado intermaxilar, pues esa, en tales condiciones, era una medida para salvar su vida, procediendo luego a solicitar su presencia; que la verdadera causa del deceso de Molina Rendón fue la broncoaspiración hemática que de manera súbita se presentó, la cual, por ser imprevisible e irresistible, constituye un caso fortuito; que no hay razones para que luego de haberse ordenado de oficio la práctica de los dictámenes médicos rendidos en el curso de lo actuado, el juzgado los haya desconocido, pues en materias tan especializadas como las relacionadas con el caso de que se trata, el concepto de los peritos es la mejor guía de que dispone el juez para el esclarecimiento de los hechos, aserto que respalda con citas de distintos fallos de esta corporación y doctrinales; que la imprecisión de la hora en que telefónicamente obtuvo información sobre las condiciones en que se encontraba el paciente, obedece a que el interrogatorio que absolvió se realizó siete años después de ocurridos los hechos; que a sus propias apreciaciones, habida cuenta de ser odontólogo, médico y especialista en cirugía plástica, no pueden sobreponerse las opiniones del médico de planta, quien carece de tales conocimientos; que no hubo desconocimiento de las normas del código de ética médica, especialmente en cuanto hace a los controles y visitas a su cargo como médico tratante, pues el postoperatorio de Molina Rendón fue normal; que fue el médico de planta, Uribe Arcila, quien, sin consultarle, le prescribió a Héctor Hugo un sedante, lo que está contraindicado en este tipo de cirugías, ya que es necesario que el paciente esté alerta para que en caso de regurgitación o vómito, pueda defenderse de una posible broncoaspiración; que cuando fue requerida su presencia en la clínica, concurrió prontamente, pero “ante la gravedad del acontecimiento súbito e imprevisible, no hubo forma de evitar el desenlace”; que él sí prescribió droga para controlar o impedir el reflejo de vómito, como consta en la historia clínica; y que la colocación de una sonda nasogástrica, conforme la literatura médica que allega, no es siempre necesaria en el tipo de la cirugía en cuestión, ni sirve para impedir la broncoaspiración.

b) Juan Fernando Uribe Arcila: que el juzgado del conocimiento, no identificó la verdadera causa de la muerte de Molina Rendón, esto es, la broncoaspiración hemática que se le presentó, por lo que, de un lado, consideró como tal el choque hipovolémico y entendió que éste se produjo lentamente “sin que nadie se percatara ni hiciera nada para impedirlo” y, de otro, no vio que la complicación provocante del deceso se gestó sin culpa suya, “de manera súbita y rápida, donde el tiempo para actuar era mínimo”; que igualmente no tuvo claro lo que es un médico de turno, ni sus obligaciones, ni sus limitaciones, ni que él está subordinado en un todo a las decisiones del médico tratante y que, por tanto, el a quo terminó reprochándole la insatisfacción de deberes inexistentes; que el médico tratante, y no él como médico de turno, era el único que podía disponer que el postoperatorio tuviera lugar en una sala de cuidados intensivos, o consignar por escrito en la historia clínica del paciente instrucciones precisas para el manejo de cualquier complicación, especialmente de cuándo debía procederse a cortar el alambrado que inmovilizaba sus maxilares, lo que implicaba dar al traste con la cirugía, o haberle colocado en el acto quirúrgico una sonda nasogástrica, o prescribirle medicamentos para controlar o impedir el reflejo de vómito; que en la necropsia, no se encontraron vestigios de la baja dosis de tranquilizante que ordenó inyectarle a Molina Rendón y que a este respecto el médico forense en la declaración que rindió precisó, que es viable su utilización con precaución y en cantidades que “eviten la depresión del sistema nervioso central”; y que después de estabilizar al paciente, no era necesaria su permanencia al lado de él, más cuando le correspondía seguir atendiendo a los demás pacientes de la clínica que requerían de su asistencia.

c) “Comunidad Hermanas Dominicas de La Presentación de la Santísima Virgen de Tour, Providencia de Medellín”, Evangelina Londoño Álvarez y Gloria Inés Cardona López: que la verdadera causa de la muerte de Molina Rendón fue broncoaspiración por vómito, la cual tuvo lugar de manera súbita; que no hay pruebas indicativas de que el paciente se hubiese desangrado y, por lo mismo, que el deceso haya sido lento; que habiendo sido ese el motivo del fallecimiento del nombrado, las enfermeras no podían ejecutar maniobras “para ‘desbaratar’, es decir, reversar la operación, desfijando y desamarrando la mandíbula que el médico cirujano había inmovilizado”, ni tuvieron tiempo para actuar, por lo que no hay culpa en ellas, como tampoco nexo de causalidad entre su proceder y el resultado producido; que, en concreto, eran sus obligaciones, las de las enfermeras, vigilar y observar al paciente en su recuperación y, las de la clínica, brindarle a éste hospedaje, los elementos, equipos y el personal idóneo para su atención, las cuales, en el caso de Molina Rendón, fueron cabalmente cumplidas, pues cada requerimiento que él o los familiares que lo acompañaban hicieron, fue atendido por Londoño Álvarez o Cardona López, ellas llamaron al médico de turno cuando la situación de Héctor Hugo lo exigió y al tratante cuando Uribe Arcila lo indicó; que la nota colocada por la enfermera Cardona López en la historia clínica no compromete a la clínica, sino que más bien pone de presente los conocimientos que aquélla poseía y que estuvo al tanto de la evolución del paciente, careciendo tanto ella como Evangelina Londoño Álvarez de facultad para decidir el traslado del paciente a la unidad de cuidados intensivos o para retirarle el alambrado que sellaba su boca, determinaciones que sólo podían adoptar, la primera, el médico tratante y el anestesiólogo que intervino en la cirugía y, la segunda, aquél y el médico de turno; que no era previsible para las enfermeras el vómito de sangre; que ellas estaban subordinadas a las órdenes del médico tratante y del de turno; que fue el cirujano quien omitió colocar al intervenido una sonda nasogástrica, disponer que su recuperación lo fuera en la sala de cuidados intensivos y dar instrucciones precisas para el postoperatorio; que no debieron ser desatendidos los dictámenes periciales rendidos en el proceso, en los cuales se conceptúa, entre otros puntos, que ni las enfermeras, ni la clínica, incumplieron los deberes que les correspondían; y que ante la independencia de las actuaciones cumplidas por cada uno de los demandados, no procedía la solidaridad declarada en contra de la comunidad accionada.

2. Lo hasta aquí expuesto permite sostener, en primer término, que la acción intentada es, sin duda, de responsabilidad civil extracontractual, aspecto que no fue materia de los reproches propuestos al ser apelado el fallo de primer grado y al ser impugnado en casación lo decidido por el ad quem, y sobre el que, de otra parte, no cabe discusión, pues del escrito genitor de la controversia se desprende con claridad suficiente que la demandante actúa en nombre propio y reclama para sí la reparación del daño a ella directamente ocasionado con el fallecimiento de su hijo, lo que, per se, descarta, que su intervención sea a título de heredera de Héctor Hugo Molina Rendón y que sus pretensiones apunten al resarcimiento del perjuicio derivado del incumplimiento de los contratos de prestación de servicios profesionales y hospitalarios que Héctor Hugo Molina Rendón celebró con el doctor Echeverri Durán y con la “clínica El Rosario” de Medellín, respectivamente, a efecto de la práctica de la intervención quirúrgica a que fue sometido; y, en segundo lugar, que el elemento daño no fue tampoco controvertido, apareciendo acreditada la muerte de Molina Rendón con el registro civil de defunción visible a folio 12 del cuaderno principal, y su parentesco de hijo con la actora con el registro civil de nacimiento de folio 10 del mismo cuaderno, prueba ésta última que, al tiempo, hace evidente la legitimidad de la accionante.

3.1. En punto de la culpa de los demandados, tal y como se dejó insinuado al desatar los recursos de casación planteados contra la sentencia del tribunal, hácese necesario insistir en que la muerte de Molina Rendón no fue consecuencia únicamente de la “broncoaspiración hemática” a que el doctor Gómez Aristizábal, médico forense que practicó la correspondiente necropsia, se refirió en la declaración que rindió en el proceso, y en que, conforme las pruebas recaudadas, es imposible escindir la ocurrencia de ese fenómeno, el de la broncoaspiración, del “choque hipovolémico” certificado también como motivo del deceso en el acta de necropsia, en la complementación de la misma y a que igualmente aludió el mencionado galeno en su testimonio.

Como ya tuvo oportunidad de señalarlo la Corte, el sangrado constante que padeció Molina Rendón después de la cirugía, que no fue controlado, le trajo dos consecuencias directas: la primera, que se fuera desangrando poco a poco, lo que acarreó para él, colaborando en este aspecto, la dosis de “valium” prescrita por el médico de turno, la disminución o pérdida de sus reflejos y de sus mecanismos naturales de defensa; y la segunda, que buena parte de la sangre brotada de las heridas quirúrgicas la tragara, acumulándose en el estómago e irritando, al paso, sus paredes. En esas condiciones, para cuando, como consecuencia de tal irritación, se presentó el reflejo de vómito, el paciente, habida cuenta de no hallarse consciente, debido, como se dijo, a la pérdida de sangre y a la ampolleta de “valium” que le había sido inyectada, no pudo controlarlo y, encontrándose lleno el estómago de la sangre deglutida, vomitó tal contenido gástrico, el cual no logró arrojar al exterior debido a la indicada pérdida de sus mecanismos de defensa, lo que desembocó en la broncoaspiración hemática y en que, en definitiva, se asfixiara.

Es que el paciente en tanto estuvo en la sala de recuperación presentó “sangrado por fosa nasal izq. y sangrado bucal en gran cantidad”, reacción que luego, sobre las 5:30 p.m., pasó a ser de “regular cantidad”, retirándosele el “tubo nasotraqueal” y colocándosele una cánula nasal, con advertencia de que ésta debe dejársele hasta que “respire bien” y que debe lavarse para que no se obstruya, para lo cual es necesario retirarla. A las seis de la tarde el paciente se encuentra consciente, estable y el sangrado nasal ha disminuido (fls. 61 y 62, c. 1). Según “notas de la enfermera” (fl. 63, c. 1) Molina Rendón es llevado a la habitación 809, ubicada en el piso 8º de la clínica, a las 6:30 p.m., dejándose al momento de su recibo constancia de su estado en general, de su presión arterial en 130/80 y de su pulso en 100 pulsaciones por minuto; diez minutos más tarde se le aplica “hielo local”; a las 8:30 p.m. es controlado nuevamente, ocasión en que se le observa “muy inquieto y sangrando mucho”, razón por la cual se llama “al residente”, quien le formula “quercetol, konakion y una amp. de valium”. “El paciente se calma durante un rato, luego empieza con un episodio de excitación y sangrado, se aspira por varias oportunidades y se extrae material hemático. SVS Tº 37, pulso 100x’, P.A. 160/80”; a las 10:00 p.m., de un lado, se llama al médico tratante, y, de otro, no se encuentra presión arterial al paciente, estimándose que se halla en estado de shock, por lo que se le practican maniobras de resucitación, a las que no responde; a las 11:40 p.m. es llevado a la unidad de cuidados intensivos, en donde se continúan las maniobras de resucitación, pese a las cuales no reacciona, declarándosele muerto a las 12:10 a.m. del 1º de octubre.

Las pruebas documentales arriba relacionadas refuerzan la conclusión que la Sala obtuvo con base en los medios de convicción materia de los ataques formulados en casación, atinente a que el sangrado que presentó Molina Rendón desde la fase de recuperación fue constante y, en muchos momentos, abundante.

Ahora bien: el doctor Gómez Aristizábal, a más de referirse con detalle a los síntomas y efectos de un “choque hipovolémico”, como ya se destacó al compendiarse lo por él expresado en la declaración que rindió, en torno de la aspiración de sangre lo que dijo, fue lo siguiente: “PREGUNTADO: Díganos si la sangre que usted notó podía provenir de una broncoaspiración del paciente, me refiero a la sangre encontrada los pulmones y en las vías aéreas. CONTESTO: Sí, ese es el diagnóstico, es decir, broncoaspiración hemática…PREGUNTADO: Sírvase decirnos si la sangre que se acumula en las vías digestivas de un paciente operado por reducción maxilofacial, puede originar vómito. CONTESTO: Si es en grandes volúmenes, sí…PREGUNTADO: Sírvase explicarnos en términos de uso común, qué quiso decir usted cuando en respuesta anterior dijo al preguntársele sobre la existencia de sangre en los pulmones y vías aéreas: ‘el diagnóstico es broncoaspiración hemática’. CONTESTO: Que la sangre se fue por las vías aéreas hasta el pulmón…PREGUNTADO: Sírvase decirnos si en el presente caso y en referencia a la necropsia por usted practicada, pudo coexistir la broncoaspiración del señor Héctor Hugo Molina con el choque hipovolémico y si así fuera, cuál pudo haber sido primero. CONTESTO: Aparece en el protocolo de necropsia, los dos eventos se presentaron, pero no puedo decir cuál de los dos fue primero, al decir protocolo me refiero al acta. PREGUNTADO: Sírvase decir si una persona que ha sufrido shock hipovolémico se puede broncoaspirar. CONTESTO: Si la persona está en shock que implique una alteración del estado de consciencia es posible la broncoaspiración, porque ha perdido uno de sus mecanismos de defensa, cual es el de estar consciente, pero la broncoaspiración en sí misma, a no ser que sea máxima, es decir, en grandes cantidades de sangre, no produciría shock hipovolémico, lo que produciría es una asfixia…PREGUNTADO: Sírvase decir si el resultado del examen de necropsia en el numeral 5º puede significar que existió asfixia. CONTESTO: Sí existió asfixia, porque los alvéolos, es decir, en el pulmón, debieron estar con sangre, como se describe en ese numeral, impidiendo así el intercambio gaseoso” (negrillas fuera del texto).

De otra parte, considerado lo dicho por el doctor Radi Londoño, respecto a que “Hay pacientes que se pueden defender, que vomitan aun así, con la boca cerrada, he visto vomitar pacientes con fijación bimaxilar y no les ha pasado nada, así que no podría yo concluir que un vómito repentino es igual a producción de la muerte”, pertinente es pensar que el vómito de sangre que le sobrevino a Molina Rendón no era suficiente para provocar su muerte, pues si él, al momento en que trasbocó, hubiese tenido alerta todos sus mecanismos de defensa, en la medida en que habría podido sacar al exterior el material vomitado, no hubiese broncoaspirado su propia sangre y no se hubiese asfixiado.

Síguese de los medios de convicción recaudados, que la concurrencia de las dos causas identificadas por el forense, el “choque hipovolémico” y la “broncoaspiración hemática”, ambas provocadas por el sangrado constante y abundante del paciente, fue lo que ocasionó su muerte.

3.2. Con ese entendimiento de las cosas y si dicho sangrado, que superó en volumen y tiempo el que es normal en el postoperatorio de cirugías como la practicada a Molina Rendón, era previsible, pues el examen del tiempo de coagulación interna (“tromboplastina”), que figuraba en su historia clínica, pudiendo ser apreciado por el médico cirujano y habiendo sido observado por el médico de turno, dio como resultado “aumentado”, significando que el paciente podía presentar, como en efecto presentó, problemas hemorrágicos, debe, ahora de manera muy concreta, reiterarse:

a) Que el comportamiento asumido por el médico tratante, doctor Echeverri Durán, al practicar la cirugía sin contar con el concepto y diagnóstico previo de un hematólogo; al no adoptar en el acto quirúrgico mismo medidas especiales que, en tales condiciones, eran aconsejables para contrarrestar los efectos que una posible hemorragia salida de los márgenes normales, cual aconteció, podía provocar; y al limitarse, en cuanto hace a la fase postoperatoria, a impartir instrucciones de rutina y a esperar ser llamado por el personal de la clínica, lo que, valga advertirlo, según lo por él mismo expresado, sólo tendría que ocurrir en caso de una complicación, denota imprevisión y falta de cuidado.

b) Que el proceder del médico de turno, doctor Uribe Arcila, al prescribirle a Héctor Hugo una ampolleta de “valium”, contrariando la regla de que en esta clase de postoperatorios debe mantenerse al paciente totalmente despierto, con miras a que sus reflejos y defensas naturales se mantengan en alerta y a que pueda enfrentar cualquier complicación que se le presente; y al no controlar a Molina Rendón cuando se le requirió por segunda vez o, de aceptarse que ello no le fue posible por estar ocupado con otro enfermo en cuidados intensivos, al no advertir al personal de enfermería el especial riesgo en que aquél se encontraba y no dar indicaciones sobre la forma como debía procederse en tanto llegaba el médico tratante, a quien simplemente solicitó se llamara, traduce negligencia de su parte.

c) Que las enfermeras Evangelina Londoño Álvarez y Gloria Inés Cardona López, quienes desde cuando recibieron turno constataron el estado de salud en que se encontraba el paciente y, por sobre todo, su notoria alteración, nada normal, al punto que solicitaron la presencia del médico de turno, actuaron con falta de diligencia y cuidado, pues, tal y como consta en el documento “notas de la enfermera”, entre las 8:30 y 10:00 p.m. no lo controlaron, lapso en el cual, en algún momento, necesariamente, debió reflejarse en los signos vitales y, en general, en el cuadro clínico de Molina Rendón el choque hipovolémico que, como se sabe, fue factor determinante en su deceso.

d) Que como la culpa de los citados médicos de turno y enfermeras, como agentes de la comunidad demandada, viene a ser la de la persona jurídica misma, debe colegirse la demostración de la propia culpa de ésta. 

4. Las apreciaciones precedentes conducen, a la vez, a reconocer que la muerte de Molina Rendón fue consecuencia directa del proceder culposo de los demandados, pues si el médico tratante, al no contar con el diagnóstico previo de un hematólogo, que le hubiese permitido tomar algunas previsiones en relación con los eventuales riesgos del problema hemorrágico sugerido por el resultado del examen de coagulación practicado al paciente, no hubiese realizado la cirugía, o, ante ese resultado, en el acto quirúrgico y/o con posterioridad a él, hubiese adoptado las medidas especiales que la práctica médica aconsejaba para controlar el sangrado o sus efectos, o se hubiese apersonado del cuidado postoperatorio del paciente, sin que ello signifique que debió permanecer al lado del intervenido todo el tiempo, o hubiese dispuesto que esta etapa se cumpliera en la unidad de cuidados intensivos; o, en el caso del doctor Uribe Arcila, por la naturaleza de la intervención practicada a Molina Rendón, que exigía el que se le mantuviera consciente en la fase postoperatoria, no hubiese prescrito la ampolleta de “valium”, para que se mantuviera en estado de alerta a fin de que pudiera defenderse de cualquier complicación, o, desde cuando lo asistió, en consideración a que apreció el resultado del comentado examen, hubiese ordenado a las enfermeras un control más riguroso de él, o, al momento de ser llamado por segunda vez, hubiese asumido una actitud distinta, no pasiva, ni elusiva, circunscrita a disponer que se llamara al médico tratante; o si Londoño Álvarez y Cardona López no hubiesen dejado pasar sin chequear al nombrado la hora y media que transcurrió entre las 8:30 y 10:00 p.m., es seguro que no se habría producido la muerte de Héctor Hugo Molina Rendón, por cuanto las actuaciones aquí reseñadas, habrían impedido la hemorragia, o que ésta desencadenara, de un lado, el choque hipovolémico y, de otro, la broncoaspiración hemática, que, como ya se sustentó, sumadas, provocaron su fallecimiento. 

No significa lo anterior, que las reseñadas conductas de los aquí demandados tengan relación con la muerte de Molina Rendón en una misma proporción, pues, pese a que todas, como se deja analizado, contribuyeron a la producción de dicho resultado, es notorio que el factor más determinante del deceso fue que éste no pudiera sacar al exterior la sangre que vomitó, al hallarse inconsciente en el momento de presentarse esta circunstancia, pues de no haber sido así, tal y como lo indicó el doctor Radi Londoño en su declaración, habría podido, con todo y el sellamiento de su boca, expulsar el material trasbocado, lo que habría evitado que el mismo fuera broncoaspirado, y, adicionalmente, por cuanto no obstante la solidaridad establecida por el artículo 2344 del Código Civil, a esa división de la condena se ve compelida la Corte en razón a que, como lo precisó en su fallo el tribunal al ocuparse del valor de la indemnización fijada por el a quo (pág. 11, num. 7), la actora no apeló de la sentencia de primera instancia.

Tal reflexión determina que la mayor responsabilidad en la muerte de Molina Rendón deba asignarse al doctor Uribe Arcila, pues si, como él mismo lo confiesa, desde cuando atendió al paciente a las 8:30 p.m., aproximadamente, notó su marcado estado de alteración y se percató del resultado sobre su deficiente coagulación, era imperioso que dedujera la especial importancia que en esas circunstancias adquiría, de un lado, controlar adecuada y suficientemente la hemorragia que el intervenido presentaba y, de otro, mantenerlo despierto, pues por sus conocimientos tenía que saber que la incontrolada pérdida de sangre podía conducir a que, como en últimas aconteció, Molina Rendón se desangrara, perdiera la conciencia, vomitara, broncoaspirara y se asfixiara.

Así las cosas, y teniendo en cuenta además que el prenombrado médico de turno sabía que en la clínica estaba registrado el teléfono del doctor Echeverri Durán y que éste residía a sólo seis cuadras de dicho establecimiento, es evidente que su actuación se torna mayormente reprobable, pues, pudiéndolo hacer desde cuando examinó al paciente, no consultó con el citado cirujano la prescripción que hizo al paciente de la ampolleta de “valium” que le diagnosticó y, en general, las condiciones en que lo encontró, las cuales, reitérase, no eran las normales en este tipo de postoperatorios; ni dispuso el traslado del intervenido a la unidad de cuidados intensivos o solicitó al médico tratante que impartiera tal orden; ni informó a las enfermeras sobre las reales condiciones en que se encontraba Molina Rendón y, mucho menos, las instruyó sobre la necesidad de extremar los controles y cuidados que debían tener para con él. Súmase la actitud omisiva que igualmente asumió el médico de la clínica cuando fue llamado por segunda vez, siendo informado que el paciente se apreciaba nuevamente alterado, ya que en ese momento, ante el aviso de una nueva complicación, debió proceder a cortar el alambrado que sellaba su boca, o a ordenarle a las enfermeras que lo hicieran o, lo menos, a contactar a Echeverri Durán para pedirle autorización para ello, o para que éste diera tal orden, o instrucciones específicas de cómo manejar la situación, nada de lo cual hizo.

5. Siendo esa la conclusión de la Corte sobre el nexo de causalidad entre la conducta desplegada por los demandados y el daño cuya reparación aquí se persigue, queda desvirtuada la porcentualización que el a quo hizo del grado de responsabilidad de los dos médicos que conforman el extremo pasivo del proceso, pues en concepto de la Sala lo pertinente era asignar el 60% de ella al doctor Uribe Arcila y el 30% al doctor Echeverri Durán, manteniéndose sin modificaciones el 5% imputado a cada una de las enfermeras.

Esta apreciación tendrá como único efecto, que deba rebajarse la condena impuesta al prenombrado médico cirujano al 30% de la indemnización total establecida por el juzgado del conocimiento, sin que, aparejadamente, pueda reajustarse el porcentaje fijado al médico Juan Fernando Uribe Acosta, pues ello implicaría hacer más gravosa la situación de éste y la de la “Comunidad Hermanas Dominicas de La Presentación de la Santísima Virgen de Tour Providencia de Medellín”, ambos apelantes del fallo del a quo, cuando, como se sabe, la alzada que la actora introdujo contra dicho proveído, no puede ser aquí considerada (CPC, art. 357).

6. Se confirmará, por tanto, la sentencia del juzgado décimo civil del circuito de Medellín, con modificación del numeral 3º de su parte resolutiva en cuanto a error calami que en él se aprecia al citarse al “médico tratante” cuando se habla de la solidaridad de la comunidad demandada y en lo tocante al porcentaje en que participa el doctor William Echeverri Durán en la condena allí impuesta, conforme la precisión que antecede, que automáticamente incidirá en la imposición de las costas procesales.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de casación civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 28 de marzo de 1996, proferida por la Sala civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el proceso referenciado al inicio de este proveído, y, actuando en sede de segunda instancia, CONFIRMA la que en ese mismo asunto emitió el 17 de octubre de 1995 el juzgado décimo civil del circuito de dicha ciudad, MODIFICANDO el punto 3º de su parte resolutiva, que queda así:

“3. DECLÁRASE, que los demandados médico cirujano tratante Dr. William Echeverri Durán y médico de planta Dr. Juan Fernando Uribe Arcila; enfermeras: Evangelina Londoño Álvarez y Gloria Inés Cardona López; y la comunidad demandada, mencionada en el numeral 1º de esta resolutiva, en solidaridad esta última con el médico…” de turno, esto es, el segundo de los nombrados “…y con las enfermeras mencionadas en este numeral, son RESPONSABLES en los términos concretados en la motiva, del fallecimiento del joven Héctor Hugo Molina Rendón, acaecido en las circunstancias de lugar, tiempo y modo descritas en los considerandos de esta sentencia, en un porcentaje del…” TREINTA POR CIENTO (30%) “…de la condena total que por perjuicios morales y materiales, se fije a favor de la DEMANDANTE, señora Ligia Rendón Muñoz, como madre del joven fallecido, para el primero de los nombrados; en un porcentaje del 30% para el segundo; en un porcentaje de 5% para cada una de las enfermeras; y en un 40% para la comunidad demandada, en forma solidaria, como quedó determinado”.

Costas en segunda instancia a cargo de los apelantes, en igual proporción a la condena que a cada uno de ellos se impuso. Tásense.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Nicolás Bechara Simancas—Manuel Ardila Velásquez—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Jorge Santos Ballesteros—Silvio Fernando Trejos Bueno.