Sentencia 6144 de mayo 14 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 6144

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel Ardila Velásquez

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil uno (2001).

Decídese el recurso de casación interpuesto por el demandante contra la Sentencia de 26 de abril de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta en el proceso ordinario de Iván Sepúlveda contra Ana Dolores Gélvez de Gélvez, en su propio nombre y en el de Erika Gélvez Gélvez, Javier Alfonso Gélvez Gélvez, Ana Paola Gélvez Rodríguez (representada por Yamile Rodríguez Gómez), y contra los herederos de José Teódulo Gélvez Gélvez, la primera como cónyuge supérstite y los restantes como sucesores de Teódulo Gélvez Albarracín, así como también contra los demás herederos indeterminados de éste.

I. Antecedentes

El proceso se instauró para que se declare que Teódulo Gélvez Albarracín, fallecido el 30 de abril de 1987, es el padre extramatrimonial del demandante, ordenándose la anotación respectiva en el registro del estado civil, amén de condenar a los demandados a entregar al actor la cuota herencial que le corresponde, con sus aumentos y frutos debidos y, en su caso, las indemnizaciones allí especificadas.

El marco fáctico aducido para ello, resúmese así: fruto de las relaciones sexuales habidas entre Teódulo Gélvez y Mery Sepúlveda, nació el actor el 1º de noviembre de 1972. Teódulo se responsabilizó entonces de los gastos y atención del hijo y lo llevó luego a casa de sus padres. Pero engañó a la madre del menor cuando acudieron a la notaría con el propósito —dijo él— de reconocer al hijo, lo que a la postre resulto ser todo un montaje, aprovechando que sólo él entró a la oficina notarial y diciéndole a la salida que todo estaba listo.

A heredar a Teódulo no concurrió el aquí demandante, dado que “no podía actuar por su condición de incapaz relativo y que no sabía que el proceso estaba en curso, como también que su madre natural tampoco sabía la suerte que estaba corriendo su hijo, por cuanto al entregarlo en custodia para su cuidado de la crianza y educación, descargó toda su responsabilidad en el finado, éste a su vez lo hizo en forma directa en sus suegros e indirecta en su esposa. En consecuencia a quien correspondía hacerle respetar sus derechos era a estas personas, cosa que como era obvio por tener interés directo en la herencia, les convenía dejar todo en silencio, ello esperar que su derecho patrimonial caducara o prescribiera, cosa que hoy no ocurre ante la igualdad frente a la ley de los hijos”.

Es claro entonces que era “absoluta responsabilidad de quienes tenían su custodia, haberle hecho reconocer sus derechos patrimoniales dentro del proceso sucesoral, previo reconocimiento de su paternidad o proceso de filiación contra el finado Teódulo Gélvez Albarracín. Esto se quedó en engaño y habilidad por todos los que no quisieron que ello ocurriera para despojarlo de sus derechos patrimoniales, pero deben responder ante la justicia”.

Según los hechos narrados, “es posible que la justicia penal llegue ha (sic) declarar responsable a quienes (sic) tenían el deber de hacer valer los derechos del entonces menor que lo era mi mandante”.

Los demandados respondieron tal libelo con expresa oposición a las pretensiones; dijeron no constarles la mayoría de hechos invocados por el actor y, por ende, exigieron la prueba de los mismos. Al propio tiempo, formularon la excepción de caducidad, fundándose en lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 75 de 1968 y en lo que ha enseñado la jurisprudencia sobre el particular.

El trámite del proceso fue clausurado mediante Sentencia de 31 de octubre de 1995, por virtud de la cual el Juzgado Cuarto Promiscuo de Familia de Cúcuta reconoció la filiación implorada, pero declaró caducados sus efectos patrimoniales. Decisión que luego confirmó el tribunal superior respectivo, al decidir tanto la apelación interpuesta por las partes como la consulta surtida en favor de los indeterminados.

II. La sentencia del tribunal

Tras un amplio resumen de la causa litigada abordó el fondo de la misma analizando las causales de paternidad que fueron aducidas, para desembocar en la idea de que en verdad resultó probada la suplicada relación paterno–filial.

Y de cara a los efectos patrimoniales del caso, verificó que entre la fecha de fallecimiento del causante (abr. 30/87) y la presentación de la demanda ordinaria con que se inició este juicio (feb. 28/91), estaba más que superado el bienio de que trata el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, por lo que había operado la caducidad de los mismos.

A este respecto, desatendió la argumentación consistente en que la caducidad no puede oponerse a quien es incapaz por minoría de edad. Literalmente adujo el tribunal: “En realidad es cierto que cuando empezó a correr el término era menor de edad, pero sucede que la ley no hizo esa distinción, solamente señaló como punto de partida la muerte del presunto padre, y siendo esta ley muy especial y clara, no puede el fallador darle otra interpretación ni aplicación, sino que tiene que ceñirse a ello, como así lo hizo el a quo”.

lIl. La demanda de casación

Como se recordará, de los tres cargos formulados solamente fueron admitidos el segundo y el tercero, ambos apoyados en la causal primera de casación que consagra el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, los cuales se despacharán en forma conjunta dadas las razones que se consignarán en su lugar.

Segundo cargo

Denuncia la violación directa, por inaplicación, del artículo 2530 del Código Civil (modificado por el D. 2820/74).

Explica el censor que Iván Sepúlveda siempre estuvo al cuidado y la crianza de los padres y la esposa de Teódulo Gélvez Albarracín, tanto antes como después de la muerte de éste, quienes bien hubieran podido adelantar en tiempo la acción de filiación extramatrimonial, pero no lo hicieron porque no les convenía ante la perspectiva de recoger toda la herencia, con lo cual cometieron un fraude.

De ahí que ante esa especial situación y en vista de la minoría de edad del demandante para la época en que falleció su progenitor, “mal puede predicarse en aplicarle la condición de que hubiese demandado dentro de los años (sic) siguientes a la muerte del padre del hijo hoy reconocido legalmente. Si la prescripción no debe operar para estos casos, cuando se es menor de edad, menos la figura de la caducidad, que es de menor entidad jurídica que la prescripción”.

Y agrega:

"Acogiendo en este aspecto lo dicho por el juzgado de primera instancia, cuando hace referencia a la certidumbre, que debe existir, en cuanto al derecho pretendido en el proceso ordinario de filiación natural, ese modo de razonar contradice la lógica jurídica, pues, si existiera esa certidumbre, para qué esperar la sentencia que ponga fin a la litis pendencia. Precisamente, cuando la sentencia ha quedado debidamente ejecutoriada, es cuando nace el verdadero derecho al reconocimiento y por consiguiente el derecho sucesoral, en igualdad de condiciones. Por ello la sentencia impugnada peca al aplicar exegéticamente el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, sin consideración a las normas del Código Civil, y afines sobre este tema”.

Tercer cargo

Se acusa la infracción directa de la ley, pues la sentencia tuvo en cuenta disposiciones “ya derogadas tácitamente por la Constitución Política de Colombia (...), al desconocer la situación del menor, cuando se encontraba probada (sic) su estado de incapacidad, por ser un menor de edad, aplicando la Ley 75 de 1968, artículo 10 y dejando de aplicar el artículo 42 y las demás atrás citadas de la Constitución Política de Colombia, como el artículo 1º de la 29 de 1982, que no establece ninguna condición o lapso de tiempo para que se intente la acción de afiliación (sic) y que dé derechos patrimoniales, por ello no se requiere que exista la definición y certeza del estado civil para que existe el derecho a la igualdad entre hijos legítimos y extramatrimoniales”.

Luego de lo cual, planteó el recurrente:

“Ahora si es que en gracia a discusión el artículo 10 de la Ley 75 de 1968 está vigente, su aplicación admite interpretaciones para cada caso, por ello se debe tener en cuenta la edad del menor para haber podido iniciar las acciones legales cabe tener en cuenta analógicamente el artículo 1751 del Código Civil que se refiere al plazo que se tiene para pedir la rescisión de un contrato, por ello en lo pertinente expresa: “A los herederos menores empieza a correr el cuatrenio o su residuo desde que hubieren llegado a edad mayor”. Siendo así las cosas del demandante inicio (sic) la acción de filiación natural apenas comenzó su mayoría de edad”.

Consideraciones

Los cargos han sido enlazados por la idea que en ambos plantea el recurrente, en el sentido de que no se le puede reprochar a un incapaz el no haber demandado dentro del término consagrado en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968.

Cuando en abono de su tesis resalta el impugnador que si la prescripción se suspende en favor de tales personas, con mayores veras ha de predicarse frente a la caducidad, se infiere sin esfuerzo que es pretensión suya la de que se asemejen, a lo menos en ese aspecto, los fenómenos de caducidad y prescripción.

Fuera de toda discusión está, entonces, que el citado término bienal es, como desde antaño lo ha reiterado esta corporación, de caducidad y no de prescripción, y, por ende, para no citar aquí sino lo que es estrictamente indispensable, no es susceptible de suspensión civil, ni siquiera en favor de los incapaces, dado que se trata “de un plazo prefijado por la ley para el ejercicio del derecho de acción, a cuyo vencimiento se produce fatalmente la decadencia del derecho”. Denota la caducidad su repulsión a la idea de que existan circunstancias con virtualidad para suspender su marcha inexorable; de ahí que, ni por semejas, pueda invocarse que le sea aplicado el régimen de suspensión a que ciertamente está sujeta la prescripción (C.C., art. 2530). Repítese, su paso es indetenible; como tal, no para mientes en la persona del titular de la acción, porque no está para nada interesada en averiguaciones de tipo subjetivo, cuestión esta que suele invocarse para poner de resalto su diferencia con la prescripción, diciéndose al efecto:

"Pero se comprenderá bien la diferencia teórica que media entre las dos instituciones si se observa el fundamento jurídico–filosófico que explica la prescripción, o sea el abandono, la negligencia en el titular del derecho o la acción, en una palabra el ánimo real o presunto de no ejercerlos; en tanto que en la caducidad esa razón de índole subjetiva no se tiene en cuenta, pues basta para que el fenómeno se produzca el hecho objetivo de que en la ley (...) se prefija un plazo para que el interesado no pueda obrar útilmente si deja que transcurra sin haber hecho uso de él ...” (LXI, págs. 589 y 590).

Lo que ocurre es que, como se advirtió en la misma ocasión, por ser la prescripción un fenómeno extintivo basado en el transcurso del tiempo, “ha sido frecuente entender que toda extinción de acciones por esta causa se considera como un fenómeno de prescripción”, al que le son aplicables las “reglas que a ésta gobiernan”. Lo que no pasa de ser una confusión “entre dos órdenes de instituciones jurídicas de características esenciales bien diferenciadas, (...). En efecto, al lado de la prescripción liberatoria como medio de extinguir las acciones en juicio se admite desde hace algún tiempo (...) el de la caducidad o término perentorio, el cual puede producir —es verdad— los mismos efectos, pero cuyos fundamentos esenciales así como su régimen en la actuación positiva del derecho son muy distintos de los que integran aquella figura jurídica”.

Consideraciones todas que han llevado a la Corte a afirmar tajantemente que “los términos de prescripción admiten suspensión (...) mientras que los plazos de caducidad no comportan la posibilidad de ser ampliados por medio de la suspensión y “deben ser cumplidos rigurosamente so pena de que el derecho o la acción se extingan de modo irrevocable"” (CXLVIII, pág. 308).

Sobra decir, pues, que es inadmisible cualquier intento, como aquí lo pretende el censor, de equiparar la caducidad con la prescripción con el fin de que a aquélla se aplique el régimen de suspensión que en favor de incapaces se instituyó para ésta.

Ahora bien. Frente al argumento adicional que se formula en el tercer cargo, relativo a la posibilidad de que la citada disposición legal choque con la Constitución Nacional, bien cabe memorar que el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, inciso último, ha sufrido el examen correspondiente tanto de cara a la Carta anterior como de la ahora vigente, y en ambos eventos se ha declarado exequible, según puede verse, respectivamente, en las sentencias dictadas por esta corporación el 7 de junio de 1983 y 3 de octubre de 1991.

Por venir enteramente al caso, transcríbese lo pertinente de la segunda de ellas:

"En efecto, no obstante que en la Carta de 1991 aparece consagrado ahora como principio de orden constitucional el de la igualdad de derechos y deberes entre los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él (C.N., art. 42, inc. 4º), ya consagrada por la Ley 29 de 1982; también es cierto que la norma acusada no se dirige a establecer una solución jurídica desigual entre ellos y sus derechos y deberes, sino a regular un aspecto relativo al estado civil de las personas (C.N., art. 42, inc. 10), en especial el del caso de la incertidumbre de la paternidad extramatrimonial y el fallecimiento del presunto padre o del hijo. (...) Según la doctrina nacional, la igualdad de derechos, especialmente la sucesoral, presupone la definición y certeza del estado civil que sirve de base a tales derechos; en consecuencia, no habiendo certidumbre sobre el estado civil, tal como ocurre con el caso regulado por el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, tampoco puede haber igualdad sucesoral. En otros términos la igualdad sucesoral se predica de los estados civiles definitivos, pero no de aquellos derechos que son meramente eventuales por estar condicionados a la certidumbre previa del estado civil”.

Siendo así que tampoco este otro argumento es de recibo, deviene como conclusión obligada que los cargos resultan imprósperos.

IV. Decisión

En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia que el Tribunal Superior de Cúcuta profirió el 26 de abril de 1996 en el aludido proceso ordinario.

Costas del recurso extraordinario a cargo del impugnante. Tásense.

Notifíquese y devuélvase oportunamente al tribunal de procedencia.

_________________________________________________