Sentencia 6150 de julio 30 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO CAMBIARIO

TIENE NATURALEZA AUTÓNOMA

EXTRACTOS: «Cumple anotar, en orden a rectificar doctrinariamente al tribunal, que le asiste razón al recurrente cuando acusa al sentenciador de segundo grado, de haberse equivocado sobre la naturaleza de la actio in rem verso consagrada en el inciso final del artículo 882 del Código de Comercio, la que presenta una fisonomía propia.

En efecto, se sabe que la acción de enriquecimiento sin causa tiene, por regla general, un carácter esencialmente subsidiario, lo que significa que “es preciso que ese enriquecimiento no haya tenido ningún otro medio para obtener satisfacción” (XLV, pág. 29 y XLVIII, pág. 128), de suerte que si éste existe, o habiendo existido, el afectado dejó prescribir la acción, no podrá acudirse a aquel mecanismo, en la medida en que la actio in rem verso no es un instrumento alternativo —o sucedáneo— para el ejercicio de un derecho, como tampoco una herramienta que premie o avale la desidia o inactividad del acreedor, o sirva para desconocer los indiscutidos efectos extintivos de la prescripción.

Sin embargo, como una excepción a la regla anterior, cuando el empobrecimiento del acreedor, recta via, surge del decaimiento por prescripción o caducidad de la acción cautelar reconocida a los títulos-valores, la acción de enriquecimiento sin causa, consagrada normativamente en el artículo 831 del Código de Comercio, adquiere, en tal caso, una naturaleza autónoma, como se desprende de la misma norma que la consagró, el inciso final del artículo 882 de la misma codificación, cuyo presupuesto, justamente, es que el acreedor haya dejado “caducar o prescribir el instrumento”, caso en el cual, como “la obligación originaria o fundamental se extinguirá así mismo”, no es posible —y por ello necesario—, desde una perspectiva etiológica, acudir al negocio causal para edificar una pretensión que evite el empobrecimiento, como equivocadamente lo consideró el sentenciador de segundo grado. De allí que la Corte haya señalado que la aludida disposición consagra “una regulación normativa específica, concerniente exclusivamente a los casos en que se paga una obligación causal preexistente, como se dijo atrás, con uno o varios títulos de contenido crediticio respecto de los cuales se produce la caducidad o la prescripción; por lo que impónese afirmar que la norma da un tratamiento particular a la actio in rem verso cuando ésta se apoya en tal tipo de documentos crediticios” (cas. civ. de ago. 18/89. cfme: cas. civ. de octubre 5/89 y cas. civ. de mar. 14/01, exp. 6550).

Expresado de otra manera, en la especial y particularísima hipótesis del enriquecimiento sin causa cambiario, el legislador partió de la base de que el acreedor bien pudo evitar la afectación de su patrimonio, ora ejerciendo oportunamente las acciones cambiarias que se conceden a los títulos-valores, ora acudiendo a la acción causal, esto es, la emergente del negocio jurídico subyacente, fuente de la obligación que a través de la entrega del instrumento cambiario se quiso solucionar.

No obstante, la ley mercantil colombiana, siguiendo de cerca el artículo 26 del denominado Proyecto INTAL, que habilitaba la actioin rem verso pero únicamente contra el creador del título —limitación que el ordenamiento colombiano no acogió—, y para atemperar el “riguroso formulismo característico de los títulos-valores”, así como “para afrontar un problema de justicia conmutativa que emerge ante situaciones que el propio sistema de regulación implanta”, privó a la caducidad y a la prescripción de tales instrumentos “del carácter de justas causas para consolidar desplazamientos patrimoniales, no obstante que en su producción haya podido jugar papel de alguna importancia la culpa o la voluntad de la víctima” (CCXXV, págs. 770 y 771) y, con tal miramiento, le concedió al acreedor la acción de enriquecimiento sin causa que, por tal razón, goza de una característica especial frente al régimen común que le es propio a dicha fuente de las obligaciones, por lo que, tratándose de esa particular hipótesis, no pueden los jueces, como erradamente lo hizo el ad quem en el caso in examine, considerar que el acreedor demandante tenía “otra vía… para reclamar su derecho” (fl. 41, cdno. 2), específicamente la acción causal, pues de esta manera se pasa por alto, de una parte, que la obligación originaria se extinguió por efecto de la prescripción (C. Co., art. 882, inc. 3º), lo que impide acudir al negocio subyacente, y de la otra, que en dicha materia, como se acotó, existe un régimen especialísimo, consagrado en la misma disposición, que obliga a separarse —en el punto— de la preceptiva general (C. Co, art. 831).

Sobre este particular ha precisado la doctrina, que la “acción de enriquecimiento —cambiario— tiene por causa petendi el injusto enriquecimiento del demandado en daño del actor y, en consecuencia, por condiciones o presupuestos la pérdida de la acción cambiaria y la falta de una acción causal y por petitum la suma por la cual el demandado se haya injustamente enriquecido”. De allí que el objeto de la misma “no es tanto la suma de la letra cuanto el monto del enriquecimiento que podrá, o no, coincidir con el perjuicio” (1) , todo lo cual explica que “La acción de enriquecimiento injusto no es una acción de naturaleza cambiaria, porque surge después que la acción cambiaria ha caducado(2) (se resalta), o prescrito y, por supuesto, luego de que la acción causal ha fenecido como consecuencia de haber ocurrido uno de tales fenómenos».

(1) Mario Alberto Bonfanti y José Alberto Garrone. De los títulos de crédito. Buenos Aires. Abeledo-Perrot. 1982. Pág. 718.

(2) César Vivante. Tratado de Derecho Mercantil. Madrid. Reus. 1936. T. III, págs. 486 y ss.

(Sentencia de casación, julio 30 de 2001. Expediente 6150. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo).

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