Sentencia 6155 de octubre 27 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

CONFESIÓN FICTA

POR FALTA DE COMPARECENCIA

EXTRACTOS: «El Tribunal consideró, con base en la sentencia de esta Sala del 23 de julio de 1992(*), que no era procedente deducir en contra de la sociedad demandada la confesión ficta que el juzgado tuvo en cuenta para dar por demostrados los hechos de la demanda y sobre los cuales fundamentó las condenas, toda vez que para ello era necesario que se hubiera indicado en el auto respectivo no sólo el hecho de la renuencia de la parte a la práctica de la prueba, sino las consecuencias que su desacato o contumacia le acarreaban, circunstancias que, para el Tribunal, no se dieron en el proceso.

El proceso muestra que el representante legal de la sociedad demandada no se presentó a absolver el interrogatorio de parte que le solicitó el actor (folio 18; audiencia del 18 de abril de 1991), que el juzgado “lo declaró confeso de los hechos de la demanda susceptibles de prueba de confesión” (folio 21; audiencia del 23 de mayo de 1991), sin determinar allí mismo cuáles de esos hechos se presumían ciertos, y que al dictar su sentencia recurrió a la confesión ficta del artículo 210 del C.P.C. para dar por demostrada la prestación personal del servicio, los extremos temporales de la relación y la retribución del servicio. Las evidencias anteriores no son objeto de controversia entre las partes, no fueron desconocidas por el Tribunal en su decisión ni se plantean como materia discutible en el cargo que el demandante propone para sustentar el recurso extraordinario.

La sentencia de casación del 23 de julio de 1992, en la que se apoyó el Tribunal Superior, fue dictada por esta Corporación para resolver una situación de hecho anterior a la reforma que el Decreto 2282 de 1989 introdujo al Código de Procedimiento Civil y que entró a regir el 1º de junio de 1990.

El artículo 210 fue uno de los preceptos afec-tados por la dicha reforma. Para un mejor entendimiento debe transcribirse la disposición, tanto en sus términos anteriores como en su redacción actual.

La norma modificada dispuso:

Confesión ficta o presunta. La no comparecencia del citado, su renuencia a responder y su respuesta evasiva, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión, sobre los que versen las preguntas asertivas admisibles, contenidas en el interrogatorio escrito, y así lo hará constar el juez en la audiencia.

La misma presunción se deducirá, respecto de los hechos de la demanda o su contestación cuando, no habiendo interrogatorio escrito, el citado no comparezca.

Si las preguntas no fueren asertivas o el hecho no admitiere prueba de confesión, la no comparecencia, la respuesta evasiva o la negativa a responder, se apreciarán como indicio en contra de la parte citada”.

La norma actual dispone:

Confesión ficta o presunta. La no comparecencia del citado a la audiencia o a su continuación, se hará constar en el acta y hará presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles, contenidas en el interrogatorio escrito. De la misma manera se procederá cuando el compareciente incurra en renuncia a responder o dé respuestas evasivas.

La misma presunción se deducirá, respecto de los hechos de la demanda y de las excepciones de mérito, o de sus contestaciones, cuando no habiendo interrogatorio escrito el citado no comparezca.

Si las preguntas no fueren asertivas o el hecho no admitiere prueba de confesión, la no comparecencia, la respuesta evasiva o la negativa a responder, se apreciarán como indicio grave en contra de la parte citada”.

Como puede advertirse, la reforma diferenció la no comparecencia del citado de las otras conductas consideradas legalmente como confesión presunta: la renuencia a responder y la respuesta evasiva o inconducente. Con ello se le dio a la norma una redacción más ordenada y se marcó una diferente línea de conducta procesal, pues mientras que la norma anterior exigía para todas las situaciones, incluso la relativa a la no comparecencia, que el juez dejara constancia en el acta sobre la presunción de certeza de los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los que versaran las preguntas asertivas admisibles contenidas en el interrogatorio escrito o, en su defecto, de los hechos de la demanda o su contestación, en la norma actual ese requerimiento únicamente es obligatorio para los casos de negativa a responder y de respuesta evasiva o inconducente.

Se sigue en consecuencia que, en los términos del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, para los procesos laborales en los cuales el interrogatorio de parte se practicó, o se frustró en su caso, antes del 1º de junio de 1990, la jurisprudencia contenida en la sentencia de casación del 23 de julio de 1992 mantiene su vigencia.

Importa ahora precisar el alcance del nuevo artículo 210 del C.P.C. en orden a determinar si, como lo afirma el recurrente, fue infringido por el sentenciador en la modalidad en que se le acusa.

La norma, como ya se indicó, regula las consecuencias con las que corre la parte citada a interrogatorio por no concurrir a la audiencia, por negarse a responder o por dar respuestas evasivas.

Para la hipótesis de falta de comparecencia, que es la del proceso, la norma comienza por indicarle al juez que deje constancia en el acta de ese hecho y precisa en seguida su consecuencia: la presunción de certeza de los hechos susceptibles de probarse por confesión que, según el caso, serán los del interrogatorio escrito, o los de la demanda, o los de la contestación o los de las excepciones de mérito.

No dice ahora el citado artículo 210, como lo anota acertadamente el recurrente, que el juez deba en la audiencia en la que deja constancia del hecho de la no comparecencia, hacer también un determinado pronunciamiento sobre los hechos que deberán presumirse ciertos por esa causa, sin que ello signifique mengua del derecho de defensa, porque al advertir y determinar la propia ley los efectos de la no comparecencia del citado, su consideración como confeso será la consecuencia necesaria de su desacato.

Debe precisarse, sin embargo, que si el juez decide hacer antes de la sentencia el pronunciamiento sobre los hechos que considera demostrados por medio de la confesión ficta no infringe con ello la ley, como cree el impugnador. Al proceder así, el juez laboral (que está facultado para condenar en primera instancia por más o por fuera de lo pedido en la demanda) ofrece a las partes una garantía adicional de certeza, especialmente si se trata de interrogatorio escrito en pliego cerrado, sin que naturalmente su decisión interlocutoria sobre el punto le impida desestimarla al proferir el fallo porque entonces la considere equivocada o contra-evidente, pues, en últimas, su determinación sólo equivale al señalamiento de los hechos que aparezcan susceptibles de ser demostrados por confesión y, por otros aspectos, a calificaciones tales como que el hecho por el que se interroga sea personal del confesante o de su conocimiento (art. 195-5). Esto era precisamente lo que debía cumplirse antes del fallo, mediante una articulación, en el procedimiento establecido por el anterior Código Judicial, sin que tampoco entonces pudiera afirmarse que, al proceder en esa forma, el juez hiciera prejuzgamientos o que al apartarse en la sentencia de su anterior decisión interlocutoria estuviera revocando extemporáneamente sus propias providencias.

El pronunciamiento previo, interlocutorio, sí es forzoso para los casos de renuencia a responder y de respuesta evasiva. Sobre esto no puede haber duda alguna pues lo exigen perentoriamente los artículos 208 y 210 del C.P.C. El primero dispone que: “Si el interrogado se negare a contestar o diere respuestas evasivas o inconducentes, el juez lo amonestará para que responda o para que lo haga explícitamente con prevención sobre los efectos de su renuencia” y el segundo lo complementa al requerir del juez la constancia en la acta sobre las consecuencias que se deducen en contra de quien incurre en ese tipo de conductas.

En las situaciones de negativa a responder o de respuesta evasiva o inconducente, la declaración de presunción de certeza del hecho preguntado o de indicio grave contra el absolvente no puede aplazarse para la sentencia que le ponga fin al proceso o a la instancia, no sólo porque esa determinación del juez (que las partes pueden inducir) está expresamente ordenada como previa al fallo por los citados artículos 208 y 210, sino porque la amonestación y declaratoria de presunción de certeza o de indicio grave hecha en la sentencia, o negada en ella, deja a la parte afectada sin la oportunidad procesal de mostrarle al juez que la pregunta sí ha sido contestada o que la respuesta no es evasiva o inconducente. Y lo mismo sucedería si, a la inversa, el juez negara la confesión ficta en la sentencia. Tal decisión, adoptada tardíamente en el fallo, sería sorpresiva y, por ello, contraria al debido proceso.

Debe ser el juez del conocimiento (y ni siquiera su superior funcional, salvo que medie apelación del auto que resuelva el punto) quien declare que se ha dado la negativa a responder o la respuesta evasiva o inconducente, y quien también declare la situación contraria. Y es ese funcionario el que debe amonestar al renuente y prevenirlo de las consecuencias que le acarrea su conducta, en orden a declararlo confeso allí mismo o a deducir en su contra el indicio grave, pues es ese juez quien de manera directa está percibiendo y enfrentando el desacato y el entorpecimiento de la práctica de la prueba.

El pronunciamiento previo, propio del juez laboral instructor, también es forzoso respecto de la renuencia a la inspección judicial (artículo 56 C.P.L.), porque aquí también es tema esencialmente controvertible el del desacato y esta calificación de renuencia no puede quedar para la sentencia cuando ya no existe la posibilidad de controvertirla.

En el caso de autos, la sentencia acusada dio al artículo 210 del C.P.C. un entendimiento equivocado pues la norma no exige, como con error lo consideró, que adicionalmente a la constancia de la falta de comparecencia del citado a interrogatorio, y para ese exclusivo caso, el juez determine allí mismo cuáles hechos de la demanda, de la contestación y de las excepciones de mérito quedan demostrados por confesión ficta.

Prospera el cargo en consecuencia y por ello habrá de infirmarse la sentencia».

(Sentencia de casación, octubre 27 de 1993. Radicación 6155. Magistrado Ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols).

___________________________________