Sentencia de homologación 6161 de julio 16 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

DENUNCIA DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA

EFECTOS SOBRE LOS ALCANCES DEL CONFLICTO

EXTRACTOS: «Interesa recordar que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte, los efectos de la denuncia de la convención colectiva difieren según sea presentada por las dos partes vinculadas o solamente por una de ellas.

Tiene entendido la Corporación que si la denuncia de la convención colectiva es presentada únicamente por el empleador, la misma continúa vigente y se prorroga por cuanto el empleador no está autónomamente facultado para presentar pliegos de peticiones y carece por tanto de la posibilidad de iniciar por sí mismo el conflicto.

Si la denuncia se presenta por la asociación de trabajadores, que es la legitimada para promover el conflicto, seguida del pliego de peticiones correspondiente, la negociación deberá en principio circunscribirse a las demandas del sindicato y culminar con la celebración de una nueva convención o, en los eventos previstos por la ley, con un laudo arbitral si el conflicto no ha podido solucionarse en la etapa de arreglo directo.

En el supuesto de que la convención haya sido denunciada por ambas partes, la discusión no necesariamente debe limitarse al estudio del pliego presentado por el sindicato, sino que también podrá comprender los temas propuestos por el empleador en su denuncia, independientemente de que su finalidad sea la de “aumentar, disminuir, adicionar y aún suprimir beneficios convencionales, dentro de la dinámica de la negociación colectiva”. (Sentencia de homologación del 27 de mayo de 1993).

El artículo 458 del C. S. del T. precisa que los árbitros tienen la facultad de decidir los conflictos laborales resolviendo todos los puntos respecto de los cuales no se haya producido acuerdo de las partes en la etapa de arreglo directo, pero les está vedado afectar con su fallo los derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Nacional, por las leyes o por las disposiciones convencionales vigentes, norma que desarrollaba en esta materia la garantía de los derechos adquiridos con justo título establecida en el artículo 30 de la Constitución de 1886 y que ahora, en similares términos, ampara la Carta Política de 1991 en su artículo 58.

La jurisprudencia de esta Sala ha precisado que cuando la convención vigente es denunciada por el empleador, aquellas obligaciones laborales a su cargo de las cuales pretende liberarse serán materia de decisión arbitral siempre que la organización sindical de trabajadores haya admitido discutirlas, en el entendimiento de que resulta inadmisible, frente nuestro régimen legal, que el empleador dentro del proceso de la negociación colectiva pueda por sí solo y de manera unilateral “hacer conflictivos aspectos sobre los cuales el sindicato o el grupo de trabajadores coligados no quiere disputar”. (Sentencia de homologación de 24 de septiembre de 1990)».

(Sentencia de homologación, julio 16 de 1993. Radicación 6161. Magistrado Ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols).

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