Sentencia de homologación 6162 de julio 7 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

CONDUCTORES DE EMPRESAS DE TRANSPORTE

JORNADA MAXIMA LEGAL

EXTRACTOS: «Cuarta impugnación. Busca que se anule el artículo 6º del laudo arbitral en cuanto estableció que la jornada de trabajo en la empresa sería la prevista en la Ley 50 de 1990 y en el reglamento interno de trabajo, pretensión que se apoya en la tesis jurídica de que es al empleador a quien corresponde exclusivamente determinar la jornada laboral de los trabajadores de una empresa.

Sostiene igualmente la acusación que la labor de los choferes de servicio público se encuentra prevista dentro de las excepciones del artículo 162 literal c) del C. S. del T., norma vigente por no haber sido derogada por la referida Ley 50 de 1990, que en consecuencia el tribunal de arbitramento desconoció la facultad de la empresa de dar aplicación al artículo 162 del C. S. del T. en lo que respecta a la jornada de los conductores.

Se considera

Una de las excepciones a la jornada de trabajo máxima legal es la dispuesta para los conductores de las empresas de transporte público en el artículo 56 del Decreto 1393 de 1970, norma que al momento de su expedición significó un avance en la protección de estos trabajadores por cuanto estableció que no se les podía fijar jornadas diarias superiores a diez (10) horas, puesto que con anterioridad a esta disposición dichos conductores estaban excluidos de la regulación sobre la jormada máxima legal por mandato del artículo 162, literal d), del C. S. del T.

La disposición citada referente a la jornada excepcional de los conductores de las empresas de transporte no ha tenido modificación normativa posterior de ninguna especie, y tampoco se ha visto afectada por los cambios de ese orden introducidos en el artículo 161 del C. S. del T. que regula la jornada máxima legal, pues la modificación incorporada a este precepto por las disposiciones legales posteriores no han hecho referencia a las excepciones que exceden la regla general que se ha mantenido desde la expedición del C. S. del T. de 8 horas diarias y 48 a la semana.

De acuerdo con lo anterior, aparece evidente que los árbitros excedieron sus facultades al establecer la jornada máxima legal para todos los trabajadores de la empresa en razón a que, como ya se dijo, existe una excepción con relación a los conductores de las empresas de transporte, además porque es propio del fuero subordinante del empleador organizar las actividades de su empresa dentro del marco legal.

La acusación es fundada en este punto, por tanto también se declarará inexequible el artículo 6º del laudo recurrido».

(...)

PERMISOS REMUNERADOS

NO SE IMPONEN POR LAUDO

EXTRACTOS: «Ha sido criterio reiterado de la Corte el que los tribunales de arbitramento no pueden imponer al empleador la obligación de conceder licencias remuneradas a sus trabajadores, pues el deber que éste tiene de otorgar los permisos de que trata el numeral 6º del artículo 57 del C. S. del T. no se extiende a que también deba remunerarlos, pues esa disposición lo faculta para descontarlos o compensarlos en tiempo, según lo escoja el empleador, salvo cuando exista convenio en contrario.

Se tiene entonces que la decisión arbitral de imponer al empleador la obligación de conceder a sus trabajadores permisos remunerados desconoce el derecho del empleador, reconocido por la ley, de descontar del salario esos permisos o de compensarlos en tiempo en horas distintas de su jornada ordinaria».

(...)

PERMISOS SINDICALES

LIMITACIONES DE LOS ÁRBITROS AL CONCEDERLOS

EXTRACTOS: «El empleador está obligado a conceder a sus trabajadores licencias para el desempeño de las comisiones sindicales inherentes a la organización sindical según lo dispone el numeral 6º del artículo 57 del C. S. del T., permisos que a voluntad de la empresa pueden ser descontados del salario del trabajador o compensados en tiempo; por tanto, no está dentro de las facultades de los tribunales de arbitramento establecer permisos sindicales con fines distintos a facilitar el normal funcionamiento de la organización sindical por ser ello contrario a la finalidad prevista en este sentido por la ley.

De otra parte, ha dicho reiteradamente la Sala de Casación Laboral de la Corte que los árbitros no pueden imponer al empleador la obligación de conceder permisos sindicales remunerados, como tampoco les es permitido establecer permisos sindicales de carácter permanente, puesto que esa decisión sustraería a los trabajadores beneficiados con ella de la obligación de prestar personalmente el servicio conforme a la contratación laboral, además que tales permisos deben corresponder a una necesidad explícita de la organización sindical.

Según lo antes expuesto se advierte que el tribunal de arbitramento extralimitó sus funciones al fijar un permiso sindical remunerado para un miembro de la junta directiva del sindicato, sin un objetivo determinado y de carácter permanente dado que dicho permiso fue previsto con una duración de tres días todas las semanas.

Igualmente se encuentra, de acuerdo a lo dicho, que los árbitros en la cláusula impugnada que se examina sobrepasaron sus facultades al establecer otro permiso sindical remunerado, hasta para tres (3) trabajadores designados por la junta directiva del sindicato, para asistir a congresos municipales, departamentales o nacionales de las federaciones o confederaciones donde el sindicato es filial.

Lo anterior no quiere decir que los árbitros no puedan establecer permisos, lo pueden hacer siempre que no sean remunerados y que su número y duración sean justificados.

Corresponderá, por tanto, declarar inexequible el artículo 15 del laudo, sin perjuicio de los permisos sindicales remunerados acordados por las partes en convenciones colectivas anteriores vigentes, como es el caso del artículo 23 de la convención colectiva celebrada en 1975 y en cuanto no haya sido modificada o excluida por las partes en las convenciones siguientes suscritas por ellas».

(...)

RECURSO DE HOMOLOGACIÓN

INTERÉS JURIDICO PARA RECURRIR

EXTRACTOS: «Con esta acusación busca la empresa que se anule por la Corte lo resuelto por el tribunal de arbitramento en el artículo 28 del laudo, en cuanto dispone lo siguiente:

Descuentos sindicales: La Compañía Metropolitana de Transportes S. A. descontará a cada uno de los trabajadores que se beneficien del presente laudo, la cuota sindical ordinaria esta-tutaria que acuerde la asamblea general de socios: Parágrafo. La Compañía Metropolitana de Transportes S. A., descontará a cada uno de los trabajadores que se beneficien de la convención colectiva de trabajo, lo correspondiente a los primeros quince (15) días de los aumentos salariales que se pacten y serán entregados al tesorero del sindicato cinco (5) días hábiles después de efectuarse el descuento” (fol. 18 C. de la C.).

Sustenta la empresa su pretensión en los siguientes argumentos:

“Cuando el tribunal establece la obligación para los trabajadores no sindicalizados que se beneficien de la convención colectiva por no renunciar a ella, la obligación de pagar el equivalente a los primeros quince días de aumento salarial, está vulnerando lo señalado en el art. 68 de la Ley 50/90 que subrogó el art. 39 del Decreto 2351/65 el cual establece que los trabajadores no sindicalizados por el hecho de beneficiarse de la convención colectiva deberán pagar al sindicato durante toda su vigencia una suma igual a la cuota ordinaria con que contribuyen los afiliados al sindicato. Como se puede observar la ley sólo establece la obligación de pagar la cuota ordinaria fijada en los estatutos sindicales para aquellos trabajadores no sindicalizados que se van a beneficiar de la convención colectiva, y al imponer a estos trabajadores no sindicalizados una obligación mayor que la establecida en la ley para el beneficio de la convención, como es la cuota extraordinaria de 15 días de los aumentos de salario, el tribunal vulneró el derecho de estos trabajadores no sindicalizados, por lo tanto extralimitó las facultades a él otorgadas por el art. 458 del C.S.T. y por ello debe declararse inexequible” (folios 18 y 19, Cdno de la C.).

Se considera

En la cláusula acusada no se observa disposición alguna que afecte los intereses de la empresa razón por lo que ella en principio carece del interés necesario para recurrir. Sobre el tema aludido esta sección de la Sala de Casación Laboral tuvo oportunidad de pronunciarse en sentencia de homologación del 17 de agosto de 1989, radicada bajo el número 3318, en la cual se dijo, lo siguiente:

“El ejercicio de la acción para recurrir, supone interés jurídico para obrar que se refleja ya subjetivamente y de manera legítima, seria y actual; generalmente es material y económico pero también puede serlo moral o familiar.

El interés jurídico para recurrir requiere agravio, lesión o perjuicio para el recurrente.

Examinado el texto de la cláusula impugnada por la empresa, advierte la Sala que ella afecta única y exclusivamente el patrimonio económico de los trabajadores no sindicalizados a quienes por el hecho de beneficiarse del laudo, se impone el pago de “una suma igual a la cuota ordinaria con que contribuyen los afiliados al sindicato”.

Si el interés jurídico para recurrir se erige sobre la base de un perjuicio, agravio o lesión impetrado por la decisión atacada, no entiende la Sala de qué manera pudo el precepto bajo análisis quebrantar el interés empresarial. Tendría interés jurídico para recurrir la cláusula en estudio el sindicato en su condición de representante de los trabajadores, pues la carga económica impuesta indudablemente afectaría el patrimonio económico de sus representados, careciendo de interés la empresa, en cuanto la decisión arbitral no le causa agravio de ninguna índole”. (Gaceta Judicial de 1989, número 2437, primera parte página 379).

Criterio que a la luz de la nueva Carta Política adquiere mayor vigencia por cuanto la Constitución en su artículo 39 reconoce especial significación al derecho de asociación sindical como medio democrático idóneo para la protección fundamental de la clase trabajadora, pero incluso también de apoyo a los propios empleadores o empresarios. En consecuencia no puede ser contraria a los intereses de los trabajadores una disposición que crea una obligación económica a su cargo cuando con ella se pretende fortalecer la infraestructura de la organización sindical que vela por sus intereses de toda índole, salvo cuando esa obligación resulta manifiestamente inequitativa, situación esta última que no se presenta en este caso donde los trabajadores no sindicalizados gozan de los mismos beneficios de los trabajadores aforados, cumpliéndose así uno de los principios rectores del derecho laboral universal cual es el de la igualdad de los trabajadores.

Según lo expuesto la cláusula acusada es exequible».

(Sentencia de homologación, julio 7 de 1993. Radicación 6162. Magistrado Ponente: Dr. Manuel Enrique Daza Álvarez).

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