Sentencia 6183 de marzo 30 de 2001

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 25000-23-24-000-1997-9914-01 (6183)

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Ref.: apelación sentencia

Actor: José Luis Sinning O´Meara

Bogotá, D.C., marzo treinta de dos mil uno.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La controversia se centra en el hecho de que el lindero occidental, consignado en la escritura pública de hipoteca no coincide con el que realmente le corresponde al inmueble objeto de la garantía; y, a juicio del demandante, convierte dicho inmueble en otro, razón por la que impetra la nulidad del acto de registro y de la resolución a través de la cual se negó la revocatoria directa del mismo.

Del contenido del artículo 103 del Decreto 960 de 1970, se deduce que los elementos de identificación de un inmueble son: la nomenclatura, denominación o descripción, su cédula o registro catastral y sus títulos antecedentes, aspectos estos sobre los cuales, en su cita, puede incurrirse en errores aritméticos o simplemente mecanográficos, de ahí que puedan ser subsanados mediante una escritura de aclaración, en cualquier tiempo.

Sea lo primero advertir que en el hecho 1º de la demanda el actor admite que el 15 de junio de 1990, a través de la escritura pública 1698, de la Notaría 33 del Círculo de Bogotá, constituyó la hipoteca de primer grado sobre el inmueble de su propiedad ubicado en la transversal 68 F Nº 79A-66, barrio Bonanza de Bogotá, en favor del señor Diego Eduardo Carrillo Carrillo.

Revisado el texto de la mencionada escritura, obrante a folios 22 a 25, claramente se lee que a través de la misma José Luis Sinning O’Meara constituye en favor de Diego Eduardo Carrillo Carrillo hipoteca en relación con el inmueble situado en esta ciudad de Bogotá, distinguido con el Nº 79A -66 de la transversal 68 F, con folio de matrícula inmobiliaria 050-1010613.

En la cláusula sexta del citado instrumento público el deudor hipotecario manifiesta que adquirió el referido inmueble por compra efectuada a la sociedad construcciones Santa Margarita S.A., mediante escritura pública 1572 de 24 de abril de 1967, de la Notaría 9ª del Círculo de Bogotá, a la cual le corresponde el folio de matrícula inmobiliaria 050-1010613.

A folio 26, ibídem, obra el certificado de libertad, en el cual aparece, entre otras anotaciones, la venta de Construcciones Santa Margarita S.A. en favor de José Luis Sinning O’Meara, respecto del inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá, en la transversal 68 F Nº 79A-66.

Es decir, que no existe duda en cuanto a que la voluntad del demandante fue la de constituir hipoteca de primer grado en relación con el inmueble en mención y en favor de Diego Eduardo Carrillo Carrillo; y que el inmueble, identificado también por sus tres linderos no cuestionados, por su dirección o nomenclatura, título antecedente de adquisición y folio de matrícula inmobiliaria, que constan tanto en la escritura pública contentiva de la garantía hipotecaria, como en el certificado de libertad y tradición, es el mismo que en el hecho primero de la demanda admite haber hipotecado.

Ahora, si bien es cierto que hubo un error mecanográfico al transcribir uno de los cuatro linderos, el occidental, pues en lugar de anotarse transversal 68 “F” se escribió transversal 68 “E”, no por ello puede afirmarse, como lo hace el actor, que se trate de un inmueble diferente. Ello sería así si los bienes raíces no poseyeran sino un único lindero y no existieran otros elementos de identificación, lo cual no acontece.

Así pues, no se vulneró el artículo 103 del Decreto 960 de 1970, sino, todo lo contrario, se aplicó debidamente.

Tampoco resultaron quebrantados los siguientes artículos: 5º y 49 del Decreto 1250 de 1970, que prevén, en su orden que “la matrícula es un folio destinado a un bien determinado” y “cada folio de matrícula inmobiliaria corresponderá a una unidad catastral y a ella se referirán las inscripciones a que haya lugar”, pues, como ya se dijo, en este caso no se trata de dos bienes distintos sino de uno solo, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria que realmente le corresponde.

El artículo 31 del Decreto 960 de 1970, pues, contrario a lo afirmado por el actor, esta norma no prevé que los inmuebles únicamente se identifican por los linderos, sino, también, “por su cédula o registro catastral, si lo tuvieren; por su nomenclatura; por el paraje o localidad donde están ubicados...”, lo que está en armonía con el artículo 103, ibídem.

De otra parte, es preciso tener en cuenta que conforme al inciso 2º del artículo 49 del Decreto 2148 de 1983, que reglamentó, entre otros, al Decreto 960 de 1970, existen errores en la identificación de linderos, que, como en este caso, no configura cambio en el objeto del contrato, y es el que, precisamente, puede ser aclarado, pero solo con fundamento en los comprobantes allegados a la escritura en que se cometió el error y en los títulos antecedentes.

En efecto, prevé la citada disposición:

“El error en los linderos que no configure cambio en el objeto del contrato, se aclarará únicamente con fundamento en los comprobantes allegados a la escritura en que se cometió el error y en los títulos antecedentes en que apareciere él de manifiesto...”. Cabe también resaltar que en la escritura pública 1698 cuya inscripción se controvierte, se afirma que al inmueble en cuestión le corresponde la cédula catastral EG U 79 T68 D 33, que es la misma que el actor reconoce en el memorial obrante a folios 14 a 15 del cuaderno del recurso, como perteneciente al inmueble ubicado en la transversal 68F Nº 79A-66, bien este al que se contrae aquella como objeto de la garantía hipotecaria, lo que también desvirtúa la violación del artículo 5º del Decreto 1611 (sic) de 1974 , dado que el error mecanográfico en la trascripción de un lindero, no es capaz, por sí solo, de convertir el objeto en otro, cuando, como en este caso, la descripción de todos los demás linderos coincide, así como también la dirección o nomenclatura, la cita de los títulos antecedentes, del folio de matrícula inmobiliaria y de su cédula catastral.

Las razones precedentes justifican la confirmación de la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».