Sentencia 6190 de mayo 24 de 1978

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 6190

Acta 22

Magistrado Sustanciador:

Dr. Fernando Uribe Restrepo

Bogotá, D.E., mayo 24 de 1978.

Zoila Rosa Vergara R., mayor de edad, vecina de Medellín, identificada con la cédula de ciudadanía número 21303413 de la misma ciudad, actuando en su calidad de cónyuge sobreviviente de Pedro Nel García y en representación de sus hijos menores Eladio Jaime, Javier Alonso, Silvia María, Jorge Enrique, Blanca Edilma, Iván Darío, Norberto de J. García V., así como Pedro Nel, identificado con la cédula número 70045234, Lilia Estela con cédula número 32473238, Fernando León con cédula número 8297502, Oliverio de J. con cédula número 8286890, Luz Marina con cédula número 32414695, Margarita de J. con cédula número 32444927 y Aníbal de J. García con cédula número 8244868 expedidas en Medellín, todos ellos mayores de edad, vecinos de esa ciudad a excepción del último, quien está domiciliado en San Andrés (Islas), quienes obran en su condición de hijos legítimos del mencionado Pedro Nel García, demandaron por conducto de apoderado a Gaseosas Posada Tobón S.A., para que fuera condenada a pagarles prestaciones sociales o su reajuste (primas de servicios, cesantía, vacaciones) e indemnización moratoria, y a efecto de que se declare a la empresa demandada responsable del accidente en que perdió la vida Pedro Nel García, y para que, como consecuencia de tal declaración, se condene a la sociedad mencionada a pagar a los demandantes la indemnización total y ordinaria de perjuicios que resultare probada en el proceso, y las costas del juicio.

Los hechos en que se apoyan las anteriores peticiones se expresaron así:

1. El señor Pedro Nel García, laboró al servicio de la compañía demandada por espacio superior a 19 años, contados a partir de 1955, hasta el día 9 de mayo de 1974, fecha en la cual falleció estando al servicio de Postobón S.A. (de requerirse durante el proceso, se probará el tiempo exacto de servicio).

“2. El día 9 de mayo de 1974, encontrándose el señor García desempeñando una de las labores que le correspondían, de acuerdo con el cargo de Montallantas que desempeñaba en la compañía demandada, encontró la muerte en accidente de trabajo acaecido en los patios de la empresa, a eso de las 6 a.m. del día ya mencionado.

“3. El fallecimiento del trabajador fue consecuencia directa del desprendimiento del aro de una llanta trasera del vehículo de placas número 1428 de propiedad de Postobón S.A. y en el cual efectuaba su trabajo el señor García, cuando recibió el impacto del artefacto en su cabeza, para morir instantáneamente.

“4. De haberse observado adecuada protección y seguridad para efectuar estos trabajos y si además no se hubiesen encontrado en tan mal estado, tanto la llanta como el aro, no habría ocurrido el accidente, puesto que en el primer caso, de presentarse el hecho accidental, no reportaría ningún peligro para el trabajador, pues estaría debidamente protegido y el segundo evento no ocurriría el accidente, ya que el desprendimiento del aro obedeció al mal mantenimiento y al mucho tiempo de servicio que tanto este como el aro tenían, lo cual ocasionó el desgaste que propició la salida violenta del aro. En uno y otro caso, recae la responsabilidad sobre la entidad demandada y no es exagerado afirmar que existió una “doble culpabilidad” en el accidente sufrido por Pedro Nel García, de parte de Postobón S.A.

“5. Para adicionar a los hechos, no obstante mis mandantes, acreditar suficientemente el derecho que les asiste a reclamar las prestaciones sociales del señor Pedro Nel García, la empresa no ha efectuado el pago de tales sumas, poniendo a mis mandantes en un eterno peregrinar de la oficina de personal de la empresa a la oficina particular del abogado, sin ningún resultado positivo hasta el momento de la elaboración de la presente demanda”.

El apoderado de Gaseosas Posada Tobón S.A. dio contestación a la demanda oponiéndose a que se hicieran las declaraciones, propuso como excepciones previas la de falta de pruebas de las calidades de cónyuge y herederos de los demandantes y el no haber comprendido la demanda a todas las personas que integran el litis consorcio necesario, y como perentorias las de petición antes de tiempo o de modo indebido, inexistencia de la obligación, culpa del finado, carencia de acción, compensación, inexistencia del accidente de trabajo, prescripción, pago por consignación, pago a cargo del Icss, y la denominada genérica. En cuanto a los hechos manifestó:

“Al hecho 1º. Es cierto que el señor Pedro Nel García estuvo al servicio de la compañía por más de 19 años y que falleció, en forma fortuita, estando al servicio de la empresa.

“Al hecho 2º. No es cierto en la forma como está expuesto y explico:

“El señor García era montallantas de la compañía, y este oficio lo desempeñaba dentro del taller automotriz, donde tiene un cuarto asignado para sus labores, debidamente protegido con barras metálicas, y en todo caso con las seguridades y técnicas modernas aconsejables para el desempeño de estas labores.

“Del 6 al 18 de mayo del año en curso, se le asignó el horario de trabajo siguiente: de 6 a.m. a 2:45 p.m.

“El señor García, se presentó a la fábrica el día 9 de mayo antes de las 6 a.m. y se cambió su vestido de calle por la ropa de trabajo que suministra la empresa.

“Alrededor de las 5:50 a.m. de este día, el vendedor de agua cristal, señor Gilberto Muriel, llevó su vehículo número 1.428, de placas KB-4855, a nuestra bomba de servicio que está ubicada cerca a la portería de salida de vehículos, ‘posiblemente’ para reajustarle aire a la llanta exterior trasera, lado izquierdo del camión. Es de advertir, que en esos momentos ya se encontraba en el taller el señor Hernán Yepes H., quien en esa época desempeñaba el cargo de Supervisor o Subjefe de taller (actualmente es el Jefe).

“El señor Muriel no le informó a su jefe inmediato sobre el problema que tenía su vehículo.

“El operario Pedro Nel García H., voluntariamente, se acercó a colaborar al conductor Muriel, pero volvemos a repetir, que no hubo de por medio orden de su jefe inmediato, por los siguientes motivos:

“a) El señor Hernán Yepes H. no tenía conocimiento del problema que presentaba el camión número 1.428;

“b) El señor García, aún no había empezado su jornada de trabajo;

“c) También, el sitio de trabajo del señor García no está ubicado en la bomba de servicio. Las montallantas del taller automotriz, tienen en la fábrica un cuarto asignado, para desempeñar sus labores.

“Ya sobre el accidente en sí, sí podemos confirmar lo siguiente:

“a) En ese momento, el señor García no estaba desempeñando el cargo para el cual fue nombrado y no existió ninguna orden de por medio para que prestara al conductor Muriel esa colaboración;

“b) Si quiso dicho operario hacer ese oficio, fue voluntariamente, pues como decíamos atrás aún no había empezado su jornada de trabajo ni él desempeñaba sus labores, en el sitio donde ocurrió el accidente;

“c) Hubo error por parte del señor García, pues ya que quiso efectuar ese trabajo, al menos lo debía haber hecho en una forma correcta. Es decir, tenía que haber bajado la llanta y llevarla a su cuarto de labores, en donde la empresa le tiene las herramientas y protecciones necesarias. Para inflar llantas, existe en ese lugar barras protectoras, como lo puede atestiguar cualquier persona que conozca el taller automotriz de Gaseosas Posada Tobón S.A., fábrica de Medellín.

“Conclusiones

“La llanta y el aro motivo del accidente, se encuentran en perfectas condiciones, como puede comprobarse observándolas en la empresa. La llanta es marca Icollantas, tipo Llanera y con número de serie 40603EB, de tamaño 8.25 x 20.00.

“El señor García parece que cambió el gusanillo o al menos trató de cambiarlo, pues en el sitio del accidente apareció un gusanillo en el piso y el neumático de la llanta en mención, tenía otro.

“La llanta no explotó, lo que estalló fue el neumático. Como decíamos, la llanta está a disposición de quien quiera observarla, en el taller de vehículos de la citada fábrica. Por lo anterior, hubo falla humana, es decir, el señor García no estuvo controlando la presión de aire al estar efectuando el reajuste en esa llanta. Parece que cuando efectuaba esta operación charlaba a su vez con el conductor señor Gilberto Muriel.

“Como el trabajador estaba afiliado por la empresa al Instituto Colombiano de Seguros Sociales, en la misma fecha del accidente, es decir, el 9 de mayo del año en curso, se envió informe sobre la forma como ocurrió el accidente a dicha entidad, firmado por los testigos, entre otros, el mismo chofer Gilberto Muriel González, a quien voluntariamente y sin orden de sus superiores, le estaba prestando un servicio y además fuera de su lugar de trabajo y de una manera inadecuada y temeraria.

“A raíz del informe del accidente, presentado por la empresa al Instituto Colombiano de Seguros Sociales, esta entidad practicó una inspección para la investigación de este, el día 10 de mayo de 1974, y el doctor Gustavo Meza Obando, Jefe de la Oficina de Salud Ocupacional por medio del Oficio número S.O. 1708 de 1974 consignó lo siguiente: ‘Detalle de lo ocurrido... Análisis del accidente... Causas. Falla humana del trabajador al inyectar demasiada cantidad de aire a las llantas’.

“Al hecho 3º. No es cierto y ya se explicó que el accidente ocurrió en horas que no eran de trabajo del finado, en desempeño de funciones que no le correspondían, fuera de su lugar de trabajo, charlando con el conductor del vehículo y obrando en forma imprudente y temeraria.

“Al hecho 4º. No es cierto y ya está explicado debidamente.

“Al hecho 5º. No es cierto y explico: el apoderado del demandante no debe ignorar que Gaseosas Posada Tobón S.A., es una empresa que tiene afiliados a sus trabajadores al Instituto Colombiano de Seguros Sociales.

“Que esta entidad asumió por medio del Decreto 3041 de 19 de diciembre de 1966, que empezó a regir el 1º de enero de 1967, los riesgos de invalidez, vejez y muerte y que ya había asumido antes, los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En estos casos, el Seguro reconoce una pensión vitalicia a favor de la cónyuge y de los hijos menores.

“En consecuencia, dicha pensión debe reclamarse directamente al Instituto Colombiano de Seguros Sociales.

“Respecto a las prestaciones sociales también debe saber el procedimiento para reclamar estas ante la empresa y la documentación que debe acompañar.

“Como las prestaciones sociales no fueron reclamadas ante la empresa y no se acompañó ninguna documentación, su valor fue consignado en el Banco Popular de esta ciudad, por conducto del Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín”.

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia de 11 de junio de 1976, condenó a la sociedad a pagar a los demandantes $ 154.638.72 por la indemnización total de los perjuicios materiales demandados y $ 30.000.00 por perjuicios morales; autorizó a la empresa para que dedujera de estas condenas la suma de $ 11.667.39 liquidados por concepto de prestaciones sociales y facultó igualmente para que se dedujera el valor de la indemnización que el Icss hubiera pagado a los demandantes en razón del accidente y conforme con la certificación que el Instituto expidiera al efecto; por otra parte, absolvió a la empresa de los otros cargos de la demanda, declaró no probadas las excepciones y condenó a la sociedad el pago del 70% de las costas del juicio.

Apelada esa providencia por los apoderados de ambas partes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en fallo de 30 de mayo de 1977, confirmó la condena sobre perjuicios materiales aclarando que el 50% debía corresponder a la cónyuge y el resto, por partes iguales, a los otros demandantes; confirmó igualmente la resolución sobre perjuicios morales, la absolución que recayó sobre las demás peticiones de la demanda y la decisión sobre excepciones; y revocó las autorizaciones hechas por el a quo para que la empresa descontara de las condenas las sumas pagadas por prestaciones y por el valor de la indemnización asumida por el Icss; finalmente, condenó a la sociedad demandada al pago del 70% de las costas de las dos instancias.

Ambas partes interpusieron el recurso de casación contra la sentencia mencionada, los cuales fueron concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte.

Se estudiará en primer término el de la parte demandada, pues persigue en su pretensión principal la quiebra del fallo del Tribunal en las resoluciones sobre perjuicios materiales y morales, en tanto que el recurso del apoderado de la parte demandante tan solo aspira a la modificación de la resolución sobre perjuicios morales. Dicho recurso no mereció réplica de su contraparte.

El recurso de la empresa.

Está formulado en cinco cargos, con base en la causal primera de casación.

El alcance de la impugnación se propone de este modo:

“Respetuosamente solicito a la Sala de Casación Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia la casación parcial de la sentencia recurrida en cuanto en su ordinal 1º confirmó el numeral 1º de la parte resolutiva del fallo de primer grado y lo aclaró, y en cuanto en su ordinal 2º confirmó los puntos 2º y 6º del fallo de primer grado, y que como Tribunal de instancia revoque los numerales 1º, 2º y 6º del fallo dictado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín el once de junio de mil novecientos setenta y seis, y en su lugar absuelva a Gaseosas Posada Tobón S.A. de las pretensiones sobre pago de perjuicios materiales y morales contenidas en la demanda inicial, y declare probadas las excepciones pertinentes.

“Petición subsidiaria. En subsidio de la petición anterior, respetuosamente solicito a la honorable Corte case parcialmente la sentencia recurrida en cuanto en su ordinal 3º revocó el numeral 4º de la sentencia de primer grado, y que como Tribunal de instancia modifique el numeral 4º de la sentencia de primer grado en el sentido de que se autorice a Gaseosas Posada Tobón S.A., para deducir del valor de las condenas por perjuicios materiales’ y morales la suma de $ 1.215.10 mensuales desde la fecha del fallecimiento del señor Pedro Nel García hasta cuando se reajustó dicha pensión, y $ 1.419.10 mensuales desde la fecha del reajuste de la pensión hasta cuando se cumpla la sentencia definitiva, o en subsidio se confirme dicho numeral 4º, y que se declaren probadas las excepciones pertinentes”.

Primer cargo

Acusa violación indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, de los artículos 199 y 206 del Código Sustantivo del Trabajo, 63, 1604 y 1613 del Código Civil y 61 del Código Procesal del Trabajo, a través de errores de hecho por errónea apreciación de unas pruebas y falta de estimación de otras.

Dentro de las pruebas erróneamente apreciadas el censor anuncia la inspección ocular, el dictamen pericial, el documento del folio 41, los testimonios de Francisco Antonio Álvarez y Gilberto José Muriel, y el reglamento interno de trabajo; y como prueba dejada de apreciar la declaración de Orlando Mejía Cuartas.

Los errores de hecho de que se acusa la sentencia impugnada se expresaron así:

“1º Haber dado por demostrado, sin estarlo, que Gaseosas Posada Tobón S.A. no tomó las medidas de seguridad suficientes a todas las que se requerían adoptarse mediante su diligencia para evitar el accidente de trabajo sufrido por Pedro Nel García el 9 de mayo de 1974 que le causó la muerte.

“2º No haber dado por demostrado, estándolo, que Gaseosas Posada Tobón S.A. había tomado todas las medidas necesarias, suficientes y eficientes para evitar que Pedro Nel García sufriera el accidente de trabajo que el 9 de mayo de 1974 le causó la muerte.

“3º Haber dado por demostrado, sin estarlo, que el señor Pedro Nel García, no estaba obligado a arreglar la llanta del camión que manejaba el señor Gilberto José Muriel González en el lugar de protección instalado por Gaseosas Posada Tobón S.A. y no haber dado por demostrado que sí estaba obligado a hacerlo.

“4º Haber dado por demostrado, sin estarlo, que el ring (sic) usado en la llanta que arreglaba el señor Pedro Nel García cuando se produjo el accidente, era de una marca diferente a la del camión e inadecuada para la llanta.

“5º No haber dado por demostrado que no existen rines producidos por las fábricas de camiones y que cualquiera que sea su marca se adaptan a todas las llantas que se usan en los camiones.

“6º Haber dado por demostrado, sin estarlo, que Gaseosas Posada Tobón S.A. no tenía a su servicio, personal especializado que revisara las llantas, gusanillos y neumáticos de los carros repartidores y no haber dado por demostrado que los choferes, que forman un personal especializado, estaban encargados de tales labores.

“7º Haber dado por demostrado, sin estarlo, que Gaseosas Posada Tobón S.A. tuvo la culpa en el accidente sufrido por Pedro Nel García el 9 de mayo de 1974, y no haber dado por demostrado que Gaseosas Posada Tobón S.A., no tuvo culpa alguna en dicho accidente, que se debió a una falla humana de la víctima”.

En la demostración del cargo el impugnador se refiere a la inspección ocular, transcribe las observaciones que hizo el juez en las instalaciones de la empresa y concluye que el acta correspondiente demuestra que la demandada había adoptado las medidas adecuadas para evitar accidentes al empleado ocupado en el oficio de montallantas. Afirma que, técnicamente el accidente sufrido por Pedro Nel García hubiera sido imposible de haber arreglado la llanta en el sitio apropiado y con las medidas de seguridad previsibles, de lo cual deduce la comisión del error que le señala al Tribunal, pues este concluyó que las medidas de seguridad no fueron suficientes y no todas las que se requería haber adoptado con mediana diligencia.

El censor afirma que el dictamen pericial demuestra cómo las medidas de seguridad eran suficientes para garantizar la seguridad de Pedro Nel García en el desempeño de sus labores, no obstante lo cual el Tribunal apoyado en los testimonios de Álvarez Franco y Muriel González, concluyó equivocadamente que al efectuar la labor causante del accidente, el trabajador, de acuerdo con la costumbre de su oficio, no estaba obligado a inflar las llantas dentro del lugar asignado por la empresa. El impugnador expresa que, según el perito, Pedro Nel García ha debido inflar la llanta protegido por las rejas, transcribe sobre ese particular algunos pasajes del dictamen, y critica al sentenciador por haber estimado que se trataba no simplemente de cambiar el gusanillo de la rueda sino de inflar la llanta de un vehículo cargado que había sido movido, y por no dar crédito al testimonio de Álvarez Franco en cuanto su dicho corresponde con el concepto del perito. Además, transcribe apartes de la declaración de Orlando Mejía, lo que a su juicio no fue estimada en la sentencia.

Luego de indicar el impugnador que el hecho en cuestión se debió a imprudencia de la víctima, lo que está evidenciado en el documento de folio 41, asevera que el Tribunal dedujo la culpa patronal de dos supuestos equivocados: de una parte, de la circunstancia de haberse utilizado un ring (sic) de marca Ford en un camión Internacional, apoyándose para ello en el concepto emitido por el testigo Álvarez Franco y con olvido de que tales conceptos están diferidos a los peritos, lo que a su juicio carece de fundamento por no existir entre las marcas de los vehículos y los rines que utilicen, con base en el dictamen, pues en este se concluye que los automotores pueden usar accesorios de distintas marcas.

Y de otra parte, por haber considerado el Tribunal, como hecho culposo de la sociedad, que la empresa carecía de personal especializado en la revisión de llantas, gusanillos y neumáticos, deducción que extrajo del testimonio de Álvarez Franco, pero que en concepto del impugnador fue apreciado con error, pues el declarante afirma que los encargados de esa revisión son los choferes de la compañía.

El cargo concluye afirmando que los errores de hecho inciden en la resolución del Tribunal, porque de no haberse incurrido en ellos se habría considerado que el accidente ocurrió sin culpa de la empresa, por lo que no cabría la indemnización plena ni las condenas por perjuicios morales y materiales. Y se estima que al producirse la condena anotada se aplicaron indebidamente las normas señaladas en el cargo.

Se considera

Sobre el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, la Corte dijo en sentencia de 10 de abril de 1975:

“Las indemnizaciones prefijadas que consagra el Código Sustantivo del Trabajo para los perjuicios provenientes del accidente de trabajo, tienen fundamento en el riesgo creado, no provienen de la culpa sino de la responsabilidad objetiva. Pero la indemnización total y ordinaria prevista en el artículo 216 de dicha obra, exige la demostración de la culpa patronal, que se establece cuando los hechos muestran que faltó ‘aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios’, según la definición de culpa leve que corresponde a los contratos celebrados en beneficio de ambas partes.

“Para reclamar la indemnización prefijada le basta al trabajador demostrar el accidente, y su consecuencia. Cuando se reclama la indemnización ordinaria debe el trabajador demostrar la culpa del patrono, y este estará exento de responsabilidad si demuestra que tuvo la diligencia y cuidados requeridos” (juicio de Emilia Ocampo de la Rosa contra Aerovías Nacionales de Colombia, Avianca).

En el caso sub judice el sentenciador dedujo la culpabilidad de la empresa de los siguientes hechos: de la adaptación inadecuada de un ring marca Ford a un camión Internacional, y de la falta de precaución en la revisión de los accesorios de las llantas a través de trabajadores especializados en ese oficio (folios 286 a 290).

La demostración de esos dos hechos culposos no le impidió al Tribunal reconocer que la empresa mantenía convenientes y adecuadas medidas de seguridad para impedir accidentes de trabajo en el montaje de llantas (deducción que infiere de la prueba testimonial que la demandada allegó al proceso y de otras pruebas dentro de las cuales se encuentra la inspección ocular), solo que estimó que las medidas de seguridad “no fueron suficientes o todas las que se requerían haber adoptado, con mediana diligencia de la empleadora (subraya el Tribunal), para tratar de prevenir y evitar el expresado accidente de trabajo, como ya se ha dicho” (folio 291).

La prueba de inspección ocular que el impugnador señala como apreciada erróneamente por el fallador de segundo grado, establece que en la empresa se encontraba instalado un taller de montallantas con los sistemas de seguridad necesarios para evitar accidentes en el montaje de llantas. Este hecho fue admitido por el sentenciador, quien nada agrega o disminuye al valor demostrativo de la prueba mencionada, y que, por lo mismo, no pudo haber sido apreciada equivocadamente, pues no le atribuye conclusiones distintas de las que emanan de la naturaleza del hecho que la prueba demuestra. Si el Tribunal encontró la demostración de la culpabilidad de la sociedad, a través de otros elementos de juicio, el error —si alguno hubo— pudo estar en la apreciación de ellos, mas no en la valoración de la inspección ocular.

El documento del folio 41 suscrito por el Médico Jefe de la Oficina de Salud Ocupacional del Icss, señala como causa del accidente: “falla humana del trabajador al inyectar demasiada cantidad de aire en la llanta”, y para el recurrente fue apreciado equivocadamente por el ad quem. Sin embargo, el escrito en mención nada dice de la posible culpabilidad de la empresa, a pesar de que recomienda medidas de precaución para evitar en el futuro accidentes similares. De todos modos el Tribunal encontró demostrada esa culpabilidad después de examinar otros medios de prueba, especialmente declaraciones de terceros, que, como bien se sabe, el juzgador es libre de apreciar.

De otra parte el sentenciador encontró que el accidente se debió a utilización inadecuada de accesorios y a falta de revisión sistemática y especializada de los mismos, pero no al solo hecho de haber inyectado cantidad excesiva de aire, como se afirma en el citado informe del Icss. No aparecen aquí, por tanto, los errores de hecho que el cargo indica.

En la demostración del cargo el censor no expresa en qué consistió la equivocada apreciación del Reglamento Interno de Trabajo, como es de rigor dentro de la técnica que gobierna el recurso, lo que hace improcedente su estudio.

Ahora bien, como no surge, error de hecho ni de la prueba de inspección ocular ni de los documentos anteriormente examinados, no le está permitido a la Sala establecer si pudo presentarse por la apreciación errónea del dictamen pericial y de los testimonios de Francisco Álvares y Gilberto José Muriel, o por la falta de apreciación de la declaración de Orlando Mejía Cuartas, en consideración a las restricciones establecidas en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969. Es decir, que demostrado como está que no hubo error sobre la prueba calificada como apta para la casación en el campo laboral, aunque pudo haberlo pero únicamente en relación con otras pruebas no calificadas para sustentar el recurso, no le está permitido a la Corte entrar a considerar el posible error.

El cargo, por consiguiente, no prospera.

Segundo cargo

El impugnador acusa la sentencia del Tribunal por interpretación errónea del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con el 199 ibídem, y por aplicación indebida de los artículos 63, 1604 y 1613 del Código Civil.

El cargo transcribe un aparte de la sentencia y luego afirma que la interpretación errónea consistió “en afirmar que de acuerdo con el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, el patrono solo queda exonerado de la responsabilidad cuando el trabajador incurre en culpa grave, al igual que lo dispuesto en el artículo 199 ibídem”.

En la demostración el impugnador manifiesta que los artículos 199 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo regulan casos diferentes y pasa en seguida a explicar los elementos constitutivos de cada uno de aquellos.

Refiriéndose al artículo 216, expresa que el derecho a la indemnización plena se reconoce cuando se demuestra el accidente de trabajo y la culpa del patrono, siendo suficiente, para exonerar de responsabilidad, acreditar el patrono que no ha incurrido en culpa, y sin que se exija como lo cree el Tribunal, que se demuestre la culpa grave del trabajador, o que solo constituya hecho exonerativo la provocación deliberada de la víctima o su culpa grave.

La acusación concluye afirmando que la interpretación errónea de los preceptos enunciados condujo al Tribunal a aplicar indebidamente los artículos 63, 1604 y 1613 del Código Civil cuando condenó a la demandada a pagar perjuicios materiales y morales.

Se considera

Ciertamente debe distinguirse entre la indemnización especial señalada en el artículo 199 del Código y la indemnización ordinaria establecida en el artículo 216. En la primera, como lo ha dicho repetidamente la jurisprudencia de esta Corporación, es suficiente que el accidente haya ocurrido por causa o con ocasión del trabajo y que haya dejado una lesión orgánica o una perturbación funcional, pues la responsabilidad no se origina ni en la culpa ni en la falta de cumplimiento de obligaciones contractuales, y de ella solo se exime al patrono cuando el accidente sea provocado deliberadamente por el trabajador u obedezca a culpa grave de la víctima.

Por el contrario, la responsabilidad consagrada en el artículo 216 citado, nace del hecho culposo del patrono, de manera que para que se configure no es suficiente la demostración del accidente por haberse presentado un suceso imprevisto y repentino por causa o con ocasión del trabajo, sino que además es preciso acreditar que el patrono dio lugar a él como consecuencia de su hecho culposo.

Por razón de la distinción anotada, la actividad probatoria varía en las dos hipótesis legales. En el caso del artículo 199 el trabajador debe demostrar los supuestos ya enunciados del accidente de trabajo, en tanto que al patrono corresponde acreditar que el hecho se debió a culpa grave o a la provocación deliberada de la víctima.

En cambio, en el evento del artículo 216, frente a la prueba de un accidente de trabajo imputable a negligencia del patrono, a este le basta probar que observó la suficiente diligencia y cuidado, esto es, que obró sin culpa.

La sentencia recurrida no se aparta de los principios enunciados, como se desprende de los siguientes pasajes de esa providencia.

“En forma casi evidente el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo hace recaer el peso de la carga de la prueba sobre el trabajador demandante, o sobre sus sucesores, en cuanto a la culpa del patrono, por cuya actitud negligente o de descuido se produjo el accidente de trabajo; lo cual no es poco para contribuir a la cómoda posición defensiva de este último dentro del proceso.

“Vistas ya las razones que cada una de las partes del proceso aduce en apoyo de sus respectivas pretensiones frente al accidente de trabajo que causó la muerte del señor Pedro Nel García Hincapié, cuya relación de causalidad con la actividad laboral que él cumplía en ese momento para beneficio directo de la empresa Gaseosas Posada Tobón S.A., es asunto evidente, la tarea principal del fallador debe encaminarse al estudio de las causas que originaron tal hecho trágico, con el cual resultó afectado en primer término de manera inmediata, grave e irremediable, el propio señor García H. y en segundo lugar resultaron también afectados desde el punto de vista familiar, así como también desde el económico, los demandantes de este proceso. Tal estudio de las causas generadoras del accidente tendrá que hacerse obviamente en función del acervo probatorio allegado al proceso por las dos partes, con el fin de declarar si hubo o no culpa de la empresa Postobón S.A., en su acaecimiento o, si por el contrario, la culpa fue del propio trabajador, señor Pedro Nel García H., posición esta antagónica y que constituyen la base principal del enfrentamiento entre los accionantes y la demandada de este proceso.

“La culpa, que encierra una idea de negligencia o descuido en el manejo de los negocios ajenos, los cuales por contraposición deben ser manejados con la misma diligencia y cuidado que los propios, aparece definida y clasificada en tres categorías por el artículo 63 de nuestro Código Civil, a saber: culpa grave, leve y levísima, cada una de las cuales puede llegar a presentarse por acción o por omisión de la persona que es responsable de ella en alguna forma, directa o indirecta.

“Para el caso en estudio de este proceso, el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo cuando menciona la culpa del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo, exigiendo que se encuentre suficientemente comprobada, no distingue entre las clases de culpa antes mencionadas; lo que quiere decir que cualquiera de ellas es capaz de generar la obligación patronal de pagar los correspondientes perjuicios de todo orden materiales y morales resultantes del accidente de trabajo sufrido por el trabajador. Por ello Deveali, Cabanellas y otros tratadistas de Derecho Laboral consideran que en todos los casos de culpa del empresario o patrono, aunque esta sea leve, y aun coexistiendo con culpa grave del trabajador, existe responsabilidad para aquel por los accidentes de trabajo”.

Y más adelante agrega:

“Difícilmente podría llegar a imputarse siquiera culpa leve al señor García H. en el accidente de trabajo sufrido por él, puesto que a su favor no solo deben tenerse en cuenta los hechos y circunstancias de que ya se ha hablado, suficientes para calificar como bueno su comportamiento laboral, tanto en el momento del accidente como durante todo su tiempo de servicios a la empresa Postobón S.A., sino también la casi absoluta imposibilidad para prevenir dicho accidente por su parte, al no haberse presentado signo alguno ostensible sobre su inminencia para él cuando se dedicaba a cambiarle el gusanillo a la llanta o a tratar de arreglárselo después de que observó que no era cuestión de echarle aire simplemente.

“Hay consenso general, en efecto, en todos los testigos del proceso acerca del buen estado general o de las condiciones regulares de conservación que presentaba la llanta causante del accidente, empezando por el propio conductor Gilberto José Muriel González, quien afirma sobre este punto lo siguiente en su declaración: ‘Yo estaba trabajando normalmente con ese neumático el día anterior y en los días anteriores y era la primera vez que me había molestado ese neumático’.

“La empresa demandada tampoco podría alegar en forma aceptable, como lo ha pretendido igualmente, circunstancias de fuerza mayor o de caso fortuito, que no encuentran cabida dentro del ámbito que encierra el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo en estrecha relación con el 199 del mismo Código, cuando solo eximen estas dos normas de la responsabilidad que corresponde al patrono por un accidente de trabajo en el caso de que este haya sido provocado deliberadamente o por culpa grave de la víctima, esto es del trabajador accidentado”.

Los pasajes transcritos del fallo impiden afirmar que el Tribunal considerara que la empresa solo podía eximirse de responsabilidad demostrando culpa grave del trabajador por haber actuado de manera dolosa, pues afirma el ad quem la necesidad de que el trabajador, o sus herederos, acrediten la culpa patronal. Además, si el Tribunal tuvo en cuenta también aspectos relativos a la culpa del trabajador, lo hizo para considerar las alegaciones que la empresa propuso desde la contestación a la demanda y en desarrollo de los cuales desplegó una intensa actividad probatoria, que el fallo precisamente examina.

No resulta entonces del estudio de la sentencia, la interpretación errónea de los artículos 199 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo, ni, en consecuencia, la aplicación indebida de las disposiciones de orden civil citadas.

Por consiguiente, el cargo no prospera.

Tercer cargo

Está formulado así:

“Infracción directa de los artículos 72 de la Ley 90 de 1946, 193 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 1º del Acuerdo número 155 de 1963, aprobado por el artículo 1º del Decreto 3170 de 1964, del Decreto 433 de 1971, artículo 2º del Decreto 1935, 216 y 204 del Código Sustantivo del Trabajo, violaciones que condujeron a la aplicación indebida de los artículos 63, 1604 y 1613 del Código Civil”.

En el desarrollo del cargo el impugnador comienza por referirse a las consideraciones que el Tribunal y el apoderado de los demandantes hicieron alrededor de la autorización para deducir de las condenas las prestaciones monetarias pagadas por el accidente y que condujeron a la revocatoria del numeral cuarto del fallo del a quo, y al respecto manifiesta el impugnador que el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo no se refiere de modo exclusivo a sumas pagadas directamente por el patrono, sino a aquellas que se pagan en razón de las normas consagradas en el capítulo respectivo del Código.

El casacionista expresa que, de conformidad con el precepto 72 de la Ley 90 de 1946, el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales sustituye a los patronos en la obligación de pagar las prestaciones sociales consagradas en el Código, y que específicamente el riesgo por accidentes de trabajo fue asumido por ese Instituto por medio del Acuerdo 155 de diciembre 18 de 1963 (aprobado por Decreto 3170 de 1964), que reformó la indemnización establecida en el artículo 204 del Código Sustantivo del Trabajo.

De lo dicho antes, el recurrente deduce que el Tribunal infringió directamente el artículo 216 ibídem, al rebelarse contra su texto, y los artículos 72 de la Ley 90 de 1946 y 193 del Código, al ignorar que estas disposiciones prevén que las prestaciones legales a cargo de los patronos dejen de estarlo cuando los Seguros Sociales asuman los respectivos riesgos. Y agrega: “E infringió directamente el artículo 1º y 83 del Acuerdo número 155 de diciembre 18 de 1963, aprobados por el artículo 1º del Decreto 3170 de 1964, norma esta también infringida directamente, por cuanto ignoró que el Instituto Colombiano de Seguros Sociales asumió con anterioridad al fallecimiento de Pedro Nel García el riesgo de accidente de trabajo. Infringió directamente el Tribunal Superior el artículo 204 del Código Sustantivo del Trabajo al desconocer que las prestaciones allí consagradas habían sido asumidas por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales”.

Se considera

Ha señalado reiteradamente la jurisprudencia que la infracción directa de la ley que constituye motivo o causal de casación, implica desconocer la validez de la norma y dejar de aplicarla, en consecuencia. Observa la Sala que en el presente caso el ad quem aplicó el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, aunque en un sentido negativo, de absolución o condonación de los descuentos que la norma establece, interpretación restrictiva con la cual no está de acuerdo el recurrente.

El Tribunal hace suyo el razonamiento del apoderado del actor, quien también interpreta el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo en concordancia con el artículo 193 ibídem y con los Reglamentos del Seguro Social. Tales normas, por lo tanto, no fueron objeto de infracción directa toda vez que su imperio normativo propio no fue ignorado, ni el Tribunal se rebeló contra él. Ocurrió sí que el ad quem interpretó las normas acusadas en un sentido restrictivo o limitativo, criterio este que lo llevó a aplicar la norma al caso en estudio en un sentido contrario al que sustenta el recurrente, con buenas razones por lo demás, pero también a base de un proceso hermenéutico, que de por sí excluyó la posibilidad misma de una infracción directa.

En cuanto a la pretendida infracción directa del artículo 2º del Decreto 1935 de 1973, observa la Sala que se trata aquí de una norma sobre cotizaciones que, por importante que pueda ser para la correcta interpretación de las normas sustantivas pertinentes, no es susceptible de infracción alguna en este caso, ya que se refiere a régimen financiero del Icss.

El cargo, en consecuencia, no prospera.

Cuarto cargo

Está formulado así: “Violación por aplicación indebida de los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo, 63, 1604 y 1613 del Código Civil”.

Se sustenta en los siguientes términos:

“El Tribunal Superior, al referirse al reconocimiento y pago de una pensión a los beneficiarios de Pedro Nel García por los Seguros Sociales como indemnización por el accidente de trabajo sufrido, dijo lo siguiente: ‘Así quedó establecido con el informe enviado a la Sala por la Jefatura de la Sección de Pensiones del Icss - Caja Seccional de Antioquia (folio 261), en el cual se expresa que a reclamar la pensión de sobrevivientes causada por motivo de la muerte del señor García H. se presentó la señora Zoila Rosa Vergara, en su calidad de viuda y en representación de sus hijos menores: que la pensión, tanto por viudez como por orfandad, fue reconocida por la Comisión de Prestaciones mediante Resolución número 10474 de octubre 31 de 1974, con un monto total de $ 1.215.10 mensuales, siendo actualmente su cuantía de $ 1.419.10 mensuales, con la anotación de que dos (2) de los huérfanos (suyos no da a Conocer), ya cumplieron 18 años de edad, y por tanto se excluyen de este beneficio’ (sic).

“A pesar de haber reconocido los hechos contenidos en el pasaje transcrito, el Tribunal acoge el argumento del abogado, según el cual no se probó la cuantía de las pagadas por el Seguro Social a los beneficiarios. O sea que ante un hecho aceptado y reconocido por el fallador y contemplado en la norma, no le hace producir a esta todos sus efectos, pues si bien reconoce el derecho de los demandantes a la indemnización total, se abstiene de hacer la deducción contemplada en la misma cuando se ha pagado la indemnización laboral. La aplicación indebida del artículo 216 condujo también a la aplicación indebida de los artículos 63, 1604 y 1613 del Código Civil, al condenar el Tribunal al pago de la indemnización total sin hacer deducción alguna.

“La prosperidad de este cargo supone la prosperidad de la petición subsidiaria contenida en el alcance de la impugnación”.

Se considera

La aplicación indebida supone siempre el recto entendimiento de la norma y no puede darse simultáneamente con la infracción directa ni con la interpretación errónea.

En realidad, si se examina el razonamiento del Tribunal y, el alegato del apoderado de los demandantes que el ad quem transcribe y acoge, resulta claro que la revocatoria del numeral cuarto de la sentencia de primer grado se fundamentó en el entendimiento de las normas citadas, indicado en el análisis del cargo anterior, pero en ningún caso se debió al desconocimiento de que los demandantes recibían pensión del Icss, hecho probado en autos pero que no tuvo repercusión en la sentencia recurrida porque a ello condujo la interpretación del ad quem. Que el Icss pagaba pensiones a los demandantes fue hecho probado en autos, que el sentenciador no desconoció, olvidó ni desestimó, pues simplemente fue colocado por él fuera del alcance de la norma legal, en virtud de la interpretación que de ella se hizo.

Por consiguiente el cargo no prospera.

Encuentra sin embargo la Sala que es conveniente entrar a analizar las normas citadas en el presente proceso, para fijar su verdadero alcance y cumplir así el objetivo jurisprudencial propio del recurso de casación. A ello se procede.

Conviene primero precisar:

La Ley 90 de 1946, por medio de la cual se estableció el Seguro Social Obligatorio y se creó el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, consagra en su artículo 72 la subrogación de prestaciones sociales que correspondían a los patronos.

Su texto es el siguiente:

“Las prestaciones reglamentadas en esta Ley, que venían causándose en virtud de disposiciones anteriores a cargo de los patronos, se seguirán rigiendo por tales disposiciones hasta la fecha en que el seguro social les vaya asumiendo por haberse cumplido el aporte previo señalado para cada caso. Desde esa fecha empezarán a hacerse efectivos los servicios aquí establecidos y dejarán de aplicarse aquellas disposiciones anteriores”.

El artículo 193 del Código Sustantivo del Trabajo contiene un principio similar al consignado en el artículo transcrito.

En desarrollo de estas normas sustantivas el Consejo Directivo de los Seguros Sociales expidió el Acuerdo número 155 de 1963, aprobado mediante Decreto 3170 del siguiente año, con el cual se adoptó el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. En su ordenamiento primero se ratifica el principio establecido en la Ley 90 de 1946 y como consecuencia de él se dispone que el Instituto asuma el Seguro de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Resulta entonces que, a partir de la vigencia del Decreto 3170 de 1964 (en 1º de marzo de 1965), la indemnización legal consagrada en el artículo 199 del Código Sustantivo del Trabajo, precisada en el artículo 204 de la misma obra, deja de estar a cargo del patrono cuando el trabajador se afilia a los Seguros Sociales y queda protegido, a través de él, contra los riesgos mencionados. 

Según artículo 216 ibídem, la víctima del accidente de trabajo tiene derecho a demandar la indemnización total y ordinaria de perjuicios. Con todo, la misma disposición busca que no se acumulen la indemnización ordinaria total y la prestacional que consagra el artículo 204. Tal es el principio general previsto en el Código. Al asumir los Seguros Sociales el riesgo por Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales se reemplazó no solo la persona del deudor sino también la cuantía de las indemnizaciones previstas en el artículo 204, quedando estas sustituidas por la pensión de sobrevivientes, en el caso de muerte del trabajador, sin que por ello se alterara el principio contenido en el artículo 216, según el cual no son acumulables ambas indemnizaciones. 

Este principio se encuentra también en el artículo 83 del Acuerdo del Icss número 155 de 1963, aprobado por el Decreto 3170 de 1964, en el cual se prescribe: 

“ART. 83.—El otorgamiento de las prestaciones establecidas por el presente Reglamento por parte del Instituto exonera al patrono de toda otra indemnización, según el Código Sustantivo del Trabajo o según el derecho común por causa del mismo accidente o enfermedad profesional. Pero si el riesgo se hubiere producido por acto intencional o por negligencia o culpa del patrono o sus representantes, o de un tercero, y diere lugar a indemnización común, el Instituto procederá a demandar el pago de esta indemnización, la que quedará a su favor hasta el monto calculado de las prestaciones que el Instituto acordare por el accidente o enfermedad, debiendo entregar a los beneficiarios el saldo, si lo hubiere. 

“Lo dispuesto en el inciso anterior no es óbice para que la víctima o sus causahabientes instauren las acciones pertinentes de derecho común para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el Instituto de acuerdo con las normas de este Reglamento”. 

Los textos transcritos son claros y de ellos se deduce que las indemnizaciones legales a que haya lugar —provengan del patrono o del Icss—, deben descontarse de la indemnización plena de que trata el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con las normas que establecen la sustitución por el Icss de las obligaciones patronales establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo. 

Es lógico el sistema establecido en la norma últimamente transcrita, que repite y aclara lo dispuesto por el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo antes de que el Seguro Social asumiera los llamados riesgos profesionales. Asumidos tales riesgos, el Icss se reserva el derecho de demandar al responsable del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, que él parcialmente indemniza, cuando el siniestro ocurre por dolo o negligencia grave del patrono o sus representantes, o cuando el responsable es un tercero. 

Esto es justo y lógico frente al patrono, así esté inscrito en el Icss, pues es sabido que el dolo y la culpa grave no son asegurables (Código de Comercio, artículo 1055). Menos podría responder el Seguro Social por los daños causados al trabajador por un tercero, dolosos o simplemente culposos, ya que de todos modos el tercero —por definición— no está amparado por el Icss. 

Pero también es justo, lógico y necesario que opere el seguro en forma efectiva y eficaz cuando el patrono está. obligatoriamente asegurado contra el riesgo de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, cuando ha pagado cumplidamente las primas, aportes o cotizaciones correspondientes, cuando tiene un interés asegurable, cuando su responsabilidad es también objeto licito del seguro porque no se deriva de dolo o culpa grave, cuando ha cumplido con todos los demás requisitos y condiciones del Seguro Social Obligatorio contra Riesgos Profesionales, y cuando —en fin— el siniestro específicamente amparado se presenta u ocurre. 

El artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo correctamente interpretado, es aplicable al caso, pues aunque es cierto que ya hoy no es el patrono quien paga directamente las prestaciones legales-laborales por accidente de trabajo, es evidente que por él debe pagarlas el Icss, en virtud de subrogación legal y con base en el seguro obligatorio que protege tanto al trabajador como a la empresa. 

El artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo resulta así de inexorable cumplimiento, antes y después de la asunción de estos riesgos por el Icss, ya que la indemnización de perjuicios que la norma contempla es una indemnización total, que no admite en justicia otras indemnizaciones adicionales por la misma causa. 

En relación con los argumentos en contra que aparecen en autos, la Sala se permite observar:

No es cierto que la protección del Icss en estos riesgos suponga el pago de cotizaciones por el trabajador ya que debe pagarlas exclusivamente el empleador, como es lo equitativo dada la naturaleza del riesgo. Así lo disponen la Ley 90 de 1946, artículo 56, el Decreto 3169 de 1964, artículo 39, y el artículo 2º del Decreto 1935 de 1973.

No es cierto que los herederos del trabajador tengan derecho a la misma pensión en caso de muerte natural. La pensión de sobrevivientes en caso de muerte por accidente de trabajo es más favorable para los beneficiarios que la pensión en caso de muerte natural del trabajador o del pensionado. El derecho a la primera se adquiere sin necesidad de cotizaciones previas y da lugar a incrementos por cotizaciones adicionales, de los cuáles no goza la segunda (Decreto 3170 de 1974, artículo 26; Decreto 3041 de 1966, artículo 21, y Decreto 3170 de 1964, artículo 31).

—En cuanto a la razón para que la empresa “pueda descontar unos dineros que no ha tenido que pagar”—, resulta clara si se parte de bases ciertas y objetivas: porque paga cotizaciones para que el Icss lo subrogue en sus obligaciones y cubra el siniestro, en cuanto sea asegurable.

Debe tenerse en cuenta que según la organización del Icss, las cotizaciones exclusivamente patronales para estos riesgos “se determinan con estricta sujeción al principio de equilibrio financiero y según los métodos de la técnica actuarial, de modo que cubran las prestaciones en especie y en dinero, inclusive los capitales constitutivos de las pensiones otorgadas, más los recargos indispensables para mantener las necesarias reservas de contingencias y para cubrir los gastos que demande la administración de este Seguro” (Decreto 3170 de 1964, artículo 60).

Además, para efectos de la cotización patronal, cada patrono o empresa se clasifica en una de las cinco clases de riesgo establecidas en atención al grado de peligrosidad que represente. Dentro de la clase que le corresponde por la índole de su actividad, cada empresa o patrono puede ser colocado en un grado de riesgo —inferior, medio o máximo—, “teniendo en cuenta los índices de frecuencia y severidad de los riesgos producidos, y las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo”, o sea que se considera “el grado de peligrosidad relativa de una empresa” para aumentar o disminuir la cotización patronal, dentro de la clase de riesgo que le corresponda. De donde resulta que este seguro social funciona como un seguro comercial, para efecto de las cotizaciones que debe cubrir el patrono (ibídem, artículos 50 a 53).

También discrepa la Sala del “fondo de equidad y el sentido social” que se predica de la tesis contraria. El Seguro Social es un sistema técnico de protección, más equitativo y benéfico para los trabajadores que el sistema de prestaciones directas a cargo del patrono, que consagra el Código Sustantivo del Trabajo. Baste comparar, por ejemplo, las prestaciones del artículo 204 del Código con las que ofrece el Decreto 3170 de 1964.

El Seguro Social es la forma moderna y técnica de proteger eficazmente a un gran número de trabajadores que no podrían aspirar a la misma protección de parte de sus patronos, directamente, por muchas razones, entre ellas la de capacidad económica. En consecuencia, el sentido social y la equidad —científicamente apreciados—, señalan la necesidad de que se cumplan a cabalidad las disposiciones legales sobre el seguro social, única forma de que este sistema, socialmente irreemplazable hoy en día, puede llegar a ser tan amplio y eficaz como el país lo requiere.

Observa finalmente la Sala, en el análisis de estas normas, que la consideración hipotética de posibles resultados injustos, no debería aducirse como un escollo insuperable para la aplicación llana y simple del artículo 216. Este obstáculo aparente no es razón para dejar de aplicar la ley, cuyo texto es claro conforme queda visto. Debería sin embargo ser objeto de interpretación, de acuerdo con los principios generales del derecho, tanto sustantivo como procesal, cuando en realidad diera lugar a eventuales situaciones inequitativas e injustas que pudieran implicar abuso del derecho. Este riesgo se corre prácticamente con todas las normas legales pero encuentran correctivo eficaz dentro de la teleología jurídica.

Quinto cargo

Se propone de este modo: “Infracción directa de los artículos 1º y 83 del Acuerdo número 155 de 1963 expedido por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y aprobado por el artículo 1º del Decreto 3170 de 1964, también infringido directamente; del artículo 72 de la Ley 90 de 1946 y 193 del Código Sustantivo del Trabajo, 63, 1604 y 1613 del Código Civil.

“Demostración.

“El artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 expedido por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, por el cual se adopta el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, expresamente dispone que el otorgamiento por parte del Instituto de las prestaciones sociales consagradas en el reglamento exonera al patrono de toda otra indemnización según el Código Sustantivo o según el derecho común por causa del mismo accidente, estableciendo que en caso de culpa del patrono el Instituto demandará de este el pago de la indemnización, debiendo entregar el saldo a los beneficiarios si lo hubiere. Esta norma, que está de acuerdo con el artículo 72 de la Ley 96 de 1946, el artículo 193 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 1º del mismo acuerdo, no solo exonera al patrón de pagar la indemnización total u ordinaria cuando el accidente de trabajo se origina por su culpa, sino que radica la acción respectiva en el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, o sea que el trabajador carece de acción para demandar la respectiva indemnización. O en otros términos el patrono carece de legitimación en causa pasiva, pues no es el obligado ante el trabajador a pagar la indemnización, y el trabajador carece de legitimación en causa activa, pues es el Instituto quien puede demandar la correspondiente indemnización.

“Al ignorar estas normas el Tribunal Superior las infringió directamente, y al condenar al patrono a pagar la indemnización ordinaria y total, violó por aplicación indebida los artículos 206 del Código Sustantivo del Trabajo, 63, 1604 y 1613 del Código Civil. Demostrada la violación de estas normas procede la casación del fallo recurrido en los términos de la petición principal contenida en el alcance de la impugnación”.

Se considera

El artículo 83 del Acuerdo número 155 de 1963 —transcrito en el tercer cargo—, mediante el cual el Consejo Directivo de los Seguros Sociales adoptó el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y cuya aprobación realizó el Gobierno a través del Decreto 370 de 1964, ciertamente exime al patrono de la indemnización ordinaria y de la indemnización establecida en el Código Sustantivo del Trabajo (artículo 204) cuando el Instituto ha otorgado las prestaciones establecidas en ese reglamento.

Sin embargo, esa exoneración no se presenta en todos los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pues la misma disposición autoriza la reclamación de perjuicios ordinarios cuando el riesgo tiene por causa el acto intencional, la negligencia o la culpa del patrono o de un tercero.

Esta acción de reclamación no solo corresponde a los Seguros Sociales, sino que también puede ser ejercida por el trabajador o sus causahabientes, según lo dispone expresamente el inciso segundo del mencionado artículo 83.

En consecuencia, el Tribunal Superior no pudo haber infringido directamente esta disposición, ni las demás que el cargo enuncia, si admitió la prosperidad de la demanda con la que se inició este proceso, y si condenó a la sociedad al pago de perjuicios materiales y morales, pues la pretensión reclamada es precisamente la que pueden hacer valer tanto los Seguros Sociales como los trabajadores, por haberse afirmado que el accidente de trabajo en que perdió la vida Pedro Nel García ocurrió por culpa de la empresa.

El cargo, por consiguiente, no prospera.

El recurso de la parte demandante

Está presentado en un solo cargo, con fundamento en la causal primera de casación, y con él se pretende la infirmación parcial de la sentencia del Tribunal, en cuanto, confirmando la del a quo, estimó los perjuicios morales para cada uno de los demandantes en $ 2.000.00, para que en su lugar se condene a la sociedad a cubrir por el mismo concepto la suma de $ 30.000.00, o lo que se consideré justo y equitativo.

El cargo

Acusa violación directa por falta de aplicación de los artículos 1º, 18, 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 187 del Código de Procedimiento Civil, y consecuencialmente aplicación indebida del artículo 95 del Código Penal.

En la demostración el recurrente transcribe la parte del fallo relativa a los perjuicios morales, y apoyándose en jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte y del Consejo de Estado sobre la misma materia, solicita la reconsideración de la que venía sosteniendo esta Sala, para que en su lugar se acceda a tasar los perjuicios morales de acuerdo con lo solicitado en la demanda.

A juicio del impugnador el Tribunal aplicó Indebidamente el artículo 95 del Código Penal, “ya que acogió lo que este preceptúa como indemnización por el perjuicio moral causado por el delito; coetáneamente dejó de aplicarse el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil que hubiera permitido una justa apreciación del daño moral subjetivo, que termina con la concepción idealista y romántica que ha venido primando hasta el momento”.

Y luego agrega:

“Dejó también de aplicar el sentenciador el artículo 216, ya que este consagra un derecho específico para los demandantes y es el de obtener la ‘indemnización total y ordinaria por sus perjuicios’, y si ello no se obtuvo en su totalidad, fue porque se aplicó lo dispuesto en el artículo 95 del Código Penal en lugar de atender las pautas generales que brinda el artículo 1º del Código Sustantivo del Trabajo, ya que así lo preceptúa el artículo 18 del mismo estatuto.

“La sentencia impugnada desconoció el sentido de equidad y de justicia y olvidó hasta cierto punto que las satisfacciones materiales pueden remediar en algo los sufrimientos morales, o por lo menos hacerlos más soportables”.

En el escrito de réplica el opositor advierte que el Tribunal sí aplicó en forma efectiva y de manera correcta las normas supuestamente violadas, y que lo hizo en beneficio de la parte demandante, ajustándose así el alcance normativo de esos preceptos y a la jurisprudencia laboral, por lo que considera infundada e ineficaz la acusación.

Por otra parte, el opositor observa que, aun en el evento de que el cargo prospere, la Corte en sede de instancia no podría acceder a la reclamación que persigue el recurrente, por no existir en el proceso elementos de juicio distintos del dictamen pericial que permitieran condenar a una suma mayor, tasada por el experto en $ 2.000.00, mediando además la circunstancia de no haber sido objetado el experticio por la parte demandante, ni sometido a aclaración o complementación”.

Se considera

La falta de aplicación de una norma puede ocurrir no solo en la modalidad de infracción directa sino también cuando se presenta aplicación indebida. En el primer caso, porque deja de aplicarse por rebeldía o ignorancia; y en el otro, cuando a una situación determinada se aplica un precepto que no lo regula y se deja de aplicar el que realmente rige esa situación.

En el cargo que se estudia el impugnador no expresó cabalmente el concepto de la violación sino que se limitó a decir que los preceptos 1º, 18 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo y el 187 del Código de Procedimiento Civil no habían sido aplicados. Ahora bien: la falta de aplicación no es motivo de casación en el campo laboral, como sí lo es en el civil. La Corte, sin embargo, acostumbra subsanar este error de técnica considerando con criterio de amplitud que el concepto de falta de aplicación, tal como se formula en el presente caso, equivale en el fondo a la infracción directa. Bajo este concepto se considera.

El Tribunal se refirió expresamente a las normas acusadas y a la argumentación del apoderado de los demandantes sobre la manera como en su concepto, deben ser interpretadas y aplicadas (folio 298). Es evidente, por lo tanto, que la sentencia no incurre en infracción directa de las citadas normas, ya que las tuvo en cuenta, las analizó y las consideró frente a las circunstancias concretas del litigio, pese a que su criterio discrepa de la razonada opinión del demandante recurrente.

El cargo, en consecuencia no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia objeto del presente recurso proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el treinta (30) de mayo de mil novecientos setenta y siete (1977) en el juicio ordinario laboral de Zoila Rosa Vergara de G. y otros, contra Gaseosas Posada Tobón S.A.

Sin costas en el recurso.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Magistrados: Fernando Uribe Restrepo—Juan Manuel Gutiérrez Lacouture—Hernando Rojas Otálora.

Vicente Mejía Osorio, Secretario.