SENTENCIA 6196 DE SEPTIEMBRE 17 DE 1993

 

Sentencia 6196 de septiembre 17 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Ref.: Expediente 6196

Consejero Ponente

Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora

Actor: Jorge Eliud Villa Taborda

Autoridades nacionales

Santafé de Bogotá, D.C., septiembre diecisiete de mil novecientos noventa y tres.

En ejercicio de la acción pública de nulidad (CCA., art. 84), Jorge Eliud Villa Taborda demandó la nulidad parcial del Decreto 2100 del 6 de septiembre de 1991, “por el cual se reglamenta el Decreto-Ley 1660 de 1991”, publicado en el Diario Oficial 40.021 del 9 de septiembre de 1991 (fl. 1).

1. Las normas acusadas

Tal como se pide son a saber:

a) El inciso 2º del artículo 1º, que dice:

“También se aplicarán a los empleados o funcionarios de las entidades territoriales y de sus entes descentralizados”;

b) El inciso 2º del artículo 20, que reza:

“En consecuencia, la cesación en el ejercicio de funciones de que trata el artículo 2º del Decreto 1660 de 1991, sólo se refiere al cese en el ejercicio de funciones específicas del cargo que se venía desempeñando y no constituye una sanción para el empleado o funcionario”;

c) Del parágrafo del artículo 8º, que dispone:

“PAR.—Las autorizaciones para adoptar planes en sus dos modalidades, así como las declaratorias de insubsistencia con indemnización, dentro de los mismos planes, en las entidades territoriales y en sus entes descentralizados, deberán ser otorgados por los correspondientes gobernadores, alcaldes, según el caso”, y

d) El artículo 12, cuyo tenor es:

“Monto de la bonificación. El valor de la bonificación en ningún caso podrá exceder el ciento veinte por ciento (120%) de la indemnización que le correspondería de acuerdo con el artículo 4º de este decreto, ni ser inferior al monto de la misma”.

(...).

Consideraciones

1. De conformidad con los artículos 241 y 237 de la Constitución vigente, el control de legalidad de los decretos expedidos por el Presidente de la República bajo invocación de las facultades concedidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Política corresponde al Consejo de Estado, de conformidad con las leyes que le definan su competencia, por lo cual procede por este aspecto el conocimiento y la decisión respecto de esta demanda.

2. Como expresión de principio constitucional contenido en el artículo 4º de la norma fundamental, su artículo 243 al tratar sobre los fallos de la Corte Constitucional determinó su efecto erga omnes e impuso la prohibición perentoria a las autoridades para no reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación.

3. La facultad reglamentaria se encuentra influida mediatamente por la Constitución e inmediatamente por la propia ley, de tal modo que si la ley desaparece deviene en inejecutable el reglamento, independientemente de su conformidad o inconformidad con la ley o con la Carta; fenómeno que se conoce como el de la pérdida de la fuerza ejecutoria del acto administrativo y que contempla el número 2º del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.

4. El Decreto-Ley 1660 de 1991 fue objeto de acusación de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, la cual en sentencia C-479 del 13 de agosto de 1992 lo declaró inexequible en todas sus partes, por ser contrario a la Constitución; es decir, por razones de fondo y de ese momento en adelante no ha mudado la Constitución y son inejecutables las previsiones legales afectadas.

En tal virtud, el acto administrativo reglamentario ha decaído y perdido su fuerza ejecutoria desde la fecha del fallo de inexequibilidad de la ley que reglamentada; hasta esa fecha, como no había sido anulado ni suspendido, rigió como presuntamente legal.

Se hallaba vigente para el momento de la presentación de la demanda en su contra, pero en el momento se encuentra afectado de inconstitucionalidad en forma independiente del eventual vicio de exceso de poder reglamentario, por lo cual se impone la declaración de nulidad por la misma inconstitucionalidad (CCA, art. 84, inc. 2º) al tener que seguir la suerte de la ley a la cual se encontraba ligada, como habrá de declararlo la Sala.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Declárase la nulidad de los siguientes textos del Decreto 2100 de 1991:

a) El inciso 2º del artículo 1º, que dice:

“También se aplicarán a los empleados o funcionarios de las entidades territoriales y de sus entes descentralizados”;

b) El inciso 2º del artículo 2º, que reza:

“En consecuencia, la cesación en el ejercicio de funciones de que trata el artículo 2º del Decreto 1660 de 1991, sólo se refiere al cese en el ejercicio de funciones específicas del cargo que se venía desempeñando y no constituye una sanción para el empleado o funcionario”;

c) Del parágrafo del artículo 8º, que dispone:

“PAR.—Las autorizaciones para adoptar planes, en sus dos modalidades, así como las declaraciones de insubsistencia con indemnización, dentro de los mismos planes, en las entidades territoriales y en sus entes descentralizados, deberán ser otorgadas por los correspondientes gobernadores, alcaldes, según el caso”, y

d) El artículo 12, cuyo tenor es:

“Monto de la bonificación. El valor de la bonificación en ningún caso podrá exceder el ciento veinte por ciento (120%) de la indemnización que le correspondería de acuerdo con el artículo 4º de este decreto, ni ser inferior al monto de la misma”.

Cópiese y notifíquese.

La anterior providencia la estudió y aprobó la Sala en sesión celebrada el día 2 de septiembre de 1993.

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