•Sentencia 6206 mayo 4 de 1999

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

CUMPLIMIENTO DE TRÁMITES ADUANEROS

DEBE PREVALECER LA VERDAD SOBRE LOS FORMALISMOS

EXTRACTOS: «La Corte previamente hará un compendio de la realidad fáctica que muestra el expediente, con apoyo en la cual efectuará el análisis jurídico que el presente caso demanda.

1.1. Mediante Resolución 144 de 5 de mayo de 1997, la Administración Especial de Impuestos y Aduanas de Cartagena, declaró el incumplimiento por parte de la sociedad accionante, de las disposiciones legales correspondientes al reembarque de mercancías, autorizado de acuerdo al artículo 281 del Decreto 2666 de 1984, mediante auto 191 del 8 de octubre de 1996. Decisión que obedeció al hecho de no haberse presentado dentro del término que contempla esa disposición, la prueba de la llegada de la mercancía al país extranjero. Consecuentemente se ordenó hacer efectiva la póliza 287269, expedida por Latinoamericana de Seguros S.A. por valor de $ 23.075.654, a favor de la Nación, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (fls. 19 al 21 c-1).

1.2. El 29 de agosto de 1997, la aseguradora mencionada solicitó la revocatoria directa de la anterior decisión, aduciendo la certificación que demostraba que la mercancía objeto del reembarque había llegado al puerto extranjero a los dos meses de haber sido autorizada esa operación. En la misma solicitud explicó que pese a los múltiples requerimientos efectuados por el importador a la sociedad Multiservicios de Carga S.A. -International Freight Forwarding, para que expidiera una certificación al respecto, la misma sólo se había expedido hasta el 4 de junio de 1997 (fl. 22 al 29, ib.).

1.3. Recurso que fue despachado de manera negativa por la accionada mediante la Resolución 0029 de 23 de septiembre de 1998, argumentado que la decisión no ameritaba reparo, pues estaba demostrado que inversiones Viviana Ltda. incumplió con la obligación de acreditar ante esa entidad, dentro del término señalado en el artículo 281 del Decreto 2666 de 1984, la llegada de la mercancía al país extranjero (fls. 30 al 41).

2. El anterior compendio muestra que la accionante en su condición de importadora actuó de acuerdo a la ley, al reembarcar oportunamente la mercancía, la cual arribó al puerto extranjero el 10 de diciembre de 1996, es decir dos meses después de que se le concediera la autorización de reembarque mediante auto 191 de 8 de octubre de 1996.

3. Como no fue posible la demostración de tal hecho dentro del término señalado en el citado artículo 281, la accionada declaró incumplida la obligación y como consecuencia ordenó hacer efectiva la caución; decisión que fue mantenida, no obstante la solicitud de revocatoria directa formulada por la aseguradora que había expedido dicha garantía, bajo el argumento de la preclusión para hacer valer la prueba que a propósito de ello se adujo.

Dentro de ese entendimiento, el acto administrativo cuestionado mediante esta acción de tutela aparenta legalidad en cuanto se encuentra en completa consonancia con la declaración literal del precepto en que se fundamentó la decisión. Sin embargo, ese juicio de legalidad pasa a un segundo plano si se analiza el caso concreto a la luz de los principios consagrados en la actual Constitución Política.

Para ello es conveniente recordar que los procedimientos, ya judiciales, ora administrativos, sólo se justifican en la medida en que constituyan un instrumento idóneo para la búsqueda de la verdad, porque ésta corresponde a un principio de justicia que legitima las instituciones y purifica la democracia. La crisis de la justicia, entendida como órgano del Estado, dimana del fracaso en la averiguación de la verdad, al aparejar iniquidades, impunidad, ineficacia y desorden.

Si como lo ha dicho la Corte Constitucional, la Constitución demanda del juez no sólo decisiones en derecho sino justas, impregnadas de los valores y principios esenciales del ordenamiento, forzoso es entonces concluir que los procedimientos formales de validez no siempre serán el camino para el descubrimiento de la solución ideal.

Formalmente, como se anotó, la decisión de la administración aparenta legalidad. Sin embargo, vista ella con criterios de equidad y razonabilidad resulta injusta, por cuanto desconoce la verdad y fortalece el procedimiento formal en detrimento de derechos fundamentales como el debido proceso y el derecho de defensa. Ciertamente en el caso operaba una preclusión, pero ante el descubrimiento de la verdad, la solución no podía ser otra que el reconocimiento de ella, porque la pugna que se sigue presentando entre los principios de legalidad y seguridad jurídicas con los principios de equidad y justicia, muchas veces, y esta es una de ellas, debe dirimirse en favor de los segundos cuando de por medio se halla la verdad; máxime si se está frente a procedimientos donde la administración es juez y parte interesada a la vez, y por ende, orientada por un criterio de parcialidad, cual puede ser la simple defensa de los intereses fiscales del Estado, pero con olvido de la persona que es centro de actuación.

El desacuerdo del caso se da en el campo teórico del derecho. Es un desacuerdo “sobre el fundamento del derecho”, como diría Dworkin, porque el funcionario administrativo dio al artículo 281 que esgrimió como base normativa, una interpretación literal, fuera de contexto, incompatible con los postulados constitucionales actuales que requieren de “una labor hermeneútica en la que los elementos configuran un todo dotado de sentido y no simplemente una sumatoria de partes separables”(1). De tal manera que la labor del juez no se agota con la simple aplicación de la regla de la subsunción, como argumento de lógica formal, sino que necesariamente tiene que avanzar y profundizar en la búsqueda del “fundamento del derecho”.

(1) Corte Constitucional, sentencia T-230 de 30 de mayo de 1994.

Si se aborda esa tarea de hermenéutica con respecto al contenido del artículo 281 del Decreto 2666 de 1984, se concluye que el término de preclusión y la garantía de cumplimiento fueron establecidos para evitar fraudes o conductas ficticias de parte del usuario aduanero y hacer coercible el reembarque de la mercancía. Por eso, como la certeza del cumplimiento no la brinda el simple hecho de la remisión de la mercancía, lo que se exige probar no es esto, sino la recepción en el puerto extranjero, porque así es como queda indemne el orden aduanero interno. La demostración de este último hecho trae como implicaciones, la eficacia de la norma, por la no ocurrencia del fraude y la resolución de la caución o póliza de cumplimiento. Cualquier decisión contraria, como la que es objeto de denuncia mediante esta tutela, desconoce la verdad, privilegia los procedimientos formales, secundariza los derechos fundamentales y excluye criterios de dinámica probatoria que abogan por un delicado equilibrio de la carga habida consideración de la posibilidad y facilidad probatoria.

De otro lado, el problema es de pura razonabilidad, pues no tiene lógica aplicar fríamente un plazo cuando la actividad probatoria que en él debe cumplir el usuario, no depende de su exclusiva voluntad, por cuanto la demostración del hecho objeto de controversia depende de la expedición de un documento (generalmente), por parte de un tercero, cuya voluntad no está a discreción del interesado nacional. Esto sin tener en cuenta las distancias y circunstancias de fuerza mayor que igualmente se pueden interponer frente al interés del usuario.

Para finalizar, volviendo al caso concreto, para verificar la iniquidad en el tratamiento dado por la accionada al usuario, basta verificar que el hecho cuyo cumplimiento se garantizó con el otorgamiento de la póliza, es decir, “la llegada de esa mercancía a país extranjero”, tuvo ocurrencia a los dos meses de la autorización del reembarque, o sea en la mitad del tiempo consagrado por la norma para “acreditarse”, fijado “dentro de los cinco (5) meses, siguientes a la autorización del reembarque” (D. 2666/84, art. 281). De modo que desde mucho antes, como se anotó, la norma cobró eficacia y el ordenamiento interno quedó indemne, pues como igualmente se explicó, ella no puede tener fundamento distinto que evitar el fraude.

En virtud de lo discurrido, la Corte revocará el fallo impugnado y en su lugar concederá la tutela, en el sentido de ordenar a la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Administración de Aduanas de Cartagena, examinar en un término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, el documento aportado con el fin de probar la llegada de la mercancía al puerto extranjero, y darle a éste los efectos legales pertinentes, de acuerdo con los razonamientos aquí expuestos».

(Sentencia de tutela, mayo 4 de 1999. Expediente 6206. Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramírez Gómez).

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