Sentencia 6209 de abril 24 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

CONDENA CONDICIONAL

VALORACIONES QUE DEBE HACER EL JUEZ

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Gómez Velásquez

Radicación 6209. Aprobado acta Nº 44 - abril 8/92

Santafé de Bogotá, D.C., veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y dos.

Vistos

Se trata ahora de definir el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 30 de enero de 1991, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por el delito de “estafa” cometido en perjuicio de Alejandro Borrero Ospino, y en la cual se impuso, por lo que respecta a penas privativas de la libertad, a Darío Cárdenas Martínez, treinta y seis (36) meses de prisión, y, a María del Carmen Parra Pascual de Cárdenas, treinta (30) meses de prisión.

La impugnación, inicialmente, se interpuso a nombre de los dos sentenciados y así fue admitida en auto de mayo 22/91. Luego se produjo el desistimiento de Cárdenas Martínez, aceptado en proveído de octubre 3/91, en el cual también se declaró ajustada a las exigencias del art. 224 del C. de P.P., la demanda formulada a nombre de María del Carmen Parra de Cárdenas.

Hechos y actuación procedimental

Así los encuadra y sintetiza el Procurador Primero Delegado en lo Penal:

“La sociedad “Nova 2000 Construcciones Limitada” construyó, sobre un globo de terreno ubicado en la carrera 5ª con calle 93 de esta ciudad, el edificio Garden compuesto por cinco unidades residenciales y ocho estacionamientos, los cuales fueron repartidos a prorrata entre los socios.

Para los gastos que demandó la construcción, la mencionada sociedad solicitó un préstamo a la Corporación Popular de Ahorro y Vivienda “Corpavi”, el cual garantizó con hipoteca total sobre el terreno y el edificio allí levantado, habiéndose acordado además que al venderse cada uno de los apartamentos, se constituiría garantía real sobre ellos, liberando así en la porción que fuera pertinente, la hipoteca general.

Alfonso Pinzón Aguirre, gerente de la compañía y propietario del apartamento 201 que le fue asignado, lo vendió a los señores Darío Cárdenas Martínez y María del Carmen Parra de Cárdenas, quienes en la escritura de tradición del dominio constituyeron hipoteca abierta a favor de “Corpavi” por la suma de tres millones de pesos.

Pese a lo consignado en el documento público, los adquirentes jamás se presentaron a las oficinas del acreedor hipotecario a suscribir el pagaré que sirviera de título ejecutivo, razón por la cual la Corporación, ante la deuda subsistente y no cancelada, inició acción de cobro ejecutivo contra la sociedad constructora y los socios, quienes habían comprometido su patrimonio personal.

Luego de una serie de incidencias, los esposos Cárdenas-Parra lograron liberar su unidad de vivienda, eludiendo sus obligaciones económicas en perjuicio del señor Alejandro Borrero Ospina, socio de “Nova 2000 Construcciones Limitada”, contra quien en últimas se dirigió el juicio ejecutivo.

Formulada la denuncia y repartida al Juzgado Ochenta y Seis de Instrucción Criminal, éste en auto del dieciocho de abril de mil novecientos ochenta y seis resolvió abstenerse de iniciar investigación penal, providencia que luego de recurrida por el denunciante fue revocada por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá el doce de agosto siguiente.

La investigación penal se abrió en auto del veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, en el cual se ordenó evacuar las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos.

Dentro de la actuación se escuchó en diligencia de indagatoria a los señores Alfonso Pinzón Aguirre, a quien no se decretó medida de aseguramiento, y a María del Carmen Parra Pascual, a la par que se declaró persona ausente al esposo de esta última Darío Cárdenas Martínez, sindicados contra quienes se decretó medida de caución prendaria en auto del diecinueve de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, providencia que fuera confirmada por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá el veinticinco de mayo siguiente.

Solicitados los antecedentes de los procesados, se obtuvo respuesta de la división de laboratorios e identificación del Departamento Administrativo de Seguridad, según la cual el acriminado Cárdenas Martínez registra un amplio listado de sindicaciones por diversos delitos, en tanto que la señora María del Carmen Parra Pascual no apareció registrada alfabéticamente.

La investigación fue clausurada el día trece de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho y luego de presentados los alegatos de fondo por los sujetos procesales, se procedió a la calificación del mérito del sumario el diez de octubre siguiente con proferimiento de resolución de acusación contra Darío Cárdenas Martínez y María del Carmen Parra Pascual, como sindicados del delito de estafa y de cesación de procedimiento a favor del señor Alfonso Pinzón Aguirre.

El Juzgado Once Penal del Circuito emitió el primero de noviembre del año últimamente citado auto de control de legalidad, declarando la actuación exenta de vicios invalidatorios.

En el período del juicio se evacuaron algunas pruebas tendientes al esclarecimiento de los hechos, incluida la indagatoria del acusado Cárdenas Martínez que fuera recibida dentro de la diligencia de audiencia pública de juzgamiento celebrada a partir del doce de abril de mil novecientos ochenta y nueve.

Concluida la etapa de juzgamiento, se dictó sentencia condenatoria de primera instancia en la cual se fijó la pena para los acusados en un total de treinta y seis meses de prisión y cien mil pesos de multa como principal, negándoseles el beneficio de la condena de ejecución condicional “ya que no reúnen mínimamente los requisitos que para tal subrogado exige el artículo 68 del C.P. en consecuencia deberán cumplir íntegramente la pena”. Apelado el fallo, el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá lo confirmó con la modificación de reducir a la acusada Parra Pascual la pena a treinta meses, sin hacer pronunciamiento en torno a la condena de ejecución condicional.

La sentencia de segunda instancia fue recurrida en casación por los defensores de los incriminados, impugnación que fue declarada admisible en la Corte Suprema de Justicia en auto del veintidós de mayo de mil novecientos noventa y uno. Posteriormente el defensor de Darío Cárdenas Martínez desistió del recurso, en tanto que el de la señora Parra Pascual presentó la demanda correspondiente que fuera declarada ajustada a las previsiones de ley en auto del tres de octubre de mil novecientos noventa y uno, en el mismo en que se aceptara el desistimiento del otro apoderado y se declarara, por consiguiente, desierto su recurso”.

La demanda

Se formula un único cargo con base en el artículo 226-1 del C. de P.P., que consiste en acusar la sentencia pronunciada por el Tribunal, por considerar que en ella “se interpretó erróneamente el artículo 68 del Código Penal, a consecuencia de lo cual no se concedió a María del Carmen Parra Pascual la condena de ejecución condicional, teniendo derecho a ello”.

Y explica así esta modalidad de la censura:

“El ataque a la providencia impugnada se enfoca por el cargo de interpretación errónea, debido a que si bien la sentencia de segunda instancia no hace mención al subrogado del artículo 68 del Código Penal, tal aspecto sí fue expresamente planteado en el fallo de primera instancia; por lo tanto, dado que las argumentaciones del a-quo y del ad-quem conforman una unidad jurídica, el fallo impugnado no violó la ley sustancial por falta de aplicación del artículo 68 del Código Penal, sino que, habiéndose considerado tal norma, se interpretó erróneamente”.

En cuanto a la demostración del cargo, se destaca la adversa opinión del juzgador de primera instancia, sobre la personalidad de María del Carmen Parra, porque a ésta se la hace aparecer, con su esposo, como poseedores de un récord delictivo y antecedentes policivos y penales, por espacio de más de veinte años. Pero el fallador de segunda instancia, desestimó este presupuesto, en cuanto a la recurrente, y de ahí que rebajara la pena privativa de la libertad. Pero la corrección del error en que incurriera el juez, se dio parcialmente, en el aspecto indicado, no así en cuanto a la ejecución condicional de la condena, pues se mantuvo su exclusión.

Se pasa luego, en la demanda, a analizar el artículo 68 del C.P., el cual, cuando el quantum de pena no excluye este subrogado, exige un proceso de valoraciones para resolver su concesión o negativa. Y esto se señala porque de no requerirse la resocialización que debe procurar el tratamiento penitenciario, el procesado conserva su derecho a no purgar la pena, ya que no es dable, entonces, mirar ésta por su aspecto preventivo y retributivo (teorías de la unión: equilibrio de conceptos absolutos y relativos de la pena. Explicación del comentarista Juan Bustos Ramírez). En este orden de ideas se señala la evolución del instituto (Código de 1936: el procesado no es peligroso y no volverá a delinquir; Anteproyecto de 1974: el procesado no volverá a delinquir; Anteproyecto de 1979: ídem.; Código de 1980: el condenado no requiere de tratamiento penitenciario). Lo cual equivale a que se desechó la peligrosidad social (anterior al delito) y se mantuvo la peligrosidad criminal, que se traduce en un riesgo de reincidencia. Por todo esto el Código Penal vigente aludió a la necesidad del tratamiento penitenciario como base de la prohibición del subrogado.

Centrado el tema en este aspecto, el memorialista plantea que sólo las personalidades anómalas y criminales, son sujeto de tratamiento penitenciario. Recuerda cómo la Sala siempre ha exigido un concreto estudio de la personalidad del procesado, sus antecedentes familiares, su conducta anterior, etc. (M. P. A. Reyes Echandía, marzo 10/81 y, además, los pronunciamientos de septiembre 3/85 y agosto 19/87).

Concluye del siguiente modo la alegación:

“La reforma introducida por el H. Tribunal Superior de Bogotá a la sentencia de primera instancia desvirtuó el argumento del a-quo para negar la condena de ejecución condicional a María del Carmen Parra Pascual, dado que de manera categórica se reconoció la ausencia de antecedentes penales o de policía respecto a la citada procesada, aspecto del cual partió el a-quo para concluir que los dos procesados, por su aptitud moral para la comisión de esta clase de delitos, no se hacían acreedores al subrogado penal.

En la sentencia de primera instancia, las bases objetivas consideradas por el juzgador (la reincidencia en la comisión de delitos de la misma naturaleza) dieron lugar a la negación del derecho consagrado por el art. 68 del Código Penal.

Corregido tal error por el Tribunal, necesariamente ha debido concederse el subrogado penal o fundamentar su negativa en elementos objetivos diversos al expuesto por el a-quo, dado que se generó una evidente incongruencia normativa al reconocer la inexistencia de antecedentes para reducir la pena y negar sin embargo la condena de ejecución condicional.

Está claro que el requisito objetivo de la pena exigido por el artículo 68 del Código Penal para conceder la condena de ejecución condicional, se cumple con relación a María del Carmen Pascual, quien fue condenada a la pena de 30 meses de prisión.

Y con relación al elemento valorativo, la ausencia de antecedentes penales, reconocida por el Tribunal ad-quem, descarta objetivamente la necesidad de tratamiento penitenciario, como que ningún otro argumento fue expuesto en primera o segunda instancia para concluir que la sentenciada requiere de encarcelamiento para ser resocializada. Así, aparece nítida la interpretación errónea del artículo 68 del Código Penal, efectuada por el H. Tribunal Superior de Bogotá, porque reunidos los dos requisitos exigidos por la norma citada para la concesión del subrogado penal, lo negó (remitiéndose al a quo) acogiendo argumentos que previamente había desestimado.

Ahora bien, fuera de los antecedentes penales (que con relación a María del Carmen Parra Pascual no existen) la actuación no da cuenta de elemento de juicio alguno que permita establecer que la procesada requiere de resocialización mediante encarcelamiento. Por el contrario, sus excelentes antecedentes de toda índole permiten asumir su condena como algo absolutamente circunstancial, aislado.

Para llegar a la conclusión de que María del Carmen Parra requiere tratamiento penitenciario, es decir, que debe ser sometida a un conjunto de medidas especiales (internamiento en centro carcelario; sometimiento a vigilancia; trabajo penitenciario; educación penitenciaria) para obtener su reinserción social, su resocialización o su rehabilitación, es preciso ubicarla, en primer lugar, dentro de cualquiera de estas dos categorías: a) que se trata de una personalidad anómala o b) que se trata de una personalidad criminal. No obstante, salvo la desvirtuada existencia de antecedentes, no expone la sentencia impugnada ningún elemento valorativo que emerja del acervo probatorio, indicativo de que la procesada sea fanática, querulómana, psicópata, depresiva (personalidad anormal) o agresiva, egoísta, desinhibida, desafectiva, etc., (personalidad criminal).

Todo indica, por el contrario, que se trata de una infracción primaria (por la ausencia de antecedentes), que su conducta social ha sido intachable y que, por lo tanto, la negación del subrogado penal respondió a una errónea interpretación de la norma que lo consagra

Concepto de la Delegada

Coincide ésta con la pretensión del recurrente y es así como anota:

“Ciertamente advirtiendo la equivocación en que incurriera el juzgado de primera instancia en relación con las presuntas sindicaciones que obraban en contra de la señora Parra Pascual, decidió corregir el vicio probatorio y por consiguiente eliminó tales anotaciones de su juicio, mas prohijó las aseveraciones de que la sentenciada no tenía derecho a que se le concediera el subrogado penal, con lo cual ratificó lo decidido en primera instancia, es decir, “que no se reúnen mínimamente los requisitos que para tal subrogado exige el artículo 68 del C. P.”, de donde debe concluirse que equivocadamente el Tribunal entendió el precepto mencionado, pues ningún análisis adicional hizo en torno a los tres condicionantes del elemento valorativo, como ha debido hacerlo”.

Para el colaborador fiscal, en este ámbito, el hecho no revistió una especial gravedad pues se trata de un delito de estafa que “no es de aquellos que pongan en grave peligro la estructura social o que menoscaben a tal punto los valores sociales como para que, a través de la ejecución real de la sanción, se deban satisfacer intereses de protección social”. Y, en cuanto a las modalidades de la conducta, tampoco revelan la urgencia o perentoriedad de cumplir físicamente la pena, pues “las formas utilizadas para la delincuencia no excedieron los marcos propios de ella ni extendieron sus efectos dañinos hacia el ámbito social, y los perjuicios que irrogaron quedaron dentro de los límites de las relaciones particulares, anotando además la Delegada que no se causó un perjuicio irreparable, ni lesionó el interés jurídicoprotegido en forma tal que impidiese o dificultase en grado sumo a los perjudicados con la infracción su adecuado sostenimiento o supervivencia, ni siquiera produjo una honda perturbación en su nivel ordinario de vida”.

Repudia sí el sabor acentuadamente positivista que la demanda expresa con la referencia a las personalidades anómalas y criminales. Sobre este particular expone:

“... sin negar que en el Decreto 100 de 1980 (Código Penal) se conservan algunos rasgos de aquel positivismo jurídico que influyó en nuestra legislación penal moderna, y que por consiguiente algunos de los preceptos penales se encuentran todavía imbuidos de un claro sabor peligrosista, lo cierto es que el actual estatuto represivo se fundamentó en los principios culpabilistas de la responsabilidad penal, lo que quiere decir que hoy ya no es posible asignar una pena a un ciudadano más que por el hecho punible cometido, no por la forma de su personalidad, tal como se desprende del texto del artículo 1º del Código Penal que preceptúa: “Legalidad. Nadie podrá ser condenado por un hecho que no esté expresamente previsto como punible por la ley penal vigente al tiempo en que se cometió ...” (subrayado y resaltado de la Delegada), principio que también ha sido respetado por la Constitución Política recientemente expedida en su artículo 29, cuando consagra como derecho de los ciudadanos su juzgamiento conforme “a leyes preexistentes al acto que se le imputa”. Es presupuesto de la pena, entonces, la realización de un hecho o acto que previamente esté descrito como punible y, contrario sensu, no se puede imponer sanción penal alguna con sustento en la personalidad del procesado, por “anómala” o “criminal” que ésta pueda ser.

Si tal es el presupuesto de la pena, y por otro lado el artículo 12 del Código Penal establece como una de las funciones de ella la “resocialización” del delincuente, impera concluir que tal resocialización no puede tener como objetivo o finalidad el “reordenamiento” de la personalidad del sentenciado (que sería la meta del tratamiento penitenciario frente a personalidades “anómalas” o “criminales”), pues un Estado democrático de derecho ha de partir del principio de respeto a la diversidad y por tanto, ha de ser reverente con las diversas estructuras de comportamiento que encuentre entre los ciudadanos que conforman la sociedad. La función resocializadora, por consiguiente, debe perseguir no el cambio de la personalidad del sentenciado, sino el otorgamiento a él de condiciones y valores que, conservando su propia personalidad, lo motiven a respetar los valores e intereses sociales.

Es por ello que en punto de la condena de ejecución condicional, el concepto de personalidad al que alude el artículo 68 del Código Penal, no es aquella añeja noción peligrosista, sino la moderna visión que compromete sentimientos y motivaciones particulares y divergentes, pero respetuosos de las reglas comunes preestablecidas como normas de gobierno dentro de la organización social. Sólo así es entendible que, en lugar de examinar las inclinaciones del condenado hacia el delito, se imponga el examen de condiciones objetivas que permitan al funcionario judicial “suponer” si éste requiere o no tratamiento penitenciario que, respetando las particularidades de la personalidad del sentenciado, supla esas carencias de reverencia a los valores generalmente compartidos. El cumplimiento efectivo de la pena no depende, entonces, de la existencia o no de antecedentes penales del procesado —que una tal visión implicaría regresar al derecho penal peligrosista—sino de que el hecho punible cometido revele que su personalidad, al momento de la imposición de la misma no sea respetuosa de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general, que tales son los pilares del estado social de derecho colombiano (art. 1º de la C.N.), que reclama de sus ciudadanos el cumplimiento de precisos deberes (art. 95 C.N.) como requisitos del bienestar colectivo y la paz social”.

Alegación de la parte civil

En el tema que le puede ser legítimo, ámbito del cual se extraña la concesión del subrogado, afirma que de llegar a prosperar la demanda se tenga “en cuenta el precepto contenido en el artículo 69-3 del Código Penal, en el sentido de imponer la obligación de reparar los daños ocasionados con el delito y de fijar el plazo dentro del cual ésta debe cumplirse”.

Consideraciones de la Sala

El instituto de la condena de ejecución condicional (art. 68 del C. Penal), ciertamente no debe mirarse como una gracia sino como un beneficio-derecho, pues al paso que el primer concepto traduce, en la aplicación del subrogado, una libérrima discrecionalidad del juez, esto es, que sólo su voluntad determina lo que al respecto debe hacerse, la segunda noción, que trata de darle solidez, equilibrio, respetabilidad y eficacia a este paliativo de la sentencia de condena, impone su concesión cuando se dan ciertas condiciones. En otras palabras, mientras que en la gracia no es dable invocar factores que lleven inevitablemente a su otorgamiento, a no ser que el juez quiera considerar digno de la misma al procesado, en el beneficio se da cierta perentoriedad al cumplirse con ciertas exigencias o requisitos.

La condena condicional tiene múltiples razones de ser. Abundan los motivos de la más variada índole para institucionalizar una figura de esta naturaleza. Consideraciones de humanidad, de estímulo a la readaptación voluntaria, de la mejor calidad de las cárceles, con más posibilidades presupuestales y menos población de reclusos, de la protección familiar de los que inocentemente van a recibir indubitables consecuencias del acto criminal cumplido por un miembro de este núcleo, de los aspectos de política criminal o de buena opinión extranjera sobre la nobleza de las instituciones o el estado moral y social de los habitantes de un país, valorado bondadosamente cuando tiene menos personas en prisión, etc., entran en juego en este asunto. Para la Sala, por la forma como está diseñada en el Código y los antecedentes de su elaboración, la razón de mayor validez estriba en que no es conveniente imponer, fatalmente, la satisfacción material de las penas cortas, y de ahí que establezca los límites de tres años, para las penas de prisión, o abra ampliamente su ámbito para las de arresto, que suelen disponerse para hechos de inferior entidad, en el catálogo de los delitos, y que siempre deben corresponder a privaciones de la libertad de reducida intensidad.

Y esto se dice porque el sistema penitenciario, que debe procurar una recuperación de la personalidad individual y social del sentenciado (estudio, trabajo, alimentación, tratamientos médicos, psicológicos, capacitación, reeducación, disciplinas de diverso orden, etc.), no alcanza a desarrollar todos sus buenos y procurados efectos, por la cortedad del término de que se dispone para ello. Además, el impacto, en todos los órdenes, que desata una reclusión en condición de reo rematado, se muestra, en esta clase de sanciones, como más nocivo, irrecuperable e innecesario, a lo que como beneficio podría generar el internamiento. En otras palabras, cuando aparece como más aconsejable mantener el hábitat propio del procesado (trabajo, familia, estudios, actividades cívicas, status social, alejamiento de factores de discriminación, formación religiosa, cultural, política, etc.), no debe deteriorarse esta sana perspectiva para introducir un fenómeno de graves e incalculables repercusiones como los que genera la prisión. Por eso se tiende a la libertad durante la investigación y juicio; y, por eso, ya en el inevitable trance de una condena, se prevé la posibilidad de poderse suspender ésta en su física aplicación.

Esto lleva a considerar, en este específico estadio, que la tesis general dominante en esta clase de infracciones, o sea, las conminadas con arresto (cualquiera sea su término) o prisión que no exceda de tres años, es la de facilitar el goce de la condena de ejecución condicional. Sólo por excepción debe restringirse su disfrute y, por lo mismo que sustraerse a sus dones no es acontecimiento usual o que pueda mirarse con indiferencia, debe contarse con información adecuada al respecto, exigiéndose perentoriamente la determinación de razones por las cuales se priva de este beneficio al sentenciado, para poder observar y confirmar la acomodación de la medida tomada con las prescripciones de la ley.

El juez también dispone de un amplio espectro de posibilidades para negar su concesión. Sobre el particular basta reparar en la multiplicidad de las características de los delitos y la no menos abundante variedad de procesados. En este dilatado horizonte el juez deberá moverse con prudente y equilibrado juicio, para que tan noble institución no resulte descompuesta en su contenido y finalidades, pues una excedida largueza o una insólita rigidez, pueden perjudicar por igual al sentenciado y sembrar en la comunidad incertidumbre y desconfianza.

¿Qué da lugar a que se repudie la ejecución condicional de la condena? Pues el que la haga desaconsejable la personalidad del procesado, entendiendo por ésta, de ordinaria manera, la “estructura interna del individuo o del grupo, más o menos estable, que se traduce en comportamientos o actos relativamente semejantes y correspondientes. Mídese, entonces, por la secuencia de acciones u omisiones perceptibles y no por una acción aislada” o, específicamente, en el campo de la criminalidad, lo que se “refiere a aquellas personas o grupos que por su generalidad comportamental permiten inferir tendencia a la violación de intereses protegidos jurídica o socialmente”; o la naturaleza o las modalidades de los hechos. Y estos factores, conviene anotarlo, deben aparecer en el proceso y explicarse específicamente en la sentencia, pero sin que esta motivación tenga que precederse de exhaustivos estudios, técnicos o científicos, bastando a este respecto demostraciones y análisis de corriente aparición y empleo en los procesos penales. Algunos quieren hacer del concepto de la “personalidad”, para efectos de la dosificación de la pena (art. 61 C.P.) o de la concesión del subrogado (art. 68 ibídem) algo abstruso, inserto en los meandros de una ciencia inasible o sólo manejable por especialistas en sicología, siquiatría, caracterología, etc., o de profanos que atiendan mansamente los dictados emitidos por esta clase de científicos. La ley no es tan escrupulosa ni tan utopista. Le bastan interpretaciones más a la mano, de más fácil manejo, de verificación más posible y real, de alcances más generales y valorables por el común de las gentes, con la formación corriente que suele acompañar a víctimas y victimarios, o a abogados de defensa y de parte civil o integrantes del Ministerio Público, o en fin al nivel de formación básica de los integrantes de la judicatura. Intentar cambiar estos derroteros tan sencillamente ideados por el legislador, sería dar ocasión a que el proceso de negación o de otorgamiento de la condena de ejecución condicional, fuese labor más complicada de la que concentra el descubrimiento de un delito, la demostración del ente infraccional y la conclusión en un juicio de reproche y de condena. Y daría lugar a inacabables debates, con posiciones irreconciliables, en donde cada cual según el interés que le mueva, encontraría, parapetado en una tesis, la personalidad del procesado incompatible con este subrogado o, por el contrario, abiertamente subsumible en los factores que gobiernan su concesión. Y luego de acabar tan compleja dilucidación, todavía quedaría pendiente la controversia sobre la naturaleza y posibilidades de nuestro sistema penitenciario como elemento válido u obstaculizante de la resocialización del sentenciado.

La ley, es cierto, debe establecer distingos, para adecuarse a cada comportamiento. Por eso resulta lógico que la norma del decálogo establezca la prohibición de “no matar” y la legislación discrimine el evento culposo, preterintencional y doloso, y, también, diferencie el homicidio simple, del agravado, pietístico, eutanásico, concausal, etc. Pero la diversidad no puede llegar al galimatías o a la concepción laberíntica, con tal magnitud que llegue a imposibilitar su vigencia y aplicación, inhabilitándose así los resultados perseguidos por las instituciones mismas.

Para orientarse el juez en órdenes relacionados con la cantidad de pena o con la concesión o negativa del subrogado de la condena de ejecución condicional, no es dable exigirle ni la provisión de un dictamen especializado ni la presentación de razones de exquisita facturación técnica o científica.

Distinta es la evaluación de imputabilidad o de inimputabilidad o la que debe acompañar al régimen penitenciario al cual debe ajustarse el sentenciado. En uno y otro caso, entiende la Sala, sí se dan exigencias que deben corresponder a un estudio más profundo, cuidadoso y exhaustivo del procesado o del reo. Pero estos requerimientos propios a estos cometidos, no deben desplazarse como compromiso a estadios tan diferentes como el que se comenta.

No mantiene la Sala la tesis de que gravedad, y naturaleza de los hechos y personalidad, tiene que conjugarse en sus tres fases y en forma adversa al procesado para poder negar a éste el subrogado en examen. Menos la interpretación de no poderse llegar a este rechazo cuando se ha aumentado la pena en consideración a iguales motivos, ya que se afirma, sofísticamente, que en esa agravación va envuelta la definición del asunto y no es dable duplicar la sanción privando al procesado de este beneficio.

Así la personalidad del procesado pueda aconsejar, en un momento determinado dicho otorgamiento, singulares características de la conducta criminosa o sus modalidades de excepción al compararse con comportamientos de igual naturaleza, puede fundar en el juez la convicción de la necesidad o conveniencia de exigir que la pena se purgue de modo efectivo. Ya, en estas alternativas, se advierte la improcedencia de investigaciones exhaustivas, técnicas o científicas, porque la propia investigación al resultar exitosa, descubre tanto la naturaleza de los hechos como sus modalidades y suministra idea segura respecto de fijar lo pertinente de la condena de ejecución condicional.

Es claro, como ya se ha anotado, que no basta con la afirmación de tratarse de un hecho que por su naturaleza o modalidades comporta esta negación, pues es necesario consignar, así sea de modo sintético, las reflexiones que dan lugar a esta apreciación o criterio. Indudablemente que una estafa que priva de todo el patrimonio o de parte vital de éste a persona de menguados recursos económicos, que le impiden una adecuada y oportuna recuperación y magnifica sus necesidades, no puede valorarse, a los fines comentados, del mismo modo que la dirigida contra el ofendido de contrarias condiciones, ni guardarán nivelación de semejanza, así se trate de perjudicados solventes, infracciones en cuantía de miles de pesos y las que representan cifras millonarias; y jugará también papel distinguir entre quienes defraudan en altísima cuantía fondos destinados a la niñez, a la salud, a la educación, o producto del ahorro particular, que quien actúa contra bienes que no exhíben esta caracterización. No será lo mismo, en el campo de estas valoraciones, el caso de unas lesiones personales subitáneas, que el evento de quien las prodiga en un derroche de cruel violencia y desalmada preparación.

Estos son ejemplos, entre los muchos que podrían escrutarse, que no requieren para su definición de unas tan hondas cavilaciones que sólo logre saberse en dónde empiezan éstas pero se ignore dónde terminan. Ni menos que se deba contar, para asumir una decisión de la índole comentada, de informes especializados, estudios sociológicos o cuadros de análisis y comparación, que si se dan constituyen valiosos elementos. Lo que se quiere destacar es que no se pretenda supeditar una decisión de esta naturaleza a que los mismos obren en el proceso o que se tengan, obligadamente, que ordenar por el juzgador.

Estima la Sala que exigiendo una debida motivación sobre el punto, se evitan “genéricos enunciados” o “ambiguos etiquetamientos” sobre presunta peligrosidad del procesado, como en su tiempo lo advirtió la Corte (M.P. Alfonso Reyes E., marzo 10/81) y ahora lo prohíbe la Constitución Nacional (art. 248).

Cabe, entonces, preguntar si el citado artículo 248 impide la determinación de la personalidad del procesado a efectos como el de establecer aumentos o disminuciones de penas, o de conceder o negar algún beneficio procesal? No lo cree así la Sala de manera absoluta y general. Lo que pretende el precepto es desalojar una arraigada costumbre de uncir esa valoración únicamente a la existencia de simples sindicaciones o anotaciones prontuariales. Si para dicho cometido se emplea este factor de manera exclusiva o preponderante, a no dudarlo que la prohibición constitucional resulta insoslayable. Pero cuando la motivación, a este respecto, no se reduce a considerar estos seudoantecedentes y, por el contrario, se realiza una averiguación integral sobre lo que puede ser la condición del procesado para vivir en comunidad, llegándose en este aspecto incluso a determinar el real contenido y proyección que puedan representar, como modo de ser del sentenciado, esa serie de conflictos con la autoridad en que se ha visto envuelto, la restricción constitucional no aparece quebrantada.

La personalidad del procesado, en su fijación, tendrá que relacionarse con lo que es él, en sí, en su conducta individual o familiar o social, en sus características forma de vida (oficios, artes o profesiones lícitas) y en sus condicionamientos comportamentales, que permitan confiar, fundadamente, en que resulta más provechoso para él y la colectividad sustraerle de la reclusión que efectivizar, en un medio carcelario, la pena privativa de la libertad impuesta.

Esta es la sana interpretación de tal dispositivo, con lo cual se eliminan abusos y se llega a una justicia integral que lejos de desconocer o ignorar al hombre justiciable, lo concreta y ubica en sus niveles propios.

También recalca la Sala la conveniencia, cuando media sentencia judicial (sobre delitos o contravenciones), esto es, resolución de esta clase pronunciada por juez o magistrado, de no mirar la misma, automáticamente, como indiscriminado factor que lleva a negar este subrogado. Constituye exigencia legal el analizar el mérito que una condena de esta índole comporta en cuanto a los fines que con dicho instituto se persiguen. En otras palabras, no serán pocos los casos en que una sentencia de condena muestre la incompatibilidad que exhibe el procesado para gozar de la ejecución condicional de la condena, pero también abundarán las que nada dicen ni agregan a este respecto y, por tanto, aun dándose un antecedente de esta naturaleza, sea dable dispensar este beneficio.

No quiere la Sala concluir este pronunciamiento sin destacar, en este específico ámbito, que bastan consideraciones serias, lógicas y fundadas, reveladoras de su buen tino, sensatez y ponderación respecto de la naturaleza del hecho, o de las características de éste, o de los rasgos notorios y detectables de la personalidad del procesado, y, de la obligación en que está el fallador de consignar su posición conceptual para negar o conceder la condena de ejecución condicional.

En el caso de autos, se observa que el juez de la primera instancia trasladó in integrum el prontuario delictivo o de antecedentes de Darío Cárdenas Martínez a su esposa María del Carmen Parra Pascual de Cárdenas, y negó la condena condicional a ambos. De haber sido esto cierto, a no dudarlo que una tan compartida malvivencia, habría sido suficiente para no mostrarse laxo, ni pródigo en la utilización del subrogado. Pero la sociedad conyugal no podía traducirse en la solidaridad que entraña una sociedad criminal, ni la coparticipación en un acto incorpora todos los anteriores de uno u otro de sus integrantes. Esto lo advirtió el Tribunal, al esclarecer que la procesada no tenía antecedentes, ni observaciones de mala conducta individual, social, familiar, etc. y de ahí que disminuyera la pena, aspecto aquél que también, obligadamente, le debió llevar a conceder la condena de ejecución condicional o, de opinar adversamente, a expresar nuevas y distintas razones. Nada dijo y la actitud debe entenderse ahora más como omisión que como propósito de negar el beneficio comentado. Esta falta de motivación al respecto, máxime cuando se borraron los aspectos que mantenían la negativa del subrogado, constituye sobrado motivo para entender que el cargo debe prosperar.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR PARCIALMENTE el fallo, mencionado ya en su origen, fecha y contenido, en cuanto éste impidió el goce de la condena de ejecución condicional para María del Carmen Parra Pascual de Cárdenas.

2. Se le concede a esta procesada este beneficio (art. 68 C.P.), por un período de prueba de cuatro (4) años, durante el cual cumplirá con las obligaciones que se determinan a continuación:

a) Informar al juez de la primera instancia de todo cambio de residencia; b) Ejercer un oficio lícito; c) Reparar los daños ocasionados por el delito, que fueron fijados en la sentencia de primera instancia, dentro de un término máximo de siete meses; y d) Observar en términos generales una buena conducta individual, familiar y social.

Estas obligaciones se garantizarán con la suscripción de una caución en cuantía de cinco (5) salarios mínimos mensuales, que bien puede acreditar ante la Corte o ante el Juez de la Primera Instancia.

Se advierte a la procesada que de incumplir una de estas obligaciones o de incurrir en nuevo delito durante el período de prueba, se ejecutará de inmediato la sentencia y se hará efectiva la caución prestada.

La interdicción de derechos y funciones públicas no queda cobijada por el beneficio otorgado.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Ricardo Calvete Rangel—Jorge Carreño Luengas—Guillermo Duque Ruiz—Gustavo Gómez Velásquez—Dídimo Páez Velandia—Édgar Saavedra Rojas—Juan Manuel Torres Fresneda—Jorge Enrique Valencia Martínez. 

Rafael Cortés Garnica, Secretario.

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