Sentencia 6214 de septiembre 7 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 6214

C.P. Olga Inés Navarrete Barrero

POTESTAD SANCIONADORA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SOBRE LAS PERSONAS NATURALES QUE LABORAN EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

EXTRACTOS: «La Sección Primera procede a dictar sentencia de segunda instancia para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad demandada, contra la sentencia de 2 de diciembre de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, por la cual declaró la nulidad de las resoluciones 962 de 12 de febrero de 1998 y 2429 de 17 de abril de 1998, expedidas por el superintendente delegado para acueducto, alcantarillado y aseo de dicha superintendencia, y denegó las demás pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

a) El actor el tipo de acción incoada y las pretensiones de la demanda.

El señor Jairo Orlando Martínez Reyes, actuando a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicitó la declaratoria de nulidad de los siguientes actos administrativos proferidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

1. Resolución 962 de 12 de febrero de 1998, mediante la cual el superintendente delegado para acueducto, alcantarillado y aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, determinó amonestar a Jairo Orlando Martínez Reyes.

2. Resolución 2429 de 17 de abril de 1998, por la cual el superintendente delegado para acueducto, alcantarillado y aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución anterior, confirmándola.

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad impetrada, y a título de restablecimiento del derecho, solicita se absuelva al actor de los cargos imputados, se elimine la sanción de amonestación y se ordene la cancelación de perjuicios materiales y morales causados con la imposición de la sanción.

(...).

II. La sentencia de primera instancia

Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de los actos acusados y denegó las demás disposiciones del actor.

(...).

V. Consideraciones de la Sala

En primer término, la Sala advierte que, en el caso bajo examen, el debate gira en torno al alcance de las facultades sancionatorias atribuidas a las superintendencias como entidades a quienes compete ejercer la inspección y vigilancia de sujetos que realizan una determinada actividad, fenómeno que ha dado lugar en el presente caso, a la consideración de ilegalidad del acto acusado, por haber sido sujeto pasivo del ejercicio de la potestad sancionatoria a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos, un empleado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Sobre el tópico en cuestión la Sala estima necesario referirse, en primer lugar, a algunos aspectos que por constituir presupuestos del tema en discusión, ameritan su establecimiento dentro del marco de referencia del asunto a examinar, así.

1. Los servicios públicos. Cabe señalar en primer término que la Constitución Política de 1991, confirió la connotación de interés social del Estado a las actividades de prestación de servicios públicos, estableciendo que los mismos son inherentes a la finalidad social del Estado, como consecuencia de lo cual, en los términos de los artículos 365 a 370 de la norma superior, si bien su prestación no constituye un deber ineludible y exclusivo de éste, si es su responsabilidad asegurar su funcionamiento continuo, permanente y eficiente.

Es precisamente, en atención al interés público ínsito en las referidas actividades de prestación de servicios públicos, que las instituciones que los presten se encuentran sujetas a normas de orden público, que gobiernan tanto el régimen atinente a su constitución y funcionamiento, con miras a velar porque en el desarrollo de su actividad se propenda por la eficiencia, celeridad y oportunidad en la prestación de los servicios, como por la protección de los intereses de los usuarios de los mismos.

Bajo la perspectiva de orden público expuesta, corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos, como delegatoria de la función presidencial establecida en el artículo 189 numeral 22 de la Carta, ejercer la inspección y vigilancia permanente sobre las entidades legalmente habilitadas para la prestación de los servicios públicos.

2. La potestad sancionadora de la administración. El poder de policía, en cuanto se erige a partir de la necesidad de sustentar y mantener un orden público, en este caso económico administrativo, utiliza para su ejercicio potestades de mando y potestades de índole sancionadora; la primera, esencialmente de tipo preventivo, propende por asegurar la prestación del servicio objeto de la intervención económica, en condiciones de transparencia, eficiencia y oportunidad; la segunda, tiene por fin lograr la efectividad del cometido estatal propio de la prestación del servicio público esencial.

En este sentido, ha sido reiterada la jurisprudencia referente a la justificación de la potestad sancionatoria como manifestación del poder jurídico necesaria par el cumplimiento del imperativo estatal. Así, mediante Sentencia C-597 de 1996 (nov. 6/96, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero), la Corte Constitucional manifestó:

“Se trata de una potestad que se ejercita a partir de la vulneración o perturbación de reglas preestablecidas, pero que no obstante ese contenido represivo presenta una cierta finalidad preventiva en el simple hecho de proponer un cuadro sancionador, junto al conjunto de prescripciones de una norma, lo cual implica una amenaza latente para quien sin atender pacífica y voluntariamente al cumplimiento de tales prescripciones las infringe deliberadamente. Por ello esta corporación ha señalado que “la potestad administrativa sancionadora de la administración, se traduce normalmente en la sanción correctiva y disciplinaria para reprimir las acciones u omisiones antijurídicas y constituye un complemento de la potestad de mando, pues contribuye asegurar el cumplimiento de las decisiones administrativas (1) .

(1) Sentencia C-214 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

La potestad administrativa sancionadora constituye entonces un instrumento de realización de los fines que la Carta atribuye a estas autoridades, pues permite realizar los valores del orden jurídico institucional, mediante la asignación de competencias a la administración que la habilitan para imponer a sus propios funcionarios y a los particulares el acatamiento, inclusive por medios punitivos, de una disciplina cuya observancia contribuyó indudablemente a la realización de sus cometidos. Pueden distinguirse entonces por lo pronto diferentes órbitas de acción sancionadora de la administración: así, frente a sus propios servidores opera el derecho disciplinario en sentido estricto, mientras que frentre a la generalidad de los administrados se suele hablar en general de derecho correccional” (2) .

(2) Ibídem.

De acuerdo con el enfoque jurisprudencial, es claro que la potestad o el derecho correccional atribuido a las superintendencias, constituye una herramienta que las habilita para imponer a los administrados, en este caso las personas sujetas a su inspección, vigilancia y control, el acatamiento de las disposiciones que conforman el régimen jurídico que regula la actividad que desarrollan. Así, mediante la Sentencia C-214 de 1994 antes citada, la Corte precisó:

“La potestad punitiva del Estado, como se vio antes, engloba el conjunto de competencias asignadas a los diferentes órganos para imponer sanciones de variada naturaleza jurídica. Por ello, la actuación administrativa requerida para la aplicación de sanciones, en ejercicio de la potestad sancionadora de la administración —correctiva y disciplinaria— está subordinada a las reglas del debido proceso que deben observarse en la aplicación de sanciones por la comisión de ilícitos penales”.

2. Las facultades de la Superintendencia de Servicios. Por mandato de la norma superior de nuestro ordenamiento jurídico, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad de creación constitucional (art. 370) se le encomendó el ejercicio de las funciones presidenciales de control, inspección y vigilancia de las entidades que presten los servicios públicos domiciliarios.

Tal actividad supervisora, como corresponde al ámbito de la policía administrativa, implica los componentes de potestad de mando y potestad coercitiva. La primera, para adoptar las medidas tendientes a garantizar la eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, en términos de calidad, transparencia y oportunidad; la segunda, instrumento propio de la intervención estatal, que le impone actuar por las violaciones contra la ley y los actos administrativos que sujetan la actividad del referido servicio.

El régimen de inspección y vigilancia, acompaña a la entidad sujeta al mismo, desde antes de su nacimiento a la vida jurídica, autorizando su constitución previa verificación del cumplimiento de los requisitos dispuestos por la ley, hasta el momento de su extinción, bien sea que ésta se determine por decisión de los asociados, producida conforme al contrato social, o bien, por la adopción de una medida de intervención gubernamental que conlleve su liquidación forzosa mediante los cauces establecidos en la ley.

La sujeción a dicho régimen especial, ha sido entendida por la jurisprudencia como la contrapartida necesaria frente a los derechos y prerrogativas de autoridad pública que se reconocen a las empresas de servicios públicos domiciliarios, y, como herramienta de la intervención estatal orientada a controlar que la relación jurídica entre el usuario y la empresa cumpla el cometido que se concreta en el derecho a la prestación legal del servicio en los términos precisos de su reglamentación.

Bajo la anterior perspectiva, mediante Sentencia C-263 de 1996, la Corte Constitucional señaló:

“Diferentes disposiciones de la Ley 142 de 1994, con miras a asegurar la organización, el funcionamiento, la continuidad, la eficiencia y la eficacia del servicio, otorgan a las empresas de servicios públicos domiciliarios una serie de derechos, privilegios y prerrogativas que son propias del poder público, v. gr, la calificación como esenciales de los servicios públicos domiciliarios y, por consiguiente, la prohibición de la huelga en ellos, la posibilidad de adelantar expropiaciones de inmuebles, o la facultad de imponer servidumbres, hacer ocupaciones temporales de inmuebles o remover cultivos u obstáculos que se encuentren en los mismos, para asegurar la organización y el funcionamiento del servicio, en los términos de la Ley 56 de 1981, así como la potestad de ejercer la autotutela, propia de las autoridades administrativas, cuando pueden a través de decisiones unilaterales o actos administrativos definir una controversia frente al usuario y, por consiguiente, declarar lo que es derecho en un caso concreto, e incluso decidir el recurso de reposición contra dichas decisiones (arts. 4º, 56, 57, 106 a 114, 117, 119, 152 a 159).

Consecuente con lo dicho, si la ley le ha otorgado a las empresas el repertorio de derechos, prerrogativas y privilegios que se han mencionado, que son propios de las autoridades públicas, también pueden serle aplicables los mecanismos del control de legalidad que se han establecido para los actos administrativos que profieren las autoridades administrativas, pues al lado de la prerrogativa pública el derecho igualmente regula los mecanismos para la protección de los derechos de los administrados”. (Se destaca).

3. Taxatividad de la facultad sancionatoria de la Superintendencia de Servicios Públicos. En punto a las herramientas de índole coercitiva a las que puede acudir la entidad de supervisión, frente a quienes violen las normas a que se sujeta la prestación de tales servicios, resulta evidente que no se trata de una facultad discrecional, en cuanto al establecimiento de las sanciones a imponer, sino que las mismas han sido dispuestas en forma expresa y taxativa por el legislador, por manera que a ellas debe limitarse la actuación de la superintendencia.

De esta manera, señala específicamente el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, las sanciones que puede imponer la citada superintendencia, según la naturaleza y gravedad de la falta, dentro de las cuales se contemplan: la amonestación, las multas, la orden de suspensión de actividades; la orden de separar a los administradores o empleados de los cargos que ocupan; la prohibición de prestar servicios públicos hasta por diez años, y, la toma de posesión de la empresa.

La disposición en cita es del siguiente tenor literal:

ART. 81.—Sanciones. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios podrá imponer las siguientes sanciones a quienes violen las normas a las que deben estar sujetas, según la naturaleza y la gravedad de la falta:

81.1. Amonestación

81.2. Multas hasta por el equivalente a 2.000 salarios mínimos mensuales. El monto de la multa se graduará atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público, y al factor de reincidencia.

Si la infracción se cometió durante varios años, el monto máximo que arriba se indica se podrá multiplicar por el número de años. Si el infractor no proporciona información suficiente para determinar el monto, dentro de los treinta días siguientes al requerimiento que se le formule, se le aplicarán las otras sanciones que aquí se prevén. Las multas ingresarán al patrimonio de la Nación, para la atención de programas de inversión social en materia de servicios públicos, salvo en el caso al que se refiere el numeral 79.11. Las empresas a las que se multe podrán repetir contra quienes hubieren realizado los actos u omisiones que dieron lugar a la sanción. La repetición será obligatoria cuando se trate de servidores públicos, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución.

81.3. Orden de suspender de inmediato todas o algunas de las actividades del infractor, y cierre de los inmuebles utilizados para desarrollarlas.

81.4. Orden de separar a los administradores o empleados de una empresa de servicios públicos de los cargos que ocupan; y prohibición a los infractores de trabajar; en empresas similares, hasta por diez años.

81.5. Solicitud a las autoridades para que decreten la caducidad de los contratos que haya celebrado el infractor, cuando el régimen de tales contratos lo permita, o la cancelación de licencias así como la aplicación de las sanciones y multas previstas pertinentes.

81.6. Prohibición al infractor de prestar directa o indirectamente servicios públicos, hasta por diez años.

81.7. Toma de posesión en una empresa de servicios públicos, o la suspensión temporal o definitiva de sus autorizaciones y licencias, cuando las sanciones previstas atrás no sean efectivas o perjudiquen indebidamente a terceros.

Las sanciones que se impongan a personas naturales se harán previo el análisis de la culpa del eventual responsable y no podrán fundarse en criterios de responsabilidad objetiva”.

Ahora bien, es evidente que el anterior catálogo contempla sanciones de índole institucional, como sanciones de tipo personal. Ello explica que mediante el inciso final del proceso en cuestión se haya establecido: “Las sanciones que se impongan a personas naturales se harán previo el análisis de la culpa del eventual responsable y no podrán fundarse en criterios de responsabilidad objetiva”. (L. 142/94, art. 81, inc. final).

Sin embargo, entiende la Sala que sólo contra quienes poseen la calidad de administradores, procede este tipo de sanciones de naturaleza personal, en razón de la posibilidad de comprometer o dirigir la gestión de la empresa. Por el contrario, tratándose de las faltas en que incurran empleados que, en razón de posición jerárquica dentro de la empresa, y esencialmente, por no detentar la calidad de administradores, no inciden en la dirección de la gestión a cargo de la empresa, desplegarán su función los órganos de control disciplinario que funcionen al interior de la entidad.

Así mismo, le corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que tiene poderes sancionatorios para ejercer —la defensa de los derechos de los usuarios, cuando han sido lesionados por las empresas de servicios públicos, como se lee en los artículos 79 y 80 de la Ley 142 de 1994,

“(...) 79.1 Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos en cuanto el cumplimiento afecte en forma e inmediata a usuarios determinados, y sancionar sus violaciones siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad;

79.2 Vigilar y controlar el cumplimiento de los contratos entre las empresas de servicios públicos y los usuarios y apoyar las labores que en este mismo sentido desarrollan los comités municipales de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios, y sancionar sus violaciones”.

En el caso que ocupa a la Sala, la infracción que se investigó, por la cual se formularon cargos, se presentaron los correspondientes descargos, y que motivó la imposición de la medida coercitiva, consistió en el cumplimiento de los términos para responder las peticiones, quejas y recursos, establecidos en los artículos 158 de la Ley 142 de 1994, y 9º del Decreto 2223 de 1996 normas que, en su orden, prevén:

“Art. 158.—Del término para responder el recurso. La empresa responderá los recursos, quejas y peticiones dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. Pasado ese término, y salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspicio la demora, o que se requirió de la práctica de pruebas, se entenderá que el recurso ha sido resuelto en forma favorable a él”.

“Art. 9º—Reclamación. Ámbito de aplicación de los artículos 154, 158 y 159 de la Ley 142 de 1994 y del artículo 123 del Decreto-Ley 2150 de 1995. Toda entidad o persona vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos, prestadora de los servicios públicos domiciliarios de que trata la citada ley, tiene obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos, dentro de un término de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación.

Pasado ese término, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspicio la demora o que se requirió de la práctica de pruebas se entenderá que la petición, queja o recurso ha sido resuelto en forma favorable a él. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del término de los quince (15) días hábiles, la entidad prestadora del servicio público domiciliario reconocerá al suscriptor o usuario los efectos del silencio administrativo positivo. Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley, sin perjuicio de que la entidad prestadora del servicio adopte las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo presunto”.

Como consecuencia de la vulneración de las normas transcritas, la medida coercitiva que se determinó imponer al infractor, conforme a la naturaleza y gravedad de la falta, y en consideración al análisis de factores atenuantes, como la ausencia de antecedentes, fue la de amonestación, la cual, como se anotó, está expresamente consagrada en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994; no obstante, cabe señalar desde ya, que el precepto en cita no precisa si esa medida puede ser adoptada como sanción institucional o de índole personal, o si solamente es imponible a las empresas prestadoras de los servicios, tal aspecto se dilucidará más adelante.

4. La potestad sancionatoria de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre personas naturales que laboran en las empresas de servicios públicos. Estando plenamente establecido que la sanción impuesta a través de los actos acusados, se encuentra expresamente contemplada en la ley de servicios públicos domiciliarios (L. 142/94), y que el artículo 81 de dicha norma incluye dentro del catálogo de medidas coercitivas, sanciones de tipo institucional y de índole personal, queda sólo por precisar si la medida de amonestación utilizada como herramienta coercitiva, en el caso analizado, podía recaer sobre empleados de las empresas prestatarias de los servicios.

Lo anterior, dejando por sentado que, en términos generales, la procedencia de las sanciones de índole personal no son extrañas a la potestad sancionatoria propia de la actividad de policía administrativa. Precisamente, sobre ese tópico en particular, se pronunció la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación, en atención a consulta elevada por el Ministro de Desarrollo Económico respecto de las competencias sancionatorias de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Así, mediante concepto 931 de junio dieciséis de 1997, con ponencia del consejero, doctor Luis Camilo Osorio Isaza, la Sala precisó el punto, señalando entre otros apartes lo siguiente:

“A juicio de la Sala, el legislador al establecer la procedencia de sanciones sobre las personas naturales que prestan sus servicios en las mencionadas empresas, ha entendido que las actividades de prestación de servicios se cumplen por parte de tales empresas con la dirección y el concurso de personas naturales, en cuanto forman parte de una organización empresarial y de cuya gestión y actividad depende la debida y oportuna prestación de los servicios.

Esas atribuciones no son extrañas a las respectivas funciones sus propias competencias de otras superintendencias como es el caso de la bancaria (D. 663, art. 325) o la de valores (D. 2739/91 y 2155/92) (...).

Lo anterior.significa eL trámite previo a la actuación administrativa del debido proceso, donde se permita a la persona objeto de la sanción conocer las acusaciones en las que se funde la medida, contestar el traslado de cargos que se le formule, cumplir la evaluación de las pruebas y la observancia de todas las formalidades previas previstas en la Constitución y La ley”. (Se destaca)

También en dicha oportunidad, se ocupó la Sala de Consulta y Servicio Civil de precisar que la facultad sancionatoria que, en desarrollo del poder de policía compete a la Superintendencia de Servicios Públicos, como entidad en la cual la propia Carta radicó las funciones de inspección y vigilancia, difiere de la facultad disciplinaria propia de los órganos de control interno de cada entidad como de la Procuraduría General de la Nación, así:

“La competencia constitucional y legal de naturaleza administrativa, a cargo de un organismo que forma parte de la rama ejecutiva del poder público, para ejercer la inspección, vigilancia y control sobre quienes prestan los servicios públicos, es distinta de las materias disciplinarias a cargo de los superiores jerárquicos de las respectivas entidades y de la que ejerce con preferencia el Ministerio Público. Estos últimos sancionan La conducta oficial de los servidores públicos por incumplir los deberes propios del cargo, por omisión o extralimitación de funciones, y también por infringir la Constitución y la ley.

La SSPD tiene competencia intervencionista que se manifiesta en facultades de policía administrativa, en orden a regular y garantizar la debida prestación de un servicio público de la especie “domiciliario” y las actividades que resulten complementarias y se extiende a las personas que laboran en las ESP y a las demás que realicen actividades en otras entidades las cuales resultan complementarias de los servicios domiciliarios.

En cambio la facultad sancionatoria del Procurador General tiene competencia sobre los servidores públicos y sólo sobre ellos cuando laboren en las empresas industriales y comerciales y en las ESP oficiales como consecuencia del incumplimiento de las responsabilidades en el ejercicio de sus funciones o por violación del régimen disciplinario contemplado en la Ley 200 de 1995”.

Dada la precisión del concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil cuyos apartes relativos al tema cuestionado se han transcrito, sólo cabría agregar dos reflexiones: de una parte, que el efecto educativo y ejemplarizante de la sanción se pone de relieve en el instrumento de la sanción de índole personal, frente a las sanciones de tipo institucional, en cuanto enfatiza las necesarias exigencias de responsabilidad, compromiso y profesionalismo en el ejercicio de actividades que afectan al interés de la comunidad y que, por consiguiente, presuponen una carga especial de responsabilidad e idoneidad.

En segundo lugar, debe anotarse que el objeto esencial que guía la actividad de la agencia gubernamental a la cual compete, por canón constitucional, vigilar la prestación de un servicio público esencial, consiste en la tutela de los intereses de los usuarios y en la protección de los derechos que la ley consagra a su favor, entre ellos, el de tener pronta respuesta a sus reclamos, quejas y recursos relacionados con la prestación de los mismos. Es por ello, que el primer principio que guía la función presidencial de control, inspección y vigilancia, desplegada por la superintendencia, es “la defensa de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios” (D. 548/95, art. 3º, lit. a).

En este orden de ideas, las consecuencias sancionatorias generadas por la demora en atención de las reclamaciones de los usuarios, frente a las cuales se requiere la acción preventiva y coercitiva que legalmente ha sido radicada en el ámbito de acción de la Superintendencias de Servicios Públicos, encuentra justificación en la protección del interés general que revierte el cumplimiento de la finalidad social del Estado en la prestación de dichos servicios y, como se mencionó anteriormente, por cuanto la protección a los usuarios empieza por la exigencia del cumplimiento de las disposiciones que regulan su relación con las empresas prestatarias de dichos servicios.

Adicionalmente, es indudable que la no atención de las reclamaciones de los usuarios genera desfavorables consecuencias también para la empresa prestadora del servicio, pues a la par que afecta la eficacia en la prestación del servicio, implica el reconocimiento de un silencio positivo a favor del reclamante, el cual incluso puede conllevar asunción de responsabilidades y cargas onerosas para la misma entidad.

Sin embargo, advierte la Sala que, precisamente la infracción consistente en la atención inadecuada o inoportuna de las reclamaciones de los usuarios, ha sido destacada dentro de las funciones que competen a la superintendencia, en relación con la protección de los intereses de los usuarios, consagrándose en forma expresa que, corresponde a dicha entidad supervisora. De esta manera, a través del Decreto 548 de marzo 31 de 1995, expedido en ejercicio de facultades reglamentarias y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, a propósito del desarrollo de las funciones y facultades sancionatorias atribuidas a la Superintendencia de Servicios Públicos, determinó:

ART. 6º—Funciones. La superintendencia tiene atribuidas las funciones y facultades establecidas en los artículos 79, 80 y demás disposiciones concordantes de la ley de servicios públicos domiciliarios, LSPD: (...).

6.3. Funciones en relación con la participación de los usuarios (art. 80): (...).

d)Sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las quejas de los usuarios. Cuando la investigación se origine por solicitud del usuario, éste deberá acreditar ante la superintendencia que ha realizado la respectiva reclamación ante la empresa”.

En el anterior orden de ideas, para la Sala es evidente que, en virtud de la especificidad del precepto transcrito, en cuanto contempla la infracción que motivó la investigación que culminó con los actos demandados, determinando expresamente como consecuencia de la misma, la obligación de sancionar a la empresa prestadora del servicio, no procedería la sanción de índole personal. En efecto, en atención al principio de taxatividad de los hechos, acciones u omisiones elevados a rango de infracciones, como de las sanciones imponibles, no podría la administración decidir la imposición de una medida coercitiva de naturaleza personal; sin incurrir en violación del canón legal que definió expresamente la sanción institucional para esa infracción específica.

Por la razón consignada, para la Sala es claro que el acto se encuentra viciado por cuanto en este caso, en virtud del precepto transcrito, carecía la superintendencia de la competencia para imponer la sanción de amonestación al empleado de la empresa y por consiguiente, procede confirmar la declaración de nulidad de los actos acusados efectuada en la providencia impugnada».

(Sent. sep. 7/2000. Exp. 6214. C.P. Dra. Olga Inés Navarrete Barrero).

SALVAMENTO DE VOTO

Discrepo de la decisión de mayoría en cuanto que en ella se accedió a las pretensiones de la demanda bajo la consideración de que las atribuciones sancionatorias reconocidas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en lo que toca con las personas naturales vinculadas a las empresas prestadoras de esos servicios, solo puede recaer en los directivos o administradores y no en personas de rango inferior, como se afirma que era en este caso el demandante.

No comparto tal criterio por cuanto el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, que consagra la atribución sancionatoria de la mencionada superintendencia, en modo alguno incorpora la distinción que la Sala aplica, ya que según el claro e inequívoco texto gramatical aludido son sujetos pasivos de todas las sanciones allí señaladas tanto los administradores como los empleados.

Y en este caso la acepción “empleados” no puede entenderse como referida a empleado público, sino en sentido lato, pues designa al personal de planta distinto de los administradores. Y es por demás comprensible que esa interpretación sea la que más se acomode al espíritu de la norma, por cuanto es lo cierto que la eficaz prestación del servicio, cuya protección justifica la atribución sancionatoria aludida, no solamente depende de los administradores de las empresas prestadoras de servicios públicos sino de todos los demás empleados.

Lo anterior aparece igualmente corroborado por el contenido del inciso último del citado artículo en cuanto se refiere a las personas naturales en general, que laboran en la entidad que presta el servicio público, independientemente de la naturaleza de su vínculo, como susceptibles de las sanciones, previo el análisis de su culpabilidad, a efectos de evitar que las mismas se funden en circunstancias meramente objetivas.

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 

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