Sentencia 6219 de marzo 15 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

INMUEBLE FUERA DE COMERCIO POR VINCULACIÓN A NARCOTRÁFICO

ESTA SITUACIÓN SÓLO ES OPONIBLE A TERCEROS A PARTIR DEL REGISTRO

EXTRACTOS: «Aparece en el certificado de libertad y tradición obrante a folio 26 de este cuaderno que la casa identificada con la matrícula inmobiliaria Nº 50S-1156907 (Lote Nº 6 manzana 22 de la Urbanización Brasilia), ubicada en la calle 50A Nº 100B-40 de esta cuidad fue adquirida, mediante escritura pública Nº 1422 de 15 de junio de 1989 de la Notaría 16 de Bogotá, por Mercedes Villate de Martínez por compraventa realizada a Pedro Antonio García, acto registrado el 19-07-89.

También aparece en el mencionado documento que mediante escritura pública Nº 1971 de 25 de abril de 1996 de la Notaría 4ª de esta capital, Mercedes Villate de Martínez transfirió, por compraventa, a Gloria María Cuéllar de Murillo el inmueble en mención, anotación que se llevó a cabo el 7 de junio de 1996.

Entre la primera de las citadas anotaciones y esta última no existe ninguna otra intermedia, debiéndose tener en cuenta que la venta realizada por Pedro Antonio García está identificada como la anotación Nº 02 y esta última como la número 03. Es decir, quien en ese entonces consultara tal documento tenía plena seguridad de que sobre el inmueble no recaía limitación alguna que impidiera la realización de la compraventa celebrada entre Mercedes Villate de Martínez y Gloria María Cuéllar de Murillo.

Por otra parte, según se desprende de la lectura de los considerandos de las resoluciones demandadas, la fiscalía regional delegada ante el DAS, mediante oficio Nº 1520 de 20 de noviembre de 1995, dejó a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes la casa ubicada en la calle 50A Nº 100B-40 de Bogotá, en razón de que allí se encontraron elementos y sustancias que sirven para el procesamiento de psicotrópicos, según así lo dispone la ley.

En virtud de lo anterior, se destinó provisionalmente el inmueble citado a la Asociación de Ayuda Espiritual a Drogadictos y Alcohólicos - Hogar Renovación, decisión que fue adoptada mediante la Resolución 1142 de 30 de julio de 1996 (v. fls. 20 a 23 c. ppal.).

Al llevarse a cabo la diligencia de entrega provisional correspondiente, los señores Eudoc Murillo Ríos y Gloria Cuéllar de Murillo se opusieron a ella, alegando ser los poseedores legítimos de la casa, además de ser personas honorables y completamente ajenas a los hechos que dieron origen a la investigación, así como al proceso que originó la diligencia. Además, alegaron que adquirieron el inmueble con dineros de su propio peculio y de procedencia lícita y que lo destinan a vivienda familiar.

El recurso de reposición impetrado contra la orden de entrega provisional fue resuelto mediante la Resolución 0248 de 11 de febrero de 1998 (v. fls. 13 a 16, c. ppal.), a través de la cual la Dirección Nacional de Estupefacientes confirmó la decisión impugnada.

Según el artículo cuarto del Decreto 2271 de 1991, por medio del cual se adopta como legislación permanente algunas disposiciones del Decreto Legislativo 099 de 1991 y se modifica, adiciona y complementa el estatuto para la defensa de la justicia, contenido en el Decreto Legislativo 2790 de 1990, cuyo artículo 53, inciso 1º, dispone que los bienes, sean muebles o inmuebles, depósitos bancarios, títulos valores, etc., quedan fuera del comercio desde el momento de su aprehensión, incautación u ocupación hasta tanto quede ejecutoriada la providencia que ordene la entrega o adjudicación definitiva. Sin embargo, el inciso 3º del mismo artículo ordena: “De la aprehensión u ocupación de los bienes que estuviesen sujetos a registro de cualquier naturaleza, se dará aviso inmediato al funcionario que corresponda por el jefe o superior de la unidad investigativa que la haya efectuado. La inscripción se hará en el acto y no estará sujeta a costo ni a turno alguno, so pena de causal de mala conducta. Hecha ésta, todo derecho que se radique sobre el bien será inoponible al Estado”. Esta medida, por tratarse de una limitación que recae sobre un inmueble, como aquí sucede, debe registrarse en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente, razón por la cual el secretario general de la Dirección Nacional de Estupefacientes, por oficio 010670 de 5 de agosto de 1996 (v. fl. 79, c. ppal.), remitió a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos - Zona Sur, copia de la Resolución 1142 de 30 de julio de 1996, “... a fin de que proceda a efectuar el registro en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al inmueble ubicado en la calle 50A Nº 100B-40 del barrio Brasilia Sur de Santafé (sic) de Bogotá".

La anotación vino a aparecer en el folio de matrícula de la casa, según consta a folio 25, el 3 de marzo de 1997, cuando ya la familia Murillo Cuéllar la habitaba y, es más, ya se encontraba afectada como vivienda familiar, aspecto que, según el artículo 43 del mencionado Decreto 1250 de 1970, significa que:

“Ninguno de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción o registro tendrá mérito probatorio, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro”.

Habida cuenta de que la inoponibilidad de los derechos de los terceros al Estado se fundamenta en el registro a que el bien está sujeto, la Sala concluye que cuando dicho registro no se da, siendo necesario, el derecho del tercero en esta hipótesis sí es oponible al Estado. En consecuencia, si la ley exige que la puesta fuera del comercio deba ser inscrita en el registro de instrumentos públicos, cuando ello no sucede, a contrario, el bien permanecerá en el comercio. De manera que la previsión del primer inciso del artículo 53 en el sentido de que los bienes de que allí se habla, entre los cuales se cuentan los bienes inmuebles, “...quedarán fuera del comercio a partir de su aprehensión, incautación u ocupación...” debe entenderse en concordancia con la exigencia del inciso tercero del mismo artículo, cuyo texto exige el registro como condición de la oponibilidad o inoponibilidad de los derechos de los terceros al Estado. La aprehensión, incautación u ocupación debe ir acompañada en ciertos casos del registro para que sea oponible.

Del recuento que antecede se desprenden varias conclusiones:

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que para la época en la cual los demandantes adquirieron el bien, no aparecía anotación alguna en el certificado de libertad y tradición del inmueble. Luego, no conocieron de la limitación impuesta por la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Además, como así lo manifiesta la Dirección Nacional de Estupefacientes, los apelantes, Eudoc Murillo Ríos y Gloria María Cuéllar de Murillo, son ajenos a la investigación que concluyó con la orden de depósito provisional y que adquirieron el bien en litigio antes de que apareciera en el certificado correspondiente la anotación respectiva sobre la limitación sobre su comerciabilidad, anotación que, según el artículo 44 del Decreto 1250 de 1970, “por regla general ningún título o instrumento sujeto a registro o inscripción surtirá efectos respecto de terceros, sino desde la fecha de aquel”.

Por hallarse presentes los elementos señalados, ha debido aplicarse el artículo 47 de la Ley 30 de 1986, cuando ordena que “quien tuviere un derecho lícito demostrado legalmente sobre el bien, tendrá preferencia para recibirlo en depósito o bajo cualquier título no traslaticio de dominio...”, disposición que fue desconocida por la Dirección Nacional de Estupefacientes al ordenar la entrega provisional de la casa ya tantas veces mencionada a personas distintas de aquellas a quienes la ley les reconoce el derecho preferencial anotado.

En vista de que se ha desconocido la ley, que se han vulnerado derechos de los demandantes y que la anotación que daba publicidad a la limitación comercial del inmueble se realizó tardíamente por una falla únicamente atribuible a la administración pública, es de concluir que la presunción de legalidad de las resoluciones demandadas ha sido desvirtuada y, por ende, como se advirtió al comienzo de estas consideraciones, deben ser anuladas y restablecido el derecho vulnerado.

El restablecimiento aludido se debe limitar a ordenar que la Dirección Nacional de Estupefacientes designe a los demandantes como depositarios provisionales del inmueble, pues no puede olvidarse que aunque allí se encontraron materiales propios de la elaboración de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, dentro del expediente existen pruebas que demuestran el origen lícito del bien, así como que el inmueble estaba destinado a la vivienda de los actores.

De otra parte, al no haberse demostrado en qué consiste el daño alegado, nada se dispondrá al respecto porque, como ya lo ha dicho la Sala, esa simple manifestación no es suficiente para el reconocimiento del perjuicio solicitado.

Es, entonces, del caso revocar la sentencia recurrida, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia, para, en su lugar, acceder a las súplicas de la demanda.

Finalmente, por cuanto la inscripción del registro de los bienes sometidos a ese requisito “se hará en el acto y no estará sujeta a costo ni a turno alguno, so pena de causal de mala conducta ...”, y dado que no se cumplió dicha norma en el caso examinado, la Sala dará traslado de esas circunstancias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada y, en su lugar, SE DISPONE:

1. DECLÁRASE LA NULIDAD de las resoluciones 1142 de 30 de julio de 1996, por medio de la cual la Dirección Nacional de Estupefacientes ordenó la entrega provisional de la casa ubicada en la calle 50A Nº 100B-40 Sur de esta ciudad, a la Asociación de Ayuda Espiritual a Drogadictos y Alcohólicos - Hogar Renovación; y 0248 de 11 de febrero de 1998, por medio de la cual se confirmó la anterior decisión.

2. A manera de restablecimiento del derecho, se ordena a la Dirección Nacional de Estupefacientes que designe como depositarios provisionales de la casa ubicada en la calle 50A Nº 100B-40 del barrio Brasilia Sur de esta ciudad, a los señores Gloria María Cuéllar de Murillo y Eudoc Murillo.

3. Reconócese a la abogada Margarita Ximena Pardo Rodríguez como apoderada judicial de la Dirección Nacional de Estupefacientes, en los términos y para los fines contenidos en el poder obrante a folio 8 de este cuaderno.

4. Dese traslado a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación de copia de esta providencia para lo de su competencia.

5. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(Sentencia de marzo 15 de 2001. Expediente 6219. Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola).

__________________________________