Sentencia 6220 de febrero 2 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

PROCESOS CONCURSALES

DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS LABORALES

EXTRACTOS: «El Tribunal, una vez que hizo mención al acuerdo concordatario celebrado entre la sociedad Editorial Bedout y sus acreedores ante la Superintendencia de Sociedades, el cual fue homologado por el Juez Primero Civil del Circuito de Medellín y sobre la base que dentro del mismo quedó incluida la conmutación de la pensión de la demandante, sin que ésta la hubiere objetado, estimó que si se le habían quebrantado derechos ciertos, indiscutibles e irrenunciables debió atacar en primer término el concordato para luego en el evento de obtener la nulidad en cuanto a la conmutación de la pensión reclamada, poder acudir a la jurisdicción laboral en busca de su reconocimiento.

Con fundamento en lo anterior, expresó que como el concordato no fue atacado y a renglón seguido recibió la aprobación al ser homologado judicialmente, la conmutación pasó a ser cosa juzgada y consecuentemente a producir los efectos posteriores pertinentes.

Estima conveniente la Sala recordar que desde la época en que se creó la Organización Internacional del Trabajo, en el artículo 41 consagró como uno de sus principios fundamentales que “...el trabajo no debe ser considerado simplemente como una mercancía o un artículo de comercio”.

A su vez, en la vigésima sexta reunión de la Conferencia General de la Organización del Trabajo congregada en Filadelfia el año de 1994 (sic) reafirmó como uno de los principios fundamentales que “el trabajo no es una mercancía”.

De igual manera, en la llamada Carta de Bogotá de 1948 en el literal b) del artículo 29 se reiteró una vez más que “el trabajo es un derecho y un deber social; no será considerado como un artículo de comercio; reclama respeto para la libertad de asociación y la dignidad de quien lo presta y ha de efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso, tanto en los años de trabajo, como en la vejez o cuando cualquier circunstancia prive al hombre de la posibilidad de trabajar”.

También en el orden nacional la legislación vigente ampara ese derecho fundamental, para lo cual establece una serie de principios que lo protegen como son, entre otros, que el trabajo goza de una especial protección, que contiene el mínimo de derechos y garantías de los trabajadores, que las disposiciones que lo regulan son de orden público, que los derechos y prerrogativas que se le conceden son irrenunciables, que la transacción en materia laboral sólo es válida cuando se trata de derechos inciertos y discutibles, que las disposiciones laborales producen efecto general e inmediato y que siempre que se presenten conflictos de carácter jurídico se preferirán las leyes del trabajo.

Además, la actual Constitución Política elevó a canon institucional en su artículo 25 que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado.

En desarrollo de esos postulados sustantivos, el legislador desde un comienzo, estimó pertinente que una justicia especializada sea la que en cada caso concreto decida los conflictos jurídicos de carácter laboral cuando las partes en discordia se ven en la necesidad de acudir a ella. Por tanto es el juez del trabajo el competente para dirimir tales conflictos y si en ciertos eventos se deba acudir a otro juez de distinta naturaleza, como en el caso de la quiebra o cuando el acreedor laboral deba hacerse presente en un acuerdo concordatario, si sus derechos laborales son conculcados o no son tenidos en cuenta, puede acudir de nuevo al juez natural para que sea éste el que aplique la ley, sin necesidad de un proceso o juicio previo ante el juez civil que aprobó dicho convenio.

Si eso es cierto, como lo es, sólo las decisiones del juez del trabajo en asuntos de su competencia (art. 2º C.P.L.), tienen los efectos de cosa juzgada y en ningún caso las de otro distinto, como sería el que aprueba un concordato, porque además allí se discuten básicamente obligaciones de carácter mercantil.

El juez civil al homologar el acuerdo concordatario no declara unilateralmente derechos de las partes ni resuelve controversia alguna sino que se limita a confirmar los actos y convenios de los participantes para darles una mayor solemnidad. Si un crédito mercantil que no fue considerado en el acuerdo concordatario no se extingue, sino que su beneficiario puede perseguir su pago con el remanente del concordato, con mayor razón un crédito laboral no puede quedar cobijado por los efectos de la cosa juzgada cuando se han quebrantado o vulnerado los derechos mínimos amparados por la legislación laboral.

Al determinar el Tribunal que como el concordato no fue atacado y recibió aprobación por el juez que debía homologarlo, la conmutación de la pensión de la demandante pasó a ser cosa juzgada, infringió directamente las normas sustanciales relacionadas en la formulación del cargo lo que hace que este prospere y consecuencialmente deba casarse la sentencia dentro de los lineamientos del alcance de la impugnación».

(Sentencia de casación, febrero 2 de 1994. Radicación 6220. Magistrado Ponente: Dr. Ernesto Jiménez Díaz).

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