Sentencia 6228 de mayo 16 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente C-6228

Magistrado Ponente:

Dr. José Fernando Ramírez Gómez

Bogotá, D.C., dieciséis de mayo de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Decídese el recurso de casación interpuesto por María Aurora Quevedo de Munévar, respecto de la sentencia de 26 de enero de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario que promovió María Helena Pardo de Alba contra la recurrente.

Antecedentes

1. Solicita la demandante que con citación de la demandada se declare absolutamente simulado el contrato de compraventa del inmueble que se identifica en el hecho primero de la demanda, el cual se encuentra contenido en la escritura pública Nº 1679 de 17 de abril de 1978 de la Notaría Primera del círculo de esta ciudad. Consecuentemente pide, además de la nulidad del citado instrumento, que se disponga su cancelación, conjuntamente con los gravámenes que haya constituido la demandada sin el consentimiento de la actora.

2. Las pretensiones se fundamentan en los hechos que se compendian:

2.1. En virtud de los problemas que se presentaron, en 1978, entre la demandante y su cónyuge, aquélla y la demandada, su sobrina, concertaron celebrar simuladamente el contrato de compraventa mencionado, creyendo erradamente que frente a una separación de bienes, perdería la mitad del inmueble, no obstante haberlo adquirido antes de casarse por adjudicación en un proceso de sucesión.

2.2. El precio estipulado en la cláusula cuarta del contrato de compraventa en ningún momento se satisfizo, pues además de carecer de medios económicos suficientes, la demandada dependía de la ayuda de la actora, desde cuando la trajo del campo, en 1963, y de las entradas de una pequeña encuadernadora.

2.3. La demandante nunca se desprendió de la posesión material de la casa, al punto que la entregó en administración, el 23 de noviembre de 1978, a una inmobiliaria, la cual le cancela los cánones de arrendamiento; además, es la única que se ha entendido con el pago de los impuestos correspondientes.

2.4. Pese a los requerimientos realizados, la demandada se ha negado a otorgar una nueva escritura. Al contrario, en forma abusiva y en su provecho, ha venido gravando el inmueble con hipotecas.

3. Notificada de la existencia del proceso, la demandada se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de prescripción, falta de causa e inexistencia de interés jurídico, luego de exigir con respecto a todos los hechos su demostración, aún cuando sostiene que sí pagó, en su totalidad, el precio pactado, y que la demandante ha detentado el inmueble como simple tenedora.

4. Planteada así la controversia, el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 21 de julio de 1994, denegó las pretensiones de la demandada, decisión que el tribunal revocó en todas sus partes, al resolver el recurso de apelación que interpuso la parte demandante, para acceder a la pretensión de simulación y abstenerse de dar la orden de cancelación de los gravámenes hipotecarios constituidos sobre el inmueble.

(...).

Consideraciones

1. Por razón misma del sigilo que ampara la celebración de los negocios jurídicos simulados, la prueba por indicios se propone como la más socorrida a ese propósito, aunque no la única, a falta de prueba histórica del hecho investigado o de su verificación directa por el juez.

Precisamente, como en la sentencia impugnada se expresó que en el proceso obraba un conjunto de “indicios” que daban “convicción” sobre que se estaba en “presencia de un acto absolutamente simulado”, pertinente resulta anotar que cuando el tribunal forma su convicción en la prueba indirecta, su criterio queda cerrado definitivamente en las instancias, salvo que se le encuentre reo de contraevidencia. En este evento, dice la Corte, la “crítica se reduce a determinar si por error evidente de hecho o de derecho estuvieron admitidos como probados o como no probados los hechos indicativos; si todas las conjeturas dependen exclusivamente de un indicio necesario; y si la prueba por indicios es o no de recibo en el asunto debatido” (LXXXVIII-176, CXLIII-72).

Con todo, la existencia de un error de hecho o de derecho en la apreciación probatoria, no es suficiente para desvirtuar una sentencia en casación, porque también es necesario, fuera de singularizar los medios erradamente apreciados, demostrar su influencia en la decisión final. Por supuesto que si la sentencia ingresa al recurso amparada por las presunciones de legalidad y acierto, al censor le corresponde acreditar, por mandato expreso de la ley (CPC, art. 374, in fine), los errores en que se incurrió, individualizando las apreciaciones erradas y señalando en forma precisa en qué consiste la desviación, formalidad que no se cumple aludiendo a un tipo de error, pero omitiendo señalar las razones que lo sostienen.

Ahora, como la Corte sólo puede transitar por el sendero fijado precedentemente por el recurrente en la demanda presentada para sustentar el recurso de casación, no le es permitido suplirla o complementarla. Por lo tanto, para que una acusación sea cabal y completa, al recurrente también obligatoriamente le corresponde combatir y desvirtuar uno a uno de los pilares trascendentes y decisivos del fallo, “impidiendo que quede en pie algún soporte que, por sí sólo pueda darle respaldo a la decisión que se impugna” (Sent. feb. 1º/96, CCXL-82).

2. Confrontadas las anteriores reflexiones con el contenido del cargo, claramente se notan algunas deficiencias técnicas.

2.1. En cuanto a los errores de derecho denunciados en los numerales 2.1.1 y 2.1.4, el censor no singulariza la prueba testimonial y documental equivocadamente apreciada, sino que simplemente alude a “testimonios” o “testigos” y “documentos privados aportados con la demanda” y en el “transcurso del proceso”, así como a otros indeterminados que, según se afirma, el juzgado se “abstuvo de recopilar” en la diligencia de inspección judicial.

Desde luego que singularizar una prueba implica identificarla y determinarla en contraste con su referencia genérica o indeterminada. Por esto, como lo tiene dicho la Corte, en una demanda de casación no es de recibo “hacer referencia genérica e indeterminada al conjunto de unas pruebas, o a todas ellas”, porque “siendo improcedente acusar la sentencia a través del planteamiento global del problema probatorio, es deber inexcusable del recurrente singularizar cada uno de los medios que se pretenden no considerados o erróneamente apreciados por el sentenciador” (Sent. ene. 27/2000, citando G.J. CXLVIII-207).

Además, bien se sabe que valorar la prueba testimonial omitiendo las circunstancias que dan muestras de credibilidad y objetividad, es un error de hecho y no de derecho. De otra parte, como el error de hecho y el de derecho son sustancialmente distintos, pues el primero toca con la contemplación objetiva de la prueba, en tanto que el segundo, con su ponderación jurídica, una vez superada a plenitud aquella etapa, de una misma prueba no se puede predicar simultáneamente la ocurrencia de ambas especies de yerro.

2.2. Con relación a la confesión de la demandada deducida de los hechos de la demanda (num. 2.1.3), el error no se demostró, porque aparte de no identificarse lo que objetivamente indicaba la prueba, no se explica la infracción. Al contrario, simplemente se manifiesta que la confesión “no se ajusta a lo preceptuado” en el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil, pero no se menciona la razón por la cual esa adecuación no se da. Como dice la Corte, no es suficiente con “remitir al contenido objetivo de la prueba, sin detallarlo, como obra en el cargo, para dejar que sea la Corte la encargada de hacer ese escrutinio, lo que en verdad no acompasa con el principio dispositivo en que se inspira el recurso de casación” (Sent. 057/mayo 18/2000)

2.3. En concordancia con lo anterior, no es cierto que se haya deducido confesión alguna de los hechos de la demanda. Lo único que se aceptó, pero en relación con la contestación, es el vínculo entre las partes punto sobre el que, precisamente, se denuncia la comisión de un error de hecho (num. 2.2.2). Pero como apreciar una prueba inconducente no constituye un error de hecho, sino una de las variables en que suele ocurrir el error de derecho, la acusación en este punto resulta desafortunada.

Empero, sopesando el error según corresponde, el mismo no se presenta, o por lo menos no trasciende a la decisión final, así sea cierto que el estado civil de las personas se prueba con documentos específicos, porque los hechos que constituyen un estado civil, que no el estado civil mismo, sí admiten cualquier medio de prueba, verbi gratia, cuando tachado un testigo por razón del parentesco, es suficiente la aceptación del hecho por parte de éste (CPC, art. 218).

Como lo dijo la Corte en sentencia de 23 de abril de 1983 (sin publicar oficialmente), “una cosa es probar el estado civil” que requiere “una prueba específica”, y otra, “probar” la “la familiaridad” que no está sujeta a una determinada prueba, más tratándose de un punto ajeno al objeto de la controversia, como es la tacha de un testigo por parentesco con una de las partes.

2.4. De otra parte, el tribunal también tuvo como indicio en pro de la simulación absoluta, “el precio no entregado de presente”, pero sobre el particular en el cargo se guarda silencio.

3. Por lo demás, los imputados errores de hecho en la apreciación de los indicios relativos al móvil de la simulación, a la falta de capacidad económica de la demandada y a la retención del inmueble por parte de la demandante, son inexistentes.

3.1. Sobre lo primero, de acuerdo con lo expuesto por el recurrente, no se trata de que se haya supuesto la prueba del hecho, sino que se tuvo por acreditado con testigos que no resisten ningún análisis y que desconocen la razón de la escritura de confianza, lo cual se aleja de la realidad procesal, porque la concreción de los errores se hace sobre cuestiones fragmentadas, siendo que, “cuando se trata de la prueba testimonial, no se pueden analizar aisladamente unos pasajes de la declaración, sino que debe serlo en su conjunto para deducir su verdadera justificación” (G.J. Tomo CVI, p. 141).

3.1.1. Es cierto que la testigo Blanca Elena Ríos de Dimaté indica que “A mí no me consta porque yo no vi” o que “no me consta personalmente” (fls. 86-87, c-1), pero las respuestas se relacionan con preguntas específicas, al menos la primera, como que si le constaba que la demandada hubiere pagado el precio del inmueble, en tanto que la segunda, simplemente hace relación a que no estuvo presente el día en que se hizo la escritura. Además, según el contenido de la prueba, lo que le contó la demandante es la forma como la demandada y un abogado obtuvieron la escritura pública, pero no que desconociera los problemas conyugales, máxime cuando conoce a las partes “más o menos 40 años” por ser “paisanas, vecinas y Aurora compañera de colegio”.

La supuesta contradicción igualmente se desvanece porque en parte alguna se afirma que el certificado de tradición donde aparece registrada la hipoteca lo obtuvo el mismo día en que llevó la escritura de compraventa a registro.

3.1.2. Ninguna incoherencia se palpa en la declaración de Yolanda Rodríguez Manrique (fls. 87-89, c-1), porque en lo referente a los años no los precisa categóricamente, sino aproximadamente, al decir que a la demandante la conoce “hace como 17 años” y que habita en el inmueble “más o menos unos 16 años”.

En cuanto al móvil de la simulación, el conocimiento de los hechos lo obtuvo de la propia demandada, cuando expresa que ésta se lo “contó”, inclusive que “no le devolvía la escritura a la tía porque ella ya estaba muy viejita y ... no necesitaba eso”.

Sobre que no se observó que la testigo era “altamente sospechosa”, esto no significa que la prueba deba desecharse, sino que, conforme al artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, es necesario apreciarla de “acuerdo con las circunstancias de cada caso”, amén de que como la tacha no se formuló en ninguna oportunidad en el trámite de las instancias, alegada ahora constituye un hecho nuevo, por ende improcedente en casación. Por lo demás, como lo ha dicho la Corte (Sent. abr. 29/2002), “el recelo o la severidad con que el fallador debe examinar estos testimonios, no lo habilita para desconocer, a priori, su valor intrínseco, debido a que “la sospecha no descalifica de antemano —pues ahora se escucha al sospechoso—, sino que simplemente se mira con cierta aprensión a la hora de auscultar qué tanto crédito merece” (Sent. sep. 19/2001, exp. 6624)”.

3.1.3. La declaración de María Ubaldina Gil de Romero (fls. 89-91, c-1), el tribunal la tuvo en cuenta no porque fuera idéntica a las anteriores, sino en términos generales, “similar”. Además, no es cierto que tuviera 17 años cuando ocurrieron los hechos, pues al declarar, el 6 de agosto de 1993, dijo contar con “66 años”. En todo caso, la edad no descarta que no tuviera conocimiento de los antecedentes de la simulación, porque lo que le contó la propia demandante no es que no se haya hecho la escritura de confianza, sino que simplemente le explicó que se hizo fue “para favorecer la casa”, y porque la respuesta “No señora”, se refería, según la pregunta, a que no estuvo presente cuando “acordaron efectuar la escritura de confianza”, todo lo cual es totalmente distinto.

(...).

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 26 de enero de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario que promovió María Helena Pardo de Alba contra María Aurora Quevedo de Munévar.

Costas del recurso corren a cargo de la demandada recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

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