Sentencia 6233 de abril 21 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

TRABAJADORES DE LA IGLESIA

APLICACIÓN DE NORMAS LABORALES

EXTRACTOS: «El censor acusa en la modalidad de infracción directa los artículos 259, 260, 263 y 264 del C.S. del T. en relación con los artículos 194 subrogado por el artículo 32 de la Ley 50 de 1990, 338 del C.S. del T. y los artículos 1º y 2º del Decreto 53 de 1952. A pesar de que mediante la interpretación de las normas acusadas dirige el ataque a demostrar la exclusión de la Iglesia Católica como sujeto de obligaciones del régimen laboral ordinario, cita textualmente como sustento jurisprudencial de su demostración, la sentencia de julio 17 de 1991, en la que la Corte reitera:

“No sobra decir que la Sala Laboral en sus dos secciones tiene establecido acerca del aspecto señalado y resuelto por el Tribunal que el concepto de empresa tiene una connotación amplia en el derecho laboral en donde el elemento del ánimo de lucro no es lo esencial de su noción, lo importante es que en ella confluyan los factores de capital y trabajo, que determinan la producción de bienes o servicios que en algunas ocasiones están destinados a buscar el bien común o bienestar social, con independencia de cualquier interés lucrativo. La jurisprudencia de esta corporación ha establecido que el ordenamiento laboral protege el trabajo subordinado cualquiera que sea su finalidad y únicamente restringe el pago de las prestaciones hasta en un cincuenta por ciento para las entidades sin ánimo de lucro, por razones de equidad, pero sin liberarlas del pago de las prestaciones especiales”.

La Iglesia Católica es una entidad sin ánimo de lucro pero que como concluye la sentencia citada, no está exenta del pago de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, por lo que se debe concluir que el Tribunal lejos de no aplicar las normas acusadas les dio recta y cabal aplicación de acuerdo con la doctrina reiterada de esta corporación.

En lo que respecta a la aplicación de las normas laborales para la Iglesia Católica, es cierto que el concordato suscrito entre Colombia y la Santa Sede aprobado por la Ley 20 de 1974, establece en su artículo III el respeto de la legislación canónica por las autoridades de la República, remitiendo a los jueces al estudio de esa legislación cuando se presente el caso, y así se ha procedido de vieja data.

Durante la vigencia del Código Canónico de 1917 ciertos trabajadores que cumplían con funciones que tenían como finalidad el desarrollo de los fines espirituales de la Iglesia, tales como los sepultureros, sacristanes y sochantres, eran nombrados, dirigidos y depuestos únicamente por rector de la Iglesia quedando supeditados al régimen de dicha legislación, como se desprendía del canon 1185, por lo cual resultaba válido afirmar, como lo hizo la Corte en sentencia de 26 de abril de 1969, que de acuerdo al concordato suscrito con la Santa Sede a dichos trabajadores no se les aplicaban las leyes nacionales.

Derogado tal código por el que empezó a regir para la Iglesia latina, el 27 de noviembre de 1983, la concepción antigua de la Iglesia respecto de sus colaboradores varió sustancialmente, orientada por las doctrinas del Concilio Vaticano II.

En efecto, el canon 1286 establece refiriéndose a los administradores de bienes:

“1. In operarum locatione leges etiam civiles, quae ad laborem et vitam socialem attinent, adamussim servent, iuxta principia ab Ecclesia tradita;

2. Iis qui operam ex condicto praestant, iustam et honestam mercedem tribuant, ita ut idem suis et suorum necessitatibus convenienter providere valeant”.

Lo que traducido al español significa:

“1. En los contratos de trabajo y conforme a los principios que enseña la Iglesia, han de observar cuidadosamente también las leyes civiles en materia laboral y social;

2. Deben pagar un salario justo y honesto al personal contratado, de manera que éste pueda satisfacer convencionalmente las necesidades personales y de los suyos”.

Resulta entonces claro, que el canon mencionado impone a los administradores de los bienes de la Iglesia, ya sean ministros o laicos, la obligación de observar cuidadosamente las leyes civiles en lo laboral. De esta suerte, el canon remite la competencia del conocimiento de los asuntos relacionados con el contrato de trabajo, a las leyes ordinarias que en esta materia rigen en la Nación, ya que ni en el concordato, ni en el Código Canónico, aparece norma que excluya a alguno de los trabajadores laicos de la Iglesia, resultando inoperante en este sentido el artículo 338 del C. S. de T. que de acuerdo a lo dicho no resultó violado con la decisión del Tribunal. El cargo consecuencialmente no prospera».

(Sentencia de casación, abril 21 de 1994. Radicación 6233. Magistrado Ponente: Dr. Ramón Zúñiga Valverde).

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