•Sentencia 6246 de mayo 25 de 1992

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

ACUMULACIÓN DE PROCESOS

ETAPA EN QUE PUEDE DECRETARSE

EXTRACTOS: «La aplicación del instituto de la acumulación de procesos, debe ser la regla general. Sus altos fines de alcanzar una mejor administración de justicia, imponen la adopción de este criterio. Sólo cuando la índole de los procesos establezca una insuperable incompatibilidad, debe descartarse esta benéfica y perseguible posibilidad. O cuando expresamente así lo disponga la legislación.

La primera de estas hipótesis suele presentarse cuando entran en juego procesos de especialísima caracterización, los que la doctrina suele denominar sumarios, sumarísimos o de trámite abreviado. En los mismos, por atender primordialmente a la celeridad, al punto que se dispone de concentrada investigación y juzgamiento resulta de muy dificultada aplicación un instituto como el que se comenta. De ahí que, como en ese cometido de eliminar trámites suele suprimirse la resolución acusatoria, de entrada el procedimiento mismo parece estar alejando esa alternativa. Pero lo que puede constituir ocurrencia general, o sea, que ese rápido diligenciamiento impide satisfacer los requisitos que modelan la acumulación, no se troca, a priori, en oposición absoluta o infranqueable. Habrá casos, y para éstos podrá operar el instituto, en que sea factible. La propia legislación no se cierra a esta contingencia y de ahí que el artículo 87 del Código de Procedimiento Penal, que prevé su improcedencia, señala como uno de los casos, el tratarse de procesos sometidos a procedimiento abreviado, salvo que el proceso “se encuentre para sentencia”.

Conviene aclarar, de una vez, que cuando la norma citada alude a procedimiento abreviado no se está circunscribiendo de manera exclusiva al proceso que está sometido a las regulaciones de los artículos 474 y ss. ibídem. No dentro de esta terminología encuentra cabida todo lo que ofrezca una reducción de trámites en comparación con el procedimiento ordinario, pleno o básico que constituye la referencia al modelo fundamental de actuación que atiende el procedimiento. De ahí que, por vía de ejemplo, puedan citarse los procesos regidos por la Ley 2ª de 1984, o el antiguo Decreto 180 de 1988 y afines (hoy D. 2271/91).

La acumulación de procesos se cuida de fijar dos términos de importancia: desde cuándo (circunstancia ad quem) y hasta cuándo (circunstancia a quo) puede decretarse. El artículo 86 ib., fija el término ad quem: “... a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación o del auto sobre control de legalidad” —este último suprimido por el D. 1861/89, art. 37.

La Sala ha querido destacar el requisito de la “ejecutoria”, que no se contempla para el otro extremo de la situación, o sea, el término a quo (sent. —art. 87-1 ib.—), porque con la emisión del pliego de cargos o resolución acusatoria, se da vida al juicio o causa (de ahí que algunos denominen la acumulación de procesos como acumulación de causas o juicios). Ya se ha recogido toda la información necesaria para saber de qué se trata, cuál es el gravamen delictivo que soporta el procesado, cuál el tema a debatirse por las personas intervinientes en el proceso, y, a definirse por el juez. Mal estaría que durante una etapa instructora se estuviera permitiendo la operancia de un instituto de esta clase, pues lejos de contribuir a la buena marcha de la misma, sería eficiente motivo de perturbación y desvío. En ella opera la conexidad, que llega a contemplar casos no considerados por la acumulación y, en todo caso, más propios a la denominada fase de sumario. La acumulación exige, en este extremo, solidez, firmeza y estabilidad. Mientras se pueda cuestionar (apelaciones) la procedencia de la resolución acusatoria, no es dable provocar esa unificación de procesos, pues se estaría anticipando, sobre bases precarias, una unidad que exige mayores características de consistencia y perdurabilidad.

En este punto la Sala entiende que, en los procedimientos abreviados es dable cumplir con la exigencia del término ad quem, a partir del auto de definición de situación jurídica o algo que a éste o a la acusación, se equivalga. Y que alcance, por supuesto, su debida ejecutoria.

Respecto del término a quo, éste lo conforma perentoriamente el artículo 87-1, al determinar la improcedencia de la acumulación “cuando en uno de los procesos se hubiere proferido sentencia de primera o única instancia”.

No se exige, al respecto, la ejecutoria y forzosamente debe ser así si se quiere colmar la acumulación de efectivas posibilidades y de gran contenido lógico.

Si se asumiera criterio diferente, se estaría propiciando que los diversos procesos susceptibles de acumulación, fueran definidos mediante distintas sentencias, emitidas por variados funcionarios, con lo cual no se realizaría, en la primera instancia, los necesarios efectos de la acumulación, que sólo se logran, en el actual sistema de procedimiento penal, cuando es uno mismo el juez que actúa y una misma la sentencia en la cual se definen esos múltiples procesos. De otro lado, con tesis disímil, lo relacionado con la acumulación aparecería sólo en el fallo de la segunda instancia, pretermitiéndose, tanto para el procesado, su defensor, ministerio público o parte civil, la posibilidad de poder impugnar el punto a partir del proferimiento de la respectiva sentencia que resuelve los varios procesos objeto de esta medida procesal.

Por fuera del argumento principal y definitivo de la precisa, inconfundible y opuesta forma como están redactados los artículos 86 y 87, podrían escogitarse plurales razones dentro de los temas de la suspensión del proceso más adelantado y las ejecutorias autónomas; pero basta, a este respecto, señalar: a) la razón del artículo 88 es que se terminen los trámites individuales de cada proceso hasta quedar éstos en estado de ser definidos en sentencia única; b) la ejecutoria de la sentencia de primera instancia terminaría con la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, y, en evento tal, cabría preguntar, ¿qué puede hacerse, válida y eficazmente, durante el tiempo de ejecutoria de esta última, en lo atinente a la acumulación?; d) ¿cómo podría suspenderse alguno de los procesos de más avanzado trámite para evitar que éstos no alcancen la ejecutoria del fallo de primera instancia y hasta el de segunda, si precisamente lo que podría facultar para ello, la decisión acumulatoria pende todavía de definición y se ignora cómo terminará la alzada o la consulta de la sentencia de primer grado del o de los otros procesos involucrados en el fenómeno de la acumulación?

Se afirma, entonces, que pronunciada una sentencia, así ésta no se exhiba como ejecutoriada, en cualquiera de los procesos objeto de acumulación, éste o éstos quedan por fuera de esta posibilidad».

(Sentencia de casación, mayo 25 de 1992. Radicación 6246. Magistrado Ponente: Dr. Gustavo Gómez Velásquez).

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