Sentencia 6264 de mayo 22 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL HECHO AJENO

LOS PADRES RESPONDEN POR DAÑOS OCASIONADOS POR SUS HIJOS MENORES

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Santos Ballesteros

Ref.: Expediente 6264

Santafé de Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil (2000).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por los demandados Humberto Rafael Jimeno Zúñiga y María Cristina León de Jimeno contra la sentencia proferida el 29 de mayo de 1996 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por Gilma Acenedt Reyes Bejarano, Paula Catalina y Juan Sebastián Rodríguez Reyes.

Antecedentes

a) En demanda que por reparto correspondió conocer al Juzgado Decimosexto Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, los demandantes indicados pidieron que con citación y audiencia de los demandados igualmente mencionados, y previo el trámite correspondiente al proceso ordinario, se declarase que Humberto Rafael Jimeno Zúñiga y María Cristina León de Jimeno, padres del menor Santiago Jimeno León, son responsables civil y solidariamente de los daños ocasionados a Gilma Acenedt Reyes Bejarano y a sus hijos Paula Catalina y Juan Sebastián con motivo de la muerte sufrida por su esposo y padre Jairo Luis Rodríguez Vera. Deprecaron en consecuencia, que se condenase a los demandados a pagar en forma solidaria la suma de $ 57.298.084.93 o la que resulte probada, como indemnización de los perjuicios materiales ocasionados con la muerte de Jairo Luis Rodríguez Vera, según liquidación efectuada en la misma pretensión, así como los daños morales estimados en $ 50.000.000. En todo caso, agregaron que a la suma que se fije como indemnización deben aplicarse los intereses corrientes bancarios y moratorias comerciales a que haya lugar, así como la corrección monetaria respectiva, desde el momento de la presentación de la demanda hasta el momento real y efectivo del pago de la obligación.

b) Las súplicas transcritas sirvieron como apoyo los hechos que a continuación se compendian:

1. El día 20 de junio de 1989, el señor Jairo Luis Rodríguez Vera fue atropellado y muerto por el joven Santiago Jimeno León, hijo de los demandados, quien huyó del sitio sin prestarle a aquél ninguna ayuda, situación que dio como consecuencia que la víctima fuera arrollada por otro vehículo.

2. A raíz de estos hechos, el menor conductor fue encontrado culpable del delito de homicidio culposo, en sentencia dictada por el Juzgado Sexto Penal de Menores.

3. Debido al alto grado de irresponsabilidad de los padres al permitirle el ejercicio de una actividad peligrosa al manejar un vehículo fue como el joven atropelló y mató a la víctima, quien había contraído nupcias con Gilma Acenedt Reyes Bejarano, unión de la cual procrearon a sus hijos Paula Catalina y Juan Sebastián.

4. La demanda alude a la capacidad económica del occiso, a los gastos de su entierro y a su perfecto estado de salud para el día del accidente, durante el cual había laborado en forma normal en su sitio de trabajo, el Juzgado Quinto Penal de Menores de Santafé de Bogotá.

c) Por conducto de apoderado judicial, los demandados comparecieron al proceso en el que se opusieron a las pretensiones y a vuelta de manifestar no ser ciertos unos hechos, no constarles otros, y no ser propiamente hechos otros más, propusieron como excepciones de mérito las que denominaron “ausencia de responsabilidad por falta de relación causal entre el hecho y el daño”, “culpa de la víctima” e “inexistencia de los perjuicios”.

d) La primera instancia concluyó con sentencia que declaró no probadas las excepciones de la parte demandada, Humberto Jimeno y María Cristina León, a quienes declaró civilmente responsables de los perjuicios ocasionados por su hijo Santiago a los demandantes, condenándolos a pagar a estos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo por perjuicios morales $ 1.000.000 a cada demandante, y por perjuicios materiales $ 8.977.459, suma ésta a la que llega el a quo luego de considerar probada una concurrencia de culpas, por lo que redujo la condena a los demandados al 15% del total del daño material estimado por él en $ 59.847.724.

Inconformes con esa determinación, ambas partes interpusieron recurso de apelación, que desató el tribunal mediante sentencia confirmatoria de los numerales 1º, 2º y 6º del fallo apelado, alusivos a la improsperidad de las excepciones, a la declaratoria de responsabilidad de los demandados y a la condena en costas. De otro lado, la sentencia del ad quem reformó los numerales 3º, 4º, y 5º del fallo de primera instancia, referidos a las cuantías de los daños materiales ($ 35.909.834.40, que es el 60% de lo determinado en el fallo del a quo) y morales ($ 5.000.000 a cada demandante), así como a la causación de intereses sobre la primera cantidad, a partir del vencimiento del plazo judicial, dado para el pago, de diez días contados desde la ejecutoria del fallo. Contra la sentencia de segunda instancia se interpuso el recurso de casación del que ahora se ocupa la Sala.

Sentencia del tribunal

Relata en primera medida el tribunal los antecedentes del litigio, desde las pretensiones y la síntesis de los hechos de la demanda, para luego historiar el trámite del proceso así como el compendio de la sentencia del a quo y las alegaciones en segunda instancia de ambas partes, hecho lo cual arriba a las consideraciones que bien pueden ser resumidas como sigue:

El tribunal encuadra el asunto sometido a su decisión dentro de la responsabilidad civil por el hecho de un tercero y por actividades peligrosas, de que tratan los artículos 2347 y 2356 del Código Civil. A partir de allí, y sobre la pase de los elementos que estructuran la responsabilidad civil —culpa, daño y nexo causal—, edifica su decisión confirmatoria, predicando, con apoyo en jurisprudencia reiterada de esta Corte, la presunción de culpa “contra quien causa un daño por razón de una actividad caracterizada por su peligrosidad”, de la que aquí se trata, a vuelta de lo cual, y en punto del nexo causal, concluye que éste se encuentra plenamente demostrado en el proceso, no solamente por la afirmación de la parte demandada en el sentido de que el occiso fue atropellado por el automóvil que conducía Santiago Jimeno León, hijo de los demandados, sino por los testimonios de Paula Holguín Lora y Alfonso Parra Bustillo, de los que reproduce apartes.

Inicia luego el fallador ad quem el análisis del daño, elemento que en el proceso lo encuentra acreditado con la muerte del señor Rodríguez Vera. Demostrado el deceso y el hecho de que aquél “se hallaba unido a los demandantes por virtud de una relación jurídica protegida por la ley, pues estaba legítimamente casado con la señora Gilma Acenedt Reyes de Bejerano y con ella procreó los menores Paula Catalina y Juan Sebastián Rodríguez Reyes resulta obvio que estos tienen derecho a reclamar indemnización por la pérdida de esa vida que les prestaba y debía ayuda económica”, según los artículos 179, 411 y siguientes del Código Civil.

En cuanto concierne a las excepciones propuestas por la parte demandada, en primer lugar observa el tribunal, respecto de la denominada “culpa exclusiva de la víctima”, que no tiene respaldo probatorio en el proceso, pues “las personas que iban con el conductor no hablan clara y nítidamente que el peatón atravesaba imprudentemente la vía en el instante mismo de pasar el vehículo, poniendo al conductor en imposibilidad de evitar el accidente”, para lo cual examina el dicho de los testigos Paula Holguín Lora —de la que dice que no supo qué pasó—, Alfonso Parra Bustillo —que no vio al peatón porque iba en el puesto de atrás— y Alberto Parra Bustillo, de cuyo testimonio afirma que es contradictorio pues luego de indicar éste que el occiso “se lanzó sobre la vía y no le quedó tiempo al conductor de reaccionar”, afirma que al peatón sólo lo vio ya en el momento del impacto, sin conocer dónde se hallaba esa persona y qué hacía antes del accidente.

Trayendo a colación al artículo 121 del Código Nacional de Tránsito, según el cual el peatón al atravesar una vía debe hacerlo por la línea más corta, respetando las señales y cerciorándose de que no viene ningún vehículo que ofrezca peligro, afirma el sentenciador de segunda instancia que “por ninguna parte aparece demostrado que el conductor o el peatón de marras cumplieron o no estos principios y que a pesar de lo primero, el siniestro aconteció”.

Tampoco aportaron prueba los demandados, sobre que la muerte haya tenido por causa exclusiva un segundo hecho, a saber, el subsiguiente atropello a la víctima por un automóvil marca Renault 4, luego del accidente inicial.

En relación con la cuantía de los perjuicios, el tribunal acoge los razonamientos del a quo, salvo en lo concerniente a la reducción al 15% del monto que arrojó la operación para hallar el daño material, disminución esta originada en una compensación de culpas (C.C., art. 2357) por razón del grado de alcoholemia hallado en el difunto. El tribunal estima que sólo debe restarse un 40%, y hecho lo cual, tasa la condena por daño material en la suma de $ 35.909.834.

Y en cuanto al daño moral, estima el sentenciador colegiado que la condena debe fijarse en $ 5.000.000 para cada hijo y para la esposa supérstite, en razón de “la presunción no desvirtuada que el fallecimiento trágico del padre y esposo como lo da a conocer el expediente, tuvo que ocasionarles intenso dolor a quienes sobreviven, máxime que dentro del informativo no se insinuó siquiera que el padre no estuviera bajo el mismo techo con su familia, circunstancia que sí conduciría a aceptar debilidad en los lazos afectivos”.

La demanda de casación

Un solo cargo se edifica contra la sentencia y él se hace consistir en la violación indirecta de los artículos 2341 y 2347 del Código Civil, modificado por el artículo 65 del Decreto 2820 de 1974 por aplicación indebida, como consecuencia de los errores evidentes de hecho en los que incurrió el fallador de segunda instancia por falta de apreciación de las pruebas que después se singularizan.

En el desarrollo del cargo, se expresa que la ley, la doctrina y la jurisprudencia tienen por establecido que la responsabilidad por el hecho ajeno no tiene el carácter de una responsabilidad objetiva, pues el artículo 2347 antecitado —alusivo a aquel tipo de responsabilidad— señala en su último inciso que “...cesará la responsabilidad de tales personas, si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho”. Así lo pregonan autores como Antonio Cammarota, Jaime Santos Briz y Esther Gómez Calle, de quienes se reproducen apartes de sus obras.

Se afirma en el cargo que “si se demuestra que los padres actuaron con diligencia tanto en la educación como en la vigilancia de sus hijos menores no cabe duda de que no son responsables por el hecho de estos”.

En punto de los errores en que el tribunal incurrió, dice el recurrente que esa corporación dejó de apreciar de manera absoluta las siguientes pruebas: La copia auténtica de la licencia de conducción de Santiago Jimeno León, su indagatoria, las diligencias de entrevista personal de la señora María Cristina León de Jimeno y de Santiago Jimeno León, la encuesta social Nº 37, la providencia proferida por el Juzgado 6º Penal de Menores, el informe social que obra a folio 219 del cuaderno denominado “copias del proceso penal”, la sentencia del Juzgado 6º, los interrogatorios de parte rendidos por María Cristina León de Jimeno y Humberto Rafael Jimeno y las declaraciones de los testigos Paula Holguín y Alberto Parra.

De las mencionadas pruebas, remata la censura, se deduce que a los demandados no se les puede endilgar culpabilidad en el caso sub lite, pues aquellas demuestran claramente que no incurrieron en culpa in vigilando ni en culpa in educando respecto del accidente que causó la muerte al señor Rodríguez Vera.

Y en apoyo de tal aserto se indica, respecto de la ausencia de culpa in vigilando, que a folio 29 del cuaderno denominado “copias del proceso penal” obra la copia auténtica de la licencia de conducción de Santiago Jimeno León, y en los interrogatorios de los padres demandados (fls. 91 y 93 de c. de pruebas 1), ellos indicaron que dicha licencia había sido obtenido a través de la escuela de conducción que enseñó esa actividad a Santiago y que éste tomó el vehículo de sus padres con el permiso de estos, documentos y afirmaciones que conducen a ratificar la ausencia de culpa in vigilando de los demandados.

Igual resultado ofrecen las diligencias de entrevista personal de la señora María Cristina León de Jimeno y de Santiago Jimeno León, así como la encuesta social Nº 37 visible a folio 161 y 163 del aludido cuaderno de copias del proceso penal, el acta de visita domiciliaria que la juez de menores practicó, el informe de la Escuela de Trabajo “El Redentor”, la providencia del juez de menores mediante la cual se levantó la medida cautelar que pesaba contra el menor, así como la sentencia que lo condenó, documentos todos de los que se deduce que el hogar en donde creció Santiago Jimeno “era y aún es, modelo de estabilidad y armonía” y que la educación recibida por éste era adecuada.

Culmina el cargo con la afirmación de que como ninguna de esas pruebas fue tenida en cuenta por el tribunal, éste no llegó a la conclusión de que se encontraban plenamente demostradas la diligencia in vigilando e in eligendo “y en consecuencia no le hubiera dado aplicación al artículo 2347 del Código Civil” ni al artículo 2341 de esa codificación, que supone que “en nuestro derecho no existe la responsabilidad objetiva y que por consiguiente la culpabilidad sigue siendo y es en el caso concreto de la responsabilidad por el hecho ajeno, requisito (sine qua non para deducir una indemnización de perjuicios a cargo de los padres del menor”.

Consideraciones

1. El tribunal sentó dos premisas cardinales: de un lado el caso de responsabilidad civil que se le puso de presente se encuentra regido por el artículo 2356 del Código Civil, en la medida en que el daño cuya reparación se pide fue producido en un accidente de tránsito, esto es, una actividad peligrosa. Y en segundo lugar, como el tribunal halló probada la responsabilidad del menor y se demanda a sus padres, concluyó que tenía aplicación la responsabilidad civil por el hecho ajeno, de que trata el artículo 2347 del Código Civil, limitándose en este aspecto a afirmar, sin ninguna explicación que brinde luz sobre su conclusión, que los presupuestos de esa responsabilidad estaban configurados.

Por su parte, el eje del cargo, el raciocinio con el cual se pretende quebrar el fallo, radica en la demostración de la ausencia de culpa de los padres, que el recurrente resalta a lo largo de su disquisición, ausencia de culpa que, en criterio del censor, desarticularía la estructura de la responsabilidad que la sentencia dedujo a los demandados y que de encontrarse acreditada conduciría a que la sentencia debiera casarse.

Como se aprecia, buena parte del iter de este proceso, incluida la sentencia del ad quem y la demanda de casación, gira en torno de la aplicación o no del artículo 2347 del Código Civil, norma que, a decir verdad, no está llamada por sí misma a regular el caso de estos autos, en toda su extensión, dado que, como habrá de resaltarse, al lado del sistema de responsabilidad civil por el hecho de otro de que da cuenta ese artículo 2347, otro precepto, de carácter especial pero también regulador de ese sistema de responsabilidad se aplica de manera cabal al caso presente.

En efecto, el artículo 261 del Código Nacional de Tránsito (D. 1344/70, adicionado y modificado por la L. 33/86, que le incluyó, entre otros, el artículo prenombrado 261), en franca garantía a las víctimas de accidentes de tránsito, contempló que “en la responsabilidad por el hecho ajeno cometido en ejercicio de actividades peligrosas el demandado sólo se libera mediante la prueba de una causa extraña. No están exoneradas de esta responsabilidad las personas de derecho público o privado”. 

Frente a la lectura desprevenida de esta norma se infiere, de una vez, la improsperidad del cargo por el desenfoque total que tiene, apoyado como está en el esfuerzo de demostrar, sin lograrlo, la ausencia de culpa de los padres demandados frente al hecho ilícito de su menor hijo. La Corte, en su función de unificación de la jurisprudencia, y dentro de los precisos límites que el caso presenta, examinará el alcance de esa norma (art. 261) que, olvidada en las instancias y por supuesto en la demanda de casación, determina qué debe probar el llamado por ley a responder por los hechos de otro.

2. En Colombia, a pesar de la utilización más o menos esporádica del término “riesgo”, por la época en que afloró la teoría que lleva su nombre, la Corte Suprema ha insistido en que la responsabilidad civil extracontractual prevista en el Código Civil viene impregnada de las tesis subjetivas que entronizan la culpa como criterio fundamental de la responsabilidad.

Pero al margen de ese tema, sobre el cual ha girado la problemática de la responsabilidad civil desde su auge vertiginoso a principios del siglo XX, lo cierto es que en el sistema de la responsabilidad civil por el hecho ajeno, impropiamente llamada indirecta, se consagra un deber jurídico concreto de algunas personas de vigilar, elegir y educar a otras que son las que directamente cometen el ilícito causante del perjuicio. Ese denominado “indirectamente responsable” por el hecho de otro responde en realidad por una falta suya, propia y distinta de la del vigilado o educando. Y son razones técnico jurídicas las que han llevado al legislador a establecer esa separación: de un lado, la necesidad de indemnizar a la víctima por parte de las personas que, por razón de su autoridad tienen el deber de vigilancia sobre los actos de otros que por su debilidad física o patrimonial no están en capacidad de responder íntegramente por los daños que ocasionan. Y de otra, la exigencia de encontrar responsable del daño a quien se considera que ha permitido o tolerado que la persona que está bajo su cuidado actúe con torpeza en el comercio jurídico.

La responsabilidad civil por el hecho ajeno se erige entonces a consecuencia de haber faltado el llamado por ley a responder, al deber jurídico concreto de vigilar, elegir y educar; lo que en el fondo constituye una garantía que ofrece la ley a los damnificados en aras de esa debilidad a que antes se hacía referencia. Responsabilidad que actúa en la medida en que se encuentre cabalmente definida o acreditada la responsabilidad civil del directamente responsable.

Se encuentra ese sistema consagrado en el artículo 2347 del Código Civil al establecer, como principio general, la regla de que toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Y en tratándose de los padres, con la modificación introducida por el Decreto 2820 de 1974, establece aquel artículo que estos son responsables solidariamente del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa. Hijos menores que, en concordancia con lo que se dispone en el artículo 2346 del Código Civil, deberán ser aquellos que tengan entre diez años y dieciocho años, edad en que termina el deber de cuidado, por la mayoría de edad alcanzada por el vigilado. 

En el sistema del Código Civil, el último inciso del mencionado artículo 2347, no aplicable al caso presente según luego se explicará, establece que esa responsabilidad de, entre otros, los padres, cesa “si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho”, lo que equivale a indicar que el tema de la prueba en esta codificación, y referida a la responsabilidad civil por el hecho ajeno, se enfoca en la acreditación plena de la diligencia en la custodia y educación a cargo de los padres y naturalmente frente al preciso evento dañoso. Pero esa prueba de haber cumplido con la vigilancia y educación del menor no consiste, como el cargo parece, insinuarlo, en presentar indicios contingentes o pruebas indirectas que den lugar a que se vislumbre la apariencia de que en efecto, en el pasado ha recibido el pupilo adecuada vigilancia y educación. La labor de quien deba acreditar la observancia de ese deber jurídico concreto de vigilancia no consiste en demostrar ser un “buen padre de familia” sino en haber cumplido ese deber en el momento en que el evento dañoso acaece. O en no haber podido cumplir, a pesar de la autoridad de que goza. 

Pero haciendo caso omiso de la dificultad de ofrecer una prueba directa de la vigilancia “permanente” del menor, obligación que hoy podría hasta lucir exótica frente al libre desarrollo de la personalidad del menor, de su libertad, y hasta de la dificultad misma de cumplir con este deber por causa de los avatares de la vida moderna, aun así, la Corte estima —por vía de ejemplo y sin afrontar todavía el caso y la anunciada norma contenida en el artículo 261 del Código de Tránsito— que quien con el deber de cuidar y vigilar permite y aun autoriza que su pupilo desarrolle actividades que generan peligro para la comunidad, que exigen de quien las ejerza prudencia, pericia y diligencia, debe responder por los daños que ese pupilo ocasione, en razón de constituir, en sí misma, una laxitud esa permisividad y autorización en el manejo de actividades que de suyo, a más de requerir pericia y mesura, tienen la connotación del peligro por las consecuencias desastrosas que son capaces de generar.

Desde luego, y en relación con la pericia exigida frente al ejercicio de actividades peligrosas, y, cual ocurre con muchas otras causas de daños a terceros, la autorización impartida por el Estado no puede constituirse ni en permiso para dañar, ni en presunción de vigilancia alguna. La licencia de conducción, a semejanza de los permisos ambientales, sólo habilitan a quien los detenta para ejercer la actividad de que se trate, pero en manera alguna permiten inferir diligencia o prudencia del que tiene la licencia, que sólo hace suponer que está autorizado para ejercer una actividad. Ni menos esa licencia habilita para deducir diligencia del que debe velar por la conducta del autorizado. Y aún menos cumplimiento de su obligación de vigilar.

3. En el caso sometido a estudio, encuentra la Corte que en efecto, el tribunal no se detuvo en el análisis de las pruebas que dijo el censor, acreditaban la diligencia y cuidado de los padres demandados. De tales pruebas debe decirse que buena parte de ellas corresponden a la actuación procesal surtida en el juzgado de menores, que como tal no gozó en este proceso civil, de la debida audiencia y contradicción que reclama el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil. El tribunal centró su análisis en las excepciones planteadas por la defensa en la contestación de la demanda, alusivas todas al desquiciamiento del nexo causal entre el daño causado y la conducta del menor, sin parar mientes, ni el tribunal ni los demandados, en que tal elemento de la responsabilidad civil de los padres por el hecho de su hijo se hallaba plenamente acreditado por razón de la sentencia del Juez Sexto de Menores de Santafé de Bogotá, que encontró al menor Santiago como autor del homicidio culposo de Jairo Luis Rodríguez Vera. Hecho irrefutable que incide plenamente en el juicio de responsabilidad civil de los padres, como que hace tránsito a cosa juzgada erga omnes, sin lugar por tanto a vanas reconsideraciones de jueces civiles y terceros.

4. Por consiguiente, demostrado que el menor fue el autor del hecho ilícito del que nace la obligación de reparar, acreditada su condición de hijo de familia y la de padres de éste que tienen los demandados, tocaba a estos para exonerarse, demostrar, como lo exige el artículo 261 del Código Nacional de Tránsito, una causa extraña que les hubiese impedido cumplir en ese momento, con su deber. Y es aquí donde el sistema del código queda subrogado por el que se consagra en el aludido artículo 261, al exigir éste que el llamado a responder por los hechos de otro demuestre que no pudo cumplir con su deber jurídico concreto de vigilar al menor responsable, por haber ocurrido una causa extraña, esto es un caso fortuito o fuerza mayor, un hecho exclusivo de un tercero o de la víctima de modo tal que ese ligamen, esa obligación a que estaba sometido fue imposible de cumplir para él.

Este precepto, que recibió de la Corte Suprema de Justicia la declaración de su exequibilidad (sent. del 21 de agosto de 1986, Exp. 1552) en la precisa medida en que regula la responsabilidad derivada de una actividad peligrosa como lo es circulación de animales y vehículos por las vías públicas (objeto del Código Nacional de Tránsito y por tanto no aplicable el precepto a otros casos de actividades peligrosas) es norma de especial alcance y aplicación, que subroga parcialmente la directriz general prevista en el último inciso del artículo 2347 del Código Civil. Por tanto, y en otras palabras, probado el daño y el hecho imputable al subordinado en la producción del mismo acaecido en ejercicio de esa actividad peligrosa que es la conducción de automóviles, y acreditado el nexo de subordinación concreto que vincula al vigilado con el llamado por ley a responder, no es tema de prueba a cargo de éste la diligencia o la prudencia de su actuar. En la hipótesis contemplada en el artículo 261 del Código Nacional de Tránsito, ese vigilante —padre, tutor, director de colegio, patrono— sólo se exonera de responder mediante una causa extraña que obstaculice el cumplimento de su deber concreto de vigilancia, cuidado y educación, esto es, que le haga imposible el cumplimiento de ese deber jurídico concreto, por fuerza mayor o caso fortuito, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima.

El cargo, por tanto, resulta impróspero.

Decisión:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y Agraria, administrando, justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO CASA la sentencia proferida el 29 de mayo de 1996 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por Gilma Acenedt Reyes Bejarano, Paula Catalina y Juan Sebastián Rodríguez Reyes contra Humberto Rafael Jimeno Zúñiga y María Cristina León de Jimeno.

Costas del recurso a cargo de la parte recurrente. Tásense.

Notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Silvio Fernando Trejos—Manuel Ardila—Velásquez—Nicolás Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros. 

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