Sentencia 6277 de mayo 23 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 6277

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles.

Bogotá, D.C., veintitrés de mayo de dos mil dos.

Decide la Corte el recurso de casación que la parte demandante ha interpuesto contra la sentencia del 28 de mayo de 1996, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosas de Viterbo dentro del proceso ordinario adelantado por Adolfo Reyes Isaza frente a personas indeterminadas.

Antecedentes

1. Impetró el demandante que se declarase que le pertenece, por haberla adquirido por prescripción extraordinaria de dominio, la finca denominada “Matapalo”, ubicada en el municipio de Orocué (Casanare), cuyos linderos y demás especificaciones anota en la demanda, declaratoria que, subsecuentemente, solicitó fuese registrada en la oficina de registro de instrumentos públicos pertinente.

2. En síntesis, apuntaló sus pedimentos en que ha venido poseyendo en forma notoria el aludido terreno rural desde el año de 1988, fecha en la que compró, mediante la escritura 2931 del 17 de noviembre de 1988 de la Notaría 35 del Círculo de Bogotá, los derechos de propiedad y posesión que tenía la sociedad “Fernando Reyes Isaza y Cía. S. en C.”, sobre dicho inmueble, haciendo referencia pormenorizada a la cadena de títulos que le antecedió.

El demandante, de acuerdo con las “tradiciones” que relaciona, ha sumado hasta la fecha de la demanda una posesión continua de 65 años, tiempo durante el cual sus antecesores han ejercido actos de señor y dueño sobre el terreno y las construcciones y mejoras allí realizadas. Los actos posesorios han consistido en el levantamiento de construcciones y cercas, arrendándola en su exclusivo beneficio y todos los actos propios de dueño, además, han cancelado los respectivos impuestos prediales. Por su parte, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria declaró, mediante Resolución 3287 del 16 de julio de 1984, que el predio “La Candelaria”, de mayor extensión, había salido legítimamente del patrimonio del Estado y que por lo tanto es propiedad privada.

La sociedad “Fernando Reyes Isaza y Cía. S. en C.”, adquirió un inmueble de mayor extensión del cual segregó algunas partes transfiriendo los derechos de propiedad y posesión que tenía sobre él a los nuevos propietarios.

3. Efectuados los emplazamientos de rigor y agotado el trámite de la primera instancia, a ella puso fin el Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué mediante la sentencia estimatoria de las pretensiones, decisión que fue revocada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo mediante la sentencia inhibitoria ahora impugnada.

(...).

Consideraciones

1. De la lectura de los dos cargos que la demanda de casación contiene, se colige que son semejantes las circunstancias que los apuntalan y que las tenues modificaciones que en ellos se perciben, corresponden a la tentativa estéril del recurrente de acomodarlas a las exigencias técnicas del recurso. En efecto, en el cargo primero, denuncia que el juzgador de segunda instancia incurrió en contraevidencia al apreciar el certificado que obra a folios 2 y 3 del cuaderno 1 y el documento que aparece al folio 140 de ese mismo cuaderno, motivo por el cual le imputa error de hecho al apreciar esos instrumentos, mientras que en el cargo segundo, apoyándose en argumentos de similar temperamento se duele por los supuestos errores de derecho cometidos por el tribunal al valorar esos medios de prueba.

2. Sin embargo, es incontestable que si el recurrente pretende quejarse de que el tribunal no vio que en el certificado de registro allegado con la demanda aparecía inscrito el actor como titular de derecho real sobre el inmueble, estándolo allí claramente, tal yerro, de haber existido, sería de hecho, no de derecho, desde luego que tiene que ver con la objetividad del documento, con lo que éste dice y el juzgador no percibió, motivo por el cual no le era dado a la censura esgrimirlo en el cargo segundo como error de derecho, muy a pesar del vano afán de disfrazarlo como tal.

3. Y puesta la Corte en la tarea de examinar el aludido certificado, concluye que, conforme a lo que objetivamente éste denota, no es atinado censurar al tribunal por no haberse percatado de que el demandante aparece inscrito como dueño del inmueble, toda vez que la inscripción 02 de fecha 19 de diciembre de 1988, correspondiente a la escritura pública 2931 del 17 de noviembre de ese mismo año, que contiene la compraventa que la sociedad Fernando Reyes Isaza S. en C., hizo por un valor de $ 716.000 a Adolfo Reyes Isaza, el aquí demandante, fue registrada como “falsa tradición”, denominación que, al tenor del artículo 7º del Decreto 1250 de 1970 comprende, entre otros, los títulos de enajenación de cosa ajena y la transferencia de derecho de dominio incompleto o sin antecedente propio, motivo por el cual, en los términos de esa certificación, se reitera, el actor no es dueño ni titular de derecho real alguno sobre ese predio, motivo por el cual no le es dado proclamarse propietario, como enfáticamente lo hace en la demanda de casación.

Para la cabal comprensión de la cuestión parece necesario recordar que el Código Civil Colombiano adoptó en materia de la adquisición y transmisión de los derechos reales el sistema del título y el modo cuyo antecedente histórico debe encontrarse en la “traditio” romana, pero cuya elaboración doctrinaria suele atribuirse a los expositores de la edad media, quienes la extendieron a los demás derechos reales, amén de que, apoyándose en los conceptos escolásticos de la causa próxima y la causa remota, concibieron los conceptos de título y modo para identificar dos fenómenos disímiles aunque estrechamente ligados por una relación de causalidad: mediante el título el interesado adquiere la mera posibilidad de que la transferencia del derecho se produzca, es decir que se erige en condición necesaria para que ese traspaso, apenas latente, se haga efectivo; en cambio, como la tradición concretaba o hacía efectiva esa transmisión, se le denominó como el modo.

De suerte que en el ordenamiento patrio, el título no transfiere por sí mismo el dominio, por supuesto que éste únicamente genera para el acreedor el derecho a obtener la propiedad del bien que constituya el objeto de la prestación y para el deudor el deber de hacer la tradición prometida, tradición que deviene, entonces, como aquella convención que hace efectiva la transferencia debida mediante la entrega que del bien hace el dueño al acreedor, “habiendo por una parte facultad e intención de transferir el dominio, y por otra la capacidad e intención de adquirirlo” (art. 740 ejusdem ), definición a la que restaría solamente añadirle que por mandato del artículo 756 ibídem, si de inmuebles se trata, aquella se efectúa por la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos.

De lo dicho se perfilan con indiscutible claridad las coordenadas que rigurosamente confluyen para estructurar la tradición, o sea, que se trate de un acuerdo de voluntades que, en cuanto tal, debe reunir los requisitos propios de los actos de esa estirpe; que se haga entrega del bien mueble o la inscripción de rigor, si es inmueble y, finalmente, que el tradente sea el dueño de la cosa que se transfiere, exigencia esta última cuyo incumplimiento si bien no afecta la validez del título, sí torna ineficaz la tradición, inferencia que palpita en la regla contenida en el artículo 1633 ejusdem , según el cual “el pago en que se debe transferir la propiedad, no es válido, sino en cuanto el que paga es dueño de la cosa pagada o la paga con el consentimiento del dueño”, precepto que se aviene con lo prescrito por el artículo 752 del Código Civil, en virtud del cual se consagra el antiguo aforismo nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet ”, en los siguientes términos: “Si el tradente no es el verdadero dueño de la cosa que se entrega por él o a su nombre, no se adquieren por medio de la tradición otros derechos que los transmisibles del mismo tradente sobre la cosa entregada”.

Más exactamente, si el tradente es deudor de la prestación de transferir el dominio pero no es dueño de la cosa objeto de la deuda, la hipotética tradición que de ella haga es inválida y por tanto ni extingue la obligación que de esa forma se pretende pagar, ni transfiere el dominio al acreedor, independientemente de que pueda trasladarle cualquier otro derecho del que sí sea titular. En todo caso, al tenor del Decreto 1250 de 1970, el título que el pretendido adquirente exhiba debe registrarse en la sexta columna del folio de matrícula inmobiliaria destinado a inscribir los casos de falsa tradición, que, como su nombre lo sugiere, no implica una mutación del dominio.

4. A la luz de esas reflexiones se hace patente que son visiblemente desacertadas las disquisiciones por medio de las cuales pretende la censura asentar que como el tribunal no vio que el demandante es el titular del derecho de dominio sobre el bien cuya usucapión reclama, apreció de manera contraevidente ese certificado, toda vez que, como ha quedado dicho, el título que aquél adujo fue inscrito como una falsa tradición, inscripción cuya fidelidad no se discute en este proceso, y que como tal no lo hace dueño del mismo.

5. A pesar de la parquedad e, inclusive ligereza, de algunas de las argumentaciones que sirvieron de fundamento al sentenciador ad quem para declararse inhibido para decidir el litigio sometido a su juicio, es indiscutible que el cimiento de su decisión se encuentra en que el certificado allegado por el registrador no indicaba el nombre del dueño del predio o, en su defecto, que no existía uno registrado como tal, inferencia que no puede tacharse de manifiestamente errónea si se considera que allí se relaciona una cadena de títulos que desembocan en el del actor, el que aparece registrado como una falsa tradición. En consecuencia, si ésta es una falsa tradición, es decir que no recibió de su antecesor el dominio, habría que colegir que, de igual modo, este antecesor tampoco recibió ese derecho de quien lo precedió, y así sucesivamente, por manera tal que no habría certeza de quién aparece registrado como verdadero dueño de la finca.

Por lo demás, conviene recordar cómo esta corporación tiene establecido en el punto que “…la ley exige, no la presentación de un certificado cualquiera, sino uno en que, de manera expresa, se indiquen las personas que, con relación al específico bien cuya declaración de pertenencia se pretende, figuren como titulares de derechos reales sujetos a registro, o uno que de manera clara diga que sobre ese inmueble no aparece ninguna persona como titular de derechos tales” (cas. de ago. 22/95. Exp. 4543).

6. De otro lado, si aquél fue el juicio medular del tribunal, se hace patente la intrascendencia que tiene dentro de su decisión la manifestación de Fernando José Reyes Isaza, quien actuaba en su propio nombre y en el de la sociedad homónima, y Armira Díaz Arenas, toda vez que a ella se refirió solamente para decir que en caso de que fuesen titulares de derechos reales de dominio, su dicho no podía suplir al certificado del registrador, deducción que no aparece cuestionada en casación, amén de que en el sentir del tribunal, para renunciar a cualquier derecho debieron haber comparecido al proceso por medio de abogado, elucidación que tampoco refutó el impugnante.

Los cargos, en consecuencia, no prosperan.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia el 28 de mayo de 1996, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, dentro del proceso ordinario adelantando por Adolfo Reyes Isaza, frente a personas indeterminadas.

Costas a cargo de la parte recurrente. Tásense.

Notifíquese.

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