SENTENCIA 6283 DE JUNIO 18 DE 1991

 

Sentencia 6283 de junio 18 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

DEMANDA INTERPUESTA POR LOS HEREDEROS

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Ref.: Expediemte 6283

Indemnizaciones. Actor: Aura Ligia Posada.

Bogotá, D.E., junio diez y ocho de mil novecientos noventa y uno.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 4 de junio de 1990, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa y condenó en costas a los demandantes.

En la demanda instaurada contra la Nación (Ministerio de Defensa) porla sucesión del señor Orlando de Jesús Londoño L. el día 1º de septiembre de 1988, se pidió la condena a dicha entidad por los daños morales causados al mencionado señor antes de su muerte.

Como hechos se narraron en síntesis:

1. Que el 18 de septiembre de 1986, el CT Tomás Ignacio Monroy R. y el SS Aurelio Mendoza M. del ejército nacional le dieron muerte al señor Orlando de Jesús Londoño L. en la vereda “La Salazar” de Belmira (Antioquia).

2. Que el hecho se debió a falla del servicio porque cuando los autores de la muerte adelantaban operación antisubversiva lo detuvieron, pese a ser un honrado campesino, y en acto de inusitada crueldad y barbarie “lo acuchillaron y degollaron, para luego meterlo en una bolsa de polietileno arrojarlo a una cueva,donde fue encontrado por sus familiares al día siguienté”.

3. Que precisamente por esa crueldad, el occiso vivió antes de su deceso una profunda angustia; la que de haber sobrevivido le habría permitido demandar la indemnización por perjuicios morales.

4. Que como falleció, ese derecho se transmitió a sus herederos.

Cumplido el trámite de la primera instancia, el a quo decidió en la forma indicada, con aclaración del voto de sus magistrados Ramírez Ramírez y Hoyos Duque, porque según ellos, la sentencia debió ser desestimatoria por no haberse demostrado “la ocurrencia de torturas o vejámenes que hubieran dado lugar al derecho de indemnización”.

En dicho fallo se aceptó, como se expresó atrás, la falta de legitimación en causa por activa. Para aceptar esa posición arguyó el tribunal:

“Los accionantes demostrando la calidad de esposa y de hijos de Orlando de Jesús Londoño Londoño y la ocurrencia de su muerte, pero no la condición reconocida de herederos suyos, solicitan que se condene a la Nación a pagar en favor de la sucesión los perjuicios morales que dicen padeció su esposo y progenitor, con ocasión de los vejámenes y torturas que antecedieron a su muerte, a efecto de que dicho valor se integre a la masa hereditaria que luego habrá de repartirse entre la cónyuge sobreviviente y los legitimarios forzosos del causante.

El perjuicio moral se traduce en el daño personal que recibe un individuo con ocasión de los sufrimientos o de la muerte de que ha sido víctima un ser querido.

Ese dolor se sufre a título personal y su intensidad será proporcional al grado de amor, afecto y comprensión recíproca que haya existido entre la víctima y el agraviado. Se siente angustia y desesperación con la muerte del padre o de la madre, del hijo o del hermano, de la mujer o del marido, por la condición personal que se tiene frente a cada uno de éstos, como fruto de unas bien cimentadas y permanentes relaciones y no por la calidad de heredero que depara un hecho, el de la muerte del causante.

El derecho a reclamar la indemnización por el perjuicio moral sufrido es un derecho propio, que surge como consecuencia de una circunstancia especial que lo ata a la víctima y no de un derecho hereditario, pues el causante jamás había ingresado a su patrimonio ese bien, pues para él sí se creó la expectativa de invocarlo por los dolores físicos, angustia y desesperación soportados ante la convicción de que era su fin, pero la expectativa quedó truncada con el consiguiente sacrificio.

El daño moral alegado, como dice la apoderada de la Nación “... fue concomitante con su muerte. No puede separarse, en sana lógica el dolor sufrido durante la muerte, de ésta última”.

Descontenta la parte actora con la decisión, apeló. Cumplido el trámite de la segunda instancia, es oportuno decidir.

Para la fiscalía octava de la corporación, la sentencia recurrida deberá revocarse para, en su lugar, desestimar las súplicas de la demanda. Se apoya la fiscalía, en su concepto el 10 de abril de 1991 (a fls. 75 y ss.), en los puntos de vista expuestos por los magistrados disidentes del Tribunal y sobre la legitimación en causa, anota:

“Al interponer la acción en estas condiciones, están legitimados para hacerlo, no necesitando como lo exige la apoderada de la parte demandada, el reconocimiento de los actores, como cónyuge sobreviviente y herederos en el proceso de sucesión respectivo, porque en nuestro sistema probatorio como ha sido reiterado por la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, el carácter de heredero no sólo se puede comprobar por ese medio, sino igualmente con las correspondientes actas o partidas del estado civil, como lo han hecho los actores en este caso, asumiendo esa calidad con la aceptación de la herencia de que habla el artículo 1299 del C.C. al promover esta acción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1155 del C.C. los asignatarios a título universal representan al causante para sucederle en todos sus derechos y acciones trasmisibles. Por regla general todo derecho es trasmisible salvo que se trate de aquéllos que por su naturaleza son personalísimos o de orden extrapatrimonial.

En principio la obligación de carácter moral no es estimable en dinero, pero la violación del derecho correlativo, se puede traducir en una indemnización pecuniaria, que viene a constituirse en un derecho personal o de crédito, que hace parte del patrimonio.

Siendo los herederos como se explicó, representantes del causante para sucederle en todos sus derechos trasmisibles, ese derecho que tenía el causante para que le indemnizaran los sufrimientos que se afirma en la demanda padeció antes de su muerte, es trasmisible a aquéllos”.

Por su lado, la parte actora insiste en que sí resultó probado que la ejecución del señor Londoño y sus compañeros se hizo con intervalos de tiempo, lo que permitió que supieran de su suerte con antelación y sufrieran una gran angustia; la que convertida en crédito en su patrimonio, entró a formar parte de los bienes herenciales.

Para decidir,

Se considera

La demanda no está llamada a prosperar, como pasa a explicarse:

En fallo reciente (abril 24 de 1991, proceso 6220, ponente doctor Julio César Uribe A.) tuvo oportunidad esta Sala de tocar punto idéntico al aquí juzgado, propuesto por la sucesión de uno de los hijos del señor Orlando Londoño (el occiso que figura en los hechos de la demanda que se decide).

En dicha sentencia, en forma completa y pormenorizada, se analiza el problema de fondo y se confirma la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, pero por razones diferentes; entre las cuales se destaca que aunque sí se dio la falla del servicio, no se impone la condena consecuencial porque, tal como lo sostienen la Corte Suprema y el profesor Pérez Vives, “la muerte inmediata no produce perjuicios al fallecido que puedan transmitirse herencialmenté”.

De el mencionado fallo se destacan los siguientes apartes:

“Para el ad quem es claro que en el caso en comento se dio la falla del servicio. Si no se despachan favorablemente las pretensiones de la parte actora, ello se debe a una especial valoración jurídica de las circunstancias legales y particulares del caso, como se precisará en el aparte siguiente.

c) El ad quem tampoco hace suya la perspectiva jurídica que manejó el a quo y que lo llevó a concluir que el derecho a la reparación del daño moral subjetivo sufrido por la víctima se transmite, en caso de muerte, a sus herederos, por tratarse de un derecho procesal o crédito, tesis defendida entre nosotros por el doctor Javier Tamayo Jaramillo, en su obra De la Responsabilidad Civil, Tomo II, Editorial Temis, pág. 420, y en la doctrina chilena por el Dr. Arturo Alessandri Rodríguez (De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil. Tomo II, pág. 470).

En casos como el presente, cuando la víctima no alcanzó a demandar la reparación del daño causado, es de recibo la tesis patrocinada por la H. Corte Suprema de Justicia, en jurisprudencia reiterada, y que el Dr. Álvaro Pérez Vives recuerda en su obra, al enseñar:

“Por el momento nos limitaremos a destacar que el problema que dejamos enunciado es apenas la consecuencia de un hecho fundamental: que la pérdida de la vida humana no es fuente de ganancias; por lo tanto el accidente que causa la muerte de una persona y que da lugar a la indemnización de perjuicios, no puede considerarse como un bien patrimonial del muerto, por cuanto la muerte no tiene eficacia para acrecentar el patrimonio del fallecido.

“En otros términos: la muerte inmediata no produce perjuicios al fallecido que puedan transmitirse herencialmente. El accidente, al cortar de manera imprevista la vida de la víctima, le ocasionó a ésta el máximo perjuicio: privarlo del ejercicio de uno de los derechos fundamentales del hombre: la vida; truncar todas sus actividades productivas. Pero ya nada de esto tiene valor en relación con el muerto, precisamente porque ha fallecido, y a un cadáver no se le pueden causar perjuicios. De allí que sea unánimemente aceptado que no son los perjuicios causados al muerto los que se pueden reclamar, trátese de acción contractual o extracontractual. La vida humana por las especiales relaciones que existan entre la víctima y el que acciona con fundamento en el accidente —por ejemplo, relaciones de parentesco— puede llegar a ser causa de reparación si, v. gr., se presentaren tales relaciones como fuente de ingresos para los perjudicados con la muerte o como fuente probable de mayores beneficios patrimoniales legítimos.

“La finalidad de la acción de reparación no es indemnizar el perjuicio causado al muerto con su fallecimiento, sino restablecer el equilibrio perturbado por el hecho culposo, sustituyendo o reemplazando la prestación que venía haciéndose por la víctima directa del accidente, en beneficio de sus allegados. La ley actúa en cuanto al resarcimiento del daño, imponiendo una reparación que corresponda al bien de que se priva a los lesionados.

La indemnización se dirige a obtener para aquéllos las mismas condiciones en que se hallarían si no hubiere ocurrido el hecho ilícito.

“Es, pues, el perjuicio causado a las personas que recibían ayuda o beneficio económico del que ha muerto, o que con su deceso hayan sufrido cualquier perjuicio (por ejemplo, los gastos de entierro, la pérdida del dinero invertido por los padres en los estudios universitarios, ya concluidos, del muerto), el que puede ser causa de indemnización.

“Esta misma idea ha sido expresada en otras palabras por la Corte: “para los efectos indemnizatorios por perjuicio material no es propiamente la duración de la vida lo que vale, sino su capacidad productiva en relación con el apoyo cierto y concreto que dejó tener el demandante al extinguirse esa vida dentro de las peculiaridades propias de cada casó””. (Teoría General de las Obligaciones, Volúmen 11, Parte Primera, Editorial Temis, 1968, págs. 266 y ss.ss. Subrayas de la Sala).

En la materia que se viene analizando tampoco puede perderse de vista, como lo ha dicho la H. Corte Suprema de Justicia, que la filosofía que informa la reparación del daño moral no es otra que la de proporcionarle a la víctima SATISFACCIONES EQUIVALENTES a lo que ha perdido, es decir, que el resarcimiento de los daños y perjuicios es un papel SATISFACTORIO que, fallecida lavíctima, en forma inmediata, ya no puede darse. Esta verdad jurídica explica bien que, en el caso en comento, las pretensiones indemnizatorias no estén llamadas a prosperar (Ver Sentencia C. Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sep. 27/74, M.P. Germán Giraldo Zuluaga, Jurisprudencia y Doctrina Tomo III, Nº 34, octubre de 1974, pág. 623)”.

La Sala reitera la tesis que se expone en el fallo ante citado, en especial en torno a las consecuencias de la muerte instantánea y anota, en forma marginal:

1. Los damnificados de una persona fallecida pueden demandar a la entidad responsable por el perjuicio que directamente sufrieron con el hecho y no por ser herederos de la que los sufrió. Se parte así del supuesto de que ese derecho a la indemnización no estaba radicado en cabeza de la persona fallecida, sino que tuvo su origen en la lesión que le causó directamente a la persona damnificada, quien, y sin que esto cambie el enfoque, puede tener además el carácter de heredera de aquella.

2. Cuando una persona es lesionada por un hecho de la administración y fallece con posterioridad como consecuencia del mismo, pueden darse dos hipótesis bien diferenciadas, frente a sus herederos, así:

a) Si ya había demandado la indemnización de perjuicios (morales y materiales) se produce el fenómeno de la sucesión procesal y sus herederos, de prosperar la demanda, tendrán derecho a lo que se le reconozca al de cujus; y

b) Si no había demandado aún, sus herederos podrán reclamar, en su carácter de tales y para la sucesión, los perjuicios materiales que el causante sufrió hasta el momento de su fallecimiento. En cambio, no podrán demandar indemnización por los perjuicios morales que se estima sufrió el de cujus porque éstos son intransmisibles y personalísimos, reconocibles sólo para compensar pecuniariamente el dolor que sufrió dicha persona y no otra, en otras palabras sólo a él se le compensa el precio de su dolor.

A este respecto la Sala comparte la opinión del profesor Jean Carbonnier para quien ``el perjuicio resultante de los sufrimientos padecidos por la víctima es un perjuicio eminentemente personal; la acción de resarcimiento, fundada en ese daño, es una de las acciones vindictam spirantes que perece con la muerte de su titular (cfr. art. 957, par. 2º, se presume la remisión, si se fallece sin haber intentado el ejercicio de la acción)”.

3. Lo precedente, se repite, no impide que quien sea heredero pueda demandar además a nombre propio, por el perjuicio que sufrió con el hecho de la administración. Las ideas precedentes tienen apoyo en la doctrina. Así, los hermanos Manzeaud y André Tunc, en su Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil, Tomo II, pág. 47 sostiene a ese respecto:

“Es preciso distinguir además (2 bis). Los parientes de una persona fallecida de resultas de una accidente pueden reclamar reparación a título de herederos (3); el perjuicio que invocan es entonces el sufrido por el difunto; litigan en nombre de su causante; todo debe transcurrir como si el difunto procediera por sí mismo. Por lo tanto, el demandado podrá oponerle a los herederos la culpa de su causante, igual que se la habría podido oponer a este último. Pueden igualmente, aunque sean herederos, proceder en su nombre propio; reclaman reparación del perjuicio moral o material que sufren personalmente por el hecho de esa muerte (4)”.

En el mismo sentido se pronuncia el profesor Alessandri Rodríguez, para quien el sucesor a título universal puede intentar la acción por daños materiales y morales que competía al causante. A este respecto puede verse la obra del citado autor “De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil” (Imprenta Universitaria Santiago de Chile 1943, págs. 386 y siguientes).

Como se observa la Sala comparte parcialmente la tesis de los autores antecitados, con la limitación anotada en el literal b) del numeral 2º precedente.

4. En el caso de muerte instantánea no cabe hablar de un derecho indemnizatorio en cabeza del occiso y de la transmisión del mismo a sus causahabientes. Por eso, en tales condiciones, no podrá accionarse a título de heredero sino de damnificado. Y tal fue la situación evidenciada en el presente proceso.

En parte alguna se demostró que a la muerte precedió un período de torturas y vejámenes; hechos que no se infieren siempre, por sí solos, del estado del cadáver; el que bien pudo violentarse luego de la muerte, por pura sevicia. Aquí el problema se dilucida probatoriamente y con sujeción al principio de la carga de la prueba.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revócase la sentencia de 4 de junio de 1990 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En su lugar, deniéganse las súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Esta providencia fue aprobada por la Sala en su sesión celebrada el día 13 de junio de 1991.

Carlos Betancur Jaramillo, Presidente Sala—Juan de Dios Montes Hernández—Daniel Suárez Hernández—Julio César Uribe Acosta—Ruth Stella Correa Palacio, Secretaria.

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