Sentencia 62864 de febrero 26 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 62864

SL5857-2014

Acta 6

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VII. Se considera

1. Consideraciones previas.

Como bien lo determinó el tribunal, en este asunto el debate gira en torno a definir si el sindicato accionado promovió o no un cese o paro colectivo de trabajadores en el lugar de trabajo de la entidad, durante los días 20, 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2013, y si el mismo fue legal o ilegal.

Para resolver estos cuestionamientos, es menester memorar lo adoctrinado recientemente por esta Sala, en Sentencia CSJ SL 10 /abril / 2013, Radicación 59.420, en lo que concierne a las modalidades del cese de actividades.

En dicha providencia enseñó la Corte que desde el punto de vista legal, la huelga en Colombia tiene dos modalidades:

a) La huelga declarada en desarrollo de un conflicto colectivo de naturaleza económica. Para este caso, la huelga está definida en el CST artículo 429 como la “suspensión colectiva, temporal y pacífica del trabajo, efectuada por los trabajadores de un establecimiento o empresa con fines económicos y profesionales propuestos a sus patronos y previos los trámites” previstos en la ley. Es la huelga declarada, como consecuencia de que, dentro de un proceso de negociación colectiva, se finaliza la etapa de arreglo directo sin haberse logrado un acuerdo total sobre el conflicto o diferendo colectivo. En tal evento, el sindicato o los trabajadores, pueden optar por el cese de actividades, tal como lo previene el CST artículo 444, subrogado por la Ley 50 de 1990 artículo 61. El cese de actividades declarado en tales circunstancias puede válidamente realizarse cuando se observen, de manera adecuada y estricta, los delineamientos señalados por el legislador para su iniciación y realización. Esto significa que no es absoluta la facultad que tienen los trabajadores y las organizaciones sindicales que los representan, de presionar a los empleadores mediante la suspensión colectiva del trabajo a fin de lograr el reconocimiento de aspiraciones económicas y sociales, que garantice la justicia de las relaciones obrero patronal.

b) La cesación que se declara por causa del incumplimiento del empleador de sus obligaciones laborales para con sus trabajadores, ya sea por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social, u otro emolumento o beneficio.

Sostuvo la Sala que en relación con este segundo tipo de huelga, es pertinente reiterar que no es cualquier incumplimiento del empleador el que justifica que los trabajadores o el sindicato puedan promover la suspensión colectiva de actividades. Para que esta modalidad de cese se considere legítimo, el empleador ha de adoptar “una conducta manifiestamente contraria a sus obligaciones (…) y que afecte el normal desenvolvimiento de las relaciones con sus trabajadores, acorde con la valoración que haga el juez en concreto como podría ser, a título de ejemplos enunciativos, el no pago de los salarios o de los aportes correspondientes a la Seguridad Social Integral, en cuanto con ello se perjudica la subsistencia vital para el trabajador o su acceso a la salud. Pero en cualquier caso habrá que estarse a las situaciones concretas que se presenten para analizar las posiciones de las partes y deducir de ahí si el incumplimiento empresarial posibilita la cesación colectiva de labores por parte de los trabajadores” (CSJ SL, jun 3/2009, Rad. 40428). Lo que quiere decir que no todo incumplimiento de una obligación laboral a cargo del empleador, lleva consigo la declaración de legalidad del consiguiente cese de actividades.

También recordó la Corte en esa oportunidad que en Colombia, las formas legales de huelga son las descritas anteriormente y su legitimidad estará sujeta tanto al cumplimiento de los requisitos formales señalados, como a que el cese no busque como objetivos los señalados y prohibidos por el artículo 450 CST, modificado por el artículo 65 de la Ley 50 de 1990.

2. El caso en estudio.

En la sentencia a la que la Corte se viene refiriendo, esto es, la dictada el 10 de abril de 2013, Radicación 59.420, igualmente, y en línea de doctrina, se enseñó que en el procedimiento creado por la Ley 1210 de 2008, tendiente a declarar o no la ilegalidad de un cese colectivo de labores —pese a ser preferente y sumario—, tiene plena aplicación el principio de la libre formación del convencimiento consagrado en el CPT y ss artículo 61, según el cual los jueces de instancia tienen la más amplia facultad para formar racionalmente su convencimiento en relación a los hechos que soportan las pretensiones. Esto significa que apreciarán libremente las pruebas y formarán su convencimiento con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real.

De ahí que la participación de la organización sindical o de los trabajadores en un cese colectivo de actividades, no requiere de prueba solemne, en virtud de que ella puede acreditarse no solo a través de la declaración de terceros sino por cualquier otro medio probatorio previsto legalmente, teniendo en cuenta, como se anotó, el principio de la libre formación del convencimiento a que alude el citado precepto instrumental.

En este orden de ideas, la Sala abordará el estudio de los recursos de alzada, así:

2.1. Recurso de apelación de la sociedad demandante.

Como se recuerda, el Tribunal encontró que los ceses ilegales de actividades se habían realizado únicamente los días 21 y 23 de mayo de 2013.

El eje de la discusión planteada por Solsalud EPS S.A., como recurrente en apelación, gravita, en estrictez, en que, en su sentir, también hubo cese ilegal de actividades durante los días 20, 22 y 24 de mayo de 2013, y no solamente los días 21 y 23, como lo concluyó la primera instancia; suspensión, que, estima, se puede verificar, en forma palmaria, con los documentos obrantes a folios 178, 179, 223 a 225.

Así, entonces, procede, la Corte al análisis de los dichos elementos de juicio:

a) Documento suscrito por el director página web del noticiero CM&, de folio 178.

En esa comunicación se dejó consignado:

“Por medio de la presente certificamos que el día 20 de mayo del presente año se publicó a las 4:52 pm una nota en la página web del noticiero CM& -cmi.com.co-referencia ‘Funcionarios de Solsalud impidieron el ingreso al gerente liquidador’. Esta nota fue realizada por el corresponsal Alberto Bermúdez y el texto que apoya un vídeo clip de 57 segundos tiene el siguiente contenido:

‘Así funcionarios de la EPS Solsalud impidieron hoy el ingreso a Fernando Fernández Vélez, gerente liquidador quien pretendía tomar posesión. Una vez registrado el hecho, más de 400 funcionarios de la EPS en liquidación iniciaron una toma pacífica indefinida para proteger lo que ellos consideran su Único sustento, señaló Óscar Díaz presidente del sindicato. Hace 14 meses la superintendencia de salud anuncio l (sic) intervención de Solsalud y el 2 de mayo pasado se conoció la decisión de liquidar la entidad por no haber superado las dificultades”.

b) Comunicación firmada por el director operativo de la asociación Canal 5 de televisión local (fl. 179):

En esta misiva se precisó:

A través de este medio remitimos a usted, de conformidad con solicitud hecha mediante Derecho de Petición radicado en nuestras oficinas y recibido mediante correo certificado Servientrega 1088178586 el 20 de agosto de 2013, a las 10:10 am., la certificación de publicación del informe “Trabajadores de Solsalud exigen derecho al trabajo y usuarios se quejan de la entidad”, emitido a través de Tv Cinco Noticias el 23 de mayo de 2013.

El envío contiene la presente carta, un disco DVD con el material mencionado en video, y la certificación de publicación del mismo.

Es importante precisar que esto no vincula al canal y su ente, asociación Canal 5 de TV Local, en la acción judicial adelantada contra Sintrasol y que nuestra entidad y el informativo Tv Cinco Noticias no responderán a cargos posteriores o responsabilidad alguna en este proceso.

c) Documento remitido por la casa editorial el tiempo, folio 224, en el cual se lee:

Agente liquidador de Solsalud tomó posesión de la entidad
Tras dos intentos, el funcionario ingresó con policías a la sede nacional de la entidad.

En compañía de más de 50 agentes del Esmad y la Policía Fernando Hernández Vélez, agente interventor de la Superintendencia Nacional de Salud, ingresó a las 3:20 de la madrugada de este jueves a la sede nacional de a EPS Solsalud (sic), en Bucaramanga.

La entidad había sido tomada desde el lunes pasado por cerca de 400 trabajadores que protestan por la determinación oficial de liquidar la empresa promotora de salud. En un plantón promovido por el sindicato (sic) del sindicato de la empresa se había impedido en dos oportunidades el ingreso del agente liquidador enviado desde Bogotá para tomar posesión de las instalaciones de la entidad. Tras dialogar con el presidente del sindicato, Oscar Díaz, el agente precisó que en Solsalud tenían bloqueados los correos electrónicos, todo el sistema de información en los teléfonos y los pagos a nivel nacional. “No he podido verificar de manera fehaciente los documentos por medio de los cuales notifican y no han querido hacer entrega de manera pacífica”, dijo hace dos días Hernández. Oscar Díaz, presidente del sindicato, desmintió que se haga cualquier tipo de saboteo a las comunicaciones y pagos y precisó que la protesta se mantendrá durante tiempo indefinido pues son 1.704 los empleados que se quedarán sin trabajo tras la liquidación de la EPS que tiene 1,2 millones de usuarios en los regímenes subsidiado y contributivo.

El dirigente denunció que en la toma de la entidad varios manifestantes fueron maltratados por los uniformados que irrumpieron en la madrugada de hoy. A pesar de que la Supersalud había anunciado en enero pasado que la intervención de la entidad, que comenzó en marzo del 2012, se extendería por un año más, hace una semana el Gobierno anunció la liquidación de la EPS tras la muerte en Bogotá de una niña que, al parecer no recibió atención inmediata. “El Gobierno Nacional no tiene que ser tan indolente con estas decisiones arbitrarias, nosotros estamos en un proceso de intervención. Las fallas y los inconvenientes que se presentaron con el hecho en Bogotá ocurrieron durante la co-administración de la Superintendencia”, dijo el presidente del Sindicato, quien anunció que planean una marcha a la capital de La República.

d) Documento titulado “Empleados de Solsalud mantienen plantón por cierre de EPS”, del periódico El Tiempo, de folio 225, que contiene similar información a la transcrita en precedencia.

Del análisis objetivo de los documentos señalados no es dable concluir, como lo pretende la parte demandante, que durante los días 20, 22 y 24 de mayo de 2013 efectivamente hubo un cese de actividades y que, de ser ello así, él hubiese sido promovido o contado con la participación de la organización sindical demandada, puesto que palmariamente no suministran ningún nombre perteneciente al sindicato que apunte a acreditar su real intervención.

Repárese en que los documentos se refieren a “cerca de 400 trabajadores”, información a todas luces abstracta o genérica. Y si bien el sindicato participó en alguna entrevista, nótese que limitó su intervención a expresar que los trabajadores se encontraban en una protesta, pero ello no indica en forma irrestricta la aceptación de estarse realizando un cese colectivo de actividades específicamente durante los días 20, 22 o 24 de mayo de 2013.

Entonces no es contundente la probanza en que se apoya el recurrente de alzada, para acreditar que hubo un cese de actividades también durante los días señalados, y menos aún, que de haber existido, el cese hubiera sido promovido, obligado o instado por el sindicato llamado a juicio.

De manera que al no acreditar Solsalud E.P.S. la realización de un cese de actividades en los días 20, 22, y 24 de mayo de 2013, no hay razones para modificar la decisión del Tribunal, por lo que se impone mantenerla en pie.

2.2. Recurso de alzada del sindicato demandado.

Pasa la Corte a revisar el siguiente elenco probatorio:

2.2.1. Actas de constatación del Ministerio de Trabajo.

a) Acta del 21 de mayo de 2013.

Fue levantada con el fin de constatar la entrega de las instalaciones de la EPS Solsalud al Agente Liquidador, diligencia en la que participaron entre otros el presidente del sindicato demandado, el agente liquidador y el inspector de trabajo.

Se consignó que el agente liquidador le solicitó al presidente del sindicato “que le permita el ingreso a la empresa” y, además que “en las puertas de las instalaciones se encuentran ubicados los trabajadores pacíficamente”.

b) Acta de inspección ocular a Solsalud, del Ministerio de Trabajo (fls. 72 y 73).

Este documento señala lo siguiente:

- Que el agente liquidador “a las 8:38 de la mañana, en la puerta de ingreso de la empresa, realizo (sic) el primer llamado a los trabajadores, a quienes les solicito (sic) a (sic) que ingresaran a laborar, a su vez les ratificó que los contratos de trabajo no se les ha (sic) terminad (sic), de igual forma les recalcó que el no prestar el servicio a los usuarios ponen (sic) en riesgo las garantías de los afiliados y sus beneficiarios”.

- Que siendo las 8:39 de la mañana, el agente liquidador hizo un segundo llamado a los trabajadores, “a fin de que ingresaran y prestaran el servicio a sus afiliados”.

- Que siendo las 8:40 de la mañana nuevamente realiza el tercer llamado.

- Que posteriormente, un delegado de la Personería, “se acerca al grupo de trabajadores de Solsalud EPS SA, quienes se encuentran reunidos al frente de las instalaciones cruzando la avenida González valencia (sic), quien les solicito (sic) a unos trabajadores que nos acompañaran al diligenciamiento del acta y la respuesta fue negativa”.

- Que “ninguno de los trabajadores decidió ingresar a las instalaciones de Solsalud EPS SA, localizada como aparece al inicio de esta acta, advirtiéndose que esta (sic) permitido el ingreso sin restricciones a los trabajadores o usuarios, pero a la hora de cierre de esta acta (10:20 am) los funcionarios no han prestado el servicio a los usuarios que se encuentran haciendo fila desde muy tempranas horas de la mañana, por lo que se deja evidencia que los funcionarios no están ejerciendo su labor. Por lo tanto la sede de Solsalud EPS Bucaramanga ubicada en la Avenida González valencia (sic), en estos momentos no se encuentra prestando el servicio”.

- Que se realizó un “recorrido por todas las instalaciones de la sede de Solsalud EPS SA ubicada en la Avenida González Valencia, verificándose que los funcionarios no se encuentran laborando en los puestos de trabajo”.

- Se observó que las instalaciones se encuentran «rodeadas por la fuerza pública, en la puerta de ingreso se encuentran dos Guardas de Seguridad de la empresa Vigilista Limitada, los equipos de cómputo de los puestos de trabajo se encuentran apagados y se trabajó con el portátil de la funcionaria comisionada”.

- Que la diligencia se dio por terminada siendo las 10:20 de la mañana.

Algo similar a lo plasmado en el acta en precedencia se registra en el “Acta de constatación de funcionamiento de Solsalud EPS S.A.”, suscrita el 23 de mayo de 2013, por el agente liquidador de la demandante, un inspector del trabajo y un funcionario de la Secretaría de Salud Municipal de Bucaramanga.

Pues bien, analizadas cuidadosamente las actas referenciadas, en sentir de la Corte Suprema de Justicia el juzgador de primer grado no se equivocó en su valoración, toda vez que de ellas efectivamente se puede inferir que los días 21 y 23 de mayo de 2013 hubo un cese parcial de actividades por parte de los trabajadores que prestan sus servicios en Solsalud EPS S.A.

2.2.2. Videos aportados en discos compactos.

No discute la demandada la validez probatoria, aducción e incorporación de los videos allegados por la sociedad demandante. Lo que controvierte es que los mismos no acreditan con certeza que en los días 20 a 24 de mayo de 2013, hubo un cese de actividades por parte de los trabajadores de la demandante, ni demuestran las circunstancias de tiempo modo y lugar como ocurrieron los hechos que allí se exhiben.

En primer lugar debe anotarse, que en relación con las imágenes aportadas por la entidad demandante, por medio de las cuales pretende acreditar un cese de actividades el 21 de mayo de 2013, la Sala comparte las apreciaciones del apoderado de la organización sindical, en cuanto a que de ellas no es dable deducir que el cese se llevó a cabo el día mencionado, es decir, el 21 de mayo de 2013, por lo que la Corte no las tendrán en consideración.

No se deduce lo mismo de los registros visuales que corresponden al 23 de mayo, emitidos por Tele San Gil, ya que el informe comienza por decir “en la mañana de este 23 de mayo”, y prosigue expresando que los usuarios de la EPS Solsalud “no fueron atendidos sin explicación mayor, solo que había un cese de actividades por parte del personal que allí labora”.

También se lee de la noticia que “la EPS Solsalud en San Gil no atendió público”.

Resulta insoslayable que el propio presidente de la organización sindical, en los diferentes videos que se proyectaron en la audiencia de prácticas de las pruebas, y que muestran algunas protestas, identificó a la tesorera, un miembro del comité de reclamos y a diferentes afiliados que laboran al servicio de la promotora del litigio.

Entonces, de los anteriores videos, junto con las actas del Ministerio de Trabajo, que valga decir, por si solas acreditan el cese parcial de actividades, es dable colegir la participación activa en el cese de actividades, del Sindicato Nacional de Trabajadores Solsalud —Sintrasol— durante los días 21 y 23 de mayo de 2013.

En lo que atañe a la prueba aportada por la demandada, que muestra las diferentes operaciones o autorizaciones, y que según el sindicato son más de 11.000, que se efectuaron en la entidad durante los días 20, 21, 22 y 23 de mayo de 2013, se impone precisar que no es suficiente para derruir la conclusión del juez de primera instancia, pues recuérdese que estimó que el cese había sido parcial, mas no total.

3. Causales de ilegalidad de la suspensión colectiva de trabajo.

No está en discusión que Solsalud presta un servicio público esencial, por lo que, en las voces del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo y del artículo 56 de la Constitución Política, es ilegal la suspensión colectiva del trabajo en este tipo de entidades. Lo anterior significa que la organización sindical, desconoció estos preceptos.

En otro orden de consideraciones, y al margen de si está debidamente acreditada o no la afectación de los usuarios de la entidad promotora de salud demandante, las razones expuestas son más que suficientes para declarar ilegal el cese parcial de actividades en el que tuvo participación el sindicato demandado, máxime cuando, se reitera, la demandante presta un servicio público esencial- salud-, a la luz de lo dispuesto en los 48 y 49 de la Constitución, lo que implica, necesaria y rigurosamente, la prohibición de que los trabajadores opten por cualquier tipo de huelga.

En estas circunstancias, se confirmará la decisión adoptada por el juez colegiado de primera instancia en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores Solsalud - Sintrasol.

Sin costas.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».