Sentencia 6291-2005 de noviembre 22 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

PENSIONES DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN

Exigencia de cumplimiento en el pago de los aportes.

EXTRACTOS: «Para la fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993 el actor contaba con 61 años de edad luego le eran aplicables las normas que regían la materia pensional antes de esta disposición conforme a lo previsto en el artículo 36 ibídem. En ese orden, considera la Sala que la situación del actor se subsume en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 el cual contempla:

“... El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio...”.

Para la aplicación de la norma anterior, en principio, no se requiere por parte de quien pretenda obtener la prestación acreditar que efectúo los “aportes” sino únicamente que prestó los servicios y por ende, le corresponde a la entidad, con miras a determinar el reconocimiento del derecho, constatar si se satisface la exigencia de la norma, vale decir, que se hubieren prestado servicios durante veinte (20) años continuos o discontinuos en entidades oficiales y claro está que se subsuma el requisito de edad atinente al cumplimiento de cincuenta y cinco (55) años.

Siendo así, la Sala observa que el demandante superó con creces la prestación de servicios en entidades oficiales, es decir que conforme a las probanzas allegadas tanto a la actuación administrativa como al proceso, se demuestra que laboró en entidades oficiales durante más de veinte (20) años de servicios.

Al respecto, se aprecia que a la luz de la Ley 33 de 1985, no era necesario realizar el cómputo en términos de días como lo hizo la entidad demandada quien efectúo el ejercicio matemático indicando que para obtener el reconocimiento se requería acreditar que se efectuaron aportes durante 7200 días, porque conforme a las nítidas voces de la norma en mención, el derecho surge por la prestación de servicios, es decir el requisito de tiempo se cumple cuando el solicitante acredita que laboró en entidades estatales durante veinte (20) años continuos o discontinuos.

Efectuadas las anteriores precisiones, se puede constatar la prestación de servicios durante el lapso en mención con base incluso en las mismas pruebas tenidas en cuenta por la entidad demandada para preparar el proyecto de resolución de reconocimiento pensional visto a los folios 17 y siguientes del expediente las cuales acreditan que se desempeñó en las siguientes entidades:

— En el Colegio Nacional Sugamaxi de Sogamoso (Boyacá) como profesor externo del 2 de febrero de 1959 al 31 de diciembre de 1960. Lo anterior para un total de un (1) año, 10 meses y 28 días.

— En el Colegio Departamental Lucas Caballero como rector durante los años 1964 a 1966. Para un total de 3 años.

— En la Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá durante el 15 de febrero de 1971 al 14 de marzo de 1975 y del 16 de noviembre de 1976 al 6 de junio de 1977. En el primer lapso para un total de 4 años, 29 días y en el segundo lapso para un total de 6 meses y 20 días.

— En la Contraloría General de la República del 16 de julio de 1975 al 22 de marzo de 1976. Para un total de 8 meses y 6 días.

— Como Notario Único de Junín Cundinamarca del 31 de julio de 1984 al 30 de noviembre de 1997. Para un total de 12 años y 4 meses.

Todo lo anterior conduce a un gran total de 22 años, 6 meses y 23 días, luego se cumplía con el presupuesto de tiempo de servicios que establece la citada norma y además, se advierte que para el momento en que se deprecó la solicitud, el demandante contaba con más de cincuenta y cinco (55) años de edad aspecto que no discute la entidad demandada al efectuar el reconocimiento.

Ahora bien, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, estatuye que el monto de la pensión será en el equivalente: “... al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio...”.

La previsiva anterior, implica en el caso sub lite, que se debe cumplir, por parte del peticionario no solamente con los elementos pensionales tales como la edad y el tiempo, sino también, le corresponde acreditar que efectuó los aportes, lo cual es presupuesto necesario para determinar el monto.

La exigencia del cumplimiento en el pago de los aportes se predica en circunstancias especiales como las comprendidas en el caso examinado, toda vez que el demandante al desempeñarse como Notario Único de Junín, obraba como su propio empleador y por ende, resulta injustificado que habiendo omitido, en una actuación derivada de su directa conducta con el pago de los aportes, pretenda ahora que se efectúe un reconocimiento pensional.

En síntesis, si bien es cierto que la Sala ha venido prohijando la tesis consistente en que la omisión en el pago de los aportes no puede impedir el reconocimiento pensional fundamentado en la Ley 33 de 1985, la anterior regla no resulta aplicable en circunstancias como las acontecidas en el expediente, vale decir cuando quien deba efectuar el pago de los aportes sea a su vez su propio empleador, como sucede en el caso de los notarios, quienes tiene la dirección, control y administración de su oficina recayendo en ellos, especialmente la obligación de efectuar el pago de los aportes (1) .

En consecuencia, correspondía al demandante acreditar que efectuó el pago de los aportes, obligación que emana de las disposiciones que se dejaron consignadas (2) en las cuales se consigna respecto de quienes direccionan la labor notarial el cumplimiento de este deber como un presupuesto para obtener la condición de pensionado.

De manera que correspondía al demandante durante el lapso en que los aportes empezaron a ser administrados por Fonapren, acreditar que los efectúo hasta cuando se produjo la liquidación de este órgano (3)(4) .

En efecto, las funciones de Fonprenor consistieron en reemplazar a la Caja Nacional de Previsión, solo que ese propósito tuvo en la práctica una aplicación exigua, vale decir por el lapso comprendido del 10 de enero de 1994 hasta el 31 de diciembre de 1997. La Ley 86 de 1988 creó el Fondo de Previsión Social de Notariado y Registro, “Fonprenor”, como un establecimiento público de orden nacional, adscrito al Ministerio de Justicia, de Seguridad Social, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

Entre las funciones que dicha ley atribuyó a “Fonprenor”, se destacan:

“Atender el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que corresponden a las entidades de previsión y a que tienen derecho los empleados de la Superintendencia de Notariado y Registro, los notarios, los empleados de las notarías, los registradores de instrumentos públicos, los empleados de las oficinas de registro de instrumentos públicos, del Fondo Nacional de Notariado y del Fondo de Previsión Social de Notariado y Registro.”

El artículo 9º ibídem, dispuso que la Caja Nacional de Previsión Social liquidaría las prestaciones sociales de la Superintendencia de Notariado y Registro de los notarios, de los empleados de los notarios y del Fondo de Previsión Social de Notariado y Registro que le correspondan hasta el momento en que empezara a regir la nueva entidad y como se indicó, solamente durante el lapso comprendido del mes de febrero de 1994 hasta el mes de diciembre de 1997 estuvo en funcionamiento el Fonprenor.

Significa lo anterior que el funcionamiento del Fonprenor, no implicó para el demandante liberarse de la obligación de efectuar el pago de los aportes porque en la práctica este órgano hizo las veces de la Caja Nacional de Previsión.

Conforme a las razones expuestas, se confirmará la sentencia apelada mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda».

(Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Radicación interna 6291-2005. Consejero Ponente: Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado).

(1) Ley 4ª de 1996. ART. 3º—A partir del 1º de enero de 1966, los establecimientos públicos, institutos descentralizados y demás entidades de derecho público del orden nacional, con patrimonio propio y cuyos trabajadores sean afiliados forzosos a la Caja Nacional de Previsión Social, están obligados a contribuir con un cinco por ciento (5%) del valor de sus respectivos presupuestos de funcionamiento, con destino a dicha entidad por concepto de cuota patronal. Igualmente, los notarios y registradores están obligados a destinar un cinco por ciento (5%) de los ingresos mensuales, debidamente certificados por la Superintendencia de Notariado y Registro, a favor de la Caja Nacional de Previsión Social (negrilla no original).

Los pagadores respectivos no podrán hacer pagos sin que previamente giren el cinco por ciento (5%) para la Caja Nacional de Previsión Social.

PAR.—La Comisión Cuarta de la honorable Cámara de Representantes devolverá al Gobierno Nacional el proyecto de ley de presupuesto de rentas e ingresos y ley de apropiaciones, cuando no se incluya en él la partida que como aporte legal debe dar la Nación a la Caja Nacional de Previsión Social.

ART. 3º—Parágrafo del Decreto 1743 de 1966. Las prestaciones sociales de los notarios y registradores solamente podrán tramitarse cuando se acredite ante la Caja Nacional de Previsión, mediante los respectivos paz y salvos, expedidos por la tesorería de la misma entidad, el cumplimiento sobre cuota patronal y cuotas laborales suyas y de su personal subalterno (subrayas y negrillas no originales).

ART. 121.—Del Decreto 2183 de 1983. Dentro del ejercicio de sus funciones el notario responderá, además... b) Por las cuotas y los aportes que la ley deba pagar por él y por sus empleados a las instituciones de seguridad social y demás entidades oficiales (subrayas y negrillas no originales).

(2) ibídem.

(3) Antes de la puesta en funcionamiento del Fonprenor en virtud de la Ley 86 de 1988 regía el Decreto Legislativo 59 de 22 de marzo de 1957 en el cual se dispuso que a partir del 1º de julio de ese año, los notarios y registradores y sus subalternos de carácter permanente serían afiliados forzosos de la Caja Nacional de Previsión Social y que de esa fecha en adelante dicha entidad respondería por las prestaciones sociales y los derechos de tales funcionarios.

(4) En desarrollo de las facultades conferidas al Presidente de la República mediante la Ley 344 de 1996, se expidió el Decreto 1668 de 27 de junio de 1997 que en su artículo suprimió el Fondo de Previsión Social de Notariado y Registro “Fonprenor”. El mismo decreto estableció que dicho fondo estaría en proceso de liquidación el cual debería concluir a más tardar el 31 de diciembre de 1997. En la práctica este fondo recibió aportes desde el mes de febrero de 1994 hasta noviembre de 1997.

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