Sentencia 6301 de julio 31 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

CONDENAS LABORALES POR SUMAS FIJAS

ACTUALIZACIÓN MONETARIA OFICIOSA

EXTRACTOS: «La jurisprudencia de la Sala ha considerado que conforme al artículo 178 del CCA cuando la suma que la administración debe cancelar al actor es una suma fija cierta, determinada y congelada a la fecha de la sentencia, debe ser ajustada al valor con el objeto de que el restablecimiento del derecho se acomode a las variaciones de precios, y tenga alguna equivalencia entre lo que el empleado dejó de percibir y lo que con ocasión del fallo viene a obtener.

Esta Sala en providencia de 25 de febrero de 1993, con ponencia de la doctora Dolly Pedraza de Arenas, dijo:

Para ello se acudirá al sistema y fórmula que ha venido siendo utilizado de tiempo atrás por la Sección Tercera de la Corporación, según los cuales el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de esta sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha de ejecutoria del último acto acusado), así:

 

De manera que la suma fija que resulte de sumar todo lo dejado de percibir por los demandantes en el período de la suspensión disciplinaria, será el Rh o valor histórico.

No obstante, para la Sala, era criterio dominante que la actualización o indexación se hubiera pedido expresamente en la demanda, punto que ahora se recoge, para disponer que en casos como este, que tratan de suma fija, y por ende no tienen mecanismo alguno de actualización monetaria, ello pueda operar sin que expresamente se haya solicitado, con fundamento en las siguientes razones:

1. Es derrotero para la administración de justicia, señalado por el constituyente de 1991, mirar el derecho sustancial en juego, sobre las formalidades (art. 228). Se había movido con ese mismo sentido el legislador, al expedir el CPC, que en su artículo 4º dice:

“ART. 4º—Interpretación de las normas procesales. Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete al derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes”.

2. La Carta de 1991 somete al juez al imperio de la ley, pero autoriza el uso de la equidad como un criterio auxiliar para resolver problemas jurídicos y justamente el punto del cual ahora se ocupa la Sala, es un punto de equidad (art. 230).

3. En efecto, si se pide un restablecimiento que consiste básicamente en el pago de una suma de dinero, es fácil entender que se está solicitando ese valor para la fecha en que se produzca la condena, pues nadie pide menos valor del que le causa el perjuicio recibido, como un resultado lógico.

4. Un completo restablecimiento del derecho supone que cuando lo ordena un fallo, aquél debe guardar suficiente interés para el actor. Por eso el legislador ha conferido al juez administrativo la facultad para estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, justamente con el objeto de restablecer el derecho particular en la misma proporción en que se causó el daño. Dicho en otros términos más sencillos, el restablecimiento del derecho debe ser justo, equitativo y razonable.

5. El demérito monetario es un fenómeno económico, fácilmente perceptible por todos, y por lo tanto su efecto no necesita solicitud expresa en la demanda ni la prueba de su impacto se precisa en el expediente.

Al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de febrero 2 de 1990, con ponencia del Dr. José Alejandro Bonivento Fernández:

“La doctrina de la Corte, entendiendo que las restituciones mutuas deben hacerse con apoyo en la equidad, ha venido manifestando que cuando se declare la nulidad de un contrato es pertinente disponer la corrección monetaria sobre el precio que se deba devolver en desarrollo de lo normado por el artículo 1746 del Código Civil, porque es un hecho real y notorio que en nuestro país el dinero no mantiene intangible su poder de cambio a causa del fenómeno inflacionario, y en estas circunstancias lo que vendría a recibir el comprador sería un dinero envilecido por el transcurso del tiempo, que no conserva la capacidad adquisitiva que tenía al momento del contrato. Considerando que la restitución en estas circunstancias no se ajustaba a las reglas de la simetría que debe regir en los contratos bilaterales, fue que la jurisprudencia de esta Corporación, echando mano a los principios generales del derecho, concretó a partir de fallos del 24 de abril y 9 de julio de 1979 la condena a pagar el reajuste monetario derivadas de determinadas obligaciones.

Hoy no sólo es, pues, viable la revalorización como efecto de la nulidad declarada, ante la calidad de hecho público y notorio que ostenta la depreciación monetaria, sino que, en razón de la propia equidad que debe gobernar el proceso de las restituciones mutuas, esa determinación puede adoptarla el juez aun de oficio, sin que se constituya en decisión incongruente. Además, como la declaración de nulidad conlleva unos pronunciamientos consecuen-ciales tendientes a retrotraer las cosas al estado en que se hallaban antes de la celebración del contrato anulado, la Corte tampoco encuentra inconsonancia en que, al proceder así, el fallo hubiera dispuesto que el vendedor devolviera, con sus correspondientes intereses, los dineros recibidos como parte del precio”. (Radicación 1698).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE el fallo del día 19 de abril de 1991 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en demanda promovida por Erasmo Díaz Andrade, Luis E. Clavijo C., Gloria M. López, Rafael E. Gutiérrez M. y Héctor J. Bello L., y en su lugar se dispone:

DECLÁRANSE NULAS las Resoluciones números 231 de 21 de enero de 1980, 28 de 8 de enero de 1980, 7087 de 24 de septiembre de 1979, 7059 de 17 de septiembre de 1979, y 6953 del 11 de septiembre de 1979, proferidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y mediante las cuales se suspendió en el ejercicio de sus funciones a los demandantes, por el término de 12 meses sin derecho a remuneración.

El Ministerio de Hacienda y Crédito a título de restablecimiento del derecho, cancelará todos los salarios, prestaciones sociales, y demás derechos dejados de percibir por los demandantes con ocasión de la citada sanción disciplinaria, y tendrá como tiempo servido para todos los efectos legales el término de la suspensión por 12 meses.

La liquidación de estos valores se hará conforme a la parte motiva de este fallo y de acuerdo con la fórmula que aparece en ella.

DECLÁRASE INHIBIDO para fallar respecto de la solicitud de nulidad de la Resolución Nº 6805 de 30 de agosto de 1979, por tratarse de un acto de trámite.

La Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dará cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en el artículo 176 del CCA.

Cópiese, notifíquese y cúmplase, y una vez ejecutoriada, devuélvase al Tribunal de ori-gen».

(Sentencia julio 31 de 1995. Expediente 6301. Consejero Ponente: Dr. Diego Younes Moreno).

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