Sentencia 6304 de julio 29 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

PROHIBICIÓN DE LA REFORMATIO IN PEJUS

NO AMPARA ACTOS ILEGALES

EXTRACTOS: «El Señor Procurador Delegado demanda la casación oficiosa del fallo del Tribunal en forma parcial, bajo la consideración de ser contrario a la prohibición de reforma que consagra el artículo 31 de la Constitución —no vigente cuando surgió a la vida jurídica el fallo impugnado—, porque agravó la pena deducida por el juez de primera instancia en situación que, en su sentir, no era posible porque la apelación fue interpuesta exclusivamente por el procesado.

Encuentra la Corte que no obstante existir objetivamente un incremento punitivo, el Tribunal en sentido estricto no agravó la pena impuesta por el Juzgado Superior a-quo, sino que ajustó la tasación punitiva a la normatividad aplicable según el fallo recurrido, en acatamiento al principio de la legalidad de la pena que forma parte principal de la garantía fundamental del debido proceso, consagrada en forma expresa y reiterativa en la Carta (arts. 29 y 230).

En efecto, la Juez 11 Superior de la Capital, teniendo en cuenta que el delito por el cual hacía responsable al procesado era el de homicidio agravado con la circunstancia 1a. del artículo 324 del C. P., consciente del límite mínimo de la sanción prevista allí, con total desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 67 ibídem, según el cual el mínimo de una sanción prevista en la ley sólo es aplicable cuando concurran exclusivamente circunstancias de atenuación, sin perjuicio de lo perceptuado en el artículo 61 de la misma obra, optó por reducir, a partir de los 16 años de pena mínima para el delito, un año de prisión por cada atenuante genérico que halló probado en el acusado. El Tribunal Superior de Cundinamarca, ante semejante dislate, se limitó a restablecer el orden jurídico señalando —que no agravando—, la pena en los 16 años por ser la sanción mínima señalada en la ley, que como criterio vinculante en forma imperativa para dosificar la pena señala el artículo 61 C. P. con la expresión “Dentro de los límites señalados por la ley''''.

La legalidad de la pena constituye garantía no solamente con relación al procesado, sino para el Estado igualmente, pues el ejercicio del poder punitivo que cumple a su nombre la autoridad judicial legítima ha de ser desarrollado solamente en las condiciones prescritas en la ley, y no puede ser soslayado por un acto ilegal de uno de sus funcionarios, ni ignorado por el juez al que jerárquicamente le compete revisar el pronunciamiento precisamente en procura de haber efectiva la legalidad de las decisiones.

Cuando la Constitución en su artículo 230 consagra la independencia del juez al disponer inequívocamente que “Los jueces en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley'''', no les da una independencia tal que los coloque por encima o al margen de la misma. Es evidente que el juez debe aplicar el mandato legal, por ser la expresión de la voluntad soberana del Estado, tal como objevitamente lo reconoce él en el caso concreto, y no según su discrecionalidad.

Tratadistas connotados se han pronunciado en tal sentido. Manzini, por ejemplo, al comentar en su Tratado de Derecho Procesal Penal precisamente la “reformatio in peius'''', dice:

“Pero la prohibición de la reformatio in peius tiene como presupuesto que la pena inflingida por el primer juez sea legal, mientras que, si no lo es (ejemplo: aplicación de la reclusión en medida inferior al mínimo consentido), no puede valer como término de comparación''''. (Manzini, Vincenzo. Tratado de Derecho Procesal Penal T. V. Buenos Aires, 1954 Trad. Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Redín, pág. 143).

Resulta claro entonces que el artículo 31 C. N. al consagrar la garantía de la no agravación punitiva cuando es impugnante único el procesado, no está dando patente de corso a la ilegalidad ni al caos jurídico, pues la garantía como tal presume que el acto haya sido cumplido dentro de la legalidad. La pena cuya agravación se proscribe en esta disposición es la que resulta de una computación que consulte los principios elementales de graducación que suministra el legislador. La norma superior no puede indiscriminadamente cobijar todo evento de incrementación de pena cuando el apelante único sea el procesado, pues conservando el mismo rango de la que consagra la legalidad del delito y de la pena, principios universalmente reconocidos, ha de atemperarse para dejar a salvo tan esencial presupuesto de la justicia.

Casar el fallo como lo sugiere la Delegada, sería colocar la casación, que es control de legalidad por excelencia, al servicio de una causa ilegal, pues se reviviría el fallo de primera instancia que es objetivamente contrario a la ley reguladora del caso. Así pues, no se accederá a tal solicitud».

(Sentencia de casación, julio 29 de 1992. Radicación 6304. Magistrado Ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia).

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