Sentencia 6306 de septiembre 12 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

ACCESIÓN EN LOS PREDIOS RIBEREÑOS

FRANJA EN LA CUAL NO OPERA

EXTRACTOS: “La ciudadana Ángela Rocío Uribe Martínez, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante esta corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad del inciso 2º del artículo 14 del Decreto 1541 de 1978, expedido por el Gobierno Nacional.

(...).

IV. Consideraciones de la Sala

El artículo 83, literal d, del Decreto-Ley 2811 de 1974, es del siguiente tenor:

“Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado:

d) Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho”.

Prevé el artículo 14 del Decreto 1541 de 1978:

“Para efectos de aplicación del artículo 83, letra d, del Decreto-Ley 2811 de 1974, cuando el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, pretenda titular tierras aledañas a ríos o lagos procederá, conjuntamente con el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, Inderena, a delimitar la franja o zona a que se refiere este artículo, para excluirla de la titulación.

Tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de los ríos, arroyos o lagos, en los cuales no se ha delimitado la zona a que se refiere el artículo anterior, cuando por mera desviación o desecamiento de las aguas, ocurridos por causas naturales, quedan permanentemente al descubierto todo o parte de sus cauces o lechos, los suelos que los forman no accederán a los predios ribereños sino que se tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83, letra d, del Decreto-Ley 2811 de 1974, que podrá tener hasta treinta (30) metros de ancho”.

Conforme al artículo 719 del Código Civil “Se llama aluvión el aumento que recibe la ribera de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas”.

Según el artículo 720, ibídem, “El terreno de aluvión accede a las heredades riberanas, dentro de sus respectivas líneas de demarcación, prolongadas directamente hasta el agua...”.

El artículo 724, ibídem, establece: “Si un río varía de curso, podrán los propietarios riberanos, con permiso de autoridad competente, hacer las obras necesarias para restituir las aguas a su acostumbrado cauce, y la parte de éste que permanentemente quedare en seco, accederá a las heredades contiguas, como el terreno de aluvión en el caso del artículo 720”.

A juicio de la actora la norma acusada está modificando uno de los modos de adquirir el dominio de los bienes, regulados en el Código Civil: el de la accesión.

Al respecto, la Sala observa lo siguiente:

De la confrontación de los textos transcritos se colige que, conforme lo anotó el Ministerio del Medio Ambiente al contestar la demanda, la modificación proviene directamente del artículo 83 literal d del Decreto-Ley 2811 de 1974, que fue el que estableció la franja de hasta 30 metros, paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, que consideró como bienes inalienables e imprescriptibles del Estado, franja de la que no se ocuparon las citadas normas del Código Civil.

De tal manera que lo que hace el acto acusado es desarrollar un texto legal, lo cual es materia propia del reglamento, y su alcance no es, como lo entendió la actora, extender el carácter de bien de uso público, más allá del cauce y la franja de terreno, pues su contenido es claro y coincide enteramente con el de la norma que reglamenta, en el sentido de precisar que hasta una franja de treinta metrosde ancho de los suelos que forman los lechos o cauces de las riberas de los ríos, lagos o arroyos que permanentemente están al descubierto por desviación o desecamiento de las aguas, debido a causas naturales, no accederán a los predios ribereños.

Cabe advertir que desde la expedición del Decreto-Ley 2811 de 1974 se dejaron a salvo los derechos adquiridos, esto es, los terrenos que se hubieren formado por el fenómeno de aluvión, con anterioridad a tal expedición que accedieron a las heredades ribereñas, los que no se consideran bienes inalienables e imprescriptibles, lo cual significa que pueden ser de propiedad privada.

De otra parte, es preciso señalar que si bien el Código Civil no utiliza la expresión “propietario”, sino heredad riberana, no lo es menos que nada impide considerar que una y otra tienen una misma connotación pues, según el Diccionario de la Real Academia Española heredad es “Porción de terreno cultivado perteneciente a un mismo dueño”, y dueño, a su vez, generalmente se utiliza como sinónimo de propietario.

Finalmente, resalta la Sala que el Decreto-Ley 2811 de 1974 fue objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional en sentencia C-126 de 1998, que lo halló exequible y entre otras consideraciones, merece destacarse la precisión que allí se hizo acerca de que “... la variación de normas del Código Civil en ejercicio de facultades extraordinarias para expedir un código de recursos naturales y actualizar la legislación sobre recursos naturales es admisible, y no implica extralimitación del gobierno, siempre y cuando se trate de normas civiles que se encuentren directamente relacionadas con el tema ambiental...”.

Así pues, estima la Sala que los cargos de la demanda no están llamados a prosperar, razón por la cual deben denegarse las pretensiones, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Deniéganse las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(Sentencia de 12 de septiembre de 2002. Expediente 6306. Magistrado Ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

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