Sentencia 6315 de diciembre 16 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

NORMAS LOCALES ANULADAS

OBLIGACIÓN DE PROBAR ESTE HECHO

EXTRACTOS: «Como lo destaca con toda razón el impugnante, en el proceso brilla por su ausencia la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por medio de la cual, según el fallo recurrido, se anularon los Acuerdos 6 y 21 de 1987.

No puede pasarse por alto que si las normas jurídicas que no tienen alcance nacional, como son las ordenanzas departamentales y los acuerdos municipales, deben ser probados en el proceso en el que se les pretenda hacer producir efectos, conforme lo dispone perentoriamente el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, con más veras entonces deben serlo sentencias que supuesta o realmente decreten la nulidad de dichas normas. Esto porque la amplia facultad que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo concede a los jueces laborales no llega al extremo de autorizarlos para emplear su conocimiento privado como fundamento de sus decisiones judiciales. Todo lo contrario dispone el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”.

No puede confundirse la “libre formación del convencimiento” que libera al juez de la tarifa legal de pruebas y lo autoriza para formar racionalmente su convicción sobre los hechos del proceso, con el principio de íntima convicción o mejor conocido como de “verdad sabida y buena fe guardada”. De acuerdo con nuestra Constitución Política al único funcionario a quien se le autoriza tan especial manera de formar su convencimiento sobre algún hecho que sirva de sustento a una decisión que deba adoptar es al Contralor General de la República, en los términos del ordinal 8º del artículo 268 de la misma. En cambio a los jueces se les obliga a que siempre funden sus decisiones en pruebas controvertidas y producidas en cumplimiento de un debido proceso. La propia Constitución declara en su artículo 29 nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. Y resulta con toda evidencia violatoria del debido proceso una “prueba” que ni siquiera obra en el proceso, como en este caso ocurre con la supuesta sentencia del 11 de febrero de 1993».

(Sentencia de casación, diciembre 16 de 1993. Radicación 6315. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Méndez Arango).

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