Sentencia 632 de tutela, julio 9 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

ALIMENTOS

HIJOS QUE ESTUDIAN

EXTRACTOS: «1. La actuación del Juez Séptimo de Familia que la peticionaria considera lesiva del debido proceso, consiste en haber ordenado el levantamiento del embargo de los bienes que le pudieran corresponder al señor Aquileo Avila, en la liquidación de la sociedad conyugal, medida con la cual estaba garantizando el pago de las pensiones que no había consignado y el de “las que pudiera adeudar en el futuro”. Además, disponer “el desembargo de las pensiones ya consignadas”, que no se habían entregado a la beneficiaria por demora de dicho juzgado.

2. Argumenta que dentro del proceso de alimentos demostró que su hija se hallaba estudiando y por consiguiente su padre tiene que seguir cancelando las pensiones hasta cuando termine sus estudios porque no puede trabajar, toda vez que estudia en la jornada diurna y sus deberes escolares no le dejan tiempo para asumir otras responsabilidades; así como que no tiene profesión, ni trabajo que le permita atender a las necesidades de educación de su hija, mientras el padre, que es albañil contratista, “podría muy bien sostener la familia”.

Para este específico evento ha de tenerse en cuenta lo dicho por esta corporación al estudiar el alcance que la jurisprudencia le ha dado al artículo 422 del Código Civil, cuando establece que se deben alimentos necesarios al hijo que estudia, aunque haya alcanzado la mayoría de edad, siempre que no exista la prueba de que subsiste por sus propios medios (sentencia del 7 de mayo de 1991, sin publicar).

En efecto, como viene de verse, la norma aludida establece que los alimentos que se deben por ley, se entienden concedidos por toda la vida del alimentario, mientras se halle inhabilitado o impedido para su subsistir de su trabajo, caso de haber llegado a su mayoría de edad.

Por otra parte, llegándose a dar la circunstancia que permita al alimentante exonerarse de su obligación de proporcionar alimentos, ésta debe ser alegada por el interesado en que así se declare, a través del proceso correspondiente, sin que le sea permitido al juez, sin presentarse ni siquiera la correspondiente demanda ni aun de oficio, entrar a decretar tal exoneración. A este respecto resulta bastante clara la preceptiva del artículo 435 del Código de Procedimiento Civilcuando establece: “Se tramitarán en única instancia por el procedimiento que regula este capítulo los siguientes asuntos: 3. Fijación, aumento, disminución y exoneración de alimentos, y restitución de pensiones alimenticias” (resalta la Sala); de tal suerte que, así como sucede en este caso, no por el simple hecho de adquirir el hijo menor, estando en curso el proceso de alimentos correspondiente, la mayoría de edad, se le puede privar sin más de la condición de acreedor de los alimentos a que tenga derecho. Derecho este que, como es apenas obvio, existirá hasta tanto a través del trámite pertinente, no se demuestre que han cesado las circunstancias que estructuran la obligación de dar alimentos, cuales son, en esencia, la necesidad que de ellos tiene el alimentario y la capacidad en que esté el demandante de suministrarlos.

Así entonces, en tales circunstancias resulta inequívoco y manifiestamente ilegal el proveimiento consistente en decir que, por haber llegado a la mayoría de edad el alimentario, la obligación de tal naturaleza que a través del proceso correspondiente venía cumpliéndose, queda extinguida y, por lo tanto, tenga que exonerarse sin más de prestar alimentos a quien se encuentra obligado a ello; hacerlo así, no es más ni menos que arremeter contra la normatividad vigente y actuar el funcionario fundado en su propio parecer personal, creándose así una situación de puro hecho frente a la cual conviene recordar, como ya lo ha dicho a este respecto la Corte Constitucional que “... ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales (...). A los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, les está vedado actuar por fuera de las funciones atribuidas por la Constitución o la ley. El Estado social de derecho (C.P. art. 1º), los fines sociales del Estado (C. P. art. 2º) y el principio de igualdad ante la ley (C.P. art. 13), constituyen el marco constitucional de la doctrina de las vías de hecho, la cual tiene por objeto proscribir las actuaciones arbitrarias de la autoridad que vulneren los derechos fundamentales de las personas.

Una actuación de la autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del control constitucional de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la persona.

Carece de fundamento objetivo la actuación manifiestamente contraria a la Constitución y a la ley. La legitimidad de las decisiones estatales depende de su fundamentación objetiva y razonable. El principio de legalidad rige el ejercicio de las funciones públicas (C. P. art. 121), es condición de existencia de los empleos públicos (C. P. 122) y su desconocimiento genera responsabilidad de los servidores públicos (C. P. arts. 6º, 90). Una decisión de la autoridad no es constitucional solamente por el hecho de adoptarse en ejercicio de las funciones del cargo. Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley (C. P. art. 3º), principio que le imprime a la actuación estatal su carácter razonable. Se trata de un verdadero límite sustancial a la discrecionalidad de los servidores públicos, quienes, en el desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y aplicar arbitrariamente las normas, so pena de abandonar el ámbito del derecho y pasar a patrocinar simple y llanamente actuaciones de hecho contrarias al Estado de derecho que les da su legitimidad.

La decisión revestida de las formalidades de un acto jurídico encubre una actuación de hecho cuando ésta obedece más a la voluntad o al capricho del agente estatal que a las competencias atribuidas por ley para proferirla. El criterio para evaluar qué conductas tienen fundamento en el ordenamiento jurídico y cuáles no, es finalista y deontológico. Las autoridades públicas están al servicio de la comunidad (C. P. art. 123) y en el cumplimiento de sus funciones deben ser conscientes de que los fines esenciales del Estado son, entre otros, servir a dicha comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (C. P. art. 2º). Las autoridades públicas deben ceñir sus actuaciones a los postulados de la buena fe (C. P. art. 83). La conducta dolosa o gravemente culposa de los servidores públicos debe ser excluida del ordenamiento jurídico y su demostración genera la responsabilidad patrimonial del Estado, así como el deber de repetir contra el agente responsable del daño (C. P. art. 90).

La vulneración de los derechos fundamentales por parte de servidores públicos que actúan sin fundamento objetivo y razonable, y obedecen a motivaciones internas, desconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona (C. P. art. 5º), la protección constitucional de los derechos fundamentales (C. P. art. 86) y la prevalencia del derecho sustancial (C. P. 228). En caso de demostrarse su ocurrencia, el juez de tutela deberá examinar la pertenencia del acto al mundo jurídico y proceder a la defensa de los derechos fundamentales vulnerados en el curso de una vía de hecho por parte de la autoridad pública”. (Corte Constitucional, sentencia T-079/93 de febrero 26 de 1993).

9. En conclusión, el Juez Séptimo de Familia de esta ciudad, al declarar extinguida la obligación alimentaria a cargo del demandado y ordenar cancelar las medidas cautelares decretadas, en forma prematura y oficiosa como lo hizo, incurrió en desconocimiento de precisos imperativos legales, de modo tal que se impone per se, sin necesidad de controversia detenida o extensa, el error manifiesto del funcionario, con lo que ocasionó directamente lesión a los derechos de defensa y debido proceso, colocando en posición discriminatoria y de evidente desventaja a Amelia Avila Rodríguez, acreedora de los alimentos que en su favor se venían causando, frente a la persona de quien ésta los reclama, lo que conduce a que el fallo impugnado deba revocarse, para, en su lugar entrar a conceder el amparo solicitado.

Decisión

Acorde con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá del 31 de mayo de 1993, mediante el cual se denegó la petición de tutela formulada por Mercedes Rodríguez de Avila contra las actuaciones cumplidas por el Juez Séptimo de Familia dentro del proceso de alimentos que promovió en favor de su hija Amelia Avila Rodríguez, y, en su lugar, CONCEDE la tutela solicitada, y con el fin de dar protección al derecho fundamental del debido proceso legal, se ordena al Juez Séptimo de Familia de esta ciudad, proseguir de inmediato con el trámite correspondiente al proceso de alimentos, iniciado en beneficio de Amelia Avila Rodríguez y radicado bajo el número 8026, folio 129, Tomo VII, no obstante el contenido del auto de fecha once (11) de febrero de 1993, proferido en el trámite del mismo proceso, para lo cual deberá restablecer las condiciones que existían en él hasta antes del proferimiento de dicha providencia, entre ellas, las medidas cautelares surtidas, lo que deberá hacer en el improrrogable término de 48 horas».

(Sentencia de tutela, julio 9 de 1993. Expediente 632. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo García Sarmiento).

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