Sentencia 6322 de noviembre 22 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD

COMPROBACIÓN CIENTÍFICA MEDIANTE PRUEBAS GENÉTICAS

Magistrado Ponente:

Dr. José Fernando Ramírez Gómez

Bogotá, D.C., veintidós (22) de noviembre de dos mil dos (2002).

Ref.: Expediente 6322

Profiere la Corte, en sede de instancia, sentencia sustitutiva en el proceso promovido por la Defensoría de menores, Zonal 1, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en representación de la menor Luisa Fernanda Gaitán, contra Carlos José Rodríguez Triana, luego de evacuadas las pruebas que se decretaron en la sentencia de 29 de mayo de 2002, mediante la cual se casó el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala de Familia.

Antecedentes

1. En la demanda que originó el proceso se solicita que se declare que el demandado es el padre extramatrimonial de la aludida menor y se ordene la anotación en el registro civil de nacimiento, además que se le condene a suministrar alimentos.

2. Las pretensiones se fundamentan en que el presunto padre y la señora Olga María Gaitán Ruiz, madre de la menor, quien nació el 2 de abril de 1982, sostuvieron relaciones sexuales durante la época en que se presume su concepción, como así el demandado lo acepta en declaración rendida ante el Juzgado Segundo Civil de Menores de Ibagué.

3. El demandado se opuso a las pretensiones, argumentando que como con la madre de la menor mantuvieron relaciones sexuales en una sola ocasión, concretamente en el primer semestre de 1980, no puede ser el padre de la misma.

4. Tramitado el proceso, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Ibagué, mediante sentencia de 8 de enero de 1995, declaró la paternidad reclamada y condenó al demandado a suministrar alimentos, además ordenó la anotación de rigor en el registro civil de nacimiento respectivo.

Sustentó la decisión en que, de un lado, el demandado no acreditó que las relaciones sexuales que confiesa sucedieron en época distinta a la concepción, y de otro, en que de su renuencia a la práctica de los exámenes genéticos y de la prueba testimonial recaudada, incluida la declaración de la madre de la menor, se infería el trato sexual durante 1981 y 1982, que coincide con el de la concepción, “entre junio 6 a octubre 3 de 1981”.

5. Al sustentar el recurso de apelación que ahora se resuelve, el demandado protesta porque en el proceso no se encuentra probado que él y la madre de la menor hayan tenido relaciones sexuales por la época en que se presume su concepción.

Consideraciones

1. Según el artículo 6º de la Ley 75 de 1968, hay lugar a presumir la paternidad y a declararla judicialmente, cuando, entre otros casos, se demuestra que entre la madre y el presunto padre, existieron relaciones sexuales por la época en que de acuerdo con el artículo 92 del Código Civil, se presume tuvo lugar la concepción.

2. Como el contacto sexual de la pareja es asunto que, dada su intimidad, casi siempre escapa a la percepción directa de los demás, la misma ley establece que dichas relaciones pueden inferirse del trato personal y social entre la madre y el presunto padre, apreciado dentro de las circunstancias en que tuvo lugar y según sus antecedentes, y teniendo en cuenta su naturaleza intimidad y continuidad.

Por supuesto que si lo que se persigue es porque la verdad biológica coincida con la realidad jurídica, pues al fin de cuentas se trata es de vincular a una persona, con los efectos que declaración semejante comporta, “con su origen sanguíneo y su incontrastable derecho a conocer a sus progenitores(1) , resulta importante contar con las pruebas que el avance de la ciencia brinda, concretamente en el campo de la genética.

(1) Sentencia de 23 de abril de 1993 (CCXXII, 452).

Desde luego que si practicados los exámenes, científicamente se determina, con un índice de probabilidad de la paternidad superior al 99.99%, esto sería suficiente, sin lugar a evacuar otras pruebas, para tener por establecidos los hechos de la presunción. Por esto, el artículo 8º, parágrafo 8º de la Ley 721 de 2001 prevé que “si la prueba demuestra la paternidad... el juez procederá a decretarla”.

3. En el caso, como se recuerda, la sentencia del tribunal fue casada, porque de las pruebas que apreció, la declaración del demandado, los testimonios de Esperanza Quiñones de Acosta y María Zully Salazar de Pardo, y los indicios derivados de la prueba de hemoclasificación y la reticencia de aquél a someterse a su práctica, ciertamente no se podía inferir el trato sexual entre la madre de la menor y el presunto padre por la época en que se presume ocurrió la concepción.

Empero, cualquier duda ha quedado disipada, porque practicada la prueba que decretó la Corte, “sobre la huella genética DNA, en especial el examen VNTRS y/o STRS, o la análoga (HLA), o en todo caso, los exámenes que científicamente determinen índice de probabilidad superior al 99.9%”, los resultados fueron positivos.

El examen que practicó el Instituto de Genética, Unidad de Paternidad, UPIGUN, de la Universidad Nacional de Colombia, con la madre, el presunto padre y la menor, con sujeción a lo previsto en la Ley 721 de 2001, terminantemente concluye en la “paternidad comprobada”. Esto porque las pruebas aplicadas, “extracción de DNA de las muestras de sangre, ampliación de los sistemas STR’s indicados”, “se puede excluir como padres a 999.997 individuos de 1’000.0000 falsamente acusados”.

En otras palabras, el demandado Carlos José Rodríguez Triana es el padre de la menor Luisa Fernanda Gaitán, con una probabilidad del “99,9997675%”, porque en “términos periciales y probabilísticos” la “paternidad esta prácticamente (técnicamente) probada. Según los enunciados de Hummel, esto se puede afirmar cuando las cifras son superiores al 99.73%”.

4. En consecuencia, al encontrarse científicamente comprobada la paternidad mediante dictamen fundado, que entre otras cosas no fue objetado, esto desvirtúa los argumentos de la apelación, razón por la cual la sentencia del juzgado debe ser confirmada.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 8 de enero de 1995, proferida por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Ibagué, en el proceso promovido por la Defensoría de menores, Zonal 1, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en representación de la menor Luisa Fernanda Gaitán, contra Carlos José Rodríguez Triana.

Costas en segunda instancia a cargo del demandado apelante. Tásense por el tribunal.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo pertinente.

Jorge Santos Ballesteros—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Jorge Antonio Castillo Rugeles—José Fernando Ramírez Gómez—Silvio Fernando Trejos Bueno—César Julio Valencia Copete. 

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