Sentencia 6323 de febrero 18 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

CORRECCIÓN MONETARIA

NATURALEZA JURÍDICA

EXTRACTOS: «Sobre las características y efectos de la indexación esta Sala se ha referido a ella en oportunidades anteriores.

Así, en sentencia del 8 de abril de 1991 esta Sección al referirse a la naturaleza jurídica de la indexación dijo: “...con ella no se busca establecer un incremento, o un mayor valor de la deuda original, sino evitar una disminución en el patrimonio del trabajador por el simple transcurso del tiempo y su depreciación monetaria con lo cual fundamentalmente se está restableciendo la equidad y la justicia” (Rad. 4087).

En esa misma sentencia se expresó que la corrección monetaria debía aplicarse como solución jurídica para el pago integral de las obligaciones que se concretan en una suma de dinero “...cuando deban cubrirse aquellas donde la propia ley laboral no se ha ocupado de reconocer la compensación de perjuicios causados por la mora en su solución, o porque ya recibieron el beneficio del reajuste automático regular en relación con el costo de la vida...”.

En sentencia de la Sala Plena Laboral del 20 de mayo de 1992, al reiterar lo expresado en el fallo antes aludido se dijo que la corrección monetaria procedía únicamente “...en aquellos casos en que la ley laboral no se haya ocupado de reconocer la compensación de perjuicios causados por la mora en su solución o de dar a ese crédito el beneficio del reajuste automático y regular en relación con el costo de la vida, tesis que este proveído comparte” (Rad. 4645).

En esa providencia la Sala Plena llegó al entendimiento que tanto el

incumplimiento del patrono de pagar a la terminación del contrato de trabajo los salarios y prestaciones debidos al trabajador como la indexación o corrección monetaria cuando el empleador no cubre oportunamente las acreencias laborales en que no existe otro tipo de compensación de perjuicios o no se tiene derecho al reajuste legal en relación con el costo de la vida, ambas tienen carácter indemnizatorio.

Aprovecha la Sala para precisar algunos conceptos sobre la naturaleza jurídica de la indexación que han sido materia de estudio tanto desde el punto de vista doctrinal como jurisprudencial.

Se afirma que ella tiene la característica de salario sobre el supuesto de que éste viene a ser la contraprestación debida por el empleador por los servicios prestados en forma personal por el trabajador. Sin embargo, la indexación no es salario ya que no es una clásica retribución de servicios, porque su origen es diferente ya que se está frente a la existencia de una deuda y su depreciación monetaria.

Por otra parte, no se ubica como prestación social porque no fue establecida para amparar otras necesidades del trabajador derivadas de la prestación del servicio, sino su propósito primordial es mantener la capacidad adquisitiva de la moneda. Tampoco se trata de una bonificación por cuanto no proviene de una liberalidad del empleador, sino que busca su actualización y en ningún caso aumenta el patrimonio del trabajador.

No tiene la característica de compensación a pesar de que ésta busca equilibrar el beneficio que trae para el empleador tener en su poder dinero que en definitiva debe pagar al trabajador.

Según el ordenamiento jurídico toda actividad debe realizarse dentro de ese radio de acción, pero si se ejecuta de otra manera produce una alteración y como consecuencia de esa conducta se impone un castigo. Ese poder lo tiene el Estado y la propia ley señala las clases de penas o sanciones. En el campo laboral a los trabajadores se les aplica medidas correctivas y a los empleadores se les impone sanciones administrativas o judiciales. La indexación no corresponde exactamente a una sanción por cuanto no esta enfocada a reprender a una de las partes sino que pretende que las acreencias laborales a que tienen derecho los trabajadores se solucionen actualizadas o sea que en ese momento no hayan perdido su poder adquisitivo.

Por último, la indemnización de perjuicios viene a ser el resarcimiento económico por el daño o perjuicio causado por una persona y en beneficio de otra que es la víctima. Tiene un doble radio de acción, ya que cubre tanto el daño material como el moral. El primero cobija dos aspectos diferentes como son el daño emergente que es la pérdida que le sobreviene a una persona por culpa u obra de otra al no cumplir con su obligación, al cumplirla imperfectamente o al demorarse en ella, que se traduce en una disminución patrimonial para el acreedor, y el lucro cesante que es la utilidad perdida que viene a privarlo de un aumento patrimonial.

En el ámbito laboral cuando el empleador en el sector privado no paga oportunamente a la terminación del contrato de trabajo los salarios y prestaciones sociales a su cargo y no justifica válidamente el motivo para no hacerlo incurre en lo que se ha denominado salarios caídos (art. 65 C.S.T.); así mismo cuando el empleador oficial no paga a la terminación del contrato los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, ni justifica la razón para no cumplir con esas obligaciones, incurre en la misma sanción (art. 1º Decreto 797/49). En ambos casos es la propia ley la que regula el carácter indemnizatorio de esos perjuicios o sea el equivalente a un día de salario por cada día de mora a partir de la fecha de su exigibilidad.

Por otra parte cuando el empleador no cancela en su debida oportunidad las acreencias laborales a su cargo distintas a aquellas donde la propia ley ha impuesto una sanción o donde ha recibido el beneficio del reajuste por disposición legal, es procedente la corrección monetaria como factor del daño emergente para que en el momento de su solución el pago sea completo (art. 1649 C.C.).

De todas maneras tanto los salarios caídos como la indexación tienen un origen eminentemente indemnizatorio y vienen a cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del empleador, sin que jurídicamente sea válida la condena simultánea por ambos conceptos, lo que lleva a la Sala a colegir que el ad quem interpretó erróneamente las normas que sustentan la indexación dentro del sistema de integración contemplado en el art. 19 del C.S.T. y demás textos relacionados en la formulación del cargo, cuando concluyó equivocadamente que sí era procedente las condenas conjuntas por ambas peticiones».

(Sentencia de casación, febrero 18 de 1994. Radicación 6323. Magistrado Ponente: Dr. Ernesto Jiménez Díaz).

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