Sentencia 6329 de julio 30 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

EXEQUÁTUR DE SENTENCIA DE ADOPCIÓN

LA IRREVOCABILIDAD DE LA ADOPCIÓN ES PRINCIPIO DE ORDEN PÚBLICO

EXTRACTOS: «Procede la Corte a decidir la solicitud de Exequátur formulada por los señores Masuro Sanada y Dora Luz Estrada Álvarez respecto de la sentencia de 18 de mayo de 1983, pronunciada por el juzgado seccional de menores de Chiriquí y bocas del toro, Distrito de David, República de Panamá, mediante la cual se concedió autorización al primero de los nombrados para adoptar a la menor Mirna Estivaly Arango Estrada, hija de la segunda.

Consideraciones:

1. Por razones de soberanía del Estado, que tiene venero en nuestra Constitución Política, constituye principio jurídico el que ni las leyes extranjeras ni las decisiones de jueces extraños o foráneos tiene valor dentro del territorio patrio; dicho principio, empero, no es absoluto, pues en materia civil y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 693 del estatuto procesal, eso sí previo el lleno de los requisitos que establece el artículo 694 íb., se le reconocen efectos a las sentencias extranjeras, delanteramente, de acuerdo con lo que dispongan los tratados bilaterales o multilaterales vigentes que a ese respecto hayan celebrado o firmado Colombia y el Estado de cuyos jueces proviene la sentencia objeto de pase; o a falta de tratados, según la fuerza que en la ley del otro país se le concedan a los fallos colombianos. Dicha configuración exceptiva representa, pues, una combinación de los sistemas conocidos como de la reciprocidad diplomática, preeminente; y de la reciprocidad legislativa, subsidiaria, que sólo opera a falta de tratados.

2. Establecido lo anterior de una u otra de las maneras explicadas, para que la sentencia extranjera surta efectos aquí, también es necesario que reúna otros requisitos consagrados en el ordenamiento jurídico interno colombiano, que se hallan plasmados fundamentalmente para impedir que con ella se afecten el orden público o la jurisdicción nacionales; entre ellos se destaca el de “Que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento” (CPC, art. 694, num. 2º).

3. Como el presente asunto versa sobre la adopción de un colombiano, o sea que atañe con el estado civil de la adoptada, siguiendo derroteros que recientemente ha trazado la corte y según los cuales la noción de “orden público” en el ámbito del derecho internacional implica que el juez nacional examine la sentencia extranjera dentro del marco de “relatividad” que esa noción exige, esto es, que la conclusión que aquél saque en el sentido de ser ese pronunciamiento contrario al orden público interno no descanse en una deducción apriorística o en abstracto, sino que tenga por base el análisis concreto de la situación planteada y la función que, dentro del fenómeno de internacionalización y eficacia de la justicia, está llamado a cumplir el exequátur, tanto más cuando no es extraño que al interior del país se produzcan cambios conceptuales que en un determinado momento permitan otorgar dicho reconocimiento a sentencias extranjeras que antes y en condiciones similares habrían sido objeto de decisión adversa.

La cuestión de “orden público”, pues, debe mirarse a la luz de criterios jurídicos actualmente en vigor y no anteponiendo aisladamente principios generales que, como los señalados en los artículos 19 y 20 del Código Civil, los cuales respectivamente consagran los denominados estatuto personal y real, “... traen como resultado el hacer prevalecer un orden público defensivo y destructivo, no así un orden público dinámico, tolerante y constructivo que reclama la comunidad internacional en el mundo contemporáneo”, cuya aplicación literal sin más, valga decirlo, no en pocas veces ha dado al traste con el exequátur de fallos foráneos que deciden sobre asuntos atinentes al estado civil de los nacionales colombianos. En esta materia, como lo explicó la Corte, preside la consideración de que:

“... Entre las distintas concepciones doctrinarias que se preocupan por explicar el tema en procura de reducir la noción de “orden público” a límites razonables y evitar que su empleo pueda llevar al sistemático destierro del derecho extranjero aun ocasionándole inútil agravio a los propios nacionales también inmensos en la sociedad universal, la que hoy en día predomina al menos en el entorno continental americano, según lo evidencian conferencias especializadas promovidas por la OEA y que datan de 1975 (Panamá) y 1979 (Montevideo), es aquella que entiende el “orden público” como una cláusula de reserva destinada en cuanto tal a evitar que una ley extranjera, calificada normalmente como la competente para regir determinado asunto, tenga que ser acogida no obstante que la aplicación que de ella se hizo contradice en forma manifiesta los principios fundamentales en que se inspira el ordenamiento jurídico nacional ...” (Sentencia de exequátur de 5 de noviembre de 1996, Expediente 6130).

3. En ese orden de ideas y desde esa perspectiva es que debe examinarse si hay lugar o no a otorgar el exequátur a la sentencia extranjera objeto del presente proceso; para lo cual la Sala observa y concluye:

3.1. Que de acuerdo con lo demostrado en el proceso no existe tratado vigente entre Colombia y Panamá sobre el valor que recíprocamente le otorgan a las respectivas sentencias de sus jueces nacionales, así lo dice el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores de aquí en el documento visible a folio 64; pero en cambio, según la prueba documental traída por los demandantes, se encuentra probado que en panamá se le reconoce fuerza a los fallos extranjeros; por lo que se encuentra establecida la comentada reciprocidad legislativa.

3.2. Que, empero, la sentencia extranjera, dictada por un Tribunal de Panamá y que es ahora objeto de exequátur, no cumple con la exigencia, sine qua non, de no ser opuesta a las leyes colombianas de orden público, toda vez que contradice en forma manifiesta principios fundamentales en que se inspira el ordenamiento jurídico nacional en punto de la adopción.

En efecto, situada la corte en el caso de examinar si las leyes sobre adopción de la República de Panamá se oponen a las nuestras relativas a la misma materia y que sean de orden público, debe concluir que no puede en la especie de este proceso otorgar el exequátur solicitado, pues según la ley de allá la adopción fenece por muerte del adoptante o del adoptivo, “o por renuncia de éste”, artículo 183 del Código Civil Panameño (fl. 23), y es excepcionalmente revocable mediante invocación de determinadas causas que lo justifiquen, las cuales se señalan en el artículo 185 íb. (fl. 23), casos en los cuales el adoptivo recobra su estado civil anterior, artículo 184 íb., folio 23; lo cual evidentemente se opone al régimen interno colombiano que consagra la institución de la adopción con el carácter de irrevocable, sin ninguna excepción, según lo preceptúa el artículo 88 del Código del Menor, principio del cual se sigue la definitividad del lazo paterno filial surgido con ocasión de ella.

En caso semejante de disparidad de legislaciones sobre la adopción, dijo la Corte que:

“Esta disparidad de criterios legislativos se opone, con rotundidad absoluta, a que pueda concederse el exequátur recabado. La irrevocabilidad de la adopción que consagra nuestra legislación, igual que todos los consagrados en el Código del Menor, es principio de orden público ..., y por consecuencia, tienen un “carácter irrenunciable” (sentencia de exequátur de 8 de noviembre de 1996).

4. Como corolario obligado de todo lo anterior, debe la Corte negar el exequátur pretendido puesto que así el fallo extranjero no reúne uno de los requisitos exigidos para ese efecto, cual es el de que se opone a las leyes colombianas de orden público que tratan sobre la adopción, como estado civil definitivo».

(Sentencia de Julio 30 de 1997. Expediente 6329. Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simancas).

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