Sentencia 6357 de noviembre 8 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

RENUNCIA A LA CANDIDATURA A UN CARGO UNIPERSONAL

SÍ EXISTE TÉRMINO LEGAL PARA PRESENTARLA

EXTRACTOS: «Los actos acusados hicieron exigible la póliza de cumplimiento que prestó el actor Roberto de Jesús Hoyos Ruiz, para los efectos del inciso 4º del artículo 9º de la Ley 130 de 1994, esto es, garantizar la seriedad de su candidatura a la Alcaldía Mayor de Medellín, para el período 1998-2000.

Tal exigibilidad se produjo porque no se tuvo en cuenta la renuncia por él presentada, atendiendo el término perentorio previsto en el artículo 2º de la Ley 163 de 1994, lo que dio lugar a la contabilización de votos, cuyo número resultó inferior al requerido en el artículo 13 de la Ley 130 de 1994.

El artículo 2º de la Ley 163 de 1994, es del siguiente tenor:

“Inscripción de candidaturas. La inscripción de candidatos a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las juntas administradoras locales vence cincuenta y cinco (55) días antes de la respectiva elección. Las modificaciones podrán hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes”.

En criterio del a quo no existe término perentorio para la presentación de la renuncia a una candidatura.

Estima la Sala que si bien es cierto que el artículo 96 del Código Electoral claramente señala como requisitos de la renuncia a una candidatura: que se presente por escrito y personalmente por el renunciante ante el funcionario electoral correspondiente, o mediante comunicación dirigida al respectivo funcionario con nota de presentación personal ante juez, notario o agente consular; y dicha norma no consagra término perentorio para la presentación de la renuncia, no lo es menos que el artículo 2º de la Ley 163 de 1994 sí está fijando un plazo dentro del cual los candidatos a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales ediles o miembros de las juntas administradoras locales pueden inscribirse y modificar la inscripción, independientemente de que ésta conste en una lista o no.

Ahora, modificar una inscripción significa cambiarla o variarla; y el cambio o variación puede ir desde excluir uno o varios candidatos para ser reemplazados por otros, cuando los nombres forman parte de una lista; o desistir de la inscripción, cuando se trata de un cargo unipersonal, como los relativos a gobernaciones y alcaldías. Es decir, que la modificación no necesariamente está ligada a un eventual reemplazo de un candidato.

Bajo el prisma de la racionalidad más elemental no es posible sostener que la renuncia de una inscripción no conlleva una modificación de fondo de la misma, pues no se renuncia a una candidatura sin renunciar a la inscripción, dado que la primera decisión por sí sola no produce efecto, si no va atada a la segunda, atendiendo el hecho inequívoco de que sólo pueden renunciar válidamente los candidatos inscritos. De tal manera que el desistimiento de la inscripción, en virtud de la renuncia, necesariamente implica su modificación sustancial al punto de que ello tendría como propósito dejarla sin efecto.

El artículo 94 del Código Electoral señala las causas que dan lugar a que se modifique una lista, dentro de las cuales está la renuncia; y ello no significa que dichas causas estén referidas únicamente a candidaturas para cargos a corporaciones públicas de cuerpo colegiado, pues sabido es que las mismas son circunstancias que afectan toda inscripción, incluida, lógicamente, la de candidatos a cargos unipersonales, ya que si se le diera una interpretación restrictiva a esta norma para hacerle derivar un efecto específico únicamente en relación con las candidaturas que forman parte de una lista, se llegaría al extremo de sostener, por ejemplo, que sólo pueden renunciar los candidatos a corporaciones públicas de cuerpo colegiado; o que la muerte o pérdida de los derechos políticos tampoco afecta la inscripción para cargos unipersonales.

Es preciso tener en cuenta que si la aspiración de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político constituye un derecho, es decir, una decisión libre y voluntaria, igualmente se conserva ese derecho para desistir de dicha aspiración; pero tal decisión debe tener eficacia y ésta solamente se logra en la medida en que se manifieste dentro de un término razonable que permita a las autoridades elaborar, corregir y distribuir la documentación pertinente, en orden a evitar la pérdida de tiempo en el conteo de votos no llamados a contabilizarse, y hacer menos onerosa la celebración de los comicios electorales. De ahí que el artículo 2º de la Ley 163 de 1994 hubiera dispuesto un plazo de cinco días siguientes al del vencimiento del término para la inscripción, a objeto de su modificación.

Cuando una persona se inscribe como candidato para desempeñar determinado cargo de elección popular, ipso facto, se hace acreedora a prerrogativas tales como acceso a los medios de comunicación y a toda la infraestructura con que cuenta el Estado para garantizar su participación democrática; y, a la vez, ello le permite obtener la colaboración o auxilio económico de sus seguidores y tener la posibilidad de adoptar decisiones propias de la contienda electoral como, por ejemplo, hacer alianzas o coaliciones para obtener una mayoría en su favor o en la de otro de los candidatos, etc.

Todas estas actividades que le corresponde desarrollar a un candidato deben estar revestidas del principio de seriedad, que es el que se pretende proteger en la disposición contenida en el artículo 9º de la Ley 130 de 1994, frente a todos los candidatos, sin distinción alguna.

Por ello, una de las manifestaciones de respeto y acatamiento a tal principio lo constituye una renuncia oportuna. Aceptar que en cualquier tiempo, incluso el mismo día de las elecciones o posteriormente se pueda renunciar sin que ello traiga consecuencia alguna, es desconocer el contenido normativo no sólo del artículo 9º de la Ley 130 de 1994, sino del artículo 2º de la Ley 163 de 1994, pues, su texto involucra la inscripción de todos los candidatos.

Y frente al principio de seriedad resulta irrelevante el fin propuesto con la renuncia, esto es, si se pretende cambiar un candidato por otro o simplemente se desiste de la aspiración electoral, porque, lo que verdaderamente interesa, es que dicha renuncia sea eficaz, dado que si ésta se presenta es para que produzca efectos y no para contrarrestar los que se derivan del ejercicio de un derecho respecto del cual la ley ha exigido el cumplimiento de determinados requisitos, so pena de que se apliquen las consecuencias jurídicas también previstas en la ley, cuando ellos no se observan.

Así pues, a manera de conclusión, debe decirse que el ejercicio de un derecho, que supone el cumplimiento de determinados requisitos, puede tener, como en este caso, consecuencias jurídicas adversas; es irrelevante el fin que se persiga con la renuncia; si bien la ley electoral distingue entre listas de aspirantes a corporaciones públicas de elección popular y cargos unipersonales, ello no incide en las causas que pueden afectar una inscripción y en su modificación.

Corolario de lo anterior estima la Sala que los actos acusados se ajustaron a la legalidad; era deber de las autoridades contabilizar los votos del candidato y si éste no obtuvo la votación requerida, se cumplió el supuesto fáctico contenido en el citado artículo 9º para la exigibilidad de la póliza».

(Sentencia de noviembre 8 de 2001. Expediente 6357. Consejero Ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

SALVAMENTO DE VOTO

En un caso similar al planteado en el asunto sub judice, la Sala, con intervención de un conjuez, optó por una solución diferente, en el sentido de que los candidatos tenían libertad para renunciar a su aspiración de ser elegidos, sin que la Registraduría Nacional del Estado Civil pudiera hacer efectiva la correspondiente póliza. En ese momento la Sala dijo en sentencia de 30 de marzo de 2001, expediente 6433, actor Jaime Castro, de la cual fue ponente la consejera Dra. Olga Inés Navarrete, lo siguiente:

"Mediante los actos acusados se hizo exigible la póliza de cumplimiento que prestó el actor Jaime Castro Castro para los efectos del inciso 4º del artículo 9º de la Ley 130 de 1994, esto es, garantizar la seriedad de su candidatura a la Alcaldía Mayor de Bogotá, para el período 1998-2000.

Tal exigibilidad se produjo porque, según la parte actora, no se tuvo en cuenta la renuncia presentada, atendiendo el término perentorio previsto en el artículo 2º de la Ley 163 de 1994, lo que dio lugar a la contabilización de votos, cuyo número resultó inferior al requerido en el artículo 13 de la Ley 130 de 1994 (fls. 15, 29 y 46).

El artículo 2º de la Ley 163 de 1994, es del siguiente tenor:

“Inscripción de candidaturas. La inscripción de candidatos a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las juntas administradoras locales vence cincuenta y cinco (55) días antes de la respectiva elección. Las modificaciones podrán hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes”.

Los actores aducen que la ley no consagra un plazo para efectos de la presentación de las renuncias; y que la norma transcrita se aplica en el caso de candidaturas que constan en una lista inscrita y para efectos de su modificación.

Estima la Sala que ciertamente el artículo 96 del Código Electoral claramente señala como requisitos de la renuncia a una candidatura: que se presente por escrito y personalmente por el renunciante ante el funcionario electoral correspondiente, o mediante comunicación dirigida al respectivo funcionario con nota de presentación personal ante juez, notario o agente consular; pero, dicha norma no consagra término perentorio para la presentación de la renuncia y, aunque afirma la parte demandada que el artículo 2º de la Ley 163 de 1994 sí está fijando un plazo dentro del cual los candidatos a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales ediles o miembros de las juntas administradoras locales pueden inscribirse y modificar la inscripción, independientemente de que ésta conste en una lista o no, lo cierto es que la norma no contempla dicho marco temporal dentro del cual puede el candidato oficializar su renuncia.

Ahora, modificar una inscripción significa cambiarla o variarla; y el cambio o variación puede ir desde excluir uno o varios candidatos para ser reemplazados por otros, cuando los nombres forman parte de una lista, pero no incluye el caso de desistir de la inscripción, cuando se trata de un cargo unipersonal, como los relativos a gobernaciones y alcaldías. Es decir, que la modificación a que alude la norma en comento, necesariamente está ligada a un eventual reemplazo de un candidato, que no fue que sucedió en el caso en estudio, lo que lleva a la Sala a concluir que, en el estado actual de la normatividad, y en lo que atañe con las elecciones para alcalde, es posible sostener que la renuncia de una inscripción no conlleva una modificación de la misma, pues se renuncia a una candidatura al renunciar a la inscripción. De tal manera que en tratándose de candidatos a alcaldías, el desistimiento de la inscripción, en virtud de la renuncia, necesariamente implica, no una modificación sino la total ausencia de posibilidad de aspirar al consenso popular y, en este orden de ideas, ello tendría como propósito dejarla sin efecto, sin que para el efecto se esté sujeto a que se haga dentro de determinado plazo.

El artículo 94 del Código Electoral señala las causas que dan lugar a que se modifique una lista, dentro de las cuales está la renuncia; pero, obviamente tales causas están referidas solo a candidaturas para cargos a corporaciones públicas de cuerpo colegiado, pues con respecto a las candidaturas unipersonales, como es el caso de los candidatos a alcalde, una interpretación restrictiva la norma implica hacerle derivar un efecto específico únicamente en relación con las candidaturas que forman parte de una lista.

Es preciso tener en cuenta que si la aspiración de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político constituye un derecho, es decir, una decisión libre y voluntaria, igualmente se conserva ese derecho para desistir de dicha aspiración, y, en el caso de los alcaldes, aunque la norma regula conjuntamente la situación de candidatos a corporaciones públicas y candidatos a cargos unipersonales, la Sala entiende que, en la medida en que en el caso de estos últimos la renuncia a la candidatura no implica modificación de una lista, por ende, no puede tener la misma regulación que la de aquellos, y, por ende, implicando la sanción adoptada en los actos demandados. En efecto, como ya se advirtió, el artículo 2º de la Ley 163 de 1994 dispuso un plazo de cinco días siguientes al del vencimiento del término para la inscripción, a objeto de su modificación, sin tener en cuenta la especial distinción que la Sala acaba de precisar.

El a quo consideró que no existía término en la ley para renunciar a la candidatura a cargos unipersonales. Sin embargo, señaló que por lógica, debe ser antes de los comicios, óptica que comparte la Sala ya que, desde otro punto de vista, en el caso en estudio no resultaría posible al juez crear un plazo judicial para complementar y precisar el sentido de la norma a fin de que tuviera clara operancia frente al caso de los candidatos al cargo de alcalde.

Lo anterior, sin perjuicio de que no se advierta un vacío normativo, pues, en la práctica, cuando una persona se inscribe como candidato para desempeñar determinado cargo de elección popular, ipso facto, se hace acreedora a prerrogativas tales como acceso a los medios de comunicación y a toda la infraestructura con que cuenta el Estado para garantizar su participación democrática; y, a la vez, ello le permite obtener la colaboración o auxilio económico de sus seguidores y tener la posibilidad de adoptar decisiones propias de la contienda electoral como, por ejemplo, hacer alianzas o coaliciones para obtener una mayoría en su favor o en la de otro de los candidatos, etc., lo que implica que tal aspiración debe estar rodeada del máximo de seriedad, principio que es el que se pretende proteger en la disposición contenida en el artículo 9º de la Ley 130 de 1994, pero que no resulta posible aplicar en el caso de los alcaldes por la razón ya expuesta de que su inscripción como candidato no implica la de una lista que se pueda modificar hasta determinado día antes de los comicios electorales.

Además, frente al principio de seriedad al que se ha hecho referencia resulta válida la tesis de que el fin propuesto con la renuncia de un candidato a alcalde, es simplemente desistimiento de su aspiración electoral, la que debe ser eficaz, en el sentido de que produce los efectos que le son inherentes, cuales son que el electorado no tenga en cuenta su nombre, o que depositados votos porque no hubo tiempo de eliminarlo del tarjetón, los mismos no resulten válidos.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada".

Las razones anteriores son suficientes para salvar el voto en esta oportunidad.

Manuel S. Urueta Ayola. 

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