Sentencia 6357 de octubre 19 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 6357

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Santos Ballesteros

Bogotá, D.C., diecinueve de octubre de dos mil.

(...).

3. Ahora bien, al margen del vano ataque que se ha dejado estudiado, es lo cierto que se está acá en presencia de la interpretación de un convenio que al juzgador las partes le defieren, lo que supone en primer término una voluntad expresada por ellas y vertida en un documento y además una actividad intelectual del juzgador que busca, con apoyo en las reglas interpretativas que las partes mismas trazan algunas veces o que la ley en todo caso brinda, desentrañar la naturaleza jurídica y alcances, entre otros tópicos, del acto jurídico sometido a su análisis.

En esta tarea, como se sabe, el Código Civil colombiano adoptó lo que la doctrina ha denominado el sistema de la “voluntad interna”, es decir, aquél que persigue ante todo la voluntad subjetiva de las partes, en contraposición a aquel otro, predominante en otras latitudes, en el que el énfasis se hace en la “voluntad declarada”.

Así, la piedra angular de la interpretación de los actos jurídicos en la legislación colombiana se halla en el artículo 1618 del Código Civil, a cuyo tenor, “conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más allá que a lo literal de las palabras”.

Si bien es cierto que cuando un acuerdo de voluntades se encuentra plasmado en un documento que recoge con toda claridad los extremos de la relación jurídica y la voluntad de las partes, el esfuerzo interpretativo, que lo hay, es mínimo, también lo es que cuando el documento se ofrece oscuro, son las partes primeramente las interesadas en que un tercero, el juez, destrabe esa disconformidad sobreviniente, para lo cual, goza éste para la tarea que ha de emprender, de otras herramientas de hermenéutica, la primera de las cuales está orientada a ubicar el acto jurídico, a través de los elementos esenciales, de la naturaleza o accidentales estampados en el documento, en uno o varios tipos específicos de acto jurídico queridos.

Y esta labor de hermenéutica supone además un examen del contenido total del documento, de la historia o del desenvolvimiento del acuerdo cuando él es de tracto sucesivo, y en fin, implica el uso de herramientas de búsqueda de la real voluntad de las partes, brindadas por la ley al juez, quien se formará una idea o varias acerca del verdadero sentido del acto jurídico que analiza.

Cuando quiera que en el sendero de su investigación fluyen para el juzgador varias interpretaciones de ese acto jurídico, y todas se muestran verosímiles, se ha dicho que el juzgador goza de cierta discrecionalidad o autonomía, que encuentra su límite en la arbitrariedad, la que debe hallarse sin hesitación alguna en el juicio emitido por el juzgador en la sentencia, y que aparece notoriamente absurdo o contraevidente. Pero esta conclusión sólo es predicable cuando la interpretación sólo ofrece una vía, una salida, mas no cuando pueden presentarse dos o más interpretaciones, pues en tal caso el juzgador puede inclinarse por una de ellas sin cometer exabruptos. Su racional discrecionalidad, evidentemente justificable por la índole de la labor que ejecuta, cual es la de desentrañar qué quisieron y acordaron las partes en un contrato o convenio, trae como corolario el de que la sentencia arribe a la Corte protegida por una presunción de acierto, sólo desvirtuable cuando, como ya se indicó, se evidencia a simple vista lo absurdo de la interpretación adoptada.

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