Sentencia 6366 de abril 4 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 6366, abr. 4/2001.

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Santos Ballesteros

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La falta de técnica que se evidencia en todos los cargos, amén de su manifiesta similitud, permite a la Corte, integrarlos a fin de despacharlos bajo unas mismas consideraciones, que se harán en primer término de manera genérica para así poder aplicarlas a los cargos individualmente considerados.

Resulta necesario que la Corte reitere su posición doctrinal en cuanto a la distinción entre la violación directa y la violación indirecta de la ley a causa de errores de hecho o de derecho, maneras de violación que no pueden confundirse ni mezclarse sin incurrir en confusión.

1.1. Así, se exige que cuando se trata de atacar una sentencia por violación de normas sustanciales, el censor debe indicar cuáles son esas normas sustanciales, que o son la base fundamental del fallo o han debido serlo. No se consigue cumplir con este requisito que plasma el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente en virtud de la Ley 446 de 1998, con la sola enunciación indiscriminada y prolija de una serie de normas que bien pueden ser sustanciales pero que no regulan de modo central la relación jurídica que se debate en el proceso y que se resolvió en la sentencia. Así por ejemplo, en un asunto de pertenencia, resulta impertinente aludir a normas relacionadas con la igualdad de las mujeres, o las referidas a la prohibición de la discriminación de las mujeres, ya que aun cuando remotamente pueda pensarse que estas normas hayan resultado violadas, no son ni de lejos las fundamentales para resolver el litigio presentado.

1.2. Ahora bien, denunciada la violación de la norma sustancial esencialmente reguladora de la situación, el recurrente debe enrutar su argumentación por una de dos vías: la directa, esto es, sin consideración a los aspectos fácticos del proceso, o por mejor decir, partiendo de la base de que el sentenciador ha captado la realidad que muestran los autos —y en eso está plenamente de acuerdo el impugnante— pero achacándole equivocación en la aplicación del derecho a esa situación fáctica cabalmente captada, bien porque no hizo actuar la norma reguladora de la situación, o la hizo actuar pero con un sentido tergiversado, o finalmente, aplicó la norma que no regulaba el caso sometido a su decisión.

1.3. O encauza el ataque por la vía indirecta, en donde se parte de la base de que el sentenciador infringió la norma sustancial, debido a una equivocada percepción de lo que el expediente muestra. Equivocación entre la realidad de los autos y la idea que de ellos se forma el juzgador, cometido a consecuencia de uno de dos tipos de errores: de derecho o de hecho; el primero consistente en la equivocación acerca de la eficacia jurídica de la prueba o acerca de la manera como ella se produjo, decretó, practicó o trajo a los autos; y el segundo cometido por omisión suposición o cercenamiento de una prueba.

1.3.1. Si de violación indirecta de la ley se trata, a consecuencia de errores de derecho, el censor debe no sólo indicar qué norma de estirpe probatoria infringió el tribunal, sino también determinar cómo fue que esa norma probatoria se violó para así continuar en su discurrir combativo, con la violación de la norma sustancial, bien por aplicación indebida o por falta de aplicación. Esta regla técnica, que incluso en caso de ser incumplida obliga al rechazo del cargo, se halla de manera expresa contemplada en el último inciso del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil que a la letra dice: “Si la violación de la norma sustancial ha sido consecuencia de error de derecho, se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción”.

1.3.2. En materia de errores de hecho, el artículo, mencionado establece que éste debe no sólo ser manifiesto, esto es, protuberante o que a simple vista resalte, sino que el censor debe darse a la tarea de determinar la prueba sobre la cual el tribunal cometió tamaño yerro, bien en la demanda, o en la contestación a ésta o en “determinada” prueba. Por lo que, en consecuencia, la Corte ha sostenido de manera inveterada que la determinación de la prueba no puede ni por asomo consistir en una enumeración del acervo probatorio de un proceso, sino que la determinación de la prueba, y sobre todo la demostración del yerro, exige del impugnante que defina qué prueba no vio o vio mal o supuso el tribunal, indicando no sólo la errónea consecuencia que el tribunal dedujo de la misma, sino también la que de manera diáfana se desprende de la prueba, la que por lo demás, debe ser trascendente, es decir, de tanta importancia en las resultas de la decisión, que de haberse apreciado la misma en la forma como el censor lo muestra, forma única además, el tribunal hubiese tenido que llegar a una conclusión diferente de la que plasmó en la sentencia.

1.4. Además de estas nociones, es claro que el impugnante debe combatir todos los pilares en que se halla sustentada la sentencia, pues al venir ésta amparada por la presunción de acierto y legalidad, si un fundamento de la misma queda incólume y le presta apoyo para sostenerla, la Corte debe preservarla.

Pero además de las anteriores reglas técnicas, para el caso presente resulta pertinente recordar que, en aplicación del derecho fundamental de defensa, de la lealtad que las partes se deben recíprocamente y que además ellas deben ofrecerle a la justicia representada en el fallador, se ha proscrito en casación los denominados medios nuevos, aspectos fácticos que a última hora son traídos y esgrimidos por una de las partes, sin que hayan sido tocados en las instancias, con lo cual queda la otra parte sin posibilidad alguna de contraatacarlos».

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