Sentencia 6367 de febrero 11 de 1994 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

MEDIOS DE PRUEBA

APRECIACIÓN DE LOS NO SINGULARIZADOS POR LA LEY

EXTRACTOS: «Debe sin embargo la Sala rectificar la equivocación en que incurrió el Tribunal al haber descalificado de plano, como medio de convicción, la certificación que el apoderado de la demandada le suministró al juzgado durante la inspección judicial y que éste tuvo en cuenta en su sentencia para dar por demostrados los valores que la empleadora canceló al contratista por el suministro de alimentación de los trabajadores, entre los cuales se encontraba el demandante.

Esa certificación o constancia —que no fue tenida como confesión judicial por el juzgado como parece haberlo entendido el Tribunal— debió ser objeto de valoración por el ad quem, entre otras, por las siguientes razones:

a) La enumeración de los medios de prueba que hace el artículo 175 del C.P.C., al cual remite el C.P.T. (art. 51 y 145), no es taxativa. Bien al contrario, la norma prevé que, además de los que allí enlista, también sirven como pruebas “cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”, quien debe practicarlas “de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio”.

b) Los medios de prueba no singularizados o nominados por la ley también deben ser valorados por el juez laboral al proferir su decisión (CPT, art. 60), lo que debe hacer de acuerdo con los principios de la sana crítica, atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal de las partes (art. 61 ibídem).

c) En los juicios del trabajo el juez de la primera instancia es, primordialmente, el juez de los hechos. De esta manera, su apreciación respecto de un determinado medio de convicción, practicado o incorporado por él mismo al expediente, no puede ser desconocida por su superior, a quien le corresponde fundamentalmente el control de legalidad, a menos que advierta en el fallador de primera instancia una infracción de la ley o de los principios probatorios propios del proceso laboral.

En el caso que se revisa el juez a quo no infringió ninguna norma o principio probatorio al tener en cuenta un medio de prueba distinto de los que expresamente reseñan los Códigos de Procedimiento Civil y del Trabajo.

d) El juez laboral no debe desconocer los hechos sobre los cuales las partes están de acuerdo. Salvo que se requiera prueba solemne, frente a los hechos del proceso no controvertidos debe asumir que se encuentran probados y su desconocimiento en la sentencia resulta sin duda sorpresivo para las partes. Le corresponde no obstante, cuando sea del caso, desplegar su propia actividad probatoria en orden a evitar la colusión o el fraude de litigantes.

La buena fe con que se debe actuar ante el juez, que ahora presume la Constitución Política (art. 83) y fue legalmente consagrada en su momento como un principio del proceso laboral (art. 49 C.P.T.) y como un deber de las partes y sus apoderados en el Código de Procedimiento Civil (art. 71) determina que las manifestaciones o constancias que sobre los hechos debatidos dejan en el curso del proceso las partes, sus representantes o apoderados, puedan también ser apreciadas por el juzgador como medio de convicción cuando ellas se producen por fuera de las oportunidades que la ley prevé para que sean específicamente tipificadas como confesión judicial, espontánea o provocada.

e) Es frecuente en la práctica forense laboral que el juez, motu proprio, sustituya un medio de prueba por otro. Así ocurre cuando, por ejemplo, autoriza que la respuesta a una pregunta formulada en interrogatorio de parte, cuya respuesta requeriría minuciosa consulta por el absolvente, sea reemplazada por una certificación. O cuando —como ocurrió en este proceso— cambia el examen directo de unos documentos por la constancia o certificación que sobre el hecho objeto de la prueba expide en nombre de la demandada su apoderado o representante en el curso de la diligencia, sin que para el efecto pueda hacerse distinción entre constancias o certificaciones escritas o verbales, habida cuenta de la oralidad del juicio laboral. Resulta por ello apenas lógico que esas certificaciones, que lo mismo pueden constar en documentos hechos “para el proceso” que en actas de las audiencias públicas producidas por decisión del juez y con la aquiescencia de las partes, sean valoradas por el sentenciador junto con las demás pruebas al proferir la sentencia.

f) No fue ilógica ni inesperada la decisión que adoptó para este proceso el juez de la primera instancia al tener por demostrado, con base en la certificación que en el curso del proceso suministró el apoderado de la sociedad demandada, el valor que le pagó a su contratista por la alimentación del demandante durante el último año de servicios. Y no lo fue porque el hecho había sido específicamente fijado por el actor como objeto de la inspección judicial (punto once del temario, fl. 71); porque en el acta que recoge lo ocurrido en la audiencia en la cual se comenzó a evacuar la inspección ocular se lee textualmente: “En relación con el punto once, de acuerdo con lo informado por el apoderado de la parte demandada no se cuenta con las documentales en este momento para poder verificar este punto...” (fl. 74); porque el juzgado ordenó en consecuencia: “En relación con el punto once objeto de la inspección se evacuará en la continuación de esta audiencia, dado que no se cuenta con los documentos en este momento” (fl. 75); y porque, finalmente, en la continuación de la audiencia, según consta en el acta correspondiente, el apoderado de la demandada hizo la relación de los pagos efectuados al contratista cuyo establecimiento era el objeto del punto once del temario de la inspección ocular (fl. 87), luego de lo cual el juzgado dispuso: “Con la información suministrada por el apoderado de la parte demandada se considera evacuado el punto once, objeto de la inspección judicial” (fl. 88).

g) El recuento de lo acontecido muestra, sin lugar a dudas, que ante lo resuelto por el juez en la audiencia de trámite, las partes debían esperar que al proferir el fallo tendría en cuenta y valoraría, de acuerdo con la sana crítica, la prueba con la cual sustituyó el examen directo de algunos documentos. Precisamente por eso el hecho (la cuantía de lo pagado) no fue materia de inconformidad de la demandada contra el fallo de primer grado, según se aprecia de la lectura del escrito que sustenta el recurso de apelación. Y mal había podido serlo sin desconocer los principios de lealtad procesal y buena fe, pues el medio probatorio provenía de la misma empleadora por conducto de su apoderado.

h) Finalmente se observa que la prueba del hecho fue bien pedida por el actor y, como tal, decretada en su oportunidad. Sin objeción alguna de las partes el medio de convicción para demostrarlo fue reemplazado por el juez. Por tanto, si para el Tribunal la fijación del hecho en el proceso había sido irregular, hubiera podido ordenar su establecimiento por un medio diferente al escogido por el juez a quo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 83 del C.P.T.».

(Sentencia de casación, febrero 11 de 1994. Radicación 6367. Magistrado Ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols).

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