Sentencia 6377 de mayo 21 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 6377

Magistrado Ponente

Dr. Nicolás Bechara Simancas

Bogotá, D.C., veintiuno de dos mil dos.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por la demandada Aerolíneas Nacionales de Colombia S.A. “Avianca” contra la sentencia de 16 de agosto de 1996, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dentro del proceso ordinario que contra dicha sociedad adelantaron los señores Ana Judith Rivera de Gómez, Eduardo Alfonso, Judith Patricia, Edda Margarita y Carlos Arturo Gómez Rivera.

Antecedentes

1. Son, en síntesis, las pretensiones de la demanda con que se dio inicio al proceso, las siguientes: que se declare que la demandada “es civilmente responsable de los perjuicios morales y materiales causados a cada uno de los demandantes por la muerte del señor César Augusto Gutiérrez Rivera, acaecida el 17 de marzo de 1988 en el accidente aéreo que tuvo lugar en el cerro “El Espartillo”, vereda, Campo Alicia, Municipio el Zulia, departamento Norte de Santander, en la aeronave de su propiedad, marca Boeing, modelo 727-21, matrícula HK-1716, cuando cumplía el vuelo 410 en el trayecto Cúcuta-Cartagena-Barranquilla”; y que, como consecuencia de lo anterior, se condene a la demandada a pagar a cada uno de los demandantes: a) por perjuicios morales, “El equivalente en pesos a un mil gramos de oro fino, al precio que tenga para la fecha de la sentencia, de acuerdo a la certificación del Banco de la República”; b) por perjuicios materiales, las sumas que se demuestren en el proceso, comprendiendo “el lucro cesante pasado o consolidado ..., como también e lucro cesante futuro”; c) “... los intereses corrientes sobre el monto total de las condenas desde la fecha del fallo de primera instancia hasta la del día que deba cumplirse. Y con posterioridad a esta fecha los intereses moratorios, conforme a las reglas del título 3, del capítulo 1 de la Ley 45 de 1990”; y d) las costas del proceso.

Las referidas súplicas demandatorias encuentran sustento en la ocurrencia del accidente mencionado; en que en tal suceso perdió la vida César Augusto Gutiérrez Rivera, cuando apenas tenía 32 años de edad, hijo y hermano, respectivamente, de los actores, quien era casado, con tres hijos menores, ingeniero civil de profesión, especializado en hidráulica en la Universidad de Grenoble, Francia, socio y gerente de Hidroambiente Ltda.”, de la cual obtenía al momento de su deceso ingresos mensuales superiores a $ 600.000 en que entre los demandantes y el citado causante, a más de existir vínculos afectivos, había “estrechas relaciones de convivencia, colaboración y mutua ayuda”, por cuanto era él quien atendía todos los gastos del hogar formado por su madre y sus cuatro hermanos, costeaba el estudio de Carlos Arturo, Eduardo Alfonso y Edda Margarita Gómez Rivera y en su empresa brindaba trabajo a los dos primeros y a Judith Patricia Gómez Rivera; y en que el deceso del nombrado y “las penosas condiciones del rescate y sepultura ocasionaron a los aquí demandantes desolación, aflicción y profundo dolor, no sólo por la súbita y sentida desaparición, sino también, porque las estrechas relaciones de efecto, ayuda mutua y convivencia se truncaron de manera brusca, imprevista e irreparable, tanto así, que aún hoy día subsisten los efectos del perjuicio anímico y espiritual causado”.

2. La demandada, al contestar el libelo introductorio, se opuso a sus pretensiones; en cuanto a los hechos dijo no constarle la gran mayoría, admitió otros como ciertos y negó los restantes; y propuso como excepciones de mérito las que denominó “carencia de causa”, fincada en la ausencia de culpa suya en la ocurrencia del accidente, “caso fortuito”, referida a que tal suceso ocurrió a consecuencia de un caso fortuito, que no especifica, “inexistencia de los derechos pretendidos y las obligaciones demandadas”, sustentada en la prudencia y diligencia con que actuó, y “prescripción”, basada en el transcurso del término fijado en el artículo 993 del Código de Comercio para el ejercicio de las acciones derivadas del contrato de transporte.

3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cúcuta, a quien correspondió el conocimiento del asunto, le puso fin a la primera instancia con sentencia de 29 de enero de 1996, en la que accedió a declarar la responsabilidad reclamada por los actores y condenó a la demandada a pagarles los perjuicios morales por ellos sufridos, en cuantía de $ 10.000.000 para Ana Judith Rivera de Gómez y $ 5.000.000 para cada uno de los otros demandantes y, sobre esos valores, “intereses a la tasa del 39.86 anual desde marzo 17 de 1988 hasta la ejecutoria de este fallo y (sic) intereses moratorios a la tasa del 56.79% anual a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta sentencia hasta cuando se verifique el pago”, en lo restante, negó las pretensiones de la demanda. Impuso las costas a la demandada, “rechazó la tacha de testigos” que ésta formuló y acogió y la objeción por error grave que “Avianca” planteó respecto del dictamen pericial rendido en el curso del proceso.

4. Apelado que fue por ambas partes dicho fallo, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, mediante la sentencia que es objeto del recurso de casación que se analiza, lo confirmó, modificándolo “en su punto quinto en el sentido de condenar en las costas de primera y segunda instancia en un 50% a la parte demandada ...”

La sentencia del tribunal

Las razones que sustentan la decisión del ad quem, pueden compendiarse así:

1. “... el material probatorio es claro y abundante y por ende suficiente para que el juzgado de primera instancia hubiese adoptado la decisión de declarar civilmente responsable a la empresa Avianca S.A”.

2. No procede la condena al pago de perjuicios materiales, como lo resolvió el a quo, pues, ciertamente, no se acreditó que el causante tuviera ingresos suficientes para prestar la ayuda afirmada en la demanda, y a la que aluden algunos testigos, más cuando él tenía conformado su propio hogar, integrado por su esposa y tres hijos menores, vacío demostrativo que no puede entenderse enderezado con la prueba pericial recaudada en los autos.

3. El argumento de la demandada tocante con que no era procedente la condena por perjuicios morales, porque la empresa ya había indemnizado a la esposa e hijos de la víctima, y menos en dinero, cuando lo solicitado fue en gramos oro, no es de recibo, ya que el daño padecido por los aquí demandantes es distinto y autónomo del que por el mismo hecho se derivó para aquéllos y por cuanto, tratándose del “pretium doloris”, siguiendo pautas trazadas por la jurisprudencia, su fijación debe ser en dinero.

4. Con los intereses impuestos en el fallo de primer grado “el juzgado de conocimiento no se aparta de las pretensiones invocadas en el libelo, es decir, hay congruencia entre lo solicitado y lo decidido” debido a que de no hacerse expresamente la condena de los moratorios y de presentarse incumplimiento de la demandada, los actores no tendrían forma de obtener el pago de los mismos; y, adicionalmente, por cuanto “es entendible que se fije el interés corriente, cuando la depreciación monetaria apareja la pérdida permanente de la capacidad adquisitiva, luego la Sala comparte a cabalidad el criterio de la juez de primera instancia”.

5. No habiendo merecido acogimiento la totalidad de las pretensiones de la demanda, las costas a cargo de “Avianca” debieron reducirse en un 50%.

La demanda de casación

Cuatro cargos formula la recurrente contra la sentencia del tribunal: el primero, por incongruencia; el segundo y el tercero, por violación directa de normas sustanciales; y el último, por quebranto indirecto de preceptos de igual linaje a consecuencia de error de hecho en la ponderación de las pruebas.

La Corte, habida cuenta de su naturaleza, resolverá, en el mismo orden propuesto, las tres primeras acusaciones. No ocurrirá lo mismo con la cuarta, ya que la prosperidad de los cargos primero y segundo implica, por sustracción de materia, que no se haga necesario el examen de tal reproche.

Cargo primero

Con fundamento en la causal segunda de casación, se acusa la sentencia combatida por “No estar ... en consonancia con las pretensiones de la demanda o las excepciones propuestas por el demandado”.

1. La censura específicamente refiere que, habiéndose solicitado el pago de “intereses corrientes sobre el monto total de las condenas, desde la fecha del fallo de primera instancia hasta el día en que deba cumplirse”, la sentencia del ad quem, al confirmar en este punto la del a quo, autorizó el pago de dichos intereses “desde marzo 17 de 1988 hasta la ejecutoria de este fallo”, resultando claro, entonces, que la condena impuesta a la demandada dispone el pago de “intereses moratorios desde la fecha en que ocurrió el accidente que dio origen al proceso (17 de marzo de 1988), al tanto que en las pretensiones de la demanda se solicitó una condena por intereses moratorios, contados desde “la fecha del fallo de primera instancia””.

2. Termina diciendo la impugnante, que “de haber observado el tribunal el principio de la congruencia, los intereses moratorios empezarían a causarse desde el año de 1996, cuando la sentencia alcanzó ejecutoria, y no desde el año de 1988, como se ordena en la sentencia”, diferencia que, de otro lado, “eleva las condenas a una suma muy superior a la que usualmente ha señalado la jurisprudencia como perjuicios morales, constituyendo de paso un enriquecimiento injustificado del demandante y una transgresión a los más elementales principios de justicia”.

3. Por consiguiente, se solicita a la Corte “case la sentencia recurrida y en su lugar pronuncie la que resulte congruente”.

Consideraciones

1. Reza la pretensión tercera de la demanda: “Que se condene igualmente a reconocer y pagar los intereses corrientes sobre el monto total de las condenas, desde la fecha del fallo de primera instancia hasta la del día que deba cumplirse. Y con posterioridad a esta fecha los intereses moratorios, conforme a las reglas del título 3, capítulo 1 de la Ley 45 de 1990” (negrilla fuera del texto).

A su turno, el punto cuarto de la parte dispositiva del fallo de primer grado, confirmado por el tribunal, establece: “condenar a la sociedad demandada al pago de los intereses a la tasa del 39.86% anual desde marzo 17 de 1988 hasta la ejecutoria de este fallo y (sic) intereses moratorios a la tasa del 56.79% anual a partir del día siguiente de la ejecutoria de esta sentencia hasta cuando se verifique el pago, sobre las sumas señaladas en los numerales 3.1 y 3.2 de esta parte resolutiva” (negrilla fuera del texto).

2. Del cotejo objetivo de dicha pretensión y lo que sobre el punto decidió el tribunal, al mantener sin modificación el transcrito ordenamiento del a quo, se infiere que, ciertamente, la determinación adoptada por el sentenciador desborda lo pedido en la demanda, pero sólo en lo relativo a los intereses corrientes, como quiera que estando circunscrita la aspiración de los actores al lapso cuyo inicio es la fecha de la sentencia del primer grado (29 de enero de 1996), la condena partió desde un momento muy anterior, como fue el día del accidente sobre el que versa la acción (17 de marzo de 1988), reconociendo de esta manera más allá de lo que fuera deprecado por los actores.

3. Ahora bien, la condena al pago de intereses moratorios no evidencia el vicio de procedimiento de que se trata, pues, ajustándose a lo pedido en la demanda, parte del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia y va hasta cuando la demandada satisfaga las obligaciones surgidas a su cargo en el fallo mismo.

4. El cargo, por tanto, se abre paso, ocasionando el quiebre de la sentencia recurrida y, como atrás se anunció, que no se haga necesario el examen de la cuarta acusación, al versar ella sobre la tasa del interés bancario corriente para el 17 de marzo de 1988, fecha del accidente aéreo, límite temporal que, por efecto de la incongruencia aquí detectada, no podrá ser tenido en cuenta por la Corte al momento de proferir la correspondiente sentencia sustitutiva.

Cargo segundo

Denúnciase violación directa, por falta de aplicación, del artículo 1617 del Código Civil y, correlativamente, por aplicación indebida, del artículo 884 del Código de Comercio.

1. Resalta la recurrente, que el proceso es de responsabilidad civil extracontractual, no existiendo norma legal que “señale el monto de los intereses moratorios que deben causarse en caso de una condena”, por lo que “los intereses provenientes de esta relación deben sujetarse a la regla general prevista en el artículo 1617 del Código Civil y no a la del artículo 884 del Código de Comercio, que constituye una norma de carácter especial, aplicable solamente a los “negocios mercantiles”, caracterizados por “obtener un lucro a través de la explotación de una rama de los negocios”, supuesto no aplicable al caso sub lite. Agrega, que “a las sumas de dinero que se derivan de una condena por responsabilidad civil extracontractual, se les debe reconocer los frutos civiles del dinero que le hagan mantener su valor y no aquellos que, por corresponder a operaciones que le resultan extrañas a su naturaleza, conlleven el estar prohijando un enriquecimiento injustificado del demandante”.

2. A la pregunta de si la “condena al pago de perjuicios morales subjetivos derivados de una responsabilidad civil extracontractual tiene naturaleza comercial ...” y, por lo mismo, le son aplicables los intereses propios de los negocios mercantiles, responde negativamente, posición que sustenta con uno los fallos de esta corporación.

3. Concluye, que “si se trata de retribuir al demandante por la privación de un capital que ha sido establecido en una sentencia de condena, debe aplicarse a éste una tasa de interés “pura””, porque de lo contrario se estaría favoreciendo al demandante “con unos intereses que son propios de las actividades mercantiles”.

4. Pide, en definitiva, que se “case la sentencia” impugnada y que, previa revocatoria de la proferida por el tribunal, se haga la reforma pertinente.

Consideraciones

1. El tribunal, si bien es verdad identificó la naturaleza civil de la responsabilidad aquí controvertida, autorizó en su fallo el pago de intereses comerciales a las tasas fijadas por el a quo, en el entendido que ellos reparaban la depreciación sufrida por el monto de la indemnización materia de la condena impuesta a la demandada, en razón del transcurso del tiempo, cuestión de la que disiente la recurrente, habida cuenta de la naturaleza de la responsabilidad deducida en su contra (civil), de la aplicación preferente, por tanto, de las normas civiles, en concreto del artículo 1617 del Código Civil, y de que si se trataba de corregir monetariamente el valor de la indemnización, la vía era “reconocer los frutos civiles del dinero que le hagan mantener su valor y no aquellos que, por corresponder a operaciones que le resultan extrañas a su naturaleza, conllevan el estar prohijando un enriquecimiento injustificado del demandante” (negrilla fuera del texto).

2. Tórnase como algo indiscutible, que la responsabilidad deducida por el tribunal en contra de la demandada es civil y extracontractual y que, siendo esa su naturaleza, ella está, en todos sus aspectos, sometida a las normas de ese mismo linaje. También que, por principio, a tal tipo de responsabilidad no le son aplicables preceptos de otras disciplinas, como las comerciales, rectoras, en general, de los comerciantes de los actos y negocios mercantiles.

3. En tal orden de ideas propio es ver, entonces que, cual lo plantea recurrente, la ordenación de intereses causados en relación con el valor de indemnizaciones derivadas de responsabilidad civil extracontractual, como es la impuesta en los fallos de instancia proferidos en este asunto, está sujeta a lo dispuesto en el artículo 1617 del Código Civil, es decir, al interés legal (puro) del 6% anual que allí se consagra, descartándose, ante esa expresa regulación, la posibilidad de aplicarse disposición diferente, y, menos, la del artículo 884 del Código de Comercio, que está referida a los “negocios mercantiles”, siendo ese, por tanto, su exclusivo campo de aplicación.

4. Ahora bien, si la finalidad del tribunal al recurrir al interés bancario corriente fue indexar la indemnización, surge palmar la indebida aplicación del artículo 884 del Código de Comercio, pues en tratándose de una obligación civil, a la que, según atrás se vio, sólo es aplicable el interés puro (C.C., art. 1617), su revalorización únicamente podía obtenerse mediante la aplicación de un mecanismo independiente y adicional a dicho rédito.

Es que, como lo dejó puntualizado la Corte en la sentencia de 19 de noviembre de 2001, “los mecanismos de revalorización de las obligaciones no pueden dejarse —en todos los eventos— al fuero del fallador, sino que deben responder, en línea de principio, a unas pautas o directrices de carácter legal o convencional que le confieran seguridad y certeza a las relaciones jurídicas”, y, por ende, “frente de obligaciones de linaje civil y, puntualmente, en aquellos casos en que tan sólo se reconoce el denominado interés puro, como sucede con el interés legal civil (inc. 2º num. 1º art. 1617 e inc. 2º art. 2232 C.C.), nada obsta para que se disponga que el pago se realice incluyendo, además de dichos réditos, la corrección monetaria, pues en este evento la tasa en cuestión únicamente refleja el precio adeudado por el uso del dinero, sin miramiento a su poder adquisitivo (unicidad funcional) (Cfme.: Cas. Civ. de 15 de jun. de 1995, CCXXXIV, pág. 873). Al fin y al cabo, la metodología materia de comentario, esto es, la indexación indirecta a través de los intereses referidos a la tasa bancaria, sólo se aplica en los casos de responsabilidad contractual de origen mercantil”.

5. En corolario de lo expuesto, que el cargo debe acogerse, pues, ciertamente, la postura, asumida por el tribunal implicó aparejadamente la inaplicación del artículo 1617 del Código Civil y la aplicación indebida del artículo 884 del Código de Comercio, y que su prosperidad sustrae toda posibilidad de discutir sobre el monto de la tasa del interés corriente utilizable, circunstancia que ratifica lo innecesario de asumir el estudio de la cuarta acusación.

Cargo tercero

Respaldada ahora en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, la recurrente sindica al ad quem haber violado directamente con su fallo los artículos 1608 y 1615 del Código Civil, por falta de aplicación y por aplicación indebida, respectivamente.

El ataque aparece cimentado en que las invocadas disposiciones legales, “al establecer el momento a partir del cual el deudor se encuentra en mora, nos llevan a concluir que, por tratarse de una decisión judicial que crea o da nacimiento a una obligación, sólo se podrá predicar que el deudor se encuentra en mora el día en que la decisión alcance ejecutoria” y en que “... por tanto, el aplicar intereses de mora a dicha suma desde la fecha del accidente, constituye un incremento injustificado en la suma tasada por el juez y un mecanismo para que se eviten los límites que la jurisprudencia de ese alto tribunal ha establecido”. Sostiene la impugnante, que si se hubiesen hecho actuar las normas cuyo quebranto aquí se denuncia, “se hubiese condenado ... a los intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria y no desde la fecha del accidente, como equivocadamente ha hecho el juzgado y el tribunal que conocieron del caso”.

Consideraciones

1. Basta para despachar la censura, reiterar que el tribunal confirmó el punto cuarto de la parte resolutiva de la sentencia del a quo, en el que se condenó a la demandada a pagar “intereses moratorios a la tasa del 59.79% anual a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta sentencia hasta cuando se verifique el pago, sobre las sumas señaladas en los numerales 3.1 y 3.2 de esta parte resolutiva” (negrillas fuera del texto).

2. Surge claro, entonces, que el tribunal no dispuso el pago de intereses moratorios desde la fecha de ocurrencia del accidente generador de la responsabilidad civil investigada en este proceso y, por contera, que el fundamento de la acusación en examen no es cierto, no habiendo lugar a deducir la vulneración de los preceptos indicados por la recurrente, cuando, como ella misma lo solicita, la condenación al pago de los mencionados intereses arranca desde el día siguiente al de ejecutoria del fallo mismo.

3. El cargo, por tanto, habrá de desestimarse.

Sentencia sustitutiva

1. Es ostensible, como antes se apuntó, que la prosperidad del cargo primero sólo tienen alcances parciales y que, su acogimiento, en procura del proferimiento del correspondiente fallo sustitutivo, sólo permite a la Corte entrar a revisar el límite temporal del que partieron los sentenciadores de instancia al disponer el pago de intereses, que no podrá ser otro la fecha de expedición de la sentencia de primer grado.

2. Ahora bien, en lo que hace a los intereses reconocibles, imponiéndose la exclusiva aplicación del artículo 1617 del Código Civil, según se dedujo al estudiarse el cargo segundo, conclúyese que sólo procede el reconocimiento del legal, a la tasa del 6% anual.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 16 de agosto de 1996, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dentro del proceso ordinario adelantado por los señores Ana Judith Rivera de Gómez, Eduardo Alfonso, Judith Patricia, Edda Margarita y Carlos Arturo Gómez Rivera contra la sociedad Aerolíneas Nacionales de Colombia S.A. “Avianca”, y, en sede de segunda instancia,

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia dictada en el mencionado proceso por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cúcuta el 29 de enero de 1996, salvo en lo tocante a los puntos cuarto y quinto de su parte resolutiva, que quedan así:

4. CONDENAR a la sociedad demandada al pago del interés legal previsto en el artículo 16147 del Código Civil a la tasa del 6% anual, causado desde la fecha del fallo de primera instancia y hasta cuando se verifique el pago, sobre las sumas señaladas en los numerales 3.1 y 3.2 de lo decidido en el citado proveído.

5. CONDENAR en las costas de primera y segunda instancia en un 50% a la parte demandada.

Sin costas en casación, por la prosperidad del recurso.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

______________________________