SENTENCIA 6380 DE NOVIEMBRE 8 DE 1991

 

Sentencia 6380 de noviembre 8 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

POR ACTOS DE LOS SECUESTRES

EXTRACTOS: «El juzgador de primera instancia, como atrás quedó consignado, hace un recuento, acertado, de lo que la jurisprudencia administrativa ha entendido como fundamento de la responsabilidad extracontractual del Estado; de igual manera, hace un análisis detallado de lo que ocurrió a lo largo del proceso ejecutivo tramitado ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar, todo para concluir que no puede acceder a lo pretendido por la parte actora en este proceso, por cuanto ``de conformidad con las diferentes normas que consagran y regulan la institución del secuestre, se deduce claramente que éste no es un funcionario público, sino que es un colaborador de la justicia, y que junto con los peritos se encuentra dentro de los auxiliares de la justiciá''. Prosigue el a quo, para recordar la normatividad que rige la materia de los auxiliares de la justicia e insistir en que éstos tienen una serie de obligaciones y que en el caso de los secuestres se tipifica un verdadero contrato de depósito, por lo que ``el secuestre responde personalmente por los daños que se pueden ocasionar a un bien dado en depósito y no podemos endilgar una responsabilidad a la administración de justicia por los actos de los secuestres, porque como afirmamos anteriormente, ellos no son funcionarios públicos y tienen una serie de obligaciones y derechos señalados por la Ley''''. (Fl. 113).

La Sala encuentra dos etapas bien diferentes para el manejo de la eventual responsabilidad administrativa del Estado, originada en el incumplimiento o cumplimiento deficiente de los deberes adscritos a los auxiliares o colaboradores de la justicia. En efecto, antes del advenimiento de los Decretos Nros. 2204 de 1969 y 2265 del mismo año, cuando la administración de justicia, a través del juez, era quien designaba libremente a dichos servidores, o cuando menos aceptaba a quien directamente señalaban. Por el contrario, con la vigencia de estas disposiciones, ratificadas por el Código de Procedimiento Civil de 1970 (Decretos 1400 y 2019) y su mayor reforma introducida por el Decreto 2282 de 1989, se reglamenta, en detalle, la actividad de auxiliares de la justicia y se define que tales cargos ``son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas de conducta intachable, excelente reputación, imparcialidad absoluta y total idoneidad ...'''' (Art. 8o del CPC de 1970). (Subrayas fuera del texto).

Ya desde el art. 7o del Decreto 2265 de 1969, se estableció que la designación de auxiliares de la justicia allí mencionados, ``se hará siempre por éste --el juez-- o por el magistrado sustanciador, según el caso, dentro de la lista oficial de auxiliares y colaboradores de la justiciá''. La designación de dichos auxiliares será rotatoria (art. 2o ibídem). (Se subraya).

En cuanto a la confección de la lista de auxiliares de la justicia el art. 3o del referido Decreto 2265 de 1969 dispuso que ``cada dos años, dentro de los últimos quince días del mes de abril, las salas civil, laboral y penal de la Corte Suprema de Justicia, la sala contencioso-administrativa del Consejo de Estado, las salas civiles, laborales y penales de los tribunales administrativos y los juzgados superiores, de menores, del circuito, de trabajo y municipales, publicarán en la secretaría del respectivo despacho la lista oficial de auxiliares y colaboradores de la justicia, que permanecerá allí, a la vista del público, durante el correspondiente período legal. Tales listas indicarán singularizadamente los nombres y dirección de las personas que integran el cuerpo oficial de auxiliares de la justicia, así: ...''''

Por su parte, el art. 6o del Decreto que se acaba de citar, prescribe que durante la segunda quincena del mes de marzo, la Corte Suprema de Justicia y la sala de lo contencioso-administrativa del Consejo de Estado; ``... integrarán el cuerpo de auxiliares de la justicia que hayan de servir ante tales corporaciones en las materias que ellas lo estimen necesario en número no menor de veinte por clase y diez por especialidad pericial, seleccionando los nombres dentro de quienes se hayan postulado y teniendo en cuenta la especialidad del cargó''; e igual ordenación contiene el art. 7 ibídem para las demás autoridades judiciales, quienes ``seleccionarán las personas que a su juicio sean más apropiadas para las funciones correspondientes a cada cargo, dentro de quienes hayan solicitado su inclusión en las listas''''. (Se subraya ahora).

Las listas agrupadas por cargos y materias, ``serán remitidas al procurador del respectivo distrito judicial, quien en el término de diez días mediante resolución motivada, indicando las razones de exclusión de nombres, hará la selección definitiva para cada sala del tribunal superior, cada tribunal administrativo y cada categoría de juzgado ...'''' (art. 8o ejusdem). (Subraya la Sala).

Cabe resaltar el poder disciplinario que se le adscribe, por el art. 12 del Decreto 2265 de 1969, a las autoridades judiciales para que procedan ``de oficio a excluir del cuerpo oficial de auxiliares y colaboradores de la justiciá'' a quienes allí menciona en once detallados numerales, los que en gracia a la brevedad se omiten transcribir aquí. El art. 13 regula el trámite para la aplicación del poder disciplinario que se acaba de referir.

A partir del art. 15 continúa el Decreto multicitado regulando minuciosamente la forma de designar los auxiares de la justicia, la manera de suplir la falta de listas, los casos en que deba reemplazarse al colaborador y la posibilidad excepcional de designarlos por fuera de las listas oficiales. Después del art. 25 se ocupa dicha normatividad de la remuneración de los auxiliares de la justicia.

El art. 42 del estatuto en comento, impone a los auxiliares y colaboradores secuestres, las formas de manejo y administración de los bienes a ellos confiados, pero ``en todo caso, el depositario, o administrador dará al juzgado informe mensual de su gestión, sin perjuicio del deber de rendición de cuenta que la ley le imponé''. Por su parte, el art. 43 establece que la violación de cualquiera de los deberes indicados en el artículo precedente, ``así como el empleo de los bienes o de los productos de ellos o de su enajenación en provecho propio o de otra persona, y el retardo en su entrega, darán lugar a multa entre ..., impuesta por el mismo juez, mediante articulación, sin perjuicio de las restantes sanciones e indemnizaciones a que hubiere lugar''''.

Ahora bien, los arts. 8o a 11, del CPC, de 1970, repiten sintéticamente lo prescrito por el Decreto 2265 de 1969, aunque en el título XXXV del Libro 4o, al regular los embargos y secuestros detalla las funciones del secuestre y la obligación de ``prestar la caución que el juez le fije una vez practicado el secuestro, y si no lo hace en el término que se le señale, será removidó''. (art. 683 inc. 3 del C. de P.C.).

El reciente Decreto 2282 de 1989, precisamente comienza por introducir modificaciones y ajustes al original Código de Procedimiento Civil de 1970, en materia relacionada con auxiliares de la justicia. Así, el art. 1º numeral 1º modifica el art. 8º del Código y reitera que los cargos de auxiliares de la justicia ``son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad ...''''. Ese mismo art. 1º numeral 2º del nuevo Decreto modifica el art. 9o del Código al insistir en que la designación de los auxiliares de la justicia ``se hará ..., de la lista oficial de auxiliares de la justicia, ...''''. El numeral 3o del art. 1º reformatorio del art. 10 del Código, después de reiterar lo atinente a la custodía, manejo de dineros y demás bienes, trae innovación en cuanto a que en cabeceras de distrito y ciudades de más de 200.000 habitantes ``solamente podrán designarse como secuestres, personas jurídicas o naturales que obtengan licencia expedida por la autoridad que determine el correspondiente decreto reglamentario, previa comprobación de que disponen, en propiedad o arrendamiento, de bodega que ofrezca suficiente seguridad, y que presenten póliza de seguro de incendio, hurto y cumplimiento por la cuantía y con las condiciones que se establezcan por dicho decreto. (Subraya la Sala). Las licencias deberán renovarse cada año, previo reajuste del valor del seguro, y podrán ser canceladas por el mismo funcionario en caso de incumplimiento de los deberes que la ley impone a los secuestres''''.

Las disposiciones citadas y que parcialmente se transcriben, ponen de relieve el marcado intervencionismo que el Estado ha querido tener en los aspectos relacionados con el llamamiento, inscripción, selección, designación, control y sanción de los auxiliares de la justicia, que realizan OFICIOS PUBLICOS y, por lo mismo, deberán ser ``desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad''''.

Ocurre que el pretérito criterio del derecho administrativo, consistente en que éste solamente se ocupaba de las conductas de funcionarios y empleados de la administración, viene desapareciendo acentuadamente abriéndole paso a la teoría de que las entidades privadas y personas naturales particulares, pueden también cumplir o desempeñar funciones administrativas u oficios públicos (art. 1º, D. 1/84). Al mismo tiempo se ha hecho claridad en que la ``jurisdicción del contencioso administrativo está instituida por la Constitución para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñan funciones administrativas ...” (art. 82 Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 12 del Decreto 2304 de 1989) (subraya la Sala).

Adicionalmente, observa la Sala que el segundo inciso del art. 2º de nuestra nueva Carta Política, recalca lo que estatuía el art. 16 de la Constitución de 1886, al prescribir que: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Esto es, que no solamente el Estado, sino también los particulares tienen deberes sociales que cumplir, para de esta manera lograr los fines esenciales de la comunidad derivadas no solamente de la relación individuo- Estado, sino también sociedad - Estado, idea que vuelve a consagrarse en el art. 95 del nuevo texto Constitucional cuando enlista como deberes de la persona y el ciudadano el de: “7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justiciá”.

Así las cosas, la actividad judicial de los auxiliares de la justicia, en detrimento de los deberes que la Constitución y las leyes les impone, bien puede llegar a comprometer, por acción u omisión, no solamente su responsabilidad personal y patrimonial de tales servidores públicos ocasionales, sino también la responsabilidad administrativa del Estado, en virtud de daños antijurídicos que le sean imputables frente a los litigantes y otros. Todo esto derivado del acentuado intervencionismo en la actividad para confeccionar las listas, para designar a los auxiliares de la justicia y para controlarlos estrictamente en el cumplimiento de sus deberes. Claro está, que ``En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, --así lo sea transitoriamente-- aquél deberá repetir contra ésté'', según claras voces del art. 90 Constitución Nacional.

En el sub lite, la parte actora no demostró, ni por asomo, que la administración de justicia, como parte del Estado, hubiese infringido los deberes judiciales adscritos por la Constitución y la Ley, circunstancia que exonera de seguir estudiando los demás elementos estructurales de la responsabilidad administrativa. En otros términos, no se probó que el daño sobre el cual se pretende el resarcimiento hubiese sido producto de una falla en la prestación del servico de justicia».

(Sentencia de noviembre 8 de 1991. Expediente 6380. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).

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