SENTENCIA 639, 623, 624 DE ABRIL 27 DE 1993

 

Sentencia 639, 623, 624 de abril 27 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

CONGRESISTAS ELEGIDOS EN 1990

REVOCATORIA DEL PERÍODO

EXTRACTOS: «Toda la extensa enumeración de hechos de la demanda y la más prolongada expresión del concepto de la violación de las normas de la Constitución Política vigente, tienden a fundamentar la pretensión de nulidad de la Resolución Nº 121 de 1991 (noviembre 25), por la cual el Consejo Nacional Electoral declaró elegidos, por circunscripción nacional, senadores de la República en los comicios del 27 de octubre de 1991. También, para que igual pronunciamiento se haga respecto de los actos administrativos expedidos por los delegados del Consejo Nacional Electoral, o por esa misma corporación, declaratorios de la elección de Representantes a la Cámara en las mismas elecciones. Es de advertir, no obstante, que por lo que a lo último respecta no sería dable pronunciamiento alguno distinto del inhibitorio, toda vez que los actos acusados no fueron individualizados del modo ordenado por el art. 138 del CCA y tampoco se acompañaron a la demanda las copias de los respectivos actos (art. 139 ibídem), por lo que resulta inepta la demanda por este aspecto. Igualmente se pide reconocer vigentes los actos declaratorios de la elección de congresistas correspondientes a las elecciones del 11 de marzo de 1990, excepción hecha de la de aquellos cuya elección hayan invalidado las autoridades de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, de haber ocurrido. Además, que conservan firmeza, con autoridad de cosa juzgada, los fallos proferidos en los procesos de nulidad electoral que tramitó y decidió esta Corporación respecto de actos declaratorios de la elección de congresistas en las elecciones del 11 de marzo de 1990, y que el Consejo Nacional Electoral no tenía competencia para escrutar y declarar electos a otros congresistas en sustitución de los elegidos en las elecciones del citado 11 de marzo de 1990.

Todas esas declaraciones las fundamenta el actor en la ausencia de atribuciones de la Asamblea Constitucional para revocar el período de los congresistas elegidos en los comicios del 11 de marzo de 1990, puesto que el constituyente primario —el pueblo de Colombia— únicamente lo invistió de facultades para reformar la Constitución Política vigente a 27 de mayo de 1990, fecha en la que se aprobó su integración mediante votación mayoritaria. Así mismo, porque la H. Corte Suprema de Justicia en fallo de control constitucional del Decreto 1926 de 1990, por el que se autorizó contabilizar los votos emitidos el 9 de diciembre de ese año “...para que los ciudadanos tengan la posibilidad de convocar e integrar una Asamblea Constitucional...”, de modo bien preciso determinó que los miembros de la aludida Asamblea no podían ser candidatos a ninguna Corporación Pública en 1992 ni en 1994 y que los períodos de los funcionarios legalmente elegidos, mencionados en el punto 9-a) del acuerdo político que sirvió de base al susodicho decreto, no podían ser afectados por las decisiones de la Asamblea Constitucional. De entrada se observa, no obstante, que la convocatoria a elecciones generales de Congreso de la República para el 27 de octubre de 1991, dispuesta por la Asamblea Nacional Constituyente integrada en los comicios del 9 de diciembre de 1990, se hizo mediante el art. 1º transitorio de la Constitución. Ese acto, que implicó la revocatoria del período de los congresistas elegidos el 11 de marzo de 1990, no es pasible de control jurisdiccional por haberlo dispuesto así la misma Asamblea en el art. 2º del Acto Constituyente Nº 1 de 1991, con-dición bastante para que esta Corporación deniegue las pretensiones de la demanda. Pero como afirma el actor que el ente delegado por el constituyente primario únicamente tenía atribuciones para reformar la Carta Política entonces vigente, que no para producir “...actos políticos electorales ajenos al contenido material del ordenamiento jurídico constitucional...” como fue el de la convocatoria a elecciones generales para Congreso de la República, basta observar que la Asamblea Nacional Constituyente, decidió asumir la plenitud del poder constituyente derogando “la Constitución hasta ahora vigente con todas sus reformas...”, como lo dispuso en el art. 380 de la nueva Carta Fundamental. Ese acto jurídico- político no puede ser objeto de control por parte de los poderes constituidos, de donde se concluye que quien pudo derogar la Constitución y poner a regir el nuevo ordenamiento jurídico fundamental también podía, por ser de menor entidad jurídico-política, revocar períodos de funcionarios y otros servidores públicos sin limitaciones distintas a las derivadas de la búsqueda del bien común.

Fueron las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente verdadera revolución institucional como su misma convocatoria, puesto que no es dable olvidar que la Carta Política vigente hasta el 7 de julio de 1991 preveía como único procedimiento de reforma de las instituciones fundamentales de la República, el procedimiento consagrado en el ar-tículo 218 de la Constitución anterior, bien distinto por cierto del seguido para convocar e integrar dicha Asamblea. Ante esa realidad jurídico-política, sin duda más política que jurídica, ningún relieve pueden alcanzar las objeciones del actor respecto de la convocatoria a elecciones que la susodicha Corporación hizo para el 27 de octubre de 1991, re-sultando innecesario el examen de cuestionamientos de contenido meramente legal cuya presentación hace el actor con argumentos bien elaborados pero inocuos ante lo decidido por el constituyente, como los atañederos a que no se había declarado la nu-lidad de la elección de congresistas correspondientes a las elecciones del 11 de marzo de 1990; que tampoco los entonces elegidos habían perdido su investidura; a la firmeza de los fallos proferidos por esta jurisdicción en procesos de nulidad electoral, y al de la H. Corte Suprema en sede constitucional; a las condiciones para que se produzca el decaimiento de los actos administrativos; a la imposibilidad de superponer unas elecciones a otras, correspondientes al mismo período constitucional, etc. etc. Allí fue válido el aforismo de quien puede lo más, puede lo menos, de modo que quien pudo derogar la Constitución y poner en vigencia una nueva Carta política fundamental también, y con mayores veras, podía revocar el período de los congresistas y el de los demás servidores públicos.

No sobra anotar que los hechos presupuestados en apoyo de las pretensiones no están contemplados en la normatividad contencioso-administrativa como causales de nulidad electoral como bien lo anotó la señora Procuradora Séptima delegada en su concepto, razón de más para que no pudieran prosperar las súplicas de la demanda. Habrá, entonces, de declararse inhibida la Sala para pronunciarse respecto de la pretensión de nulidad de los actos declaratorios de la elección de Representantes a la Cámara en las elecciones del 27 de octubre de 1991 y denegar las restantes súplicas de la demanda en el proceso referenciado al comienzo”.

(...).

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

PROCESO ELECTORAL

DEMANDA EN FORMA

EXTRACTOS: «Esta Sala en numerosas oportunidades se ha referido al tema del presupuesto procesal denominado “demanda en forma”, es decir, a los requisitos que ese libelo debe satisfacer con relación a la índole de la acción electoral. Son los mismos que están prescritos en el art. 137 y siguientes del CCA, siendo de destacar los atañederos a la copia del acto administrativo cuestionado y al anexo con el texto de las normas invocadas como violadas que no tengan alcance nacional, y en algunos procesos la prueba del presupuesto municipal para determinar la competencia.

En cuanto al aspecto puramente formal, la ineptitud de la demanda sólo es predicable cuando se omite la designación correcta de las partes, no se precisa lo que se demanda, no se individualiza el acto administrativo cuya nulidad se impetra, las normas que se consideran violadas y las disposiciones procedimentales que prescriben la causal de nulidad alegada. Otro tipo de informalidades no alcanza a enervar el trámite y la decisión de mérito, por cuanto el carácter de pública que tiene la acción permite al juzgador, en aras de la eficacia de la administración de justicia y del alto interés invo-lucrado en la definición del contencioso, pasar por alto falencias secundarias en la formulación de la demanda. Como tal cabe tener la equivocación del actor al pedir la nulidad de la credencial expedida al senador Salcedo Baldión y no su cancelación como lo expresa la norma, art. 228, in fine, del CCA puesto que dicho documento no es anulable por no revestir carácter de acto administrativo sino de mera constancia para la persona a cuyo nombre se extiende».

(...)

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

INHABILIDADES ELECTORALES

CELEBRACIÓN DE CONTRATOS

EXTRACTOS: «Conviene transcribir el canon constitucional fundamento de la demanda. Así reza:

“ART. 179.—No podrán ser congresistas: (...).

3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección...”.

Dicho texto contempla, como se advierte, tres supuestos generadores de inhabilidad para ser congresista, con ocurrencia en los seis meses anteriores a la elección:

a) Gestión de negocios ante entidades públicas;

b) Celebración de contratos con entidades públicas en interés propio, o en el de terceros, y

c) Haber sido representante legal de entidades administradoras de tributos o contribuciones parafiscales.

La tercera hipótesis no ha sido propuesta en el caso en examen. La demanda centra la acusación en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio y de terceros. Así también lo observó la colaboradora del ministerio público. Viene a encontrarse una clara alusión al primer supuesto en el alegato de conclusión de la parte actora, situación que por implicar modificación de los fundamentos fácticos de las pretensiones debe dejarse de lado en este análisis, puesto que el de-mandado no tuvo oportunidad de defender su elec-ción frente a ese motivo nuevo de acusación.

En cuanto a la celebración de contratos se observa: está acreditado que el Sr. Félix Salcedo Baldión es socio de Mix-up Ltda., sociedad en cuyo capital participa con el 80% (escritura de constitución Nº 2111 de 25 de noviembre de 1987, corrida en la Notaría 1ª de Cúcuta). Esa participación en el capital de la empresa se mantiene igual, según lo expresan los certificados de la Cámara de Comercio de Cúcuta visibles a fols. 16 y 18 de la carpeta de pruebas Nº 1. Representante legal de esa sociedad es el Sr. Or-lando Rodríguez Carvajal, como gerente de la misma. Suplente, el Sr. Félix Salcedo Baldión.

La sociedad Mix-up Ltda., Fernando Salcedo Baldión y la sociedasd Salcedo Pliego y Cía S. en C., constituyen la sociedad Diario de la Frontera Ltda., según escritura Nº 120 de 30 de enero de 1989, corrida en la Notaría 1ª de Cúcuta. La participación de Mix-up Ltda. en el capital de Diario de la Frontera equivale al 60% del total. Gerente de esa sociedad es el Sr. Fernando Salcedo Baldión. La situación en cuanto a capital, acciones y representación legal se mantiene, según los certificados de la Cámara de Comercio que obran a folios 20, 22 y 58 de la carpeta Nº 1 de pruebas.

La sociedad Salcedo Pliego y C. S. en C., fue constituida mediante escritura pública Nº 94 de 19 de enero de 1989, de la Notaría 34 de Bogotá; son sus socios fundadores María del Pilar, Raquel y María Nubia Salcedo Pliego y el gestor José Vicente Salcedo Baldión. (Certificado de la Cámara de Comercio de Cúcuta obrante a fol. 53 de la carpeta Nº 1).

La Sociedad Mix-up Ltda. y otros crearon la sociedad anónima denominada “Radio 900 Televisión y Comunicaciones S. A.”, según escritura 2233 de 14 de diciembre de 1987 corrida en la Notaría 1ª de Cúcuta. Su gerente y representante legal es Mary Luz Rojas Ardila, como lo certifica la Cámara de Comercio de Cúcuta a folios 30 y 33 de la carpeta de pruebas Nº 1.

Por último, la sociedad anónima “Radio 900 Televisión y Comunicaciones S. A.” y Luz Mary Rojas Ardila crearon la sociedad Vallas Cero Ltda., según consta en la escritura pública Nº 976 de 30 de abril de 1990, corrida en la Notaría 2ª de Cúcuta. En esa empresa, Radio 900 Televisión tiene aportes por el 90% del capital.

Así lo certifica la misma Cámara de Comercio, según se ve a folios 25 y 28 de la carpeta Nº 1 de pruebas. En la misma carpeta obran copias auténticas de las susodichas escrituras Nos. 2111, 120, 1203, 2233 y 976.

En la escritura Nº 1203 de 17 de abril de 1991, corrida en la Notaría Tercera de Cúcuta, el Sr. José Vicente Salcedo Baldión vendió a Fernando Salcedo Baldión por $ 510.000 el valor de sus aportes en la sociedad Diario de la Frontera Ltda.

La sociedad anónima Centrales Eléctricas de Norte de Santander, de propiedad de Icel, departamento de Norte de Santander, municipios de Cúcuta, Pamplona, Ocaña, Villa del Rosario y San Cayetano, y Comité de Cafeteros de Norte de Santander, ha tenido negocios de publicidad con la sociedad Diario de la Frontera Ltda., y de algunos de ellos su valor se pagó después del 27 de abril de 1991 (carpeta de pruebas Nº 2).

La Junta Departamental de Beneficencia de Norte de Santander, establecimiento público de orden departamental, celebró contratos de publicidad con Diario de la Frontera, fechados entre el 30 de marzo y el 30 de mayo de 1991 (carpeta Nº 3).

La Licorera de Norte de Santander, empresa industrial y comercial de orden departamental celebró, el 14 de mayo de 1991, contrato de publicidad con Diario de la Frontera Ltda. (carpeta Nº 4). Vallas Cero Ltda. celebró con el municipio de Cúcuta contrato para la instalación de vallas publicitarias, con fecha 1º de septiembre de 1990. También obran en autos comprobantes de publicaciones en Diario de la Frontera por cuenta de Cajanal (carpeta Nº 5).

De lo consignado resulta que el Sr. Félix Salcedo Baldión no celebró contrato alguno de los aludidos en prueba de la causal de inelegibilidad que le atribuye el actor. En los documentos de contrato y comprobantes allegados con la demanda aparecen actuando personas diferentes en representación de las sociedades Diario de la Frontera Ltda. y Vallas Cero Ltda. Y si se observa que la primera de dichas empresas fue creada el 30 de enero de 1989 y la segunda el 30 de abril de 1990, o sea, antes de la vigencia de la Constitución de 1991, no es claro el fundamento para razonar, como lo hace el actor, que aquellas, de las que no es socio el senador Salcedo Baldión, y Mix-up Ltda., de la que sí lo es, fueron creadas para burlar el “... régimen de incompatibilidades que regía directamente, para el senador Salcedo Baldión...” (fls. 5 y 6).

Cuando quien contrata es persona jurídica de la que no es asociado el demandado, no es dable atribuir a éste la celebración de esos contratos. Pero podría darse la causal de inelegibilidad cuando el demandado actúa, dentro de los seis meses anteriores a la elección, bajo la condición de representante legal de la sociedad contratista, por la previsión que contempla la norma en cuanto a contrato celebrado en interés de terceros con entidad pública. En cambio, aun de ser el demandado accionista de la sociedad contratista con entidad pública, aunque se gestione o celebre el contrato dentro del término ya indicado tampoco se da la causal de inhabilidad comentada, por la clara y bien precisa distinción que nuestra legislación hace de la sociedad y sus asociados (art. 98, inciso segundo del Código de Comercio).

En caso donde se contemplaba esta segunda hipótesis expresó la Sala, con ponencia de quien redacta la presente:

“4. Pero las compraventas aludidas fueron celebradas por la sociedad comercial “La Maceta Cía Ltda.” con la comisaría especial de Guainía, que no con la señora Graciela Ortiz de Mora. La disposición constitucional que se alega violada con el acto de elección de la señora Ortiz de Mora, el numeral 3º del art. 179 de la Carta Política, tiene antecedentes inmediatos en el ar-tículo 111 del anterior régimen constitucional, norma que por virtud de la remisión de su inciso segundo a lo que dispusiera la ley en cuanto a “... la clase de negocios a que sea aplicable y la prueba especial para demostrar el hecho...”, generó disparidades de criterio en su aplicación.

Para esta Sección, en efecto, fue claro que no era dable la nulidad de una elección afectada por la inhabilidad allí estatuida, en tanto el legislador no hiciera las precisiones dispuestas en ese inciso segundo.

La norma vigente supera el escollo, ampliando el ámbito de la inhabilidad a quienes dentro de los seis meses anteriores a la elección gestionen negocios o celebren contratos con cualquier entidad pública y no sólo con el Gobierno, como lo preveía el derogado artículo 111 de la Constitución de 1886; también, a quienes hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales. Desapareció, entonces, lo concerniente a la reglamentación de la clase de negocios y su prueba, con lo que el constituyente avanzó en el propósito de hacer más estricto el régimen de inhabilidades de los congresistas, estatuyendo causal de inelegibili-dad para quienes contraten o gestionen con el Estado o dispongan de ingresos parafiscales.

Pero la gestión o contratación debe ser personal para que se genere la inhabilidad. No es jurídicamente aceptable, por cuanto equivaldría a pasar por alto las diferencias obvias que se dan entre la persona colectiva y sus socios en cuanto a capital, responsabilidad, representación legal, etc., atribuir al asociado los actos de la sociedad y las consecuencias jurídicas que de ellos se deriven, o a la inversa, mientras el legislador no estatuya esa posibilidad rompiendo la estructura del contrato de sociedad.

Con mayores veras tratándose de inhabilidades electorales que, por constituir limitaciones al derecho del ciudadano a ser elegido, deben estar expresamente contempladas en la norma, habida cuenta la interpretación restrictiva, no extensiva o analógica, que de aquellas debe hacerse.

Por tanto, mientras el legislador no disponga lo contrario, es equivocado deducir causal de inelegibilidad en el asociado de compañía civil o comercial, por efecto de las gestiones o negocios que ésta realice por conducto de su representante legal con cualquier entidad pública, toda vez que se mantiene diferencia, para todos los efectos jurídicos, de la persona natural con la colectiva de que aquella es socia (art. 98 del C. de Co. y 2079 del C. C.). La moralización de las instituciones públicas, sin duda plausible y de todos deseada, no puede llevar por lo demás a pasar por encima de lo que la ley dispone, pues ello conduciría a la arbitrariedad.

En el caso de autos, finalmente, no cabe admitir que la señora Ortiz de Mora impulsó la creación de la sociedad de responsabilidad limitada “La Maceta y Cía.” para eludir la inhabilidad electoral resultante de negocios con la Comisaría Especial, hoy departamento del Guainía. Por la fecha de celebración del contrato de sociedad, el 18 de febrero de 1988 según reza la escritura pública 282 de la Notaría 26 de esta capital, en sana lógica no es dable pensar que esa creación se hizo a manera de interpuesta persona para realizar negocios con la comisaría sin generar la inhabilidad, puesto que entonces ni los más avisados estudiosos de la problemática nacional podían prever el contenido de una nueva Carta Política, que apenas era aspiración de sectores de opinión...”. (Sentencia de fecha junio 18 de 1992, actor Ricardo Barrios Zuluaga. Exp. Nº 0610).

Entonces, no concurriendo en el Sr. Félix Salcedo Baldión la causal de inhabilidad para ser elegido senador en los comicios del 27 de octubre de 1991 carece de vocación de prosperidad la súplica de la demanda, como así se dispondrá en el fallo, en pleno acuerdo con el concepto de la señora Procuradora Delegada».

(...)

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

INCOMPATIBILIDAD

DIFERENCIA CON LA INELEGIBILIDAD

EXTRACTOS: «La anulación del acto declaratorio de una elección, resultante de proceso seguido con acción contenciosa electoral, es legalmente viable por ausencia de calidades o requisitos constitucionales o legales para el desempeño del cargo, o por darse en el candidato impedimento para ser elegido, que es lo mismo que decir, causal de inelegibilidad.

No así por motivos de incompatibilidad que, como lo dicen la doctrina y la jurisprudencia, son prohibiciones para ejercer otra función o actividad por tener o haber tenido en período inmediatamente anterior, cierta investidura pública. “La inele-gibilidad prohíbe ser elegido; la incompatibilidad prohíbe a los ya elegidos desempeñar otros cargos públicos o hacer negocios con el gobierno. Son pues, dos cosas distintas, que sin embargo algunos suelen confundir en virtud de la íntima y estrecha relación que existe entre ellas”. (Tratado de derecho electoral colombiano. J. I. Vives Echeverría, Temis, pág. 260).

Para las incompatibilidades la Constitución Política prescribe procedimiento diferente al proceso electoral. Es la denominada acción de pérdida de la investidura, que también es ejercitable por violación del régimen de inhabilidades previsto en el art. 179 de la Carta (artículos 183 y 184 de la C. N.). No procede solicitar la declaración de nulidad de un acto electoral por causal de incompatibilidad, como que ésta sólo puede darse después de elegido o nombrado el demandado».

(...).

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

VOTO EN BLANCO

SE TOMA PARA CALCULAR EL CUOCIENTE

EXTRACTOS: «I. Constituyendo el meollo del caso en examen el rechazo del actor a la inclusión de los votos en blanco en el total de votos válidos depositados en los comicios del 27 de octubre de 1991 para senado de la República por la circunscripción nacional, total que sirvió para extraer el cuociente electoral, sin duda que en orden a desatar la contención basta acoger los dos planteamientos de la colaboradora del Ministerio Público en su concepto de instancia. El primero se apoya en jurisprudencia que la Sala acogió, con ponencia de quien redacta la presente, en los términos seguidamente transcritos:

“Pero la causal en examen —la del numeral 4 del art. 223 del CCA, subrogado por el art. 17 de la Ley 62 de 1988, precisa la Sala— parte del supuesto de votos válidos, significando con ello que la cuestión atañedera a la validez o invalidez de los votos es anterior y ajena al problema de la aplicación del procedimiento del cuociente electoral en la representación proporcional que la Constitución y las leyes electorales vigentes dan a los partidos, movimientos y grupos políticos en la asignación de puestos de elección popular, cuando se trate de más de un elegido. Así lo ha venido sosteniendo la Sección en múltiples oportunidades.

No es dable, entonces, acudir al expediente de alegar la violación del sistema del cuociente electoral para conseguir que se excluyan votos pretensamente inválidos, por cuanto con ello se extralimitaría el ámbito de aplicación de la causal de nulidad invocada...”. (Sentencia de 12 de noviembre de 1991. Exp. acumulados Nos. 0373, 0375, 0376. Actores José Guillermo Castro Castro y otros).

La precitada causal de nulidad de las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda cor-poración electoral hace relación a la errónea o in-debida aplicación del cuociente electoral. No a los votos computados para extraer el cuociente, por cuanto ello es materia de previo pronunciamiento de las autoridades administrativas electorales, decisiones susceptibles de impugnación por vía judicial únicamente en las situaciones contempladas en los dos primeros numerales del art. 223 del CCA.

También, porque como lo destaca dicha colaboradora el asunto controvertido fue resuelto por el Consejo Nacional Electoral con denegatoria de las pretensiones del testigo electoral de la Nueva Fuerza Democrática, quien había pedido la exclusión de los votos en blanco para obtener el cuociente. Esa cuestión no fue materia de reclamación sino petición apoyada en criterios jurídicos, oportunamente dilucidada en virtud de la competencia que confiere la ley al Consejo Nacional Electoral para apreciar aspectos de derecho. Una vez decidida no puede constituirse en objeto de debate jurisdiccional, pues como lo expresa el artículo 192 del Código Electoral esa competencia del Consejo Nacional Electoral es plena y completa.

II. No sobra anotar que ninguna duda abriga la Sala respecto de la supremacía de la norma constitucional sobre las demás prescripciones jurídicas de derecho interno. Así lo pregonaron el positivismo jurídico y la escuela de Viena de Hans Kelsen y Adolfo Merkl con su teoría pura del derecho, según la cual la prescripción más alta y abstracta, reguladora de la manera como debe producirse la norma que le sigue en grado es la Constitución. Ese principio lo consagran los arts. 4º y 241 de la Carta Fundamental, y acerca de su vigencia no cabe hesitación.

Pero bien distinto es admitir que cuando una norma constitucional se ocupa de un tema en par-ticular quedan subrogadas, sin vigencia, las anteriores normas jurídicas de inferior jerarquía que tratan de la misma materia. Ello sólo es cierto si la norma constitucional reemplaza expresamente a la norma legal o porque tácitamente se produzca la derogatoria de ésta por ser contraria a lo prescrito en la Constitución.

En lo que hace a la subrogatoria plena del art. 137 del Código Electoral que afirma el actor haberla producido el art. 12 del Acto Legislativo Nº 2 de 1991 (fol. 26 de la demanda), que más adelante en el alegato de conclusión plantea como sustitución temporal, cabe afirmar que dicho aserto carece de fundamento toda vez que las dos disposiciones definen lo que debe entenderse por voto en blanco en forma de total equivalencia. Basta observar dichas prescripciones en su texto literal: El art. 12 del Acto Constituyente Nº 2 de 1991, reza:

“Voto en blanco es aquel que en la tarjeta electoral señala la casilla correspondiente o no señala candidato”.

Y el art. 137 expresa:

“Voto en blanco es el que no contiene nombre alguno o expresamente dice que se emite en blanco”.

Cuando el dispositivo constitucional expresa que voto en blanco es aquel que en la tarjeta electoral señala la casilla correspondiente, equivale a la previsión legal en cuanto a indicar que lo es el que ex-presamente dice que se emite en blanco. Y al decir la primera que también es voto de esa índole el que no señala candidato se equipara a lo que la ley describe como no contentivo de nombre alguno.

En lo que atañe al valor de dicho voto la norma constitucional guarda silencio pero jurídicamente no es dable admitir que es ninguno, es decir, que ese voto es ineficaz, cuando la norma legal prescribe lo contrario.

De ser así la prescripción constitucional sería inocua, más aun ilógica la distinción que el canon constitucional hace de voto en blanco y voto nulo, puesto que de ambos se predicarían las mismas consecuencias: excluírselos del cómputo de los votos válidos. Pero como el mismo actor lo reconoce, quien vota en blanco expresa libremente su vo-luntad electoral, la de no escoger a candidato alguno de los propuestos e, incluso, expresar rechazo al sistema político imperante. Es, pues, un voto válido y como tal debe tomárselo en cuenta para obtener el cuociente electoral como lo manda el segundo inciso del precitado art. 137 del Código Electoral, mientras esta norma no sea subrogada o modificada por el legislador. Esa decisión fue la que tomó el Consejo Nacional Electoral en la Resolución Nº 115 de 1991 (noviembre 23), con lo que lejos de atentar contra la libertad de quien sufraga en blanco, por cualquiera que sea la motivación de ese comportamiento, hizo valer esa expresión de voluntad política al disponer se la tomara en cuenta como voto válido. Tampoco contra la representación proporcional de los partidos, movimientos o grupos políticos, puesto que al sumar los votos en blanco con los depositados por los candidatos para formar el cuociente, incide igualitariamente esa totalización en los últimos, así la aplicación de un mayor cuociente resultante de esa inclusión genere desventaja para las listas de mayor votación frente a las menores. Ello facilita la participación a sectores minoritarios de la opinión política, lo que lejos de ser dañoso resulta conveniente en la medida en que permite que aquellos tengan ámbitos de expresión democrática para sus inquietudes y aspiraciones, medio más adecuado al logro de la paz y la armonía ciudadanas que el monopolio de las corporaciones de elección popular por los sectores mayoritarios. Se impone, entonces, denegar la nulidad impetrada».

(...)

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

INHABILIDADES PARA SER ELEGIDO CONGRESISTA

PARENTESCO CON FUNCIONARIOS

EXTRACTOS: «a) Si la autoridad civil implica “... la potestad de mando, y el ejercerla por determinación de la ley sobre la generalidad de las personas...”, y autoridad política “... la que ejercen los que gobiernan y mandan ejecutar las leyes...”, como se expresó en sentencia proferida en los expedientes acumulados Nos. 895, 897 y 899 de la anterior Sala Electoral (Consejero Ponente Dr. Carmelo Martínez Conn), que esta Sección Quinta reiteró en sentencia de junio 7 de 1989, Exp. Nº E-0292 de la que fue ponente quien redacta la presente, no cabe duda que el cargo de secretario general de la gobernación de Bolívar no está revestido de autoridad civil ni política. Conforme al Decreto Nº 733 de 1987 (10 de agosto) que estableció la estructura de ese despacho y fijó sus funciones, el secretario general de la go-bernación “asiste al gobernador en el ejercicio de la facultad de tutela y coordinación de las actividades administrativas de las distintas dependencias gubernamentales...”; vela “...por la coordinación de las actividades que desarrollan los organismos de orden nacional, departamental y municipal; elabora y propone programas conjuntos; concilia esfuerzos e integra recursos...”; recomienda fórmulas de coordinación e integración; determina funciones y servicios cuya atención deba alegarse; obra como secretario ejecutivo de los comités sectoriales de coordinación interinstitucional; coordina, propone, colabora; ejerce acciones de vigilancia y control internos de la administración departamental; es secretario del consejo de gobierno, etc., además de las tareas propias del despacho del secretario. Como se ve, el secretario general no manda, no se puede valer de la fuerza con determinada finalidad, ni tiene poder subordinante; su campo de acción concierne a funciones meramente administrativas, carente de poder de decisión, mando o imposición sobre la sociedad.

b) Respecto de los encargos del despacho del gobernador, menos aún puede predicarse el ejercicio de autoridad civil. Así como el ministro encargado del despacho presidencial es solamente eso, mi-nistro delegatario, el secretario encargado del despacho del gobernador es secretario delegatario y no gobernador, puesto que el Presidente de la República o el gobernador en su caso continúan ejerciendo sus respectivas funciones. Distinto es cuando ejerce la Presidencia de la República el Designado en ejercicio de esas funciones o el gobernador interino designado por el Presidente de la República, que mal se denomina gobernador encargado, puesto que en ese evento el gobernador interino —que no encargado— asume la plenitud de las funciones de gobernador. De allí se desprende que en tanto el decreto de encargo no delegue funciones que impliquen ejercicio de autoridad civil, o el encargado no las ejercite, este sólo tendrá a su cargo funciones de orden administrativo.

También se desconoce, como atrás se vio, si para el 27 de octubre de 1991 el Dr. Félix José Turbay Turbay estaba encargado del despacho del gobernador de Bolívar, puesto que siendo los encargos transitorios “...mientras dura la ausencia del titular...” como lo expresan los respectivos decretos, sólo de haber ocurrido así podría afirmarse que aquel ejercía autoridad civil o política al tiempo de la elección de su sobrino. El ejercicio de esa autoridad tendría que haber coincidido con los comicios en los que resultó elegido el Dr. David Turbay Turbay, por cuanto la inhabilidad se da respecto de quienes tengan vínculos por matrimonio, unión permanente o parentesco en los grados que la norma determina “...con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política...”, es decir, al tiempo de la elección y no antes ni después. El supuesto jurídico en examen no toma en cuenta período alguno anterior a la elección, durante el cual “haya ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o militar...” el cónyuge, com-pañero permanente o pariente del elegido para es-tructurar la causal de inelegibilidad, como parece sugerirlo el actor al expresar que los diez (?) encargos del despacho del gobernador que asumió el Dr. Félix José Turbay Turbay alcanzaron “... tiempo de duración de 42 días dentro de los tres meses anteriores al día de las votaciones 27 de octubre de 1991...” (fol. 40), aspecto temporal que tampoco fue demostrado.

c) Finalmente, la excepción estatuida en el inciso último del art. 179 de la Carta Política, al disponer que para los fines de este artículo la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales “excepto para la inhabilidad consignada en el numeral 5...”, lleva a concluir que respecto de la causal de inhabilidad en mención ella sólo se da cuando el cónyuge, compañero permanente o pariente en los grados allí previstos del congresista electo ejerce autoridad civil o política en la circunscripción nacional. Entonces, un gobernador o alcalde no inhabilita a su pariente para ser senador, como sí ocurriría tratándose de quien ejerce autoridad civil o política en la circunscripción nacional. Posiblemente la inhabilidad estatuida en la norma deja abierto el campo a influencias indebidas del gobernador o del alcalde a favor de su pariente, cónyuge o compañero permanente que se candidatiza al Congreso, como en el caso examinado lo afirma el actor, pero el constituyente lo previó así y el juzgador no tiene alternativa distinta a la de aplicar la norma».

(...)

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

INHABILIDADES PARA SER ELEGIDO CONGRESISTA

INSCRIPCIÓN DE PARIENTES POR EL MISMO PARTIDO

EXTRACTOS: «La norma que prescribe la causal de inhabilidad para ser congresista aducida contra los actos del Consejo Nacional Electoral que declararon electo representante a la Cámara, por la circunscripción de Sucre, al Sr. Alvaro García Romero (Acuerdo Nº 08 de 23 de noviembre de 1991) y senador de la República por la circunscripción nacional al Sr. Juan José García Romero (Res. 121/91, nov. 25), es el numeral 6º del art. 179 de la Constitución Política, del siguiente tenor:

“Art. 179.—No podrán ser congresistas: (...).

6. Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha”.

Son, pues, varios los presupuestos de la causal que consagra la norma transcrita, a saber:

a) Que exista vinculación por matrimonio o unión permanente, o por parentesco de la clase y grado que precisa la norma;

b) Que quienes tienen ese vínculo se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo, y

c) Para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha.

La sola inscripción para la elección de cargos por el mismo partido, movimiento o grupo, de personas vinculadas con cualquiera de las relaciones determinadas en el numeral en examen, como sectoriza la actora el supuesto jurídico para deslindar una primera causal de inhabilidad, carece de relevancia nulitante toda vez que la inscripción para la elección de cargos, aun con las connotaciones de parentesco e identidad política indicadas, es acto intermedio o preparatorio, simple condición de elegibilidad.

La causal requiere del vínculo por matrimonio, unión permanente o parentesco de la clase y grado indicados; que quienes tengan ese vínculo se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para la elección de cargos o de miembros de corporaciones públicas; y que la elección deba realizarse en la misma fecha.

Nada menos pero tampoco nada más, por manera que si los vinculados se inscriben por el mismo partido, movimiento o grupo, para la elección de cargos o de miembros de corporaciones que deban realizarse en fechas diferentes no se da la inhabilidad. Tampoco, si quienes tienen los vínculos dichos se inscriben por partidos, movimientos o grupos distintos para la elección de cargos o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha.

Esta segunda hipótesis fue la que se dio en el evento sub lite, teniendo por demostrado el parentesco de consanguinidad, en segundo grado, que se afirma existe entre los susodichos Alvaro y Juan José García Romero con los certificados de registro civil de nacimiento obrantes a folios 46 y 47, pues las copias de las actas de nacimiento aportadas por la actora sin que estuviera decretada la práctica de ese medio de convicción (folios 120 y 121) no pueden tomarse en cuenta por no reunir los requisitos de regularidad y oportunidad prescritos en el art. 174 del C. P. Civil.

Aquella inferencia resulta de ser aquéllos vástagos de los mismos progenitores, sin que para el caso importe si se trata de hermanos legítimos o extra-matrimoniales para lo cual sí se requeriría el acta de matrimonio de los padres o la de reconocimiento de la paternidad, lo que no viene al caso porque la norma no hace distinción al respecto.

Pero está acreditado que los aludidos congresistas no inscribieron las listas de candidatos por ellos encabezadas, la de Alvaro García Romero a la Cámara de Representantes y la de su hermano Juan José al Senado para los comicios del 27 de octubre de 1991, por el mismo partido, movimiento o grupo, así ambos hubieran estado afiliados al partido liberal y a nombre de esa parcialidad partidista concurrieran muchas veces a las contiendas electorales, resultaran electos en numerosas ocasiones y ejercieran cargos a nombre de ese partido.

Para los comicios dichos Juan José fue declarado electo senador por la circunscripción nacional a nombre del partido liberal colombiano. Así lo declaró el Consejo Nacional Electoral en la parte resolutiva del acto declaratorio de la elección de senadores para el período que termina el 19 de julio de 1994 y también lo hace constar el secretario general del Senado de la República con oficio visible a folio 87. Por este aspecto se echa de menos la copia de la solicitud de inscripción de la respectiva lista y la del acta de inscripción correspondiente, en tanto que sí obran esos documentos respecto de la lista de candidatos a la Cámara que por la circunscripción electoral de Sucre inscribió el “Movimiento liberalismo independiente de restauración” (Líder) encabezada por Alvaro Alfonso García Romero (fols. 101 a 107).

El movimiento político “Líder” aunque comparte principios ideológicos del partido liberal colombiano como lo afirma la actora, es agrupación distinta y aparte de aquel partido, habida cuenta que hizo uso de la facultad consagrada en los artículos 4º y 7º de la Ley 58 de 1985 para obtener el reconocimiento de su personería jurídica y el registro de la persona que de acuerdo a sus estatutos lo representa y lo dirige. El movimiento Líder, como organización política diferente del partido liberal tiene sus propios estatutos, declaración programática, denominación, símbolos o emblemas que lo singularizan, sin que sea obstáculo para ello que su representante legal y quien encabezó su lista de candidatos a la Cámara para los comicios del 27 de octubre de 1991 se hubiera afiliado al partido liberal con anterioridad, pues ese acto es del régimen interno de cada par-tido y carece de implicaciones legales. Así resulta de lo prescrito en el art. 108, inciso segundo, de la Constitución en cuanto dispone: “...en ningún caso podrá la ley establecer exigencias en relación con la organización interna de los partidos y movimientos políticos, ni obligar la afiliación a ellos para participar en las elecciones...”. Como la afiliación política es acto eminentemente voluntario de la misma ma-nera puede, quien lo quiera, desafiliarse sin necesidad de pronunciamiento de las autoridades del partido, movimiento o grupo.

Entonces, como los señores Juan José y Alvaro García Romero no fueron inscritos por el mismo partido o movimiento político, en su orden, como candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes por la circunscripción de Sucre para las elecciones del 27 de octubre de 1991, no se da en su caso uno de los presupuestos de la causal de inhabilidad para ser congresistas prescrita en el numeral 6º art. 179 de la Constitución Política y no prosperan las pretensiones de la demanda».

(Sentencia de abril 27 de 1993. Expedientes acumulados 0639, 0623, 0624 y otros. Consejero Ponente: Dr. Amado Gutiérrez Velásquez).

__________________________________