Sentencia 64-01 de agosto 6 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 110010325000199900 064 01

Consejera Ponente:

Olga Inés Navarrete Barrero

Actor: Claudia Irene Lastra Benavides.

Bogotá, D.C., seis de agosto de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «I. Antecedentes

La Ley 100 de 1993 reglamentó el sistema de seguridad social integral. La Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena es una entidad adaptada al sistema de seguridad social en salud, de conformidad con el inciso 3º del artículo 236 de la Ley 100 de 1993.

La Ley 100 de 1993 y el Decreto 1890 de 1995 han desarrollado el concepto de afiliación de manera acorde con disposiciones superiores. No obstante, el Decreto 1087 de 1996, en el parágrafo del artículo primero, sin ningún fundamento legal y lesionando derechos de las entidades adaptadas, adicionó en el parágrafo referenciado la palabra solo. De igual forma adiciona la oración sin que pueda realizar nuevas afiliaciones, es decir, un mandato negativo o de prohibición atentatorio de los derechos constitucionales, como el de igualdad.

Con fundamento en esa interpretación, el Ministerio de Salud y Seguridad Social y la Superintendencia de Salud, han establecido una serie de parámetros y exigencias desiguales dentro del sistema de seguridad social de las que forman parte integrante las entidades adaptadas. La Ley 100 de 1993 ha señalado las obligaciones que deben cumplir todas las entidades que prestan servicios de salud, sin que importen las diferentes denominaciones que el sistema emplea para la respectiva identificación, ya que el cumplimiento del objeto y el espíritu de la ley es igual para todas las entidades prestadoras de salud, sean EPS o entidades adaptadas.

La Ley 100 de 1993 consagra en el artículo 154 como regla rectora del sistema de seguridad social en salud, el de la libre escogencia. Quienes atenten contra este mandato se hacen acreedores a las sanciones previstas en el artículo 230 de la misma ley.

b) Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación.

La norma demandada vulnera las siguientes disposiciones:

Artículos 1º, 4º y 13 de la Constitución Política; artículo 236 de la Ley 100 de 1993; Decreto 1890 de 1995.

Concepto de la violación

De conformidad con el espíritu del artículo 236 de la Ley 100 de 1993, se trata de permitir a las entidades especiales (cajas, fondos y entidades de seguridad social del sector público, empresas y entidades públicas) la oportunidad de pertenecer al sistema de seguridad social en salud y poder garantizarle a los usuarios del servicio de salud del sector público vinculados con anterioridad a la ley, el derecho constitucional de salud en igualdad de condiciones mediante el plan obligatorio de salud. En ningún caso, el legislador pretendió discriminar y vulnerar derechos adquiridos y reconocidos por la Constitución Política.

El Decreto 1890 de 1995 en forma clara reglamenta lo pertinente al objeto de la adaptación de estas entidades al sistema de seguridad social en salud, en el cual señala que aquellas entidades del sector público prestadoras del servicio de salud podrán garantizarle a sus afiliados la permanencia en el sistema y gradualmente ajustar su régimen de beneficios y financiamiento a lo previsto en los artículos 162, 204 y 220 de la Ley 100 de 1993. En ninguno de los apartes del citado decreto se establece como requisito para las entidades adaptadas la prohibición de realizar nuevas afiliaciones, es decir, que el Decreto 1890 de 1995 contempla exclusivamente el hecho de garantizarle a los usuarios del servicio ya existentes su derecho adquirido y deja a la ley lo pertinente a la reglamentación de las afiliaciones hacia el futuro.

El Decreto 1087 de 1996, reglamenta de manera específica la adaptación de la Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena al sistema de seguridad social en salud, en cuyos considerandos se remite al Decreto 1890 de 1995.

(...).

III. Consideraciones de la Sala

Entra la Sala al estudio de los cargos planteados por la demandante contra el parágrafo del artículo 1º del Decreto 1087 del 20 de junio de 1996, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de sus facultades y en especial de las conferidas en la Ley 100 de 1993 y el artículo 13 del Decreto 1890 de 1995.

El texto de la norma demandada es del siguiente tenor:

Decreto 1087 de 1996.

“ART. 1º—Autorizar a la Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena, entidad del sector público del orden departamental, para que continúe prestando servicios de salud o ampare a sus afiliados en los riesgos de enfermedad general y maternidad, como dependencia adaptada al sistema general de seguridad social en salud en los términos del capítulo II del Decreto 1890 de 1995.

PAR.—La Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena, a que se refiere el presente artículo, sólo podrá continuar prestando los servicios de salud, a los servidores que se encontraban vinculados a la respectiva entidad, en la fecha de iniciación de vigencia de la Ley 100 de 1993 y hasta el término de la relación laboral o durante el período de jubilación, en la forma como lo venía haciendo, sin que pueda realizar nuevas afiliaciones, con excepción de aquellas necesarias para dar cumplimiento a la cobertura familiar de sus afiliados”.

Esta norma obedece a lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley (sic) de 1993 que establece:

Ley 100 de 1993 

“ART. 236.—De las cajas, fondos y entidades de seguridad social del sector público, empresas y entidades públicas.

Las cajas, fondos y entidades de seguridad social del sector público, empresas y entidades del sector público de cualquier orden, que con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley presten servicios de salud o amparen a sus afiliados riesgos de enfermedad general y maternidad, tendrán dos años para transformarse en empresas promotoras de salud, adaptarse al nuevo sistema o para efectuar su liquidación, de acuerdo con la reglamentación que al respecto expida el Gobierno Nacional.

(...).

Las entidades públicas antes referidas, que a juicio del Gobierno Nacional no requieran transformarse en empresas promotoras de salud, ni liquidarse podrán continuar prestando los servicios de salud a los servidores que se encuentren vinculados a la respectiva entidad en la fecha de iniciación de vigencia de la presente ley y hasta el término de la relación laboral o durante el período de jubilación, en la forma como lo vienen haciendo. Estas entidades deberán no obstante, ajustar gradualmente su régimen de beneficios y financiamiento, al previsto en los artículos 162, 204 y 220 de esta ley, en un plazo no mayor a cuatro (4) años, de tal manera que participen en la subcuenta de compensación del Fondo de Solidaridad y Garantía. De conformidad con lo anterior, las entidades recaudarán mediante retención a los servidores públicos, en forma creciente y explícita, las cotizaciones establecidas en el artículo 204 de la presente ley, la cual aumentará como mínimo en un punto porcentual por año.

(...).

PAR. 1º—En todo caso, los servidores públicos que se vinculen a partir de la vigencia de la presente ley se afiliarán al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier entidad promotora de salud, según lo dispuesto en esta ley.

(...)” (resaltado fuera de texto).

Por su parte, el Decreto 1890 de 1995, por el cual se reglamentan los artículos 130 y 236 de la Ley 100, consagra en el capítulo II, artículo 10:

“ART. 10.—Entidades objeto de adaptación. Las entidades a que se refiere el artículo 1º del presente decreto que vienen amparando a servidores públicos de los riesgos de enfermedad general y maternidad que no se transformen en entidades promotoras de salud, podrán continuar prestando el servicio de salud a aquellos servidores que se encontraban vinculados el 23 de diciembre de 1993, y hasta el término de la relación laboral o durante el período de jubilación, en la forma como lo vienen haciendo, siempre y cuando dichas entidades acrediten a la Superintendencia Nacional de Salud el cumplimiento de los siguientes requisitos:

(...)”.

Por su parte, el artículo 17 del citado decreto establece:

“ART. 17.—Afiliados a la entidad objeto de adaptación. Las personas que se encuentran afiliadas a una entidad objeto de adaptación podrán realizar su afiliación a una entidad promotora de salud en cualquier tiempo.

Los afiliados de las entidades que se adapten que decidan trasladarse a una entidad promotora de salud, una vez afiliados a esta última no podrán ser reafiliados en ningún caso a la entidad objeto de adaptación”.

Esta norma desvirtúa el cargo de la demandante que consideraba que los afiliados a la caja no podían trasladarse a otra EPS.

Cuando la norma demandada establece que la Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena sólo podrá continuar prestando los servicios de salud a los servidores que se encontraban vinculados a la respectiva entidad en la fecha de iniciación de vigencia de la Ley 100 de 1993 —dic. 23/93—, y hasta el término de la relación laboral o durante el período de jubilación, sin que puedan realizarse nuevas afiliaciones, no hace nada distinto que desarrollar los presupuestos de la Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario 1890 de 1995 que así lo disponen.

La Ley 100 de 1993 que prevé la posibilidad de que las cajas, fondos y entidades de seguridad social del sector público que venían prestando servicios de salud o amparo a sus afiliados en los riesgos de enfermedad general y maternidad, consagra tres posibilidades para este tipo de entidades: o que se transformen en empresas promotoras de salud, o que se adapten al nuevo sistema, o que se liquiden.

La norma legal es clara cuando dispone que las que continúen prestando los servicios, solo podrán hacerlo a los servidores que se encuentren vinculados a la respectiva entidad en la fecha de iniciación de vigencia de la ley y hasta el término de la relación laboral o durante el período de jubilación, lo que muestra claramente que no pueden recibir nuevas afiliaciones. Antes, el parágrafo demandado va un poco más allá cuando permite, como excepción, realizar las afiliaciones necesarias para dar cumplimiento a la cobertura familiar de sus afiliados.

La Sala considera que la norma demandada no vulnera norma superior alguna y por ello, al no haberse desvirtuado su legalidad, se denegarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda.

2. Reconócese personería a la doctora Diana Nelly Guzmán Lara para representar a la Nación, Ministerio de Salud.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de seis (6) de agosto del año dos mil cuatro».

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