Sentencia 64044 de mayo 7 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 64044

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

SL5686-2014

Acta 15

Bogotá, D. C, siete de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. (sic) El recurso de apelación

La demandante al recurrir en apelación manifiesta sus motivos de inconformidad:

En primera medida, se tuvo en cuenta una sanción del ministerio por el incumplimiento que presuntamente había ido llevando la empresa pero dicha sanción aún no está en firme; ni ha sido notificada la empresa, por ende, no era motivo para motivar esa sentencia; de otro sentido se tiene también en cuenta que la empresa siempre cumplió con los elementos de protección personal, diferente es que no fueran los que los trabajadores requerían para desempeñar sus labores pero no hubo un incumplimiento como tal patronal porque los elementos de protección personal se entregaban a los trabajadores; no se tuvo en cuenta que en efecto hubo una suspensión colectiva de actividades que afectó los intereses de la empresa y que estaba enmarcada en el literal e del artículo 379 del CST y de la Sentencia C-201 de 2002 que dice que no es por cualquier incumplimiento que se debe promover una huelga de este tipo; los trabajadores y el sindicato habían aceptado que había un pago oportuno de lo que era obligaciones salariales, prestacionales; ese motivo no se tuvo en cuenta al momento de proferir el fallo; el artículo 450 del CST establece que es ilegal una huelga cuando se proponga con fines diferentes a los profesionales y económicos tal y como aquí ocurrió; en esa misma disposición se señala como causal de ilegalidad cuando no se haya cumplido previamente el procedimiento de arreglo directo; los magistrados no tuvieron en cuenta que la convención todavía no tenía ni un año de vigencia y que antes de haberse propuesto la huelga lo más lógico era que los trabajadores esperaran el proceso de arreglo directo que se avecinaba la convención colectiva se vencía en octubre; por último, el sindicato había promovido una querella ante el Ministerio que como ya se debatió no ha sido notificada y que por ende no está en firme.

Se concedió la apelación en el efecto suspensivo, ante la Sala laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia

VI. Consideraciones de la Corte

La Sala confirmará la absolución que se impartiera al sindicato demandado en virtud a las razones que en adelante se expondrán:

Fundamenta la empresa demandante el recurso impetrado contra la decisión del a quo en los siguientes puntos:

a) La determinación colegiada se soporta en Resolución 383 de 15 de noviembre de 2013; no ejecutoriada.

b) No haber tenido en cuenta que la empresa “siempre cumplió con los elementos de protección personal”.

c) No haber establecido que la huelga se realizó por motivos diferentes a los profesionales y económicos.

d) No haber considerado que la convención colectiva aún conservaba su vigencia por lo que los trabajadores debían esperar a la iniciación del conflicto colectivo en los términos de ley.

A los propósitos anteriores debe la Sala establecer que se encuentran al margen de toda discusión los siguientes hechos: 1.) Que el sindicato adelantó desde el día 3 de agosto de 2013 un cese de actividades que fuera levantado el 17 de septiembre pasado (fl. 1); 2.) Que la referida suspensión de labores fue promovida en virtud al supuesto incumplimiento de la empresa a las obligaciones convencionales (arts. 15, 25 y 26) y legales artículos 56 y 57 del CSTSS (fl. 6 y CD audiencia 10 de diciembre de 2013)(1).

Al no existir duda alguna en torno a la ocurrencia de la huelga queda por establecer si el tribunal se equivoca al determinar la absolución de quien fuera su promotor el Sindicato de trabajadores del Taller Industrial El Tigre Colombia Ltda. - Sintratiet.

En primer término, debe precisar la Sala que, como se ha expresado por esta corporación, en diferentes oportunidades en las que se examina la presente controversia en torno a la ilegalidad o no de un cese de actividades; el derecho de huelga en virtud a su consagración por el artículo 56 de la Constitución Nacional solo encuentra restricción cuando su ejercicio afecte servicios públicos esenciales en los términos allí previstos y reglamentados por la ley.

Este principio tiene su cauce en el artículo 379 literal e) del CSTSS que prohíbe al sindicato “promover cualquier cesación o paros en el trabajo, excepto en los casos de huelga declarada de conformidad con la ley y de huelga imputable al empleador, por incumplimiento de las obligaciones con sus trabajadores”.

De acuerdo a lo expuesto la ley concibe dos circunstancias que contextualizan el cese de actividades de los trabajadores:

1. La huelga declarada con arreglo a la ley y,

2. La huelga imputable al empleador por incumplimiento de las obligaciones que tiene con sus trabajadores.

En el sub lite, aparece claro que desde tiempo atrás los trabajadores, a través de su sindicato, reclamaban la implementación de medidas de protección y seguridad industrial (fls. 52, 53, 54, 55 a 61, 63 a 64, 72 a 73, 76, 77 a 80).

Las mismas razones que expusiera la organización sindical a la empresa el 30 de julio de 2013 (fls. 77 a 80), días antes del cese de actividades, con el propósito de que este diera cumplimiento a las normas convencionales referidas en torno a la seguridad y protección industrial fueron las invocadas ante el Ministerio de Trabajo en la visita que hiciera este para constatar la indicada suspensión (fls. 6 a 7); estableciéndose, por lo tanto, que la suspensión hace relación a la segunda de estas causales.

Por lo tanto es en dicho contexto en el que se examinará el fenómeno de la cesación que objetara la empresa y cuya declaratoria de ilegalidad pretende.

En este orden de ideas no se precisaba la denuncia de la convención colectiva, ni la presentación del pliego de peticiones y, menos aún, agotar la etapa de arreglo directo trámite exclusivo de la primera de las clases de huelga indicadas.

No consta en el expediente respuesta alguna de la empresa a los trabajadores en la que indique el real cumplimiento de las señaladas obligaciones o sus particulares consideraciones en torno a los puntuales aspectos que fueran indicados por el sindicato que como se señaló este reclamara de manera insistente.

Nada dijo la empleadora, pues no aparece en el expediente ni tampoco, de manera detallada, en lo expuesto oralmente por su apoderada, en relación a las solicitudes de dotación de calzado industrial considerado inadecuado por la organización; ni en cuanto al monta cargas del que se señalaban problemas técnicos como la ausencia de luces, fuga en el sistema hidráulico y de frenado; de igual manera lo relativo al derrame de aceite producido en diferentes puntos de la planta; así como frente a las observaciones expuestas respecto a los guantes con que fueron dotados los trabajadores para cumplir sus labores.

Por el contrario si aparecen manifestaciones diversas del sindicato en el que de manera proactiva plantean soluciones a los problemas propuestos como cuando expresan: “Hacer una biga (sic) de arrastre con un muro de 50 cm de alto o más si se puede, a lo largo de atrás del área de lavado o que tenga al menos 75 mts de largo para tapar la parte donde se pueden generar futuros derrames”; en el caso del derrame de aceite (fls. 55 a 61); o en relación a los guantes: “(…) puesto que nosotros los ranuradores utilizamos guantes de nitrilo y para el trabajo de mantenimiento de las máquinas se utiliza un tipo de guantes diferentes llamado nitrotough el cual no permite la absorción de hidrocarburos (…)” (fl. 63).

Se trataba entonces de recurrentes llamados al empleador desde enero de 2013 para que cumpliera con su obligación principal consagrada en el artículo 56 del CSTSS y especial del artículo 57 de la misma obra y convencionales de los artículos 15(2), 25(3) y 26(4); sin que recibieran atención y sí, por el contrario, la irrespetuosa respuesta del silencio.

La señalada responsabilidad es aún mayor cuando en casos como los del sub lite, en que se trata de actividades peligrosas por definición, como se desprende de las diferentes cartas dirigidas por el sindicato a la demandante en las que relatan las funciones y desempeño de labores en las que ven comprometida su salud y seguridad personal (fls. 52, 53, 54, 55 a 61, 63 a 64, 72 a 73, 76, 77 a 80); demandan del empleador el cumplimiento riguroso de la principal de sus obligaciones lo que implica tomar todas las medidas necesarias que conjuren todo accidente o enfermedad que pueda producir el ejercicio mismo de la labor desempeñada.

No fue entonces sorprendido el empleador con la cesación de actividades; más aún en la comunicación que con fecha del 30 de julio de 2013 a la que se ha hecho referencia, se le insistía nuevamente fijando una fecha límite para el cumplimiento de las mencionadas obligaciones sin que esta vez, como en las anteriores, hubiese pronunciamiento alguno por parte de la empresa.

Los trabajadores, por su parte, convocaron, como lo anunciaron a la demandante, a una asamblea general de trabajadores el 28 de julio de 2013, que vota unánimemente la aprobación del cese de actividades a partir del 3 de agosto de 2013; cumpliendo de esta forma con el trámite requerido al efecto. Según lo asevera la mayoría de la Sala.

De igual manera y en relación al desarrollo del cese de actividades nada apunta a que este se realizare de forma violenta o desbordando los propios cauces legales puesto que en cuanto al único señalamiento que en este sentido hace la empresa, esto es, la colocación de pendones que imposibilitaban el ingreso y retiro de productos y mercancías de propiedad de otras empresas vinculadas con la demandante, no aparece prueba alguna que evidencie este hecho y la fotografía visible a folio 24 da la razón al sindicato que aludía a la movilidad de los pendones.

Así mismo no se encuentra constancia en las actas de visita del ministerio (fls. 6 a 7; 101 a 103) ni se deriva la constatación de actos de perturbación o violencia que ilegitimaran el cese de las actividades laborales.

De acuerdo a lo anterior y con prescindencia de si se encontraba o no ejecutoriada la resolución del 15 de noviembre de 2013, número 383 (fls. 124 a 155), en la que se sancionaba a la demandante por los hechos que determinaron el indicado cese de actividades; debe decirse que aparece probado con claridad en el proceso, como se dijo y conforme a las distintas comunicaciones referidas, que la suspensión de labores, que promoviera el sindicato, se encontraba informada por razones absolutamente atendibles asociadas a la salud, protección y seguridad de los trabajadores de la empresa reclamadas con anterioridad y de manera insistente por la organización sindical sin que de la demandante proviniera respuesta alguna en dirección a satisfacer los requerimientos indicados o, a demostrar, si así lo consideraba, la errónea valoración de los hechos por parte del organismo representante de los trabajadores; con lo cual deja en evidencia el descuidado manejo en esta materia en las relaciones que la atan con sus trabajadores.

Nada puede tener mayor prioridad, en las relaciones laborales, que la seguridad y protección de los trabajadores en el desarrollo y desempeño de sus funciones quienes al reclamar mejores condiciones solo están ejercitando el más elemental de sus derechos.

En el marco conceptual descrito no puede la Corte dejar pasar la oportunidad para enfatizar en la importancia que para las relaciones laborales representa el que sean ejecutadas en términos óptimos de protección al trabajador que ofrezcan a este garantías de seguridad razonable para su vida y salud.

La Organización Internacional del Trabajo a lo largo de diferentes convenios ratificados por Colombia resalta el carácter esencial y vital de la protección al trabajador por parte del empleador; deber insoslayable que demanda su cumplimiento de manera técnicamente rigurosa como puede desprenderse, entre otros, del Convenio 167 de 1998 en el que se expresa:

“ART. 13.—Seguridad en los lugares de trabajo.

1. Deberán adoptarse todas las precauciones adecuadas para garantizar que en todos los lugares de trabajo sean seguros y estén exentos de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

2. Deberán facilitarse, mantenerse en buen estado y señalarse, donde sea necesario, medios seguros de acceso y de salida en todos los lugares de trabajo.

3. Deberán adoptarse todas las precauciones adecuadas para proteger a las personas que se encuentren en una obra o en sus inmediaciones de todos los riesgos que pueden derivarse de la misma”.

“ART. 17.—Instalaciones, máquinas, equipos y herramientas manuales.

1. Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales, sean o no accionadas por motor, deberán:

(a) Ser de buen diseño y construcción, habida cuenta, en la medida de lo posible, de los principios de la ergonomía;

(b) Mantenerse en buen estado;

(c) Utilizarse únicamente en los trabajos para los que hayan sido concebidos, a menos que una utilización para otros fines que los inicialmente previstos haya sido objeto de una evaluación completa por una persona competente que haya concluido que esa utilización no presenta riesgos;

2. Ser manejados por los trabajadores que hayan recibido la formación apropiada”.

3. En casos apropiados, el fabricante o el empleador proporcionara instrucciones adecuadas para la utilización segura en una forma inteligible para los usuarios.

1. (sic) Las instalaciones y los equipos a presión deberán ser examinados y sometidos a prueba por una persona competente, en los casos y momentos prescitos por la legislación nacional”.

“ART. 28.—Riesgos para la salud.

1. Cuando un trabajador pueda estar expuesto a cualquier riesgo químico, físico o biológico en un grado que pueda resultar peligroso para su salud deberán tomarse medidas apropiadas de prevención a la exposición.

2. La exposición a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo deberá prevenirse:

(a) Reemplazando las sustancias peligrosas por las sustancias inofensivas o menos peligrosas, siempre que ello sea posible; o

(b) Aplicando medidas técnicas a la instalación, a la maquinaria, a los equipos o a los procesos; o

(c) Cuando no sea posible aplicar los apartados a) ni b), recurriendo a otras medidas eficaces, en particular al uso de ropas y equipos de protección personal.

3. Cuando deban penetrar trabajadores en una zona en la que pueda haber una sustancia toxica o nociva o cuya atmosfera pueda ser deficiente en oxigeno o ser inflamable, deberán adoptarse medidas adecuadas para prevenir todo riesgo.

2. (sic) No deberán destruirse ni eliminarse de todo modo materiales de desecho en las obras si ello puede ser perjudicial para la salud”.

“ART. 30.—Ropas y equipos de protección personal.

1. Cuando no pueda garantizarse por otros medios una protección adecuada contra riesgos de accidentes o daños para la salud, incluidos aquellos derivaos de la exposición a condiciones adversas el empleador deberá proporcionar y mantener, sin costo para los trabajadores, ropas y equipos de protección personal adecuados a los tipos de trabajos y de riesgos, de conformidad con la legislación nacional.

2. El empleador deberá proporcionar a los trabajadores los medios adecuados para posibilitar el uso de los equipos de protección personal y asegurar la correcta utilización de los mismos.

3. Las ropas y equipos de protección personal deberán ajustarse a las normas establecidas por la autoridad competente habida cuenta, en medida de lo posible de la ergonomía.

3. (sic) Los trabajadores tendrán la obligación de utilizar u cuidar de manera adecuada la ropa y equipo de protección personal que se les suministre”.

“ART. 31.—Primeros auxilios.

1. El empleador deberá garantizar en todo momento la disponibilidad de medios adecuados y de personal con formación apropiada para prestar los primeros auxilios. Se deberán tomar las disposiciones necesarias para garantizar la evacuación de los trabajadores heridos en caso de accidentes o repentinamente enfermos para poder dispensarles la asistencia médica necesaria”.

“ART. 33.—Información y formación:

(a) Información sobre los riesgos para su seguridad y su salud a que puedan estar expuestos en el lugar de trabajo;

4. Instrucción y formación sobre los medios disponibles para prevenir y controlar tales riesgos para protegerse de ellos”.

Se impone pues confirmar la decisión del tribunal que no encontró en el cese de actividades promovido y desarrollado por el sindicato demandado, razones para declarar su ilegalidad como lo pretendiera la empresa demandante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero. Confirma, por las razones expuestas, la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, del 10 de diciembre de 2013 dentro del proceso especial adelantado por la empresa Taller Industrial El Tigre Colombia Ltda. contra el Sindicato de Trabajadores del Taller Industrial El Tigre Colombia Ltda. - Sintratiet.

Segundo. Se mantienen las costas de primera instancia

Tercero. Comuníquese a las partes y al Ministerio del Trabajo

Cópiese, notifíquese y publíquese».

(1) Acta de constatación cese de actividades por el Min. Trabajo: “El motivo por el cual estamos en el cese de actividades es por el incumplimiento que se ha venido presentando por parte de la empresa a la convención colectiva de trabajo, celebrada entre Taller Industrial El Tigre Colombia S.A., y el Sindicato de trabajadores del Taller el Tigre. Existe una violación al artículo 26 de la convención (…)”.

(2) “ART. 15.—La empresa entregará a los trabajadores la dotación como lo ha venido haciendo sin desmejorar su calidad ni su cantidad. Así mismo entregará a los trabajadores una (1) dotación impermeable por cada año o cada vez que su deterioro lo amerite. El sindicato se compromete a no patrocinar la venta de las dotaciones”.

(3) “ART. 25.—La empresa se compromete a entregar al sindicato la suma de diez millones de pesos ($10.000.000) con el propósito de iniciar un fondo de empelados en el cual podrán participar trabajadores no sindicalizados”.

(4) “ART. 26.—Entre sindicato y empresa se conformara una comisión con el propósito de presentar una propuesta de escalafón y cargos. Así mismo la empresa se compromete a contratar o convenir la certificación técnica de cada uno de sus trabajadores con una entidad idónea y reconocida por el Ministerio de Educación Nacional”.