Sentencia de homologación 6407 de octubre 26 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

AUXILIOS A SINDICATOS

DECRETADOS POR LAUDO

EXTRACTOS: «Se argumenta por el apoderado del departamento que debe anularse el laudo en cuanto mantuvo el auxilio para el sindicato y lo incrementó para cubrir gastos de representación ante las organizaciones de segundo y tercer grado o para su propio funcionamiento, porque quebranta lo dispuesto en al artículo 355 de la actual Constitución, ya que una norma convencional no puede primar sobre la prohibición expresa de la Carta. Que además, si la convención es un contrato, éste tiene por objeto mejorar las condiciones económicas de los trabajadores afiliados al mismo (inclusive a otros por vía de extensión), pero no las del sindicato.

A juicio de la Sala, la prohibición dispuesta por el artículo 355 de la Constitución Nacional, según la cual “ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado”, no comprende el beneficio que en este caso obtuvo el sindicato a cargo del departamento de Antioquia.

En primer término el auxilio que los árbitros dispusieron con destino a la organización de los trabajadores no fue decretado por ninguna de las ramas u órganos del poder público, pues estrictamente no puede decirse que el tribunal de arbitramento haga parte de alguna de ellas ni que sus integrantes sean funcionarios públicos, a pesar de las labores que desarrollan.

Por otra parte, el artículo constitucional antes mencionado, impide que los órganos del poder público dispongan de los dineros del presupuesto con fines gratuitos o de pura liberalidad, y es evidente que lo que se obtiene por intermedio de la negociación que trata de solucionar un conflicto colectivo de trabajo, por su misma naturaleza, no puede asimilarse a una liberalidad, vale decir, no corresponde a una donación, auxilio o gracia a los que se refirió el precepto citado del estatuto superior. De ninguna manera puede entenderse que el “auxilio” decretado por el tribunal de arbitramento en favor del sindicato tenga las características anteriores por el simple hecho de la denominación que se le atribuyó en el pliego de peticiones y en el laudo arbitral, porque igualmente se denominan “auxilios”, los beneficios que el mismo laudo otorga en otras disposiciones normativas en favor de los trabajadores individualmente considerados.

Si bien es cierto que la definición que da el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo a la convención colectiva, de cuyo carácter reviste la ley al laudo arbitral (artículo 461), es la de un estatuto que fija los requisitos que rigen durante su vigencia los contratos de trabajo, también es cierto que el mismo puede regular lo que las partes convengan “en relación con las condiciones generales de trabajo” por disposición expresa del artículo 468 ibídem y que de acuerdo con la doctrina, la jurisprudencia y los convenios internacionales, puede comprender las cláusulas llamadas obligacionales, que establecen derechos y deberes recíprocas entre las partes contratantes, es decir, la organización sindical y el empleador, que no se integran a los contratos individuales de los trabajadores beneficiados.

Bien distinto sería el caso en el cual una entidad oficial, en forma unilateral y de manera graciosa, dispusiera de los fondos públicos con destino al sostenimiento o funcionamiento de una organización sindical, pues aquí sí se estaría infringiendo no solamente la prohibición consagrada en el artículo 355 de la Constitución sino que también se violaría lo dispuesto por el artículo 2º del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto a los llamados actos de injerencia allí contemplados.

Es procedente recordar que el artículo 65 de la Carta garantiza el derecho a la negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley, sin que pueda entenderse válidamente que actualmente exista prohibición para su reconocimiento a través de un laudo arbitral, que se equiparará a la convención colectiva en cuanto a las condiciones de trabajo.

Otra cosa sería que a través de cláusulas obligacionales se establecieran beneficios o financiaciones directas para la organización sindical en perjuicio de sus afiliados, sacrificando la posibilidad que éstos tendrían de obtener mejores condiciones de trabajo».

(Sentencia de homologación, octubre 26 de 1993. Radicación 6407. Magistrado Ponente: Dr. Ernesto Jiménez Díaz).

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