SENTENCIA 6414 DE ABRIL 25 DE 1994

 

Sentencia 6414 de abril 25 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

REINTEGRO ORDENADO POR SENTENCIA

NO HAY PLAZO PARA REASUMIR FUNCIONES

EXTRACTOS: «1. En síntesis, el actor impugna la sentencia por estimar que el acto acusado se expidió con abuso o desviación de poder por cuanto no se tuvo en cuenta que si él no reasumió las funciones del cargo luego de ser ordenado su reintegro, se debió a que existía una justa causa consistente en que como titular de otro empleo público, no podía abandonarlo y requería de tiempo suficiente para su entrega, de una parte, y de la otra, la contraloría en realidad no quería dar cumplimiento al fallo de reintegro pues de haber tenido ánimo de hacerlo, le habría conferido la licencia solicitada.

2. El tema así planteado genera no solo el examen de los derechos de quien demanda su reintegro, sino de los deberes que le surgen luego de que la administración ha dado cumplimiento al fallo.

3. Como la ley no ha conferido un término para que el administrado entre a desempeñar sus funciones, debe concluirse que si la administración no le concede un permiso o licencia, el empleado reintegrado debe empezar a desempeñar sus funciones inmediatamente.

4. Como el empleado que ha demandado su reintegro, conoce o se presume que conoce las consecuencias de tal solicitud, y a su vez debe estar impuesto o atento por sí mismo o por su apoderado del fallo definitivo, es apenas lógico que el tiempo transcurrido entre la ejecutoria de la sentencia y la orden de reintegro, deben tenerse en cuenta para cuantificar y calificar las diligencias realizadas por el actor como elementos indicadores de que se apersonó de sus derechos, deberes y obligaciones y de que gestionó su retiro del otro empleo si es que en esa época se encontraba laborando.

5. Por lo tanto, conviene examinar si el demandante en el presente caso tuvo tiempo suficiente para retirarse del cargo que desempeñaba en el Ministerio de Educación Nacional, luego de proferido el fallo definitivo de la jurisdicción contencioso administrativa que ordenó su reintegro, o si este término fue insuficiente.

6. De acuerdo con las constancias secretariales del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que obran en el proceso, la sentencia mediante la cual se ordenó el reintegro del actor se profirió el día 8 de julio de 1983 habiendo quedado ejecutoriada el día 4 de agosto de 1983 a las 6:00 p.m. (fl. 218).

7. El secretario del tribunal administrativo comunicó el contenido del fallo al contralor distrital mediante Oficio Nº 734 de 7 de septiembre de 1983 y dicho funcionario expidió la Resolución Nº 1258 de 19 de septiembre de 1983 ordenando el reintegro, la cual le fue notificada personalmente el día 22 de septiembre de 1983 (fl. 214 v.).

8. Contra la anterior Resolución Nº 1258, el actor interpuso recurso de reposición, por estimar que el cargo objeto de reintegro no era el que correspondía al ordenado en el fallo del tribunal, y la contraloría distrital resolvió el recurso mediante Resolución Nº 1304 de 27 de septiembre de 1983, la cual le fue notificada 2 días después (fl. 207 v.).

9. Si la sentencia del tribunal administrativo, que ordenó el reintegro del actor a la contraloría distrital quedó ejecutoriada el día 4 de agosto de 1983 y la orden de su reintegro mediante Resolución Nº 1258 le fue notificada el día 22 de septiembre de ese año, es evidente que el actor contó específicamente con un mes y 22 días para definir su situación ante el Ministerio de Educación Nacional, si es que deseaba reintegrarse a la contraloría del entonces Distrito Especial de Bogotá.

10. A pesar de que el actor planteó la necesidad de disfrutar de una licencia para efectos de la entrega del cargo en el FER, lo cierto es que en el proceso no obra constancia de que él hubiera presentado renuncia de su empleo, pues si lo hubiera probado, la contraloría ha debido concederle la licencia. En otros términos, como el actor no probó que hubiera presentado su renuncia al cargo del cual era titular en el Ministerio de Educación Nacional, no puede aceptarse que requería de la licencia para proceder a efectuar la correspondiente entrega.

11. Como el actor reitera que la declaratoria de vacancia del empleo, es un ejemplo de cómo la contraloría no tenía el deseo de reintegrarlo porque no le otorgó la licencia ordinaria, conviene señalar que la petición de ella no era obligante para la contraloría distrital, sin haberle demostrado el actor que ya había tramitado su renuncia del cargo en el FER.

12. De otra parte, tampoco podría concluirse el surgimiento de una responsabilidad de la contraloría distrital por mera inferencia, existiendo un sinnúmero de explicaciones que tenía la entidad para negar la licencia, tales como las necesidades del servicio en el control fiscal que sí deben presumirse por el solo hecho del reintegro en un cargo vacante, y aún la premura que el personero de Bogotá le planteó al contralor distrital y que hiciera constar en oficio Nº 402 de 2 de septiembre de 1983, en el cual le solicita a este funcionario, le diera cumplimiento al fallo en el menor tiempo posible (fl. 219).

13. Por consiguiente, puede concluirse que como el actor sí tuvo tiempo suficiente para presentar renuncia en el cargo del Ministerio de Educación y reintegrarse al cargo en la contraloría y no lo hizo, de una parte, y de la otra, si la contraloría no estaba obligada a otorgarle la licencia ordinaria porque no se demostró que el actor hubiera renunciado al cargo que desempeñaba en Santander, se concluye que no le asiste razón en sus pretensiones, debiéndose confirmar el fallo».

(Sentencia de abril 25 de 1994. Expediente 6414. Consejero Ponente: Dr. Diego Younes Moreno).

SALVAMENTO DE VOTO

Con el respeto acostumbrado por las decisiones mayoritarias de la Sala, me permito señalar que en mi opinión la parte actora sí demostró la falsa motivación de los actos acusados y por tanto, han debido prosperar las pretensiones de la demanda.

En efecto, el Dr. Cordero Jaimes obtuvo una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordenó a la contraloría distrital reintegrarlo; una vez notificado del acto correspondiente, aquél pidió una licencia de 60 días, expresando que debía desvincularse —antes de su reintegro— de otro empleo que estaba desempeñando en la ciudad de Bucaramanga, en el cual fue designado mientras estaba cursando su primero proceso; como esto le fue negado, insistió en su solicitud y planteó una renuncia motivada, si no se accedía a su pedimento. La administración, irregularmente a mi juicio, reiteró su negativa y declaró el abandono del cargo.

En ese orden de ideas, es ostensible para el suscrito consejero, que ese acto estuvo afectado por una falsa motivación, puesto que el demandante tenía pleno derecho a que le concedieran la licencia invocada, de conformidad con las disposiciones reglamentarias que obran en copia en el expediente, y no abandonó el cargo, sino que el capricho de la entidad le impidió asumirlo, toda vez que no podía reiniciar labores sino cuando hiciera dejación del empleo público que ejercía en la ciudad de Bucaramanga.

Así mismo, la actitud del actor en el sentido de no acompañar la renuncia de su cargo en Bucaramanga, que la Sala encontró discutible, a mí me parece totalmente lógica, pues sin que se le hubiera garantizado su reintegro, no podía aquél arriesgar imprudentemente su suerte económica y la de su familia, para quedarse posteriormente, como reza el refrán, “sin el pan y sin el queso”.

Esto es, que en mi sentir su conducta fue prudente y juiciosa, porque lo que siempre quiso —según lo demuestran las pruebas documentales que reposan en el expediente— fue hacer entrega primero de su cargo en Bucaramanga, para luego reintegrarse a la contraloría distrital sin ninguna clase de impedimentos u obstáculos de carácter personal y legal.

Por ello, considero que ha debido revocarse el fallo del a quo y accederse a las pretensiones del libelo.

Carlos Arturo Orjuela Góngora 

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