Sentencia 6440 de agosto 27 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

INDAGATORIA

DEBE COMPRENDER TODOS LOS DELITOS QUE SE IMPUTAN

EXTRACTOS: «No comparte la Sala la afirmación del Procurador Delegado en cuanto concluye que no haber interrogado al inculpado en la diligencia de indagatoria sobre el delito de falsa denuncia, no es irregularidad constitutiva de nulidad, basado en el argumento de que la formulación del cargo en la providencia de segunda instancia, por medio de la cual se confirmó la resolución de acusación, le dio oportunidad posterior suficiente, no sólo para enterarse de la totalidad de las imputaciones, sino para defenderse de ellas. Y nos apartamos de tal conceptualización porque ello significaría desconocer la importancia de la etapa sumarial, y la relevancia de la indagatoria dentro del proceso penal, lo que evidentemente sería inadmisible. Precisamente, por su trascendencia, a la declaración rendida por el sindicado se le ha denominado diligencia de descargas y, ha dicho la doctrina, que es fundamentalmente un medio de defensa, pues en realidad es el primer enfrentamiento entre la actividad represora del Estado y el individuo que recibe la imputación, mediante el cual el primero le da a conocer al segundo los hechos que son objeto de investigación y que motivan la sindicación, para que se defienda de ellos, bien sea negando su autoría, o aceptándola pero planteando causales de justificación o inculpabilidad, o esgrimiendo circunstancias de atenuación; razones éstas por las cuales se alude a ello como un medio de defensa.

Resultando imposible que alguien se pueda defender de cargos desconocidos o abstractos, es preciso entonces, concretar la imputación, y ello necesariamente debe hacerse en la diligencia de indagatoria o en el emplazamiento como reo ausente. A partir de ese conocimiento el sindicado tiene toda la etapa investigativa para propiciar la producción de la prueba que considere indispensable como respaldo a sus pretensiones procesales de defensa, o para ejercer el derecho de contradicción, oponiendo otros medios de convicción a las pruebas que lo incriminen. Por ello es indesconocible que el sumario o etapa instructiva es vertebral para efectos de evitar que se pueda concretar una formulación de cargos en la calificación del mérito del sumario, o para obtenerla atenuada, y de esa manera, en caso de que el proceso se vaya a la etapa de juzgamiento, tener los elementos de convicción que sean necesarios para la defensa final antes de que se dicte sentencia definitiva.

Es importante la defensa en el sumario o investigación porque en la nueva Carta Política se vino a dilucidar esa vieja controversia doctrinaria y jurisprudencial respecto a si el ejercicio del derecho a la defensa era trascendental en las dos etapas del proceso o si era más importante en la etapa de juzgamiento que en la de instrucción, al disponerse claramente en el artículo 29 que "Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento...".

Que el procesado sea interrogado de manera clara y precisa sobre los hechos constitutivos de infracción a la ley penal y sobre las circunstancias anejas a ellos, constituye verdadero requisito de procedibilidad para que pueda ejercer plenamente el derecho a la defensa, porque no basta cumplir formalmente la exigencia constitucional de que el sindicado esté asistido por un abogado durante la investigación, porque si no se le han concretado los cargos por los que se lo procesa, es obvia la imposibilidad de que aquella pueda ser ejercida técnica o materialmente. E insistimos, nadie puede defenderse de cargos desconocidos, abstractos, gaseosos y de nada serviría la existencia formal de un defensor durante la investigación, si las imputaciones no existen para poder defenderse de ellas.

Hoy, con la nueva normatividad constitucional, es absolutamente claro que habría violación al derecho de defensa si el trámite del sumario se adelanta sin la asistencia de un abogado. Pero, naturalmente, también se incurre en esa vulneración cuando se cuenta con la presencia formal de un abogado que no puede cumplir con su misión técnica, porque desconoce los cargos de los cuales debe defender al procesado.

Es tan importante la existencia de la imputación como fundamento para poder concretar el derecho a la defensa, que uno de los derechos del capturado conforme a lo previsto en el artículo 377 del Código de Procedimiento Penal, es el de ser informado "sobre los motivos de la captura y el funcionario que la ordenó"; y así debe ser porque ante el desconocimiento del hecho que se imputa y de quien realiza la investigación, surge la imposibilidad material de defenderse.

El texto gramatical de la norma parcialmente transcrita no es, entonces, puramente ritual, sino que por el contrario contiene el sustrato material indispensable para que la defensa pueda formalizarse y que además tiene profunda raigambre en la normativa internacional de los derechos humanos y de manera concreta en las garantías judiciales amparadas en las convenciones sobre la protección de tales derechos. Es por ello que el artículo 14-3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone: "Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella"; norma que se repite en la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 8.2 al establecer: "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: ...b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada".

La trascendencia que se da a este detalle aparentemente sin mayor relevancia, precisamente obedece a lo advertido en precedencia, esto es, que sin una acusación es imposible concretar en la realidad la defensa como tal, hasta el punto de llegar a ser tanto o más importante que la misma presencia del defensor, porque sin éste, por lo menos es posible la defensa material que ejerce en su propio beneficio el procesado, pero sin el conocimiento de la imputación, aun con la asesoría de los más expertos abogados, no sólo no será posible la defensa técnica, sino inclusive la defensa material.

Tampoco puede aceptarse como válida la argumentación del Delegado de que en la indagatoria al implicado se le enfrentó a la declaración del testigo Prieto Moreno, quien había hecho un relato sobre la coartada que aquél estaba preparando y que como sabía de la existencia de la falsa denuncia, no era indispensable que se le formulara la imputación en la diligencia de indagatoria. Ello significaría tanto como sostener que en los casos de flagrancia, o en aquellos donde está establecida inequívocamente la autoría del hecho investigado, no es menester la indagatoria o que en el decurso de la misma se interrogue sobre el hecho delictivo que motiva la investigación; porque es claro que el conocimiento por parte del procesado del hecho delictivo que se investiga y que se le imputa, no descarta la necesidad de la indagatoria, ni que sea interrogado al respecto, porque precisamente lo que se busca con esta diligencia como medio de defensa es que se proteja de dicha imputación y que pueda hacerlo negando la autoría, atribuyéndosela a un tercero, o presentando una justificación o causal de inculpabilidad o cualquier circunstancia de atenuación genérica o específica, que de una u otra manera haga menos onerosa su presencia en el proceso penal.

Es por lo anterior que la afirmación planteada por el representante del Ministerio Público no puede tener validez, porque el conocimiento del hecho que se investiga no puede sustituir la diligencia que ha sido concebida de manera concreta como un medio por el cual el imputado se descarga, por ello la denominación de diligencia de descargos.

Por lo demás, en este caso no se trata solamente de que al procesado no se le interrogó en la indagatoria sobre la falsa denuncia, sino que el sumario carece de cualquiera otra alusión a ese hecho; es así como el auto de detención fue dictado sólo por el delito de homicidio y el auto calificatorio se refiere únicamente a esta infracción; es solamente en el auto de segunda instancia donde aparece por primera vez la falsa denuncia.

Como consecuencia de lo anterior la defensa se ejerció sólo con relación al homicidio y en tales circunstancias es de concluir que ese derecho garantizado por el artículo 304-3 del Código de Procedimiento Penal se vio gravemente afectado, lo que conduce a la Sala a afirmar que la nulidad planteada por el censor debe prosperar, en desacuerdo con la opinión del Procurador Delegado.

En las condiciones anteriores se casará la sentencia en cuanto se refiere al delito de falsa denuncia y en consecuencia se anulará el proceso con respecto a esta infracción para que sea investigado, por lo que se procederá a tasar nuevamente la pena; para ello, teniendo en cuenta que por esta ilicitud se aumentó la pena en dos meses, ésta se rebajará en dicha proporción para imponer en definitiva la de dieciséis (16) años de prisión. La misma reducción se aplicará a las penas accesorias.

(Sentencia de casación, agosto 27 de 1992. Radicación 6440. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Saavedra Rojas).

________________________________________