Sentencia 6440 de febrero 25 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 6440

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo

Bogotá, D.C., febrero 25 de 2002.

EXTRACTOS: «Se decide el recurso de extraordinario de casación interpuesto por la señora Gloria Medina Morales de Urrego respecto de la sentencia proferida el 26 de agosto de 1996 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Civil Laboral, en el proceso ordinario adelantado por la recurrente y Álvaro Medina Morales contra Germán Medina Morales y Jesús Antonio Pinillos Carrero.

Antecedentes

1. Los aludidos demandantes llamaron a un proceso ordinario a los citados demandados, el primero como heredero de la sucesión de Carlos Eduardo Medina Riveros y Celina Morales viuda de Medina y el segundo cesionario de derechos hereditarios en la misma causa mortuoria, para que se decretara la rescisión por lesión enorme del trabajo de partición de bienes que en ella se realizó y, en consecuencia, se ordenara rehacerla sobre los dos bienes inmuebles de propiedad de la sucesión, condenando a los demandados a restituir los que les fueren adjudicados, junto con el valor de los frutos naturales y civiles que hubieren podido producir.

2. Como fundamento de sus pretensiones, los demandantes adujeron los hechos que así se sintetizan:

A. Carlos Eduardo Medina Riveros y Celina Morales Hernández, contrajeron matrimonio católico en 1950, reconociendo como sus hijos legítimos a Guillermo, Álvaro, Germán, Flor de Liz, Carlos Eduardo y Gloria Medina Morales.

B. El señor Medina Riveros falleció en Bogotá el 12 de septiembre de 1977 y, al año siguiente, el 3 de diciembre, acaeció el deceso de su esposa Celina Morales, sin que ninguno dejara testamento.

C. Dentro de la sociedad conyugal formada por los esposos Medina-Morales, estos adquirieron los siguientes bienes: a) una casa de habitación ubicada en la calle 40A Nº 25-18 de Villavicencio; b) el inmueble localizado sobre la carrera 30 Nº 39-33 de la misma ciudad; c) el dominio y la posesión sobre unas mejoras construidas en el solar urbano de la carrera 34 Nº 34A -29/31, y d) un automotor campero, marca Nissan Patrol, modelo 1972, motor P-086942, serie L 60-39-232, color rojo y blanco, con placas de servicio público RB-7318.

Sin embargo, varios de dichos bienes pertenecían —para la época de la partición— a terceras personas, como sucede con las mejoras, que fueron vendidas en noviembre de 1978 a Gloria Medina Morales —hoy pertenecientes a Heriberto Urrego—, al igual que el automotor Nissan Patrol, que fue traspasado por la señora Celina Morales a su hijo Germán Medina, el 6 de diciembre de 1977, siendo su actual dueño el señor Jairo Velasco. No obstante lo anterior, estos bienes fueron adjudicados a los herederos Flor de Liz Medina y Álvaro Medina Morales.

D. De igual forma, fueron inventariados y adjudicados bienes inexistentes, específicamente un depósito en la corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas de Villavicencio, por un valor de $ 202.237.95; un depósito bancario por $ 45.550, así como $ 80.000 representados en cuatro (4) letras de cambio a cargo de Evelio Morales y $ 50.000 en un cheque girado por Álvaro Pachón. No empece que de ellos no existía prueba en el proceso de sucesión, el partidor los distribuyó entre los herederos.

E. De otro lado, advirtieron los demandantes que se dejaron de inventariar y distribuir entre los herederos, los cánones de arrendamiento “causados y por causarse” que producía la casa de habitación y el local comercial de la carrera 30 Nº 39-33 de esta ciudad, inmueble que habita y explota desde 1977 el heredero demandado Germán Medina Morales (cdno. 1, fl. 37).

F. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio, quien conoció del proceso de sucesión, no advirtió que la partición en sí misma transgredía el principio de equidad entre los herederos, pues mientras a unos se les adjudicó bienes inmuebles, a otros solamente deudas en favor de la sucesión que no constan en documento alguno, como es el caso de la heredera Gloria Medina Morales, quien quedará en desventaja con el resto de los concurrentes, lo mismo que Carlos Eduardo y Álvaro Medina Morales, en la medida en que no les adjudicaron bienes raíces.

G. El partidor de la sucesión afirmó que el acervo sucesoral ascendió a la suma de $ 812.787.95, por lo que, siendo seis el número de hijos, le correspondería a cada uno $ 135.464.65. Y para pagarle a cada uno su cuota, le adjudicó las mejoras de Heriberto Urrego a la heredera Flor de Liz Medina, con lo cual se le perjudicó en el 100% de su cuota, pues, en adición, se le completó su hijuela con parte del depósito en la corporación “Las Villas”, que no existe.

Igual perjuicio sufrió la demandante Gloria Medina Morales, porque su hijuela hereditaria le fue cancelada con el valor de las cuatro letras a cargo de Evelio Morales y con el cheque de Álvaro Pachón, créditos que no se encuentran por ninguna parte. En el mismo sentido se desfavoreció a Álvaro Medina, por cuanto se le adjudicó el automotor Nissan Patrol perteneciente a Jairo Velasco Nicholls, junto con parte de los dineros supuestamente existentes en los bancos, lo mismo que a Carlos Medina Morales, a quien se le adjudicó gran parte de los dineros inexistentes y que al parecer se encontraban depositados en la aludida corporación.

H. Por el contrario, al señor Jesús Antonio Pinillos Carrero, como cesionario, se le adjudicó la casa localizada en la calle 40A Nº 25-18, que en la fecha de la partición tenía un valor de $ 5.000.000; también se le adjudicaron $ 31.308.60 de los depósitos de “Las Villas” y, por último, la suma de $ 4.156 pesos de los dineros depositados en los bancos de la ciudad, con lo cual esta hijuela recauda el 50% del activo patrimonial de la sucesión, pese a que los dineros son imaginarios e ilusorios.

Idéntica es la situación del heredero Germán Medina Morales, pues se le asignó en la partición la casa con local comercial de la carrera 30 Nº 39-33 de Villavicencio, que al momento de la partición tenía un valor de $ 6.000.000; y aunque también se le adjudicó parte de los dineros inexistentes, el inmueble representa el cincuenta por ciento (50%) de la herencia.

I. Finalmente, se sostuvo que no era cierto que los herederos hubieren dado instrucciones al partidor para la elaboración de la partición, “a excepción de los dos demandados” (cdno. 1, fl. 40).

3. Admitida la demanda y corrido el traslado a los demandados, estos contestaron el libelo oponiéndose a las pretensiones. Propusieron, además, la excepción de caducidad o prescripción de la acción, por haberse incoado fuera del término legal.

4. Mediante demanda separada, el heredero Carlos Eduardo Medina Morales convocó a los aquí demandados a un proceso en el que planteó las mismas pretensiones antes referidas, soportadas en iguales hechos a los descritos. Conformada aquí la relación jurídico-procesal, también con oposición de los señores Medina y Pinillos, el Juzgado, a petición de éste, ordenó por auto del 27 de enero de 1987 la acumulación de los procesos, que en adelante recibieron una misma tramitación.

5. En el desarrollo del proceso se citó como litis consorte necesaria a la heredera Flor de Liz Medina Morales, quien se allanó las pretensiones, salvo en lo relativo a las costas (cdno. 1, fl. 131).

Al propio tiempo, presentó demanda de reconvención contra los iniciales demandantes y demandados, pidiendo igualmente que se decretara 1a rescisión de la partición por lesión enorme, e invocando los mismos hechos en que se basaron los libelistas originarios.

Surtido el traslado de esta demanda, a ella se opusieron Germán Medina y los herederos de Jesús Antonio Pinillos, quien falleció en el curso del proceso.

6. El Juzgado Primero Civil del (Circuito de Villavicencio, a quien correspondió el conocimiento del asunto, dictó sentencia el 12 de marzo de 1996, en la que, luego de declarar infundada la excepción de prescripción, decretó la rescisión por lesión enorme de la partición practicada en el sucesorio, ordenando que se rehiciera dicho trabajo en la causa mortuoria de Carlos Eduardo Medina Riveros y Celina Morales viuda de Medina. Se abstuvo de pronunciarse respecto de las pretensiones restitutorias por los frutos naturales y civiles, por considerar que su petición correspondía a una acción distinta.

7. Inconformes con la anterior providencia, los demandados interpusieron contra ella el recurso de apelación, que el tribunal superior resolvió en sentencia del 26 de agosto de 1996, a través de la cual resolvió revocar el fallo apelado, para, en su lugar, absolver a aquellos de las pretensiones formuladas en todas las demandas, por lo que condenó en costas de ambas instancias a quienes fueron demandantes.

Consideraciones

1. Es bien conocido que cuando una sentencia arriba al examen de la Corte a través del recurso de casación, ella se encuentra prevalida de una arraigada presunción de legalidad y de acierto, motivo por el cual el recurrente tiene la carga de derribar todos y cada uno de los argumentos de hecho o de derecho que le sirvieron de báculo al fallador para adoptar la decisión, lo que indefectiblemente obliga a que entre la acusación y las consideraciones del tribunal, exista una simetría tal que no le deje espacio a la pervivencia del fallo al amparo de pilares que, por haber quedado al margen del cuestionamiento, permanecen inmaculados y robustos para servirle de bastión a la determinación censurada.

En este sentido, insistentemente ha señalado la Sala que “cuando una sentencia tenga como soporte varias consideraciones, es necesario que la censura se ocupe de combatirlas todas, pues si alguna de ellas se mantiene al margen del ataque y por sí sólo es suficiente para darle apoyatura a la decisión, resultará frustráneo el empeño del recurrente en demostrar la equivocación del tribunal, así con este propósito logre derribar los demás cimientos del fallo” (Cas. Civil, sep. 27 2000; Exp. 5601), carga de acusación que, además, “debe impactar en el blanco, en orden a que el cuestionamiento del fallo prohijado por el juzgador de segundo grado (censura), se tome próspero y, por ende, se abra paso la posibilidad de erradicarlo del universo judicial” (Cas. Civil, feb. 13/2001; Exp. 5809), lo que significa que “el recurrente, como acusador que es de la sentencia está obligado a proponer cada cargo en forma concreta, completa y exacta, para que la Corte, situada dentro de los límites que le demarca la censura, pueda decidir el recurso sin tener que moverse oficiosamente a completar la acusación planteada” (CXLVIII, pág. 221, reiterada en CCLII, pág. 336)”, habida cuenta que la demanda de casación constituye “la bitácora llamada a orientar la labor judicial encomendada a la Corte, circunscrita a valorar, únicamente, lo denunciado” (cas. civ. de feb. 13/2001; exp. 5809).

2. Siendo de este modo las cosas en sede casacional, se impone acotar, delanteramente, que las acusaciones formuladas contra la sentencia del tribunal son incompletas, lo que impide el análisis de fondo de las censuras, pues aún resultando prósperas, en gracia de discusión, no podría invalidarse el fallo del tribunal, habida cuenta que aquellos argumentos que se mantienen al margen de la discusión, le servirán de apoyatura.

En efecto, dan cuenta los antecedentes que el fallo del tribunal se sustentó, primordialmente, en dos pilares: De una parte, consideró el ad quem que cuando en una partición se adjudican bienes pertenecientes a terceras personas, la acción que debe instaurar el heredero es la de saneamiento, la que disciplina el artículo 1402 del Código Civil, no así la rescisoria por lesión enorme consagrada en el artículo 1405 de la misma codificación; y de la otra, que no se probó el valor total de los bienes que hacían parte de la masa partible, para “con base en ello verificar cual era la cuota que les debía corresponder realmente a los actores y a la reconviniente, y luego verificar si el valor real de los bienes que se les adjudicaba era menor de la mitad de dichas cuotas” (cdno. 9, fl. 34).

No obstante lo anterior, el recurrente, en su demanda, circunscribió su censura a cuestionar la primera de las señaladas argumentaciones, procurando demostrar, por la vía directa, que cuando en una partición se adjudican bienes ajenos, “no puede presentarse la evicción frente ... al adjudicatario al que no se le ha hecho entrega de la cosa y por lo mismo no ha entrado a poseerla” (cargo primero; fl. 13, cdno. 10), mientras que, por la vía indirecta y bajo el mismo supuesto, pretendió acreditar que el tribunal desfiguró la demanda al darle “a los hechos un alcance que no tenían”, pues “aunque algunos de los hechos narren la realidad de que se adjudicaron unos bienes muebles inexistentes, tal relato fáctico no se dirigió a fundamentar la acción de saneamiento por evicción, sino la de lesión enorme” (cargo tercero; fl. 20, Ibíd.).

Tan sólo en el segundo cargo se avizora un acercamiento a la última de las aludidas consideraciones del ad quem, pero fácil se advierte que no toca la médula del argumento del sentenciador, pues mientras éste destacó que, para efectos de establecer la lesión enorme, era necesario avaluar todos los bienes que fueron objeto de partición, incluidos los que “pertenecían a terceros”, habiéndose dejado de estimar pericialmente en el sub lite “las mejoras que le correspondieron a la heredera y reconveniente Flor de Liz Medina y el campero Nissan Patrol que le adjudicó al heredero demandante Álvaro Medina” (cdno. 9, fl. 33), el recurrente restringió su censura a predicar que el tribunal ignoró “el avalúo pericial que obra a folios 57 a 59 del cuaderno 1” (cdno. 10, fl. 16), experticia que, tal como lo advirtió el fallador, únicamente se refirió a los bienes que le fueron adjudicados a los demandados, esto es, a los inmuebles ubicados en la calle 40A Nº 25-16/18/20 y carrera 30 Nº 39-33 de Villavicencio, pero que en ninguna parte justiprecia los demás bienes que fueron objeto de adjudicación, así, por vía de ejemplo, el vehículo Nissan Patrol y las mejoras realizadas sobre el predio de la carrera 34 Nº 34A-29/31 de dicha ciudad, entre otros, lo que resultaba indispensable si se aspiraba demostrar que los demandantes sufrieron lesión enorme en la partición que se llevó a cabo dentro de la causa mortuoria de los esposos Medina Morales, pues únicamente de esa manera podía establecerse si habían sido “perjudicados en más de la mitad de su cuota”, como lo exige el inciso 2º del artículo 1405 del Código Civil.

Expresado de otra manera, el casacionista, en rigor, con independencia del acierto o del desacierto del juicio del tribunal, no combatió la reflexión del sentenciador según la cual, para establecer si existió lesión enorme en la partición, han debido avaluarse todos los bienes que fueron adjudicados, incluidos los que se afirma pertenecen a terceros, como tampoco que en el proceso no se estableció el valor de las mejoras y del automotor que le correspondió a los demandantes en la sucesión de Carlos Eduardo Medina y Celina Morales vda. de Medina.

3. Pero más allá de esta reflexión, aún si la Corte juzgara que la acusación fue completa, sobre la base de integrar las dos primeras censuras, como lo autoriza el numeral 3º del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991 (L. 446/98, art. 162), en todo caso no le asistiría razón al recurrente al predicar la existencia de un error de hecho por la supuesta inobservancia del dictamen pericial, pues el tribunal sí apreció dicha prueba en la dimensión objetiva que ella refleja, limitada al avalúo de “los dos bienes inmuebles que le correspondieron a los demandados Germán Medina y Jesús Antonio Pinillos” (cdno. 3, fls. 57 a 59 y cdno. 9, fl. 33), por lo que no hubo preterición de la experticia en comento.

A lo anterior se agrega que si, en gracia de discusión, se diera razón al impugnante en el sentido de que la acción rescisoria por lesión enorme es procedente cuando se adjudican bienes inexistentes o que pertenecen a terceros, el sentido de la decisión no variaría, pues no estando acreditado el valor total de los bienes adjudicados, incluidos los que son ajenos, no es posible establecer sí, para la fecha de la partición, la cuota que le correspondió a los demandantes era inferior en más de la mitad a la que debió corresponderles, siendo claro que “la imposibilidad de precisar el justo precio de cualquiera de los bienes involucrados en la partición, implica el fracaso de la pretensión rescisoria” (Cas. Civil, ago. 23/2000; Exp. 5595).

Expresado en otras palabras, para determinar si existió lesión, no pueden tomarse en forma fragmentada los bienes que fueron materia de distribución entre los herederos, como lo sugiere el impugnante, sino que “el cálculo debe hacerse tomando en consideración, sin excepción alguna, todos los elementos comprendidos en la partición, tanto en el activo como en el pasivo y atendiendo a todas las colaciones y previas deducciones exigidas por las reglas de la liquidación” (1) , lo que significa que “para verificar si hay lesión en una partición, es preciso tener en cuenta el valor total de la respectiva hijuela y no el valor de tal o cual de los bienes en ella comprendidos” (se resalta; LXXVIII, pág. 734), de lo que se colige “que el dictamen pericial para tasar el valor de la masa partible es determinante en la decisión sobre si existe o no lesión enorme, y tal pericia debe primordialmente establecer el valor de dichos bienes para la fecha del trabajo de partición, pues de allí se parte para la partición” (Cas. Civil, feb. 23/2001; Exp. 6195).

(1) PLANIOL, Marcel y RIPERT, George. Tratado práctico de derecho civil francés. T. IV. La Habana. Cultural S.A. 1933. pág. 742; Cfme.: Louis Josserand. Derecho Civil. T. III. vol. III. Buenos Aires. E.J.E.A. Bosch 1993. pág. 462.

En consecuencia, los cargos no prosperan.

Decisión

En mérito de lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 26 de agosto de 1996, proferida por el Tribunal Superior de Villavicencio, Sala Civil Laboral, en el proceso de la referencia.

Costas a cargo de la parte recurrente. Liquídense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».

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