Sentencia 6459 de octubre 31 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 6459

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles

Bogotá, D.C., treinta y uno de octubre de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Despacha la Corte el recurso de casación interpuesto por la parle demandante contra la sentencia del 7 de julio de 1996, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario adelantado por Argemira Rojas de Torres y Juan Antonio Torres Rubio frente a “Textiles Vidatex Ltda.” y Daniel Espinosa Cuéllar.

Antecedentes

1. Correspondió al juzgado 28 civil del circuito de esta ciudad, diligenciar la demanda por medio de la cual los aludidos accionantes reclamaron frente a los demandados, que se decretara la rescisión del contrato de arrendamiento de una casa con locales comerciales y otras dependencias, ubicada en la calle 18 sur Nº 18-32/34 de esta ciudad, suscrito por estos el 25 de noviembre de 1995, por vicios del consentimiento de los arrendadores, y que, subsecuentemente, se ordenará la devolución del inmueble arrendado, cuyas dependencias y especificaciones allí se citan, y que se dispusiera que la parte actora debe restituirle a los demandados la suma de $1.000.000 recibida por concepto del primer canon de arrendamiento. Impetraron, además, que se condenase a los arrendatarios a pagar los frutos civiles pertinentes y los perjuicios causados en razón del desalojo forzado de que aquéllos fueron víctimas y que en caso de que no se restituyere el inmueble en el estado en que se encontraba al momento del contrato, se condenara a los demandados a pagar todos los gastos que su entrega acarreara.

2. Apuntalaron tales pedimentos en los hechos que bien pueden compilarse del siguiente modo:

El demandado Daniel Espinosa, luego de obtener de María Obdulia Rojas el número telefónico de los demandantes, se comunicó con ellos para proponerles que le dieran en arrendamiento el local ubicado en la calle 18 sur Nº 18-32/34 de esta ciudad, ofrecimiento que en principio ellos rechazaron aduciendo que esa no era su intención porque tenían programada la construcción de diez locales en dicho inmueble. Pero ante la insistencia del oferente en que se le diera en arriendo, se convino una cita en la cual los demandantes terminaron aceptando la propuesta, siempre y cuando se les pagara una renta mensual de $ 1.000.000 más $ 6.000.000, no como prima comercial, sino como un sobreprecio del canon, amén que la arrendadora le advirtió que no podía entregar el local sino hasta después de diciembre, época en la que estimaba agotar las existencias de mercancías que tenía, dado que allí funcionaba la “Cafetería Santafereña”, desde hacía 22 años.

Se agrega que también acordaron estas otras condiciones: a) que la pared que dividía el local donde funcionaba la cafetería y el resto del local, no sería suprimida; b) que sólo se abriría una pequeña puerta destinada a comunicar los dos locales; c) que si se hacían adaptaciones, su costo sería compensado con los incrementos del canon de arrendamiento, en caso de que el término de duración del contrato fuera superior a un año, y d) que no se harían construcciones ni se implantarían mejoras de ninguna naturaleza diferentes a las autorizadas como simples adaptaciones, condiciones estas que fueron aceptadas por los arrendatarios.

Que como el pretendido arrendatario manifestó que debía viajar el día siguiente a Nueva York, a las cinco de la tarde de ese mismo día, 25 de noviembre de 1992, regresó con algunos documentos, incluido el contrato de arrendamiento que redactó a su acomodo presentándolo a los arrendadores para que lo firmaran. Era tal la premura del señor Espinosa, que se quedó sin firmar el original del documento por parte de la señora Argemira Rojas de Torres, quien sólo suscribió la copia del mismo.

Adujeron, también, que debido a su edad, 73 años, Argemira Rojas, es persona de visión muy escasa, lo mismo que su esposo, motivo por el cual no leyeron con cuidado el documento que contiene el contrato, sino hasta después de firmado y luego de terminadas las labores de ese día, momento en el cual se dieron cuenta de que habían sido víctimas de un engaño por parte del arrendatario, quien incluyó las siguientes condiciones no pactadas: a) fijó como término de duración del contrato cinco años, los tres primeros sin incremento; b) suprimió la prohibición de implantar mejoras, incluyendo una cláusula abusiva y de mala fe con la que se persigue despojar a los demandantes de su propiedad, pues de seguirse adelantando las mejoras, en un futuro no muy lejano el valor del inmueble no alcanzará para pagar las construcciones que allí se levanten. Que no obstante lo anterior, los arrendadores siguieron confiando en la honradez del arrendatario y consideraron que sería fácil aclarar el contrato, motivo por el cual hicieron redactar por un abogado una cláusula destinada a dejar sin valor y efecto la que se introdujo como adicional en el contrato, modificación que el arrendatario se negó a firmar, lo que les permitió advertir que habían sido víctimas de un error provocado por el dolo y la mala fe del mentado Espinosa, circunstancia que los condujo a no entregarle las llaves, aun cuando le autorizaron la entrada de tres obreros para que hicieran unas pequeñas modificaciones al inmueble.

Sin embargo, los obreros empezaron a tumbar techos, paredes, muros y puertas y el 3 de diciembre de 1992, demolieron el muro que dividía los locales arrendados, hecho que obligó al arrendador Juan Torres a solicitarles que se salieran y a asegurar con candado la puerta de entrada, toda vez que aún no se había hecho la entrega material del inmueble. Frente a esta medida, el demandado entró al inmueble por una casa vecina, por lo que fue sacado por la policía. Posteriormente, el demandado instauró una demanda de lanzamiento por ocupación de hecho que concluyó con el desalojo de todos los muebles, enseres, mercancías y equipos que hacían parte de la “Cafetería Santafereña”, luego de lo cual demolió la casa con todas sus dependencias, dejando solamente algunas paredes laterales y las columnas, rompió los pisos, hizo cañerías por sitios diferentes a los ordenados en los planos, construyó cajas de desagüe, y otras obras que se señalan, las cuales no fueron suspendidas no obstante que el inspector cuarto de obras se cercioró de que existían flagrantes violaciones a las normas urbanísticas.

Para concluir, afirmaron los demandantes que el 3 de diciembre de 1992 redactaron un documento en el que le hicieron saber a los arrendatarios que el contrato sería rescindido y que, por lo tanto, se les devolvería el mes de arriendo que habían pagado, comunicación que rehusó el señor Espinosa. En todo caso, el día en que se practicó el desalojo de los propietarios, les fueron entregadas dos letras: una por $ 2.000.000 y otra por $ 4.000.000, que correspondían al sobreprecio del arrendamiento, títulos que anexan a la demanda.

3. Una vez ésta fue admitida, se dispuso dar traslado de ella a los demandados, quienes se opusieron a las pretensiones que se les enfrentaron, negaron la mayoría de los hechos que la sustentan, dijeron desconocer otros y aceptaron los menos; solicitaron la retención del inmueble hasta que se les pagaran las mejoras realizadas y propusieron la excepción de inexistencia de cualquier vicio del consentimiento, la que fundaron en que no existió ni dolo de parte de los arrendatarios ni error en los arrendadores.

4. A la primera instancia puso fin la sentencia desestimatoria de las pretensiones proferida por el juzgador a quo , providencia que fue confirmada por el tribunal mediante la sentencia ahora recurrida en casación.

(...).

SE CONSIDERA:

1. Débese comenzar por señalar que examinadas las distintas acusaciones contenidas en el cargo que acaba de reseñarse, son intrascendentes e, inclusive, algunas de ellas constituyen medios nuevos que, en cuanto tales, se tornan inadmisibles en casación.

Respecto de este último señalamiento, es patente, en efecto, que imputaciones como la consistente en que el tribunal no se percató de que el consentimiento de los arrendadores estaba viciado, porque atendiendo el testimonio de María Obdulia Rojas de Abreo, algunas estipulaciones del contrato fueron impuestas por el demandado después de haberse suscrito el documento; o aquella otra, según la cual, el error que vició la voluntad de los demandantes se debió al hecho de que el arrendatario les hubiese suministrado dinero por adelantado para comprometerlos, no fueron afirmadas en la demanda incoativa del proceso, como sustento de los pedimentos que ella contiene, motivo por el cual no le es dado a la censura aducirlos ahora en el recurso da casación, pues es palpable que con semejante proceder estaría alterando rotundamente los extremos del proceso.

No sobra destacar, en todo caso, al margen de lo anteriormente dicho, que la supuesta adición del documento de arrendamiento, no es otra cosa que la corrección de la cláusula novena del contrato, la cual se hizo necesaria porque quien cubrió los espacios en blanco del formulario se equivocó, y en lugar de anotar allí la fecha en la cual los arrendadores se comprometían a entregarle los locales a los arrendatarios, apuntó la de expiración del arrendamiento, es decir, la época en que aquellos se comprometían a restituirlos, cuestión ésta sobre la que, obviamente, no gravita el litigio.

2. Respecto de las demás recriminaciones que el impugnante le enrostra al tribunal, es menester asentar las siguientes consideraciones:

En primer término, relativamente a que aquél dejó de apreciar la declaración de parte vertida por los demandantes, es decir, la de los mismos recurrentes, es palpable que tan peculiar acusación sólo pone de presente que la censura, asemeja, con ostensible inexactitud, la confesión con la declaración de parte, confusión que le impide advertir que ésta únicamente adquiere el cariz de confesión cuando quien la vierte admite como cierto un hecho que le desfavorece o que resulta ventajoso para la contraparte, cual lo reclama el numeral 2º del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, motivo por el cual, las atestaciones de las partes que favorezcan sus intereses, carecen, en el sistema procesal civil colombiano, de importancia probatoria a menos que se encuentren corroboradas con otras pruebas, caso en el cual su eficacia proviene de éstas y no de la aserción de la parte.

Refiriéndose al punto, ha reiterado esta corporación que “... no puede confundirse la confesión con la declaración de parte, como lo insinúa la censura. La confesión es un medio de prueba por el cual la parte capacitada para ello relata en forma expresa, consciente y libre hechos personales o que conoce, y que a ella le son perjudiciales, o por lo menos, resultan favorables a la contraparte. La última es la versión, rendida a petición de la contraparte o por mandado judicial oficioso, por medio del cual se intenta provocar la confesión judicial… En consecuencia, la declaración de parte sólo adquiere relevancia probatoria en la medida en que el declarante admita hechos que le perjudiquen o, simplemente, favorezcan al contrario o, lo que es lo mismo, si el declarante meramente narra hechos que le favorecen, no existe prueba, por una obvia aplicación del principio conforme al cual a nadie le es lícito crearse su propia prueba” (sents. jul. 27/99 y sep. 13/94).

Del mismo modo, en lo que al testimonio de Daniel Vega Hernández atañe, se tiene que, de un lado, el deponente no presenció la negociación aquí controvertida y que las referencias que a ella hace, las funda en una discusión que se suscitó entre los litigantes que escuchó el día del lanzamiento de los arrendadores y, de otro lado, que su dicho, lejos de corroborar la versión de los demandantes, apenas alude a que estos, por causa de su avanzada edad, habían firmado el contrato sin darse cuenta de la cláusula en virtud de la cual autorizaban al arrendatario para que hiciera mejoras en el inmueble, hecho que sólo pone en evidencia su propia incuria la cual, obviamente, no puede constituirse en el puntal de sus pretensiones.

3. En fin, dejando de lado las señaladas deficiencias de la acusación, lo cierto es que todas las recriminaciones de la censura son irrelevantes porque, aún de admitirse que el tribunal incurrió en los yerros que el recurrente le enrostra, dichas imputaciones no conducirían al aniquilamiento del fallo recurrido; desde luego que ellas no se enderezan a demostrar que existió un comportamiento de la parte demandada que realmente pudiera tildarse de doloso, o que existió alguna de las circunstancias previstas en la ley con la aptitud de nublar el discernimiento de los arrendadores al momento de ajustar el contrato, deficiencia que, la verdad sea dicha, se origina en la demanda incoativa del proceso, pues no se vislumbra en ella que allí se hubiese afirmado la existencia de hechos de esa índole.

Por supuesto que si una de las partes asume un comportamiento deshonesto, es decir, contrario a las reglas sociales imperantes en un lugar y momento dados, e induce de ese modo a la otra a contratar, la cual, de no ser por las maquinaciones, farsas o artificios del interesado, no hubiese contratado, el dolo que de ese modo se configurara, podría dar lugar a la anulación del negocio jurídico. Mas para que tal sanción proceda, debe existir una actitud malintencionada de la parte, encaminada a engañar a la otra de tal modo que determine su consentimiento.

No se palpa, entonces, cuáles fueron y en qué consistieron en este asunto, los actos engañosos que los demandantes le imputan al demandado Espinosa Cuéllar y de qué modo el supuesto comportamiento indebido de éste determinó su consentimiento, desde luego que el hecho de haberles insistido en que le arrendaran el inmueble, no se percibe como una conducta de esa índole, ni siquiera inapropiada, puesto que es usual entre los comerciantes, y en este caso las partes dijeron serlo, perseverar en una oferta que se vislumbre como provechosa.

No puede calificarse como tal, el aparente afán del contratante por concluir el negocio puesto que, de una parte no aparece probado en el proceso que el posible viaje al exterior hubiese sido un mero pretexto para urgir a los arrendadores y, de otra, porque los mismos demandantes admiten en el libelo demandatorio, que no leyeron el contrato por su escasa visión, no por las supuestas urgencias del arrendatario. En todo caso, el documento también fue sometido al escrutinio de la hija de los arrendadores cuyas excusas no comprometen a Espinosa Cuéllar.

Se duelen, asimismo, los demandantes, de que en el documento el arrendatario hizo constar como término de duración del contrato el lapso de cinco años, los tres primeros sin incremento, y que suprimió la prohibición de implantar mejoras, incluyendo una cláusula abusiva y de mala fe, cuando lo que realmente pactaron consistió en que no se demolería la pared que dividía el inmueble donde funcionaba la cafetería y el resto del local ya que sólo se abriría una pequeña puerta destinada a comunicar las dos dependencias; que si se hacían adaptaciones, su costo sería compensado con los incrementos del canon de arrendamiento, en caso de que el término de duración del contrato fuera superior a un año, y que no se harían construcciones como tampoco mejoras de ninguna naturaleza diferentes a las autorizadas como simples adaptaciones, condiciones éstas que habrían sido aceptadas por los demandados.

En consecuencia, si se coteja lo que afirman los demandantes como realmente acordado, con lo que según su entender añadió dolosamente el demandante, se palpa que no existen divergencias de fondo. En efecto, las partes previeron que el término de duración del arriendo podría ser superior a un año, caso en el cual se compensaría el valor de las modificaciones del inmueble con el de los incrementos anuales, estipulación que pone de presente, además, la facultad que confirieron para que los inquilinos efectuaran las adaptaciones pertinentes en el inmueble, amén de que así lo confiesan en la demanda en cuanto admiten que las construcciones y mejoras autorizadas no podrían ser diferentes a las que se requirieran como simples adaptaciones de la edificación.

Parece ser que la controversia encuentra su verdadera génesis en torno al real alcance de esas cláusulas y a la determinación de lo que deben las partes entender por simples adaptaciones de los locales, cuestiones éstas que, de manera evidente, conciernen con la interpretación y ejecución del contrato y no con supuestos vicios del consentimiento.

Por lo expuesto el cargo no prospera.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia del 7 de julio de 1996, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario adelantado por Argemira Rojas de Torres y Juan Antonio Torres Rubio frente a Textiles Vidatex Ltda. y Daniel Espinosa Cuéllar.

Costas a cargo de la parte recurrente. Tásense».

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