Sentencia 6461 de julio 4 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

FUERZA MAYOR

LA HUELGA COMO HECHO PREVISIBLE

EXTRACTOS: «1. Del compendio del cargo primero se establece que la inconformidad del recurrente radica esencialmente en el hecho de que el fallador hubiese exonerado de responsabilidad a la parte demandada por el incumplimiento del término acordado para la reparación de la motonave Patricia I, con fundamento en un caso fortuito o fuerza mayor, sin que exista en los autos prueba de él, “como tampoco existe la prueba de la ausencia de culpa en el demandado, tanto anterior como coetánea al hecho que se indica cual de fuerza mayor...”.

Siendo ese el quid de la acusación, conviene recordar que para que un hecho pueda considerarse constitutivo del fenómeno en mención debe estar revestido de dos características esenciales como son la imprevisibilidad y la irresistibilidad. Tiene lugar la primera cuando se trate de un acontecimiento “súbito, sorpresivo, excepcional o de rara ocurrencia”, mientras que la segunda se tipifica cuando tal acontecer sea “inevitable, fatal, imposible de superar en sus consecuencias” (sent. de cas. civ. ene. 26/82). Más recientemente (sent. jun. 23/2000), la Corte reiteró similar criterio.

Dichas características deben examinarse discrecionalmente de acuerdo a las circunstancias de cada caso concreto, pues como lo tiene dicho la jurisprudencia, resulta imposible hacer una relación taxativa de los sucesos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito liberatorios de responsabilidad por el incumplimiento o el cumplimiento tardío o defectuoso de una determinada obligación contractual, porque “cuando de tal fenómeno jurídico se trata, no sólo hay que examinar la naturaleza misma del hecho sino indagar también si éste reúne, con respecto a la obligación inejecutada, los siguientes caracteres: a) No ser imputable al deudor, b) No haber concurrido con una culpa de éste, sin la cual no se habría producido el perjuicio inherente al cumplimiento contractual; c) Ser irresistible, en el sentido que no haya podido ser impedido y que haya colocado al deudor —dominado por el acontecimiento— en la imposibilidad absoluta (no simplemente en la dificultad ni en la imposibilidad relativa) de ejecutar la obligación; d) Haber sido imprevisible, es decir que no haya sido lo suficientemente probable para que el deudor haya debido razonablemente precaverse contra él, aunque por lo demás haya habido con respecto al acontecimiento de que se trate, como lo hay con respecto a toda clase de acontecimiento, una posibilidad vaga de realización”. (Cas. Civ. jul. 5/35).

De ahí que la Corte al fijar la verdadera inteligencia del precepto que define el fenómeno en mención haya considerado que, “el naufragio, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad, propuestos por el artículo citado (1º de la L. 95/890) como ejemplos de casos fortuitos, no son siempre y en todo evento causas de irresponsabilidad contractual. Eso depende de las circunstancias y del cuidado que haya puesto el deudor para prevenirlos”, porque, explica, “Si el deudor a sabiendas se embarca en una nave averiada, que zozobra; si temerariamente se expone a la acción de sus enemigos o comete faltas que lo coloquen a merced de la autoridad; o no toma las medidas adecuadas que hubieren evitado la inundación de su propiedad, sin embargo de que se cumple un acontecimiento por naturaleza extraño o dominador, no configuraría un caso fortuito”. (Sent. ago. 31/42, G.J. 1989, pág. 376, reiterada entre otras en Cas. Civ. nov. 20/89).

2. A la luz del anterior marco teórico, es indudable que el tribunal incurrió en el yerro de facto que se le achaca, al considerar que la huelga realizada por los trabajadores de la empresa demandada constituía un hecho de fuerza mayor justificativo del incumplimiento del término pactado para la reparación de la citada motonave, pues al rompe se advierte que tal apreciación acusa contraevidencia, porque el acta del 17 de junio de 1991, en la que aparece consignada la época precisa en que se realizó la etapa de arreglo directo entre los mencionados (fl. 58, c-1), muestra sin lugar a dudas, que era perfectamente previsible que una cesación de labores por parte de estos últimos podía presentarse en un futuro muy próximo, como quiera que de acuerdo a la legislación laboral, una vez concluida la etapa en mención “sin que las partes hubieren logrado un acuerdo total sobre el diferendo laboral”, quedan autorizados los trabajadores a optar por la declaratoria de huelga, decisión que tiene que adoptarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la terminación de aquélla (L. 50/90, art. 61, de la que subrogó el art. 444 del C.S.T.), la cual tendrá además que efectuarse, no antes de los dos días hábiles siguientes a su declaración, ni después de diez (art. 62 ejusdem, que subrogó el art. 62 ib.).

Por tanto, si en este caso la etapa de arreglo directo finiquitó el lunes 24 de junio de 1991, según consta en el citado documento (fl. 58, c-1), para la fecha en que fue recibida por parte de la demandada la motonave cuya reparación había sido contratada —2 de julio de 1991—, no era ajeno a ésta, que en cualquier momento podía desatarse una huelga, como en efecto acaeció a los ocho días siguientes (fl. 56 ib.), sin que en modo alguno exculpe su conducta el hecho de que la embarcación hubiese ingresado a sus astilleros en forma tardía, pues si consideraba que la demandante estaba incursa en incumplimiento debió haber demandado la resolución del contrato, pero al no haber elegido ese camino, implicó la aceptación tácita de la modificación de los términos señalados en la comunicación del 12 de marzo de 1991 (fl. 16, c-1), al recibir el 2 de mayo de 1991 la orden de trabajo y el anticipo del valor de las obras que se había obligado a realizar, así como al admitir en sus astilleros la motonave el citado 2 de julio. Dicho en otras palabras, si Unial S.A. consideraba que Marenas y Cía. Ltda. había incumplido el convenio, debió haberse abstenido de recibir los elementos anotados y optar por la ejecución del contrato previa advertencia a la demandante, de que existía la posibilidad de presentarse en un término muy próximo una parálisis de labores que seguramente impediría la realización oportuna de las reparaciones contratadas, porque a pesar de que en la citada comunicación se dijo que el plazo de entrega era de quince días hábiles, “contados a partir de la fecha de recibo de la orden y cancelación del anticipo”, tal término en una sana lógica sólo podía contarse a partir de la entrada de la embarcación a los astilleros de Unial S.A.; desde luego que en el citado documento no se dijo nada en contrario.

3. Con todo, no obstante la ocurrencia manifiesta del yerro, éste resulta inane para los fines de la casación por falta de trascendencia, que es el otro requisito del error de hecho, ya que la decisión adoptada por el ad quem seguiría amparada por la presunción de acierto en consideración a las razones que seguidamente se exponen.

Sabido es que para que la responsabilidad contractual se estructure, deben converger, entre otros, los siguientes requisitos: a) Liminarmente que se haya incumplido un deber contractual, ya porque no se ejecutó total o parcialmente la prestación debida, ora porque se ejecutó defectuosa o tardíamente; b) Que ese incumplimiento haya producido un daño, es decir, una lesión en el patrimonio del actor y, c) Que exista un nexo de causalidad entre el primero y el segundo.

Por consiguiente, cuando se persigue la indemnización de perjuicios de manera principal (C.C., arts. 1610 y 1612), como en este caso, constituye presupuesto indispensable para la prosperidad de la pretensión, la prueba de los dos últimos requisitos, pues no siempre el incumplimiento del contrato ocasiona perjuicios al otro contratante. Dicho en otras palabras, a quien pretende el resarcimiento en mención, le corresponde demostrar, en todo caso, el daño cuya reparación depreca y su cuantía, porque la condena por tal concepto no puede superar el detrimento patrimonial que en realidad se le haya irrogado a la víctima. “Y como el incumplimiento —ha dicho la Corte— de una obligación no irroga siempre perjuicios al acreedor y casos hay en los que incluso le proporciona beneficios, obvio es concluir que el perjuicio no es un efecto forzoso del incumplimiento, ni una presunción de él. Por eso, como regla general, quien demanda la indemnización de perjuicios debe demostrar que se le causaron, tal como se deduce de los artículos 1617 y 1599 del Código Civil, relativos a la mora en el cumplimiento de una obligación dineraria y al pago de una obligación con cláusula penal, respectivamente, que, de manera excepcional, consagran dos casos en que esa presunción es posible, ratificando de paso el fundamento de la regla general”. (Cas. civ. 478, dic. 12/89).

En el asunto sub lite, como quedó visto la sociedad demandante pretende que se condene a Unial S.A. a pagarle a título de indemnización de perjuicios “el valor de los repuestos y herramientas... pérdidas de la motonave Patricia I”, más la cantidad de “sesenta y un mil doscientos dolares (US$ 61.200) o su equivalente en pesos colombianos, correspondientes al pago de la nómina de la tripulación...”, así como dos mil dólares diarios (US$ 2.000), contados a partir del 23 de julio de 1991, por concepto de lucro cesante, o en su defecto la suma que se estableciera dentro del proceso con el auxilio de peritos.

No obstante que las anteriores pretensiones fueron desestimadas por el fallador, quien respecto de la primera afirmó que no existía en el expediente ninguna prueba fehaciente sobre la desaparición de los elementos cuyo extravío denuncia el demandante, pero sin hacer comentario alguno sobre las otras dos, el recurrente al formular el cargo se queda corto en la impugnación, pues a pesar de haberla planteado por la vía indirecta alegando la comisión de error de hecho, al desarrollar la acusación no se señala ni una sola prueba indicativa de los perjuicios, o sea, determinante de una conclusión contraria a la del tribunal y que lógicamente permitiera desvirtuar la referida presunción de acierto que ampara la sentencia recurrida. Por supuesto que ese defecto técnico, es decir, lo incompleto de los cargos, que ni siquiera se supliría con la acumulación, también concurre, y con mayor razón, tratándose del cargo segundo, que propuesto por la vía directa, supone un compromiso con las conclusiones probatorias del tribunal, en este caso con la atinente a los perjuicios, acerca de la cual, como quedó dicho, por lo menos en cuanto a los daños sufridos por la embarcación, el tribunal dijo que en el expediente no obraba prueba alguna que los demostrara. Por lo demás, como sobre los otros rubros pretendidos lo que simplemente se presentó fue un fallo diminuto, el camino de la impugnación era ajeno al de la causal primera que fue la que invocó en sendos cargos.

4. Visto lo anterior, resulta inane entrar a analizar los errores de hecho denunciados, los cuales atañen solamente a establecer quién vigiló o custodió la embarcación durante el tiempo que ésta permaneció en el astillero de la demandada, puesto que dicho hecho resulta irrelevante ante la apreciación que efectuara el ad quem en torno de la ausencia absoluta de pruebas de la pérdida de los elementos.

Por lo dicho no prosperan los cargos».

(Sentencia de casación, 4 de julio de 2002. Expediente 6461. Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Ramírez Gómez).

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