SENTENCIA 6469 DE NOVIEMBRE 1 DE 1991

 

Sentencia 6469 de noviembre 1º de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

INDEMNIZACIÓN EN PROCESOS DE RESPONSABILIDAD

PRUEBA DEL HECHO DE SER DAMNIFICADO

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Ref.: Expediente 6469

Santafé de Bogotá, D.C., noviembre primero de mil novecientos noventa y uno.

Procede la Sala a decidir el grado de consulta de la sentencia de 3 de octubre de 1990, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se dispuso:

“1. Declárase a la Nación --Ministerio de Defensa Nacional-- Policía Nacional, administrativamente responsable de la muerte de la señora Leonor Gaviria Guarnizo, ocurrida en las circunstancias que refieren los autos. En consecuencia, condénase en concreto a la entidad demandada a pagar a los demandantes por concepto de perjuicios, en moneda de curso legal, los siguientes valores:

1. A Henry Londoño García, un mil (1.000) gramos de oro, según lo certifique el Banco de la República.

2) A Hugo Fernando, Ferney, Ancizar y Jaime Londoño Gaviria, setecientos (700) gramos de oro a cada uno, según lo certifique el Banco de la República, a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

2. Para el cumplimiento de esta condena dese aplicación a lo previsto en los artículos 177 y 178 del Código C. Administrativo.

3. Consúltese este fallo con el superior, si no fuere apeladó''.

En la demanda, presentada el 12 de julio de 1989, se narraron, en síntesis, los siguientes hechos:

1. Que el día 3 de julio de 1988, agentes de la policía que hacían un retén en la calle 55 con la carrera 53, en el área urbana de Sevilla (Valle), dispararon contra el vehículo en que viajaba la señora Leonor Gaviria Guarnizo, con su compañero permanente y padre de sus cuatro hijos, y le causaron la muerte.

2. Que el causante de la tragedia fue el agente Arnulfo González Marín, quien disparó su revólver de dotación oficial.

3. Que hecha la investigación penal de rigor se pudo constatar que los hechos se desarrollaron en la forma indicada y se identificó el autor material del ilícito, quien fue objeto de detención preventiva.

4. Que la señora Gaviria Guarnizo contaba al momento de su muerte 36 años, era hija legítimaa de Jesús Gaviria y Edelmira Guarnizo y dejó cuatro hijos, llamados Hugo Fernando, Jaime, Ferney y Ancizar Londoño Gaviria, con quienes mantenía excelentes relaciones de familia, ayudándose y colaborándose mutuamente.

El Tribunal, luego del trámite de la instancia, decidió en la forma indicada. Inicialmente la parte actora interpuso apelación. El recurso, por falta de sustentación, fue declarado desierto y en la providencia que tal cosa dispuso (auto de mayo 6 de 1991, a folios 90 y siguientes) se ordenó el trámite de la consulta.

El a-quo, para tomar la decisión que se dejó transcrita atrás, sostuvo en uno de los apartes del fallo consultado:

``El conjunto de estas declaraciones a las que no cabe hacer objeción alguna señala como ya se adelantó que la muerte de la señora Gaviria Guarnizo fue causada con arma de dotación oficial y en desarrollo de un operativo policial en el que las fuerzas del orden que tienen como misión velar por la vida, honra y bienes de las personas, si algo hicieron fue precisamente faltar a ese deber, pues, lo que denotan los autos es que obraron con gran ligereza e imprudencia al tratar de detener un vehículo cuyos ocupantes no representaban para los policías ningún peligro y de quienes no habían recibido ningún ataque; con la lamentable consecuencia ya señalada. Cómo no predicar entonces la falla del servicio público de policía que señala la demanda? Es dable presumir esa falla como lo tiene sentado la jurisprudencia por haber sido cuasada la muerte con arma de dotación oficial; pero aquí, más que de una presunción se trata de hecho plenamente establecido, pues, la prueba señala que en el caso la policía obró irresponsablemente y por tanto con menoscabo del deber. La falla del servicio anotada implica una lesión o daño a un bien protegido por la Constitución y la ley como es la vida (de la señora Gaviria Guarnizo); y en el caso no puede ponerse en duda que debido a aquella falla se produjo el lamentable hecho (daño).

3. La muerte de una persona en las circunstancias que da cuenta la demanda es para sus seres queridos motivo de aflicción o dolor moral que en justicia debe ser indemnizado; y para quienes económicamente de ella dependían conlleva perjuicio material que también debe ser resarcido. En el sub-judice, han comparecido los demandantes, uno alegando la calidad de concubino de la occisa y los restantes la de los hijos, a reclamar indemnización por el perjuicio moral que dicen haber sufrido a causa de la muerte de la compañera y madre. La condición de hijos de Hugo Fernando, Ferney, Ancisar y Jaime Londoño Gaviria, está plenamente comprobada con las correspondientes actas del registro civil de nacimiento de las que el competente funcionario expidió copia formal (folios 6, 7, 8 y 9, dcno. 1º). La de concubino que alega Henry Londoño García la denotan el hecho de ser el padre de los hijos de la occisa y el de encontrarse en su compañía a la hora de la muerte; y la ponen de presente las declaraciones de los señores Luis Fernando García Arroyave, Pedro Luis González Vega, María Lucelly Tabera Cuellar, Ariel Moreno Tabares y Marco Tulio Agudelo Arias, quienes rindieron testimonio ante juez comisionado. Todos afirman haber conocido a Henry Londoño y a la occisa y de sus dichos se deduce sin lugar a dudas que hasta la hora de la muerte de aquella, ambas personas hicieron vida común como marido y mujer (fls. 165-173, cdno. 2).

Conclusión y resolución:

Estando configurados como se ha visto todos los elementos de la acción indemnizatoria deducida en la demanda, se impone acceder a lo pedido por los demandantes. Se ordenará pagar los perjuicios morales que fueron los únicos solicitados.

La pérdida de la compañera permanente representa para el marido el máximo dolor. Por eso se ordenará que al demandante Henry Londoño se le pague el máximo que la jurisprudencia ha reconocido en casos similares (un mil gramos oro).

Los hijos tendrán también derecho al máximo por la pérdida de su madre, pues, máximo es el dolor que produce la muerte de la progenitora, pero, como en la demanda limitaron su pretensión al valor de 700 gramos de oro para cada uno, sólo esa cantidad les será reconocidá''.

Ahora, cumplido el trámite de la segunda instancia, es oportuno decidir. Para ello, se considera:

Para la señora fiscal séptima de la corporación, el fallo merece ser confirmado. De su vista fiscal de julio 29 de 1991 (a fls. 94 y ss.) se destaca:

“Del acervo probatorio agrupado se infiere que la Administración Pública incurrió en fallas, concretamente por parte de la Policía Nacional, en la prestación del servicio de vigilancia, toda vez que los agentes de la Policía Nacional ARNULFO GONZÁLES MARÍN y OJEDA JIMÉNEZ JOSÉ ÁNGEL y sus demás compañeros de procedimiento, acantonados en Sevilla (Valle) actuaron vulnerando los reglamentos que rigen la institución armada. Así estos en sus respectivas declaraciones, tratan de morigerar la situación, el resultado es contundente. Dicen que hicieron los disparos al aire, lo cual no es cierto, porque si el señor Londoño García no escuchó o no vio la señal de “paré” efectuada por éstos en cumplimiento de sus funciones, debieron y pudieron utilizar otros métodos menos gravosos, como son perseguir el automotor, adelantarse e impedir el paso, chuzar las llantas, etc.

Al respecto el Consejo de Estado en varias oportunidades se ha pronunciado, en el sentido que las autoridades de policía o militares en el acatamiento del mandato constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos residentes en Colombia, no pueden manejar conductas que rebasen el normal cumplimiento de sus deberes. Así las cosas, en el operativo que se llevaba a cabo, más exactamente en cumplimiento de un retén militar, solo en casos extremos y excepcionales podrá hacerse uso de las armas, debiéndose tomar todas las precauciones indispensables para proteger la vida de los ciudadanos”.

Fuera del Ministerio Público ninguna de las partes intervino en esta instancia.

Para la Sala la sentencia será confirmada, por cuanto el análisis de los supuestos de la responsabilidad hecho por el a-quo se ajusta a la realidad procesal.

Muestra el acervo probatorio que el operativo policial fue a todas luces irregular y por fuera de los cánones normales y ordinarios del buen servicio público. Comparte la sala la apreciación del tribunal en el sentido de que los agentes actuaron con suma ligereza y fueron seriamente imprudentes en el manejo de la situación que produjo la muerte de la señora Leonor Gaviria G.

También estima la Sala, y aquí coincide asimismo con el fallador de primera instancia, que el asunto muestra una falla presunta del servicio, por cuanto la muerte de la indicada señora se produjo con un arma de dotación oficial accionada por el agente de policía Arnulfo González Marín. Además, por parte alguna aparece la prueba del hecho exculpativo para la administración, como habría sido la fuerza mayor, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la culpa de la víctima de igual entidad.

Aunque en el expediente no aparece la prueba de la culminación del proceso penal seguido contra los agentes que intervinieron en el operativo, sí existe la copia de la providencia dictada por el Juzgado 76 de instrucción penal militar el día 22 de febrero de 1990, en la cual, luego del análisis de los distintos medios probatorios practicados en la etapa investigativa, se decreta la detención preventiva de los agentes José Ángel Ojeda y Arnulfo González M., por haberse establecido bien la conducta culposa de éstos en el accionamiento de sus armas de dotación oficial, sin prever los efectos nocivos de sus actos.

Para la Sala, entonces, la falla resultó probada, como quedó demostrado el perjuicio sufrido por los damnificados y la relación causal.

Aunque el asunto no ofrece dudas en cuando a las personas damnificadas, la Sala hace algunas precisiones para evitar ciertos equívocos.

Ha dicho la jurisprudencia, en forma reiterada, que en estos procesos de responsabilidad la indemnización de perjuicios la piden o solicitan los damnificados de la persona fallecida o herida por causa de la falla del servicio, no en su carácter de herederos de ésta, sino por el perjuicio que les causó esa muerte o esas lesiones, con prescindencia del mismo vínculo parental que gobierna el régimen sucesoral. En otras palabras, la parte demanda por que fue damnificada y no porque es heredera.

Tan cierto es esto que con alguna frecuencia se niega en estos procesos indemnización al padre, al cónyuge, a los hijos o hermanos, pese a la demostración del parentesco, porque por otros medios se acredita que no sufrieron daño alguno. El caso, por ejemplo, del padre o madre que abandona a sus hijos desde chicos; o del hijo que abandona a sus padres estando estos enfermos o en condiciones de no subsistir por sus propios medios.

En otros términos, lo que se debe probar siempre es el hecho de ser damnificada la persona (porque el hecho perjudicial afectó sus condiciones normales de subsistencia, bien en su esfera patrimonial o moral) y no su carácter de heredera.

El equívoco se creó cuando la jurisprudencia aceptó, para facilitar un tanto las cosas, que el interés de la persona damnificada resultaba demostrado con la prueba del vínculo de parentesco existente entre la víctima y el presunto damnificado.

Esta idea, de por sí bastante clara, creó el equívoco, hasta el punto de que se confundió el interés del damnificado con el del heredero.

Lo anterior hizo que los demandantes se contentaran simplemente con acompañar al proceso las pruebas del parentesco. Y esto, en la mayoría de los casos es suficiente porque la jurisprudencia, por contera, terminó aceptando la presunción de hombre o judicial de que entre padres e hijos o cónyuges entre sí se presume el perjuicio por el sólo hecho del parentesco.

Pero fuera de que se han limitado a esas pruebas del estado civil, las han practicado mal o en forma incompleta, lo que ha impedido en muchos eventos reconocer el derecho pretendido porque no se acreditó bien el interés en la pretensión.

Las ideas anteriores permiten afirmar, frente al caso subjudice, que no se probó adecuadamente que todos los demandantes que se presentaron a juicio como hijos extramatrimoniales de la señora Leonor Gaviria, acreditaron tener ese carácter, porque sólo ésta aparece suscribiendo el acta de nacimiento de su hijo Jaime Londoño G. En otros términos, no se demostró con sujeción a la ley y en la forma exigida por la jurisprudencia, que Ferney, Ancizar y Hugo Fernando eran hijos extramatrimoniales suyos.

Pero esas mismas ideas expuestas en relación con el acervo probatorio permiten inferir que tales personas sí tenían el carácter de damnificadas. Carácter que se desprende en forma inequívoca de la prueba testimonial que obra a folios 165 y siguientes del C. No 2 y en especial de las declaraciones de Luis Fernando García Arroyave (a folios 165 y siguientes), Pedro Luis González Vega (a folios 168 y siguientes), María Lucelly Tabera Cuellar (a folios 169 y siguientes), Ariel Moreno Tabares (a folios 171 y siguientes) Marco Julio Agudelo Arias (a folios 171 vuelto y siguientes).

Estos declarantes son contestes en afirmar que tales personas convivían con la que se afirma era su madre; que se ayudaban, respetaban y colaboraban entre sí y que hicieron vida de hogar hasta la fecha del fallecimiento de la señora Leonor, quien vivió durante más de 20 años en relación concubinal con el señor Henry Londoño García, padre de los demás demandantes.

Además, son contestes los testigos en declarar sobre la ayuda económica que la señora Leonor les brindaba a los que se dicen eran sus hijos y a su compañero, puesto que ella administraba una pequeña tienda de su propiedad. Igualmente coinciden esos testigos en afirmar el afecto recíproco que se brindaban las personas que vivían bajo un mismo techo en el hogar Londoño-Gaviria.

Se destaca también de esa prueba testimonial la angustia y desorientación de los jóvenes, ahora demandantes, por la muerte de un ser querido como lo era la señora Leonor.

También resultó bien probado el carácter de damnificado del señor Henry Londoño. Los testimonios antecitados dan cuenta de la relación concubinal de hecho que existió entre este señor y la señora Gaviria Guarnizo; relación concubinal notoria y regular prolongada por más de 18 años.

La Sala es consciente que la afirmación precedente, que le sirve para dar por probado el carácter de damnificado que tiene el señor Londoño, no implica en forma alguna la declaración judicial del concubinato que existió entre las mensionadas personas, porque esto compete a los jueces de familia (L. 54/90, art. 4º) pero sí permite inferior que la tragedia de la señora Leonor afectó su compañero permanente, con quien vivió maritalmente por varios lustros, en su esfera afectiva.

Por lo expuesto y de acuerdo con la fiscalía, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confírmase en todas sus partes la sentencia de 3 de octubre de 1990, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Cópiese, notifíquese y dévuelvase.

Esta providencia fue aprobada por la Sala en su sesión de fecha 31 de octubre de 1991.

Carlos Betancur Jaramillo, Presidente de Sala—Juan de Dios Montes Hernández—Daniel Suárez Hernández—Julio César Uribe Acosta.

Ruth Stella Correa Palacio, Secretaria.

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