Sentencia 6480 de diciembre 13 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

LESIÓN ENORME

REAJUSTE MONETARIO DEL PRECIO COMPLEMENTARIO

EXTRACTOS: «1. Para dilucidar el problema jurídico que plantea la censura, circunscrito —en lo fundamental— al reconocimiento de la corrección monetaria de la obligación de completar el justo valor de la cosa vendida, cumple recordar que la Corte, en providencia del 8 de junio de 1999, encontró que no resultaba ajustado a la equidad y a la justicia contractual que aspira a remediar la acción rescisoria por lesión enorme, aplicar el artículo 1948 del Código Civil en su significado nominal, esto es, posibilitando que el contratante demandado preserve el contrato rescindido, ora completando el justo precio con deducción de una décima parte, ora restituyendo el exceso del precio recibido sobre el que se considera justo, aumentado en una décima parte, de tal suerte que por simple operación aritmética se pueda establecer la cifra numérica que determine el contenido de la prestación.

En dicha providencia, sostuvo la Sala que la obligación en cuestión debía “recibir el tratamiento de las obligaciones pecuniarias de valor estable que, por definición, han de medirse en su equivalente monetario al momento de ser satisfechas, evitándose así, a la luz de un razonable criterio de equidad y buena fe adecuado a la época de acentuada inflación que por más de tres décadas ha padecido el país, que la depreciación del dinero y las fluctuaciones negativas en su poder adquisitivo, tenga que soportarlas el contratante víctima de la lesión; lo que ocurre, en síntesis, es que aquél —el comprador— contrae una obligación de completar la cantidad que a título de precio debió recibir el vendedor cuando se perfeccionó la venta, cantidad que si se ha desvalorizado con el correr del tiempo hasta el momento del pago, es necesario, tomando pie en la naturaleza de la ameritada obligación e inspirándose en una idea justa de realismo monetario que es vital en orden a establecer en verdad el equilibrio patrimonial roto, reajustarla en igual proporción al deterioro del signo monetario, ello en el bien entendido que en casos como el que aquí es materia de estudio, este reajuste o recomposición económica lo único que busca, en reconocimiento a los principios universales de equidad e igualdad de la justicia a los que de manera reiterada alude la jurisprudencia al tratar el tema de la llamada corrección monetaria (G.J. t. CLXXXIV, pág. 25, y CC, pág. 20), es atenuar las secuelas nocivas del impacto inflacionario sobre una deuda pecuniaria sin agregarle por lo tanto, a esta última, nada equiparable a una sanción o un resarcimiento” (CCLVIII, págs. 590 y 591).

Estas mismas razones sirven para justificar la procedencia de la indexación en el supuesto de hecho de que trata el artículo 1951 del Código Civil, pues si bien es cierto la acción rescisoria como tal, se extingue cuando el comprador ha perdido la cosa o la ha enajenado, no lo es menos que, en este último evento, si la venta se hizo por un valor superior al de compra, el propósito de “sancionar el indebido enriquecimiento en el terreno contractual” (LXXXVII, pág. 532 y CXXIV, pág. 249), se logra al conceder al vendedor la prerrogativa de reclamar el exceso hasta concurrencia del justo valor de aquella y con deducción de una décima parte, finalidad que no se obtendría si tan sólo se habilitara una condena por valor nominal, que simplemente reflejara la diferencia entre dos sumas, sin atender cuál es la medida de la misma en la hora de ahora, bajo el entendido de que el vendedor no estaría recibiendo más de lo que le corresponde por derecho, sino, justamente, el saldo real de lo que es necesario para establecer la conmutatividad del contrato.

Expresado en otras palabras, la obligación que tiene el comprador de completar el justo precio de la cosa vendida, tiene, en cualquier caso, la misma justificación: rescatar la conmutatividad genética del contrato, sin que la posibilidad de rescisión altere ese propósito, como quiera que ésta opción tan sólo depende de que aquél conserve la cosa en su poder o no la haya enajenado, pero no quita ni pone ley en lo tocante con la lesión enorme que sufre el vendedor, la que se busca reparar mediante las acciones rescisoria y de complemento de pago, de que tratan los artículos 1946 y 1951 inciso 2º del Código Civil.

En consecuencia, si “el deudor no puede pretender, per se, liberarse de la obligación, entregando a su acreedor especies o signos monetarios apocados” (Cas. Civ. de nov. 19/2001; exp. 6094), es claro que el reconocimiento de la indexación en la hipótesis del inciso 2º del artículo 1951 del Código Civil, lo mismo que en la prevista por el artículo 1948 de la misma codificación —normas que integran un mismo sistema—, “trata apenas de mantener el valor económico del complemento del precio para que tampoco sufra perjuicio el vendedor damnificado y por eso, vistas las cosas con esta perspectiva, no queda otra alternativa diferente a admitir que la actualización a la que viene aludiéndose, en la medida en que no conlleva imponerle al demandado interesado en la conservación del contrato otras prestaciones diversas a las que autoriza el artículo 1948 del C. Civil —al igual que el inc. 2 del art. 1951—... no choca... con ninguna parte del precepto ni menos todavía, contradice la “naturaleza tan especial” que con frecuencia se predica del instituto rescisorio” (CCLVIII, pág. 591).

Desde luego que, ello es capital, la obligación de completar el justo precio no nace con la decisión estimatoria de la pretensión del vendedor, pues en su fallo el juez se limita a reconocer la presencia objetiva de la lesión “al tiempo del contrato” (C.C., art. 1947, inc. 2). Dicha sentencia es, desde una perspectiva general, declarativa (accertamento), pues “el conflicto de intereses se halla ya compuesto por una norma material”, en esta hipótesis, por el inciso 2º del artículo 1951 del Código Civil; más estrictamente, la sentencia es de condena, habida cuenta que “la obra del juez tiende, más que a la supresión de una incertidumbre, a la restauración del derecho violado” (1) , aquí, la justicia del precio; por eso no es constitutiva, en la medida en que el pronunciamiento judicial no modifica una situación jurídica precedente.

(1) Francesco Carnelutti. Sistema de Derecho Procesal Civil. Buenos Aires. Uteha. 1944. T. I. Págs. 157 y 160.

De allí que no pueda negarse la indexación de la suma que restaure el equilibrio contractual, a pretexto de que la obligación nace con la sentencia, pues ésta apenas se limita a ordenar su pago, en atención al derecho que la ley —ex ante— le confiere al contratante lesionado, en este caso el vendedor, quien, sea bueno anotarlo, como parte interesada no discutió el hecho de que el tribunal hubiere tomado la presentación de la demanda como punto de partida para la actualización, tópico éste que, por ende, es ajeno al debate en casación, circunscrito a valorar, únicamente, lo denunciado, como repetidamente lo ha señalado la Sala (Vid: cas. civ. feb. 13/2001; exp. 5809).

Fluye entonces de lo expuesto, que no se equivocó el tribunal al ordenar el reajuste monetario del precio complementario, con referencia a la presentación de la demanda, en aplicación extensiva del inciso 2º del artículo 1948 del Código Civil, circunstancia que igualmente torna frustránea la censura.

Se colige así que no asiste la razón al recurrente al pretender distinguir, para efectos del reconocimiento de la corrección monetaria, entre la hipótesis del artículo 1948 del Código Civil y la que consagra el artículo 1951 de esa codificación».

(Sentencia de casación, diciembre 13 de 2001. Expediente 6480. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo).

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