Sentencia 6492 de agosto 17 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

PERJUICIOS MORALES

FIJACIÓN A JUSTO CRITERIO DEL JUEZ

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Santos Ballesteros

Bogotá, D.C., diecisiete de agosto de dos mil uno.

EXTRACTOS: «Consideraciones

En el primer aspecto de la censura, el argumento básico del recurrente se apoya en que, según la jurisprudencia, la cuantía del daño moral no puede reconocerse en gramos oro para casos como el presente, ni en cifra que exceda de $ 1.500.000 “tope” fijado por la jurisprudencia para la fecha del fallo impugnado en casación.

Ciertamente la Corte ha considerado que el daño moral subjetivo, aquél que padece la víctima a consecuencia de una dolor psíquico o físico, debe ser objeto de resarcimiento, o más bien satisfacción, aunque su medición resulte imposible, por lo que algunas veces se ha inclinado por considerar, siguiendo a Ripert y Josserand y no sin razón, que el reconocimiento del daño moral subjetivo implica una sanción o forma de expirar la falta de quien lo infligió (G.J. LXXII, pág. 325, CXLVIII, pág. 251) al paso que en otras oportunidades ha dispuesto, acorde con el carácter indemnizatorio y reparador de la responsabilidad civil en contraposición de la penal, que tal reconocimiento del daño moral debe procurar mitigar ese dolor, a modo de resarcimiento.

Pero sea lo uno o lo otro, lo cierto es que paralelo a la predicada indeterminación de la cuantía del daño moral, se ha dicho en forma reiterada que la fijación de ese quantum es del entero resorte del juez, precisamente por esa indeterminación. En efecto, se enfrenta el juez ante el hecho irrefragable de no poder medir el dolor que una persona determinada sufre por la muerte de su padre o de su esposo, en vista de que inimaginables factores psicológicos y espacio temporales entran en juego. Por esa razón, no es aceptable considerar que de allí, de ser imponderable el daño moral, pueda salir la demostración de una violación a la ley sustancial por haber un juez considerado el “precio del dolor” en una suma que para otro, trátese del recurrente o de la Corte, resulte excesiva.

Pero la anterior posición, como en general ocurre en todas las dimensiones del derecho, tiene sus límites en la sensatez, el sentido común, y en tratar de que por la vía del reconocimiento del daño moral, no se caiga a su vez en el error de enriquecer injustamente a otro. Por eso, debe advertirse que la Corte, cuando fija de manera periódica un valor tope al daño moral no ha pretendido que tal cuantía límite sea una talanquera para los jueces, que a modo de norma sustancial, los obligue. Se trata sólo de pautas que de cuando en cuando ha venido dando con el fin de facilitar la tarea de los juzgadores. En efecto, puntualizó la Corte:

“Acerca de tal aspecto y en vista de la ausencia de un explícito mandato legal al respecto, la Corte, con apoyo en la misión unificadora que por ley le corresponde, viene, de tiempo en tiempo y desde algunos años, señalando unos topes máximos de dinero dentro de los cuales es, a juicio de aquella, admisible que el juez ejerza su prudente arbitrio al estimar el monto de la compensación por el perjuicio moral... Ahora bien, los topes que de manera periódica y por vía jurisprudencial ha venido indicando la Corte, no son, en modo alguno de obligatorio acatamiento para los falladores de las instancias, pues, como legalmente consta, a los jueces les está vedado proveer por vía de disposición general o reglamentaria (C.C., art. 17). Esos topes, dícese de nuevo, no representan otra cosa que una guía para las jurisdicciones inferiores, máxime cuando son éstas las que deben ceñirse a su prudente juicio cuando tasan los perjuicios morales” (Cas. feb. 28/90).

Las anteriores consideraciones son suficientes para desestimar el cargo en este aspecto, dado que no podría el tribunal, teniendo en sus facultades el arbitrio de fijar el “precio del dolor”, equivocarse en la interpretación de la ley, por apartarse de la pauta-límite deseable que señala de tiempo en tiempo la jurisprudencia de la Corte.

En cuanto a los factores o patrones que han de utilizarse para la fijación del daño moral, a más de la tradicional posición de la Corte en punto de la inaplicabilidad de las normas penales sobre indemnización de perjuicios morales (véase sentencia del 12 de mayo de 2000 que recoge y ratifica ese pensamiento) porque tales normas tienen como destinatario el juez penal y no el civil —entre otros argumentos— considera ahora la Corte que en razón de ser la cuantía del daño moral un asunto que queda reservado al justo criterio del fallador, y como quiera que no se trata en ese evento más que de mitigar el dolor que sufre el demandante a consecuencia del hecho dañoso, y no en estricto sentido de una reparación propiamente dicha, no tendría sentido acudir a patrones (corrección monetaria, oro, Upac, dólar, UVR) cuya utilidad práctica consiste con mayor o menor eficacia en mantener en el tiempo la tasación del daño, en servir de correctivo de la desvalorización de la moneda nacional, que con el paso del tiempo pierde su poder adquisitivo y por tanto hace irrisoria una suma fijada en pesos, a modo de indemnización por equivalente. Es lo que ocurre con la cifra que el censor menciona ($ 4.000.000) como el valor de los 300 gramos oro fijado por el tribunal como daño moral pagadero a cada uno de los demandantes. Porque de la suma de $ 1.000.000 (Sent. 168 mayo 8/90) como pauta guía la Corte pasó a $ 4.000.000 (Sent. 71 mayo 30/94) y hoy incluso la ha elevado a $ 10.000.000 (Sent. 12 de mayo 5/99).

Lo anterior quiere decir entonces que a pesar de que el quantum del daño moral sea indeterminable, si éste aparece como cierto en los autos debe ser al reconocido y el juez debe propender por su reparación o mitigación, en cuyo cometido resulta deseable —atendidos los fines paliativos y no resarcitorios de la indemnización por daño moral— que no se utilicen patrones de indexación, sin que su uso vulnere de manera directa normas sustanciales.

Pero si se aceptase el argumento del censor según el cual el tribunal aplicó las normas penales que denuncia la censura, cosa que no aparece en parte alguna del fallo, y se dijese que en efecto las violó por indebida aplicación, conforme lo ha puntualizando la Corte, debería entrar ésta a tasar en pesos el daño moral, como tribunal de instancia. Y hoy el tope guía de la Corte se sitúa en una suma mayor ($ 10.000.000) que la sentencia contiene, lo que haría más gravosa su situación e impediría el quiebre del fallo».

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